Un reforma limitada que no amenaza
las estructuras especulativas

La reforma financiera que logró aprobar el presidente norteamericano en el Congreso acaba por serenar más a los grupos financieros del mercado que a los votantes.

La nueva ley de reforma financiera que logró aprobar Barack Obama esta semana recuerda aquella comparación infantil sobre en qué se parecen un perro enorme sin dientes y un cuzco que no se alza del piso pero con la dentadura intacta: pues ninguno de los dos puede hacer mucho más que ruido.

Esta legislación tiene 2.319 páginas y es resultado de meses de negociación en la cumbre entre los dos partidos tradicionales norteamericanos, realizadas bajo la presión del lobby de los mercados y es descrita como el cambio más revolucionario en 70 años de historia. Pero, en verdad, es una reforma muy limitada que más alienta que amenaza a la estructura especulativa causante del actual colapso financiero global.

La ley, que aún no ha sido reglamentada, permitirá el uso automático de fondos federales sin pasar por el Congreso, para financiar rescates de compañías o bancos en peligro de default o para organizar la bancarrota de instituciones cuyo tamaño puede desbaratar el mercado. El pretexto para esquivar al Legislativo es que esos bancos luego, si se salvan, pagarán nuevos impuestos para recuperar los fondos.

¿Qué tipo de reglas?

Lo que hace esta norma es poner reglas donde antes no las había. Pero la cuestión es qué tipo de reglas. En 2008, cuando estalló el sistema con la quiebra del banco Lehman Brothers, no existían fórmulas para operar en los extremos. El gobierno ya agónico de George Bush, pidió al Congreso que autorice un salvataje de dinero de los contribuyentes de 700 mil millones de dólares. La legislación de tres carillas se convirtió en las cámaras en un robusto libro de 110 páginas que incluía todo tipo de pedidos por parte de los congresistas. La ayuda fue aprobada finalmente el 2 de octubre.

Dos días antes, el 29 de setiembre, los diputados la habían rechazado por una mínima diferencia, fallo que causó un derrumbe –sin precedentes en la historia de Wall Street– de 777 puntos, que en la caja significó la destrucción de 1.300 millones de dólares de riqueza.

La que hace la ley que acaba de imponer Obama es liquidar esas imprevisibilidades temerarias tranquilizando más a la plaza que a los votantes. Ahora se podrán usar fondos federales sin tener que lidiar con internas en el Capitolio. Por eso, la suposición de que esta legislación pueda evitar un colapso como el que se vivió en el mercado financiero en 2008 sólo tiene de certeza el hecho de que se instaló a un nutrido equipo de bomberos, pero de ningún modo eso significa que se haya prohibido jugar con fósforos en el bosque seco.

El proyecto tiene además una dosis de excesos. Para conseguir el acuerdo bipartidario se anuló la cláusula que imponía una tasa especial a los bancos y que serviría para reunir los 19 mil millones de dólares que requiere el nuevo instrumento para funcionar y regular el mercado. Ese artículo, muy resistido, fue reemplazado por un aporte que harán los bancos sobre sus depósitos de US$ 6.000 millones. El resto saldrá de fondos de salvataje que no se usaron, es decir vuelven a pagar los contribuyentes. Es fácil apreciar que esta legislación es menos de lo que se proclama, lo que torna aún más sorprendente los malos humores que despertó ayer en Wall Street, con caídas fuertes de las acciones de los bancos.

El enojo es por la palabra “regulación”

Que también ha reaparecido en Europa pero con los mismos defectos. La Eurozona confronta la segunda ola de esta crisis que golpea a los Estados en países cuya deuda pública creció de modo desmedido porque fondearon sus propios planes de rescate (ejemplo británico) o por ser víctimas o victimarios de especulaciones sin red (Grecia, Alemania, España, Italia o Portugal....).

Una de las medidas tomadas por Bruselas, con el amparo de Francia y Alemania, para desactivar la bomba de un eventual default griego fue la creación de un fondo de rescate de un billón de dólares (millones de millones) que nunca pasó de un nivel virtual.

Pero eso se hizo autorizando al Banco Central Europeo a comprar bonos de países en crisis; es decir, se mató una vaca sagrada de la estabilidad monetaria europea y se puso toda la estructura de la entidad, una continuación del Bundesbank alemán (así como el euro lo es del marco), para avisar que de ahora en adelante se puede seguir jugando en los límites porque está a disposición esa enorme espalda.

En ambos casos se acepta con palabras políticamente correctas el mismo juego que acabó en el desastre conocido y se habilitan mecanismos mucho más sencillos para utilizar el dinero público en caso de que algún banco pierda la mano jugando con cohetes.

Los más duros críticos de estos pasos vacilantes cargan en EE.UU. sobre los vínculos entre el mercado y los autores de la legislación, el senador demócrata Christopher Dodd y su correligionario de la Cámara Baja Barney Frank , cuyos apellidos dan nombre a la ley. Sucede que el principal aportante individual de campaña del primero es el Citigroup. En tanto la Asociación Bancaria Americana, donde luce en primera línea el JPMorgan Chase, encabeza el apoyo financiero al otro.

No conviene suponer todo mal o dudoso a partir de ese párrafo. Lo que hay en estos dirigentes, aún por encima de alguna sospecha justificada, es una opción neta a favor de cómo han venido funcionando las cosas. Alcanza r ecordar nomás que fue el gobierno de Bill Clinton, y no el del fundamentalista Bush, el que eliminó una de las salvaguardias más importantes construidas frente a los eventuales abusos del mercado.

En la ola de la Gran Depresión, Franklin Delano Roosevelt, promulgó en 1933 la legislación Glass–Steagall que dividió como con un muro la banca comercial de la de inversiones y éstas de las aseguradoras.

Esa norma fue desactivada en 1999 por Clinton, habilitando la integración de esas funciones. Es decir, una entidad comercial podía usar los depósitos de sus clientes para apostar a los papeles que generaba la “creatividad” financiera de la otra banca y todo ello cubriéndose con seguros que eran el último eslabón de la cadena. Es por eso que, cuando estalló el sistema, se fueron a pique todos los rostros de este aparato de codicia, cuya fragilidad sigue siendo hoy la peor de las profecías.

La legislación final endosa una serie de compromisos

Washington.– El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un amplio proyecto de ley para reformar las regulaciones financieras de la nación, lo que otorga al presidente Barack Obama su segunda victoria importante del año en lo referente a la política doméstica.

El proyecto fue aprobado por votación de 60–39, en gran medida dentro de líneas partidistas. Sólo un puñado de republicanos se unió a la mayoría demócrata para dar apoyo a la legislación. Estos votos fueron asegurados sólo en días recientes luego de algunos cambios de último minuto para satisfacer algunas preocupaciones de republicanos ambivalentes sobre cómo pagar por los posibles costos del proyecto.

El proyecto, que el presidente Barack Obama espera convertir en ley con su firma la próxima semana, implica cambios radicales para la industria de servicios financieros. Gigantes como J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. enfrentarán grandes cambios en casi cada una de los segmentos de sus operaciones, desde las tarjetas de crédito a las negociaciones de derivados, así como a la capacidad de invertir en fondos de cobertura.

Las firmas financieras no sólo enfrentarán ahora nuevos requisitos de capital y apalancamiento, sino también a autoridades reguladoras con una amplia y nueva autoridad para limitar o prohibir comportamiento riesgoso. Los cambios serán implementados a pesar de los agresivos esfuerzos de Wall Street durante los últimos 12 meses para atenuar o descarrilar el proyecto de ley.

Los cambios, una vez implementados, abarcarán todas las áreas de los mercados financieros, y afectarán la forma en que los consumidores obtienen tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, dictarán la manera en que el gobierno desmantelará las compañías financieras que fracasen, y dirigirán la atención de los reguladores federales hacia potenciales señales de alerta en la economía.

La legislación alterará radicalmente la forma en que los reguladores evalúan y responden a los riesgos sistémicos en la economía. La Reserva Federal tendrá un mayor poder para supervisar las firmas más grandes y complejas, trabajando junto con un nuevo Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, formado por reguladores financieros, que tendría la capacidad para actuar agresivamente frente a riesgos potenciales.

El trabajo de reestructurar el régimen regulatorio financiero, sin embargo, aún está lejos de haber terminado.

La votación del jueves en la práctica inicia una segunda etapa de presiones y elaboración de políticas a medida que los reguladores comienzan a dar forma a las reglas y el marco establecido en la legislación. El proceso de establecer reglas determinará cómo afectará la nueva ley a varios actores, desde los operadores de complicados instrumentos derivados a los consumidores en busca de créditos hipotecarios o tarjetas de crédito.

"La votación de esta tarde es un punto de inicio, no un punto final", señaló el senador Byron Dorgan, demócrata por el estado de Dakota del Norte, en el piso del Senado.

Los legisladores tuvieron que negociar diversos puntos clave a lo largo de un proceso para generar la legislación que duró un año. Los puntos claves de conflicto incluyeron la creación de una agencia que supervise los productos financieros ofrecidos a los consumidores, la forma en que los productos exóticos de derivados deberían ser regulados y cómo limitar las prácticas más riesgosas de los mayores bancos del país.

La legislación final endosa una serie de compromisos en esos temas. Se logró un acuerdo sobre el intento del gobierno de Obama para crear una agencia del consumidor, si bien los legisladores y agrupaciones del sector obtuvieron ciertas exenciones limitadas para algunos tipos de firmas. Esa agencia también tendrá la responsabilidad de establecer y fiscalizar nuevas reglas para los créditos hipotecarios incluidas en el proyecto para prevenir los abusos que ayudaron a contribuir al colapso del sector hipotecario.

Los legisladores también lograron un acuerdo sobre una propuesta más limitada que requiere que los bancos patrocinados por el gobierno federal separen sus lucrativos negocios de negociación de acuerdos de canje, o swaps. Se requerirá a los bancos trasladar parte de sus operaciones de negociación de valores a compañías afiliadas y enfrentar nuevos límites para su capacidad de realizar nuevas inversiones en fondos de cobertura y de inversiones de capital privado.

Los reguladores también podrán por primera vez recibir la autorización para embargar y dividir grandes firmas financieras y de servicios que representen un riesgo para la economía general o que estén al borde del colapso.

Los legisladores adoptaron una propuesta en dos partes para cubrir el costo del proyecto, estimado en US$16.000 millones, al forzar el fin anticipado del Programa de Alivio para Activos con Problemas, o TARP, de US$700.000 millones y aumentar la comisión de seguro de depósitos que los bancos pagan al Fondo de Garantía de Depósitos, o FDIC por su sigla en inglés.

El Congreso aprueba reforma financiera

En lo que representa la mayor expansión del poder estatal sobre la banca y los mercados desde la Gran Depresión, el Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves una amplia reforma regulatoria que alcanza todos los rincones del sector financiero, desde los cajeros automáticos a los corredores de Wall Street.

El proyecto de ley, que será promulgado pronto por el presidente Barack Obama, representa una posible ola de cambios para la industria de servicios financieros en EE.UU. Gigantes como J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. enfrentan modificaciones en casi todos sus segmentos, desde las tarjetas de débito al corretaje de derivados y la capacidad de invertir en fondos de cobertura.

El proyecto de ley fue aprobado el jueves en el Senado con 60 votos a favor y 39 en contra, luego de haber pasado por la Cámara de Representantes el mes pasado.

La legislación ahora otorga a 10 agencias reguladoras la discreción de redactar cientos de normas financieras. En lugar de la ley en sí, será este proceso, acompañado de una ofensiva de lobby de los bancos, el que determinará los contornos precisos del entorno financiero, qué tan estrictas serán las nuevas regulaciones y si tienen éxito en su propósito. Las decisiones serán tomadas por funcionarios de nuevas agencias, otras poco conocidas y, en algunos casos, entidades acusadas de haber fallado en los momentos previos a la crisis.

La Comisión de Corretaje de Futuros de Commodities ha designado a 30 "líderes de equipo" para empezar a implementar su amplia autoridad sobre los derivados y ha solicitado US$45 millones para contratar nuevo personal. La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. también están tomando medidas para comenzar la implementación.

J.P. Morgan, uno de los mayores bancos estadounidenses en términos de activos, ha asignado más de 100 equipos diferentes para examinar varias partes de la legislación.

Los demócratas aseguran que la ley mitigará la posibilidad de otra crisis financiera y ayudará a responder mejor cuando surja la próxima. También sostienen que restaurará la confianza en los mercados financieros estadounidenses, protegerá a los consumidores e impulsará el crecimiento económico. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que la ley pondrá fin a los rescates de bancos financiados por los contribuyentes, en referencia a las secuelas de la crisis financiera de 2008.

Entre sus elementos centrales, la legislación crea un consejo de reguladores para monitorear los riesgos económicos, establece una nueva agencia para supervisar los productos financieros para los consumidores y fija nuevos estándares para el corretaje de derivados.

"Estas reformas beneficiarán a los prudentes y restringirán a los imprudentes", afirmó el secretario del Tesoro de EE.UU., Timothy Geithner. "Los bancos sólidos y los innovadores financieros bien administrados se adaptarán y prosperarán bajo las nuevas reglas".

Los republicanos indicaron que la legislación podría hacer peligrar la recuperación económica al restringir el crédito y obstaculizar a la industria bancaria, y criticaron la expansión del poder del gobierno.

La ley "es un monstruo legislativo de 2.300 páginas... que expande el alcance y los poderes de burocracias inefectivas", dijo el senador republicano Richard Shelby.

Esta es la más reciente de varias leyes de amplio alcance aprobadas por el actual Congreso estadounidense. De todos modos, la reforma financiera, la ley de estímulo de 2009 y la reestructuración del sistema de salud de este año —grandes logros legislativos se mire por donde se mire— no se han traducido en respaldo para la Casa Blanca. Los índices de aprobación de la gestión de Obama han caído a sus niveles más bajos en algunas encuestas en medio de un sombrío panorama económico y crecientes dudas sobre la efectividad de sus políticas económicas.