Enviar indocumentados a prisión genera
ganancias millonarias

Nueva York, 28 de octubre.– Empresas de la industria privada carcelaria elaboraron e impulsaron la ley antimigrante de Arizona para generar ganancias multimillonarias con el negocio de encarcelar migrantes, reveló hoy National Public Radio en una amplia investigación periodística, negocio que se intenta repetir en otros estados del país.

La ley que ha provocado la mayor controversia sobre migración y racismo contra latinos, tanto en Estados Unidos como en México, puede tener el efecto de enviar a decenas de miles de indocumentados a prisión, lo cual potencialmente podría generar cientos de millones de dólares en ganancias para las empresas de cárceles privadas que se encargan de alojar a las víctimas de la ley, informó NPR.

La llamada ley SB1070 está congelada por los tribunales, pero si finalmente es apoyada por el sistema judicial, obliga a que las fuerzas de seguridad pública en el estado arresten y encarcelen a todo individuo que al ser detenido no pueda comprobar que ingreso al país de manera legal.

Aunque la gobernadora Jan Brewer y líderes legislativos estatales como el senador Russell Pearce se atribuyen el crédito por promover esta ley, después de una extensa investigación de documentos tanto del gobierno como empresariales, y entrevistas con algunos de los participantes en este esfuerzo legislativo, NPR descubrió que hubo “un esfuerzo silencioso y detrás del escenario para ayudar a redactar y aprobar la SB 1070 por una industria que saldría beneficiada: la de prisiones privadas”.

Las empresas de prisiones tenían “un nuevo modelo de negocios para encerrar a los inmigrantes indocumentados. Y el plan se volvió en la ley de inmigración de Arizona”, afirmó en su reportaje la cadena nacional de radio pública.

NPR reveló que aunque Pearce dice que la SB 1070 fue su idea, en lugar de negociarla en la legislatura el senador estatal la presentó primero ante una reunión privada de empresarios y legisladores estatales en Washington llamada American Legislativa Exchange Council o ALEC. Entre los miembros influyentes de esa asociación está la Corrections Corporation of America, la empresa de prisiones privadas más grande del país. Fue ahí donde se le dio forma a la idea de Pearce, algo que los participantes orgullosamente describen como resultado del trabajo cooperativo entre legisladores y el sector privado. En cuatro días se elaboró el proyecto de ley “modelo” en esa reunión de empresarios y legisladores estatales y “cuatro meses después, ese modelo de ley se volvió, casi palabra por palabra, en la ley de inmigración de Arizona”, reporta NPR.

Pero ahí no acabó. La empresa CCA contrató a un poderoso cabildero en Arizona, mientras 36 legisladores declararon de inmediato su apoyo al proyecto de ley (dos tercios de ellos también estaban en la reunión de ALEC o son miembros de esa asociación). Y de pronto también empezaron a fluir donaciones financieras electorales para políticos favorables a la ley (30 de sus patrocinadores recibieron donaciones de CCA y de otras dos empresas de prisiones privadas), según NPR.

La misma gobernadora Brewer también tiene vínculos con estas empresas: su vocero y su director de campañas son ex cabilderos de empresas de prisiones privadas.

Los ejecutivos del Corrections Corporation of America (CCA), reporta NPR, creen que la detención de inmigrantes es el próximo gran mercado para ellos, y en un informe de la empresa de 2009, afirman que esperaban generar “una porción significativa de nuestros ingresos” a través de la agencia federal de inmigración y aduanas (ICE) encargada de detener migrantes.

El presidente de otra de estas empresas, el Geo Group, en una teleconferencia con inversionistas, felizmente comentó sobre las oportunidades a nivel federal en torno a la migración. “Esta gente que cruza la frontera y que es atrapada tendrá que ser detenida, y para mí, por lo menos así lo considero, habrá mejores oportunidades para lo que nosotros hacemos”. O sea, el negocio de encarcelar migrantes.

Hace un mes, el Center for American Progress Action Fund, una ONG y centro de análisis político en Washington, publicó una investigación en su sitio ThinkProgress sobre el papel de la industria carcelaria privada en la promoción de la SB 1070. CCA, señaló, estaba por recibir más de 74 millones en fondos públicos para administrar centros de detención de migrantes en el año fiscal 2010, y que la prosperidad de esa empresa en el futuro dependerá cada vez más de aumentar el número de migrantes enviados a las prisiones.

ThinkProgress advirtió que CCA y otras empresas parecidas canalizan fondos para promover proyectos de ley idénticos a SB 1070 en varios estados del país, sobre todo en Tennessee, Florida, Colorado, Oklahoma y Pennsylvania.

“Las revelaciones de hoy demuestran que la detención de inmigrantes en Estados Unidos no es impulsada por la justicia sino por una industria de prisiones privadas que buscan cómo lucrar con el encarcelamiento de nanas y jardineros”, denunció Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración en Washington.

Plata, plata, dinero

De todo se puede hacer plata en EE.UU., hasta de los inmigrantes a punto de ser deportados. Varias empresas privadas administran prisiones por las que alrededor de un millón de sin papeles han pasado en espera de su expulsión y en condiciones de pesadilla: mujeres y niños violados por los guardianes y muertes causadas por falta de atención médica básica. Las más importantes son la Corrections Corporation of America (CCA) y el GEO Group, las financia el gobierno y gozan del pleno apoyo de Wall Street. No es raro entonces que alienten con fuerza la criminalización y el encarcelamiento de centroamericanos, mexicanos y otros que entraron a la potencia del Norte en busca de trabajo.

La T. Don Hutton, una verdadera cárcel con sede en Taylor, Texas, es un caso que grita: en los primeros días de marzo de 2006 se comenzó a encerrar en ella a los padres y los hijos que iban a ser echados y no tardaron los informes y denuncias sobre el maltrato que el personal de la CCA propinaba a los niños. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) documentó los hechos en una querella judicial y se prohibió alojar a familias en T. Don Hutton, sólo podían ingresar mujeres (www.aclu.org, 26/8/07). El remedio fue peor que la enfermedad: se incrementaron los abusos sexuales y violaciones (www.aclu.org, 20/8/10). La Casa Blanca se ocupa de otras cosas, de guerras, por ejemplo.

Los presos deben pagar su atención médica y que puedan es difícil y aun imposible: en el centro de detención del condado texano de Reeves murieron cinco hombres entre agosto de 2008 y marzo de 2009 –dos suicidios incluidos– por inatención a su salud. El 12 de diciembre de 2008 falleció encerrado en solitario Jesús Manuel Galindo, aquejado de epilepsia, y los guardianes retiraron su cuerpo en una bolsa. Esto desató a mediodía un motín de proporciones: el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, un hondureño y un mexicano recluidos en un calabozo quemaron un colchón y los demás cautivos obligaron a sus vigilantes a liberarlos (www.texasobserver, 7/10/09). Acudieron Rangers, agentes del FBI, policías y efectivos del Departamento de Seguridad Pública, pero no pudieron sofocar la protesta.

Comenzaron las negociaciones y los intermediarios descubrieron, para su sorpresa, que no se trataba de un enfrentamiento gangsteril, una cuestión racial o un estallido espontáneo de violencia: los presos tenían sus demandas por las pésimas condiciones en que los sume el GEO Group. Exigieron una reunión con miembros del Consulado mexicano, el FBI y los guardianes para exponer sus reivindicaciones. Por la tarde, una delegación de siete detenidos –un venezolano, un nigeriano, un cubano y cuatro mexicanos– denunciaron la comida incomible, el abuso del solitario para castigar a quienes pedían tratamiento médico y, sobre todo y ante todo, una completa falta de atención en la materia. Las autoridades prometieron soluciones y el motín terminó al día siguiente.

Promesas son promesas y menos de dos meses después, el 31 de enero del 2009 los presos tomaron nuevamente el control de la cárcel. Esta vez la rebelión duró cinco días y el valor de los daños causados por la represión y la resistencia ascendió a 20 millones de dólares. El GEO Group fue obligado a pagar compensaciones por los maltratos que su personal había infligidos a los internados en Pennsylvania, Texas, Illinois y Nuevo México –hasta 40 millones de dólares por la muerte de un preso en Raymondville–, pero esto poco dañó sus finanzas: acopia 1700 millones anuales.

El sitio Seeking Alpha, que presenta análisis de mercado muy tenidos en cuenta por Wall Street, reveló que los ingresos de la CCA ascendían a 1600 millones de dólares en 19 estados, con un margen de ganancia del 9,4 por ciento (//seekingalpha.com, 23/3/10). Y no es casual que en el presupuesto federal ocupe cada año más espacio el rubro de la represión a los inmigrantes. Estas empresas practican un lobby muy eficaz en los departamentos gubernamentales competentes: cada dólar que el GEO Group invirtió en dicha actividad en el período 2005/2009 se convirtió en 662 billetes verdes en los contratos que obtuvo por un valor total de casi mil millones de dólares. Por algo la inversión del gobierno en la materia aumentó un 51 por ciento desde 2006 a la fecha.

La Casa Blanca aplica la legislación aprobada en 1995 con más dureza cada vez. El número de operativos para detener inmigrantes en lugares de trabajo, vecindarios y hasta en paradas del transporte público y estaciones del subte se duplicó en 2007 en relación con el 2006, según las últimas cifras conocidas, y la cantidad de los encarcelados pasó de unos 250.000 a más de 310.000 en ese lapso. En tanto, los cerebros de Wall Street aconsejan a sus clientes comprar acciones de la CCA y el GEO Group. Perseguir, detener y deportar inmigrantes es un buen negocio en EE.UU.