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525
años de cárcel a vascos que no formaban parte de una
organización armada pero sostenían la independencia de
Euskal Herria
La
Audiencia Nacional condena la lucha política por
la
independencia
Por
Iñaki
Iriondo
Gara,
20/12/07
La Audiencia Nacional ha condenado a 525 años de cárcel
por «integración en organización terrorista» o «colaboración
con organización terrorista» a un total de 47 vascos y
vascas por su militancia en KAS, en Ekin o en Xaki, por su
pertenencia a la Fundación Joxemi Zumalabe o a la empresa
Orain, editora del diario «Egin». La sentencia afirma que
esas organizaciones o empresas no constituyen una organización
armada pero sí son ETA o colaboran con ella.
ETA es más que la misma ETA.
Tal afirmación puede resultar paradójica e invitar a un
debate filosófico o incluso metafísico, pero se deduce
directamente de la sentencia del marcrosumario 18/98. En el
texto firmado por la magistrada Angela Murillo se lee que «ni
KAS, ni Ekin, ni Xaki, constituyen una organización armada;
éstas carecen de armas, pues su utilización no constituía
su cometido, sino el del brazo armado de ETA, pero dichas
estructuras participan de lleno en la unidad organizativa y
estructural de la organización terrorista ETA».
De
esta forma, todos los acusados de pertenecer a KAS, a Ekin y
a Xaki han sido condenados por «integración en organización
terrorista» a penas que van de los 11 a los 14 años de
prisión, según sean considerados militantes o dirigentes.
En
cuanto a la Fundación Joxemi Zumalabe, la Audiencia
Nacional determina que no está integrada en ETA pero
entiende que sus miembros «colaboraron en la actividad de
la organización terrorista ETA dirigida a potenciar la
insumisión civil». Por ello, los integrantes de la Fundación
que no consta que participen en otras organizaciones son
condenados a entre nueve y diez años de cárcel por «colaboración».
Por
lo que respecta a los implicados en el proceso por su relación
con Orain y «Egin», la relación con ETA o KAS es más
inconcreta. José Luis Elkoro, por ejemplo, es considerado
al mismo tiempo miembro de Orain y del «frente negociador»
de ETA. A Jabier Salutregi se le condena por aceptar la
dirección de «Egin» «tras una entrevista realizada con
la cúpula de ETA». Dada «la relevancia de la actividad
desarrollada por dicho periódico en la lucha de la
organización terrorista ETA a través de los medios de la
estructura de KAS», se le considera «miembro de dicha
organización».
El
resto de miembros del Consejo de Administración y la
subdirectora de «Egin», Teresa Toda, son condenados por «colaboración».
Sin
embargo, algunos de los imputados en esta pieza –José
Luis Elkoro, Patxo Murga, Isidro Murga y Jexux Mari
Zalakain– sufren una enorme pena añadida, puesto que se
les atribuye la responsabilidad civil directa, conjunta y
solidaria de una deuda con la Seguridad Social por valor de
1,7 millones de euros.
Cierres e ilicitudes
Además
de las penas impuestas a estas 47 personas, la sentencia del
18/98 tiene otras «consecuencias accesorias».
Por
una parte, se declara la ilicitud de las actividades de
Orain SA, Ardatza SA, Hernani Imprimategia SL, Publicidad
Lema 2000 SL, Erigane SL, MC Uralde SL, Untzorri Bidaiak
Ganeko, Grupo Ugao, Gadusmar SL, procediendo a su disolución
y ordenándose el comiso y liquidación de su patrimonio.
Por
otra parte, se declaran asociaciones ilícitas y se decreta
la disolución de KAS, Ekin y la Asociación Europea, Xaki.
También
se declaran nulas y sin valor jurídico alguno determinadas
operaciones jurídicas, mercantiles y documentarias entre
Orain, Ardatza y Erigane. Y se acuerda el comiso de cuantas
sumas de dinero han sido objeto de intervención judicial.
Contra Goirizelaia y Elosua
Pero
los efectos de la sentencia no se limitan a los acusados y
las organizaciones o empresas a las que pertenecían. También
tiene una derivada para los abogados José María Elosua y
Jone Goirizelaia.
A
los dos letrados se les acusa de haber imputado «a
funcionarios públicos la comisión de delitos dolosos y
graves en el ejercicio de sus funciones». En concreto, a
Elosua se le achaca haber acusado, en la sesión del 3 de
octubre de 2006, a dos guardias civiles de haber cometido
falsedad. Y a Goirizelaia, de que en la sesión del 13 de
marzo de 2007 «manifestó de forma que expresa que por la
Guardia Civil `se utilizó la tortura y malos tratos'».
Estas
declaraciones han sido remitidas «al Juzgado Central de
Instrucción [de la Audiencia Nacional] en funciones de
guardia, para que dé a los mismos el trámite que
corresponda».
Versión policial
La
sentencia emitida ayer por la Audiencia Nacional supone la
elevación a la categoría de verdad indiscutible de la
versión policial de la historia de Euskal Herria y la
izquierda abertzale. Se hacen consideraciones sobre la
estructuración interna de ETA y su evolución que cualquier
historiador conocedor de la materia podría refutar.
Además,
a lo largo de los 1028 folios sus redactores –cabe
observar el trabajo de distintas manos– dan muestras de
una notable subjetividad y una presunción de culpabilidad
de los imputados, que queda patente en algunos comentarios
que pretenden incluso tener un tono coloquial y cuyo único
fin es el de desprestigiar el testimonio de los imputados,
cuando no a sus propias personas.
Los
ponentes hacen apelaciones «sentido común, que muchas
veces queda relegado al menor común de los sentidos» para
superar situaciones sobre las que no tienen prueba material
alguna. Y así se da por hecho, sin ninguna evidencia que
desdiga a los acusados, que Jabier Salutregi y Teresa Toda
no se entrevistaron con un dirigente de ETA para hacerle una
entrevista periodística –como aseguran– sino para ser
nombrados al frente de «Egin». O que una referencia a una
guía de movimientos sociales elaborada por la Fundación
Joxemi Zumalabe –publicación de amplia difusión– en
unos papeles de ETA significa que todos los integrantes de
la Fundación tuvieron que dar su visto bueno para remitírsela,
a lo que se añade la circunstancia agravante de que «el
acceso a los miembros de la cúpula de la organización
terrorista ETA no estaba, ni está al alcance de cualquiera».
Tal
vez hay cosas que en el contexto español y desde la
Audiencia Nacional no se entiendan o no se quieran entender,
pero que en Euskal Herria son bastante comunes. Por ejemplo
que alguien ponga su firma de forma altruista y pase a
formar parte del consejo de administración de una empresa
como Orain sin hacer seguimiento exhaustivo de su actividad.
Probablemente podrían encontrarse ejemplos similares en
sociedades y empresas cercanas a otros partidos
nacionalistas vascos.
Los
redactores de la sentencia ponen especial énfasis en
desmentir que éste haya sido «un juicio político, en el
que sólo se perseguía aplastar los derechos civiles y políticos
de Euskal Herria, sometiendo para ello a 57 ciudadanos
vascos a un injusto enjuiciamiento impartido por un Tribunal
`especial' de la Audiencia Nacional» cumpliendo órdenes de
Gobierno español». Una afirmación que acusados y defensa
«han venido manteniendo con modales poco ortodoxos, por
activa y por pasiva y, apoyados por algún medio de
comunicación de ínfima tirada, pero experto en estas
`lides'».
Reflexiones sobre
el 18/98
Por Iñaki Egaña
y Giovanni Giacopuzzi
Gara, 20/12/07
La teoría de «todo
es ETA» hace abstracción de la historia. Niega que exista
una forma diferente de hacer política que se pueda
confrontar en pie de igualdad con las que dominan nuestra
sociedad. Por eso les juzgaron
Hay quien dice que
mientras persista la actividad armada de ETA no tiene
demasiado sentido, ni siquiera es lícito, hablar de violación
de los derechos de asociación y expresión o de la acción
política que, entre otros casos, ha originado el epílogo
al juicio «madre» contra la izquierda abertzale, el
llamado Proceso 18/98. Este es un argumento que confirma la
tesis acusatoria, es decir, que todas las personas,
asociaciones y entidades políticas que en Euskal Herria
abogan por la independencia, el cambio social y económico,
el no reconocimiento del actual estatus... en definitiva,
los que defienden el ejercicio del derecho de
autodeterminación, son ETA.
Hay una literatura
jurídica española que confirma este asunto. Garzón, entre
otros, ha editado algunas perlas en ese sentido, culminando
con la última a raíz del auto contra la dirección de
Batasuna, donde considera textualmente «los fines violentos
de independencia o autodeterminación».
Esta línea nos
llevaría a conclusiones de Perogrullo como la de que luchar
por un mundo donde el hambre esté erradicada o donde las
medicinas se encuentren al alcance de los pobres sea delito
porque hay alguien que lo hace a través de la lucha armada.
Sí esto sucediera –sucede en la dialéctica represiva–,
los gobernantes nos están mandando un aviso nítido: la cárcel
o el destierro es el destino para quienes se atreven a
enfrentarse a un mundo tan injusto como el que nos toca
vivir.
No se puede
trivializar sobre este tema. El juicio 18/98 debería
estudiarse en las facultades de Derecho, Historia y Economía.
Habría que desmenuzar cómo los principios teóricos del
Derecho –derecho a la defensa, de expresión y organización,
la responsabilidad individual–, son pura propaganda. Que
decir, como Zapatero, que Europa es la cuna de los derechos
humanos y civiles es demagogia y que España, es obvio, no
puede llamarse heredera de aquellos ideales de igualdad y
democracia que surgieron en los movimientos europeos por las
libertades tras la Revolución francesa o la II Guerra
Mundial. La justicia española no es pieza desinteresada
entre partes, sino que defiende un proyecto político,
cultural y económico determinado. Esa justicia ejerce una
elección a priori, fundamentada en la negación de la
libertad de cualquier ciudadano a sentirse vasco, incluso
vasco–español. Y si es parcial no es justicia.
La esencia de esta
definición la marca la Audiencia Nacional. En política y
en historia la coincidencia rara vez es casual. Como no lo
fue el hecho de que en enero de 1977, a través de un
decreto gubernamental, se derogara el Tribunal de Orden
Publico franquista para crear, el mismo día, la Audiencia
Nacional. Es decir, que la cultura del enemigo interno del régimen
franquista se trasladó a la de «la defensa del marco
constitucional».
Los comunistas,
masones, homosexuales, judíos y republicanos se han
transformado en separatistas y anticonstitucionalistas. Así
se elude la búsqueda misma de una vertebración del Estado
para reconducir el problema a una cuestión de orden público.
Ha ocurrido en 2007 con la misma lógica que hubiera
sucedido en 1957. Por eso, un tribunal especial, apoyado en
una jurisprudencia autoritaria y homogeneizante, ha juzgado
modelos sociales, políticos y culturales sin ningún rubor
político. Era y es lo habitual. Ese estilo tan español de
juzgar a la disidencia ha triunfado hasta nuestros días.
Durante el
franquismo, hubo un juez que destacó sobre todos, Enrique
Eymar, que llegó a tener su despacho en la prisión de Ocaña.
Algunos detenidos denunciaron que les torturó personalmente
y su sadismo fue legendario. Cuando a Julián Grimau los médicos
le atendieron para paliar los efectos de la tortura, el juez
señaló que era inútil curarlo porque sería ejecutado, a
pesar de no haber siquiera celebrado la vista. La prensa
europea acuñó un término para identificar ese estilo de
dictaminar de los jueces hispanos: «juzgan de oído», decían.
Efectivamente,
Grimau y otros tantos fueron condenados y fusilados no por
pruebas periciales sino por la opinión emitida al respecto
por los diarios franquistas o por lo que habían escuchado
«por ahí» testigos. Las épocas no se repiten, es obvio,
pero sí los comportamientos. Y los juicios previos
impulsados por medios y las pruebas basadas en rumores,
malos tratos o la manipulada opinión pública sustituyen
con frecuencia al rigor, por qué no decirlo, científico.
Es evidente y nadie que se diga imparcial (un juez, por
ejemplo), lo podría abordar sin sonrojarse.
Si necesitáramos
confirmar lo dicho, bastaría con repasar el seguimiento que
han hecho del macrosumario los medios de comunicación españoles:
silencio, o dicho de otra manera, omertá. Parece lógico
que los media españoles siguieran día tras día el juicio
por la masacre en Madrid del 11–M. Hubo cerca de 200
muertos y miles de heridos. En el 18/98 no había ni muertos
ni atentados, aunque por las condenas parece lo contrario.
La acusación
fiscal citaba reuniones de grupos políticos, debates ideológicos,
cuestiones económicas o empresariales, movimientos
sociales, línea editorial de medios, forma de
autofinanciación, etc. Se mencionaron reuniones en las que
no se sabía quién había participado. Se declaraban
financiaciones ocultas cuando en las mismas actas legales
aparecía su origen y cómo se gastaba ese dinero. Se
silenciaba cualquier tentativa de los imputados de dar
explicaciones sobre escritos, declaraciones o actividades.
¿Cómo iban a seguir los medios un juicio que estaba ya
prejuzgado? Esta ausencia de medios formaba parte de la
descontextualización de los hechos, de la falta de una
reconstrucción histórica rigurosa porque la base de las
acusaciones fijaba que los fines políticos fueran
considerados actos criminales.
Se ha aplicado el
nuevo término jurisprudencial español de la «contaminación».
Hasta el punto que la denuncia de algunos imputados sobre el
hecho de que entre los peritos policiales se encontrara
quien practicó interrogatorios con tortura, fue silenciada
con un «Aquí no valen tribunales de Estrasburgo». Como
dijo el Fiscal General Conde Pumpido en relación a la
ilegalización de las lista de AS y de la mitad de ANV: «Quizás
nos hemos pasado pero ha colado». Tanto ha colado que «El
País» haciendo un resumen de las detenciones contra ETA
desde la tregua hasta hoy afirmaba que eran 188 los etarras
detenidos: militantes o supuestos colaboradores de ETA, jóvenes
acusados de kale borroka, dirigentes de Batasuna e imputados
en los juicios de Jarrai–Haika–Segi y del 18/98. Todo es
ETA.
Por su parte, las
personas condenadas en el juicio han mostrado las causas
sociales y políticas a las que han dedicado su vida. Han
respondido a las condenas llamando a movilizarse por un
objetivo que resume el sentido de su lucha: «Por los
derechos de Euskal Herria. Condiciones democráticas para
todas las opciones políticas». Y si hubiese voluntad de
analizar históricamente el trabajo de las asociaciones,
grupos o medios informativos en los que participaban los
acusados, percibiríamos que esa reivindicación política
ha sido el hilo conductor.
«Egin», un
diario único en Europa que daba voz a quien no la tenía y
también a quien no compartía las ideas de la izquierda
abertzale. Un diario que vivía del apoyo de su gente, lo
que daba sentido profundo al concepto de libertad de expresión.
La Fundación Zumalabe, nacida de la decisión de «redistribuir
la plusvalía producida por los trabajadores» para
profundizar el hilo que une los movimientos sociales. Xaki
que proyectaba internacionalmente la propuesta de la
izquierda abertzale que, como decía el video «Libre contra
nuestra historia» es la de «ser ciudadanos del mundo y no
súbditos de la aldea global». Ekin, grupo que se
presentaba públicamente para reivindicar la independencia y
el socialismo. La teoría de «todo es ETA» hace abstracción
de la historia. Niega que exista una forma diferente de
hacer política que se pueda confrontar en pie de igualdad
con las que dominan nuestra sociedad. Por eso les juzgaron.
El juicio 18/98
resume la negación del sistema político y jurídico español
(y también europeo), para ofertar instrumentos de
transformación. Extracta la oposición para acercar el
pueblo y los ciudadanos al protagonismo político, para
devolver a la política su principal función que es la de
establecer, entre todos, modalidades de relación y normas
para primar los derechos humanos y políticos sobre los de
las élites del poder económico. El 18/98 impide vacunar
contra la enfermedad de la xenofobia y el racismo a través
del reconocimiento de que las culturas son culturas
diferentes y que tienen el mismo derecho a desarrollarse
para profundizar en la riqueza de la diversidad. De
reconocer que el «primer mundo» lo es a golpe de guerras,
imposiciones y explotación. Hasta que no se acepte ese
desafío político y cultural, hasta que no se abran las
puertas a la dialéctica política (hecha a través de la
libre confrontación de modelos políticos y sociales), no
se habrá abierto el camino de la democracia, o sea, la vía
de crear «condiciones democráticas para todas las opciones
políticas».
Crónica
en la audiencia nacional
El
reflejo de un pueblo que reprimen hasta por cantar pero no
pueden callar
Por
Manex Altuna
Gara,
19/12/07
Angela Murillo expulsó a la mayoría de los procesados
de la sala después de que Teresa Toda manifestara su
rechazo a la sentencia y el resto de imputados al unísono
comenzara a entonar el Eusko Gudariak. Intentaron callarlos,
pero se escuchó con claridad la exigencia de democracia
para Euskal Herria.
Tras
un proceso que se inició hace casi diez años y después de
16 meses de juicio esperpéntico, ayer se vivió un nuevo
capítulo del sumario 18/98 con la lectura resumida de la
sentencia. El Gobierno español pretendía realizar una
demostración de fuerza ante los militantes vascos y organizó
un despliegue policial impresionante alrededor de las
instalaciones de la Audiencia Nacional en la madrileña Casa
de Campo para este día.
Se
esperaba que fuera una sentencia ejemplarizante, con
condenas altas, pero además había que demostrar fuerza
policial. A caballo, en furgonas o coches patrulla, las
inmediaciones del tribunal estaban repletas de policías
españoles vestidos con su uniforme azul correspondiente o
de paisano. La Guardia Civil también se dejaba ver paseando
en las cercanías.
Mientras,
los imputados que se encontraban en libertad y los allegados
con los que se acercaron a Madrid a conocer la sentencia
definitiva iban llegando. Y como ya conocían, en la Casa de
Campo no son justas ni las decisiones de los tribunales ni
el trato personal.
Los
agentes comenzaron a agobiar desde el principio a la
delegación vasca obligándola a cambiar de acera. Lo más
llamativo resulta que los policías que daban las órdenes
eran muy jóvenes. Apenas superaban la veintena, e iban
vestidos con ropa de monte.
Pasadas
las 10.30, los encausados empezaron a intentar entrar en la
sala. Un desastre. Aunque parezca increíble con todos los
agentes y funcionarios que había dentro del recinto, se
formó una larga cola. Y es que tomaban los datos de
identificación de las personas a bolígrafo y rellenaban
unos papeles con nombres y apellidos.
Para
más inri, ni siquiera dejaron introducir periódicos. Los
policías se quedaron con una veintena de GARAs y, aunque
aseguraron que se los iban a entregar a los procesados, no
se sabe si llegaron a sus destinatarios. Ver para creer.
Poco
a poco, los abogados defensores, los imputados y los
periodistas fueron entrando. Sin embargo, los policías
continuaron con sus agravios comparativos. Los miembros de
un grupo de extrema derecha eran prácticamente escoltados
hasta la sala mientras los amigos y familiares de los
encausados debían esperar en la calle.
Para
la hora en la que se había anunciado la cita, los imputados
que estaban en libertad eran los únicos que estaban en la
sala. Después entraron los abogados defensores y, tras
advertir una policía a los periodistas que no se les iba a
dejar pasar, acto seguido entraron los representantes de la
extrema derecha.
Los
procesados que están encarcelados fueron apareciendo en la
sala y los saludos, las sonrisas, el puño en alto y los
gestos de complicidad entre abogados e imputados fueron
multiplicándose y convirtiéndose en cada vez más
emotivos. Dieciséis meses de banquillo y de injusticia unen
mucho, como quedó patente en el tribunal.
Los
agentes de la autoridad estaban molestos por la situación,
pero su enfado fue en aumento cuando los allegados de los
imputados empezaron a entrar en la sala. Una policía amenazó
a todos los presentes con un rotundo «el que levante el puño
se va fuera». Otro policía añadió que eran los
procesados los que hacían gestos, a lo que ella respondió
con un infantil «esos están ya detenidos».
El
inicio de la lectura se acercaba y los nervios de los policías
afloraban. Esperaban alguna denuncia y querían impedir a
toda costa que la prensa informara de cualquier reivindicación,
gesto cariñoso o cara alegre de los procesados. Empezaron a
mover a los periodistas. Una fila para adelante, una para
atrás, y el mensaje constante de que no se iba a poder
seguir el acto desde dentro de la sala.
Otra
frase para la historia
Al
final, tras marear a todo el mundo de un lado para otro y no
permitir a uno de los observadores que ha seguido el juicio
sentarse al lado de los abogados, Murillo comenzó hacia las
11.40 a leer la sentencia.
Desde
la pecera, sin embargo, advirtieron a la jueza de que no se
oía nada y tuvo que detenerse hasta solucionar los
problemas técnicos. La actitud autoritaria mantenida por la
magistrada durante el transcurso del juicio será siempre
recordada y ayer volvió a aportar otra frase para la
historia. Nada más empezar a leer las conclusiones del
tribunal, Teresa Toda le interrumpió: «No aceptamos esta
sentencia porque es una decisión política». Los policías
que custodiaban a los acusados se abalanzaron sobre ella y
el resto de los procesados comenzó a cantar el Eusko
Gudariak, como hace 37 años, en Burgos. Murillo gritaba
enfadada: «Cállese, cállese, fuera de aquí, fuera». Y
gesticulaba con la mano. En este momento, se apagaron las cámaras.
CNN iba a conectar en directo justo entonces, y el
presentador se excusó: «Parece ser que ha habido una
protesta».
Mientras
tanto en la sala, se escuchaban los mensajes censurados: «Demokrazia
Euskal Herriarentzat» o «Gora Euskal Herria askatuta!». A
Paul Asensio le intentaban reducir de muy malos modos, al
igual que a Marta Pérez, a la que por poco se llevan
detenida si los abogados no llegan a avisar a los policías
de que estaba en libertad. Fueron momentos muy tensos y
Xabier Arregi casi se desmaya.
Murillo
ordenó la expulsión de todos los procesados que están
presos. Además, espetó con su tono autoritario a Marta Pérez
y Oiaku Azpiri que también abandonaran la sala y desalojó
a parte del público. En concreto, a los allegados de los
procesados, que se marcharon dando voces de ánimo y
aplaudiendo.
Volvió
la conexión televisiva. La jueza dio a conocer el fallo en
media hora. Como se había filtrado, las condenas fueron muy
altas. Los abogados de los procesados no pudieron evitar
mostrar su incredulidad. Sobre todo, cuando escucharon que
quedaba probado que no había pruebas para aceptar las
denuncias de torturas de Nekane Txakartegi. Para las 13.00
había acabado todo el paripé judicial, y quienes podían
ponían rápidamente rumbo a Euskal Herria.
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