Estados Unidos

Al calor de la crisis... redobla el racismo en EEUU

Catorce hechos chocantes que demuestran que
el sistema penal es racista

Por Bill Quigley
AlterNet, 26/07/10
Tlaxcala, 08/09/10
Traducido por Ana Atienza
Editado por Manuel Cedeño Berrueta

El mayor crimen del sistema penal de EE.UU. es que se trata de una institución racista en la que se persigue y castiga directamente a los afroestadounidenses con mucha más contundencia que a los blancos.

Tal vez decir que el sistema penal estadounidense es racista desate controversias en algunos círculos. Sin embargo, los hechos son abrumadores y no existe un verdadero debate al respecto. A continuación ofreceré numerosos ejemplos para ilustrar esta idea.

La cuestión es la siguiente: ¿se producen estos hechos a causa de los errores de un sistema que es bueno en líneas generales, o hay pruebas de que el sistema penal racista está funcionando exactamente según lo esperado? ¿Se utiliza el sistema penal en EE.UU. para marginar y controlar a millones de afroestadounidenses?

En cada etapa del sistema penal se registran datos sobre la raza, desde el consumo de drogas, detenciones y arrestos policiales, puesta en libertad bajo fianza, representación legal, selección del jurado, el juicio, la sentencia, el encarcelamiento, hasta la libertad condicional y la excarcelación. Veamos lo que indican estos hechos.

Uno. EE.UU. ha experimentado un significativo aumento en el número de detenciones y encarcelamientos durante las cuatro últimas décadas, en la mayoría de los casos justificada por la lucha contra las drogas. Sin embargo, el grado de participación de blancos y negros en delitos de drogas, su posesión y venta es bastante similar, según un informe sobre raza y lucha antidrogas publicado por Human Rights Watch en mayo de 2008. A pesar de que los afroestadounidenses representan el 13% de la población estadounidense y el 14% de los consumidores de drogas, suman el 37% del total de detenidos por delitos de drogas, de acuerdo al testimonio presentado por Marc Mauer, de la organización The Sentencing Project (Proyecto de Sentencia) ante el Congreso de Estados Unidos en 2009.

Dos. La policía exige identificación a negros y latinos con mucha más frecuencia que a los blancos. En la ciudad de Nueva York, donde cerca de la mitad de la población es de color, el 80% de los requerimientos de identificación realizados por el Departamento de Policía de Nueva York fueron a negros y latinos. Cuando se requirió identificación a los blancos, sólo se cacheó al 8%; en contraste, cuando se le requirió a negros y latinos, se cacheó al 85%, según la información facilitada por el Departamento de Policía de Nueva York. Lo mismo sucede en muchos otros lugares. Un estudio realizado en California, la Unión Estadounidense por la Libertades Civiles (ACLU) demostró que los negros tenían tres veces más probabilidades que los blancos de ser detenidos para identificación.

Tres. Desde 1970 han aumentado considerablemente las detenciones relacionadas con drogas, pasando de 320.000 a cerca de 1,6 millones, según la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia de EE.UU.

Los afroestadounidenses son detenidos por delitos de drogas en una proporción entre 2 y 11 veces mayor que a los blancos, según un informe de mayo de 2009 preparado por Human Rights Watch sobre diferencias en las detenciones por drogas.

Cuatro. Una vez arrestados, los negros tienen más probabilidades de permanecer en prisión preventiva que los blancos. Por ejemplo, la división de justicia penal del estado de Nueva York examinó en 1995 las diferencias en el procesamiento de las detenciones por delitos graves y observó que en ciertas zonas de Nueva York los negros tenían un 33% más de probabilidades de ser detenidos y encarcelados en espera de juicio por delitos graves, que los blancos por el mismo tipo de delitos.

Cinco. Una vez detenidas, el 80% de las personas procesadas en el sistema penal son defendidas por defensores públicos. La raza desempeña también aquí un papel importante. Basta con entrar en una sala de audiencias de cualquier ciudad y observar de qué color son las personas que esperan un defensor público.A pesar de los esfuerzos en ocasiones heroicos de los defensores públicos, el sistema les da mucho más trabajo y mucho menos dinero que a la fiscalía. El Colegio de Abogados de EE.UU., entidad a la que no se puede calificar precisamente de radical, hizo en 2004 un estudio del sistema estadounidense de defensores públicos y concluyó que "con demasiada frecuencia los acusados se declaran culpables (aunque sean inocentes) sin haber entendido realmente cuáles son sus derechos legales o lo que está sucediendo (...) El derecho fundamental a ser asistido de abogado, algo que Estados Unidos presupone que se aplica a toda persona acusada de conducta delictiva, no existe realmente en la práctica para innumerables personas de todo el país".

Seis. A menudo los afroestadounidenses son ilegalmente excluidos de la posibilidad de ser miembros de un jurado, según un estudio publicado en junio de 2010 por Equal Justice Initiative (Iniciativa de Justicia Igualitaria). Por ejemplo, en el condado de Houston (Alabama), ocho de cada diez afroestadounidenses cualificados para actuar como jurados han sido rechazados por los fiscales en casos de pena de muerte.

Siete. Rara vez se celebran juicios. Sólo entre un 3 y un 5% de los casos penales van a juicio; el resto son sentencias pactadas. La mayoría de los acusados afroestadounidenses jamás van a juicio. La mayor parte de los acuerdos de reducción de sentencia consisten en la promesa de una sentencia más larga si la persona ejerce su derecho constitucional a tener un juicio. Por consiguiente, como señala el Colegio de Abogados de EE.UU., las personas atrapadas en el sistema se declaran culpables aunque sean inocentes. ¿Por qué? Como me dijo hace poco un joven: "¿Quién no cumpliría tres años por un delito que no ha cometido en lugar de arriesgarse a que lo condenen a 25 por lo mismo?".

Ocho. La Comisión de Sentencias de EE.UU. comunicó en marzo de 2010 que en el sistema federal a los delincuentes negros se les imponen condenas 10% más largas que a los blancos por los mismos delitos. Marc Mauer, de The Sentencing Project, añade que es un 21% más probable que los afroestadounidenses reciban condenas mínimas obligatorias que los procesados blancos, y tienen un 20% más probabilidades de ser enviados a prisión que los blancos procesados por delitos de drogas.

Nueve. Cuanto más larga es la condena, más probable es que recaiga sobre no blancos. Un informe publicado en julio de 2009 por The Sentencing Project reveló que dos tercios de los estadounidenses sentenciados a cadena perpetua eran no blancos. En el caso de Nueva York, esta cifra llegaba al 83%.

Diez. En consecuencia, los afroestadounidenses, que representan el 13% de la población y el 14% de los consumidores de drogas, no sólo constituyen el 37% de las personas detenidas por delitos de drogas, sino también el 56% de los reclusos que ocupan las prisiones estatales por esta clase de delitos (Marc Mauer, mayo de 2009, Testimonio ante el Congreso sobre The Sentencing Project).

Once. La Oficina estadounidense de Estadísticas Judiciales concluye que la posibilidad de que un varón negro nacido en 2001 vaya a la cárcel es de un 32%, es decir, de una sobre tres. Los varones latinos tienen un 17% de probabilidades, mientras que para los blancos son del 6%. Así pues, un chico negro tiene cinco veces más posibilidades de ir a prisión que uno blanco, proporción que en los latinos es casi el triple que los blancos.

Doce. Por tanto, aunque los jóvenes afroestadounidenses representen tan sólo el 16% de la población, entre ellos se produce el 28% de las detenciones juveniles y representan el 37% de la población de los centros de internamiento de menores y el 58% de los jóvenes enviados a prisiones para adultos (2009, Introducción a la justicia penal, The Sentencing Project).

Trece. Recordemos que EE.UU. es líder mundial en encarcelar a sus propios ciudadanos. El New York Times publicó en 2008 que en EE.UU. vivía un 5% de la población mundial, pero aún así tenía una cuarta parte de la población reclusa del mundo, lo que significa más de 2,3 millones de personas entre rejas, cifra que supera con creces a las de otros países. El índice de encarcelamiento en EE.UU. es entre cinco y ocho veces mayor que en otras naciones desarrolladas, y el mayor porcentaje de reclusos corresponde a varones negros según ABC News.

Catorce. Incluso después de salir de prisión, la raza sigue siendo un factor dominante. Un estudio realizado por la profesora Devah Pager de la Universidad de Wisconsin detectó que el 17% de los blancos con antecedentes penales que solicitaban trabajo recibieron ofertas de empleo de empresas, mientras que eso sólo sucedió en el 5% de los negros que se hallaban en esa situación. Según el estudio, la raza influye tanto que los blancos con antecedentes penales recibían de hecho mejor trato que los negros sin antecedentes penales.

La conclusión que podemos extraer de todo esto es que el sistema de justicia penal es enormemente racista de principio a fin.

La profesora Michelle Alexander llega a la conclusión de que no es coincidencia que el sistema penal haya incrementado el procesamiento de afroestadounidenses a medida que han ido desapareciendo las leyes segregacionistas impuestas desde la época de la esclavitud. Su libro, The New  Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness(El nuevo Jim Crow: Encarcelamiento masivo en la era del daltonismo) considera estos hechos como prueba de que EE.UU. ha decidido controlar a los afroestadounidenses mediante un nuevo método: un sistema racial de control social. El estigma de la criminalidad funciona de un modo muy similar al del segregacionismo, estableciendo fronteras legales entre ellos y nosotros, permitiendo la discriminación legal contra ellos, retirando el derecho al voto a millones de personas y básicamente depositando a una población desechable de personas indeseadas. Según sus palabras, se trata de un nuevo sistema de castas.

Los blancos pobres y las personas de otras etnias también se hallan sometidos a este sistema de control social, ya que si los pobres blancos o de otras etnias se pasan de la raya, se les dará el peor trato posible, igual que si fueran negros pobres.

Otros críticos, como el profesor Dylan Rodríguez, consideran que el sistema de justicia penal constituye una pieza clave de lo que denomina la guerra interna contra los marginados. Debido a la globalización -argumenta en su libro Forced Passages, existe demasiada población en EE.UU. y en todas partes. Estas personas, ya sea que estén en Guantánamo, en Abu Ghraib o en las cárceles y prisiones estadounidenses, no son productivas, ni necesarias, ni deseadas, y en realidad no tienen los mismos derechos humanos que los productivos. Es necesario controlarlos y dominarlos en aras de la seguridad de los productivos. Hay que intimidarlos para que acepten su inferioridad o bien apartarlos de la sociedad de los productivos.

En esta guerra interna se utiliza la misma tecnología que EE.UU. emplea en el resto del mundo. La policía del país está cada vez más militarizada. Además, los objetivos del sistema judicial estadounidense son los mismos que los de la guerra de este país contra el terrorismo: dominación y control mediante la captura, la inmovilización, el castigo y la eliminación.

¿Qué hacer?

Martin Luther King Jr. dijo que como nación teníamos que emprender una revolución radical de valores. Y un abordaje radical del sistema penal estadounidense implica ir a la raíz del problema. Nada de reformas. Nada de poner mejores camas en mejores cárceles. No debemos limitarnos a quitar hojas o podar ramas: hay que cortar este injusto sistema de raíz.

Todos tenemos derecho a la seguridad. Se trata de un derecho humano al que todos podemos aspirar. No obstante, ¿de verdad creemos que perpetuando un sistema profundamente racista y siendo líderes mundiales en encarcelar a nuestros hijos estaremos más seguros?

Ha llegado el momento de que todas las personas interesadas en la justicia y en la seguridad se unan para desmantelar este sistema racista. ¿Debe EE.UU. despenalizar drogas como la marihuana? ¿Deben suprimirse las prisiones? ¿Debemos ampliar el uso de la justicia reparadora?¿Podemos crear sistemas educativos, médicos y laborales justos? Hay que estudiar en serio todas estas cuestiones y muchas otras. Únase a colectivos como Incite, Critical Resistance, Center for Community Alternatives, Thousand Kites o The California Prison Moratorium y trabaje para conseguirlo. Como dice la profesora Alexander, "Sólo mediante un gran movimiento social se podrá derribar este nuevo sistema de castas".