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Detenciones
de 18 meses, incluyendo a menores, y expulsiones por cinco años
Europa
aprobó una durísima ley antiinmigrantes
Por
Eduardo Febbro
Corresponsal
en París
Página
12, 19/06/08
La
norma pasó sin enmienda alguna gracias a una alianza entre
conservadores, liberales y euroescépticos. Fue repudiada
por gobiernos de América latina, el Vaticano, la izquierda
y las asociaciones de defensa de los derechos humanos.
El
Parlamento europeo aprobó con una facilidad y una mayoría
desconcertantes uno de los textos más controvertidos de los
últimos años sobre la regulación de los flujos
migratorios. Por 367 votos a favor, 206 en contra y 109
abstenciones, el Europarlamento adoptó en pocas horas la
escandalosa Directiva Retorno mediante la cual se fijan
reglas no comunes para la admisión de extranjeros sino un método
drástico para expulsarlos. La directiva establece que los
inmigrados ilegales podrán ser detenidos por un período
que va hasta los 18 meses si rehúsan dejar el territorio
europeo voluntariamente. El texto también estipula que los
menores de edad son igualmente expulsables y que las
personas expulsadas del territorio eurocomunitario no podrán
regresar durante un lapso de cinco años.
Repudiada
por varios gobiernos de América latina –los países de la
Comunidad Andina de Naciones, la CAN y Uruguay protestaron
enérgicamente (ver aparte)–, criticada por el Vaticano,
la izquierda y las asociaciones de defensa de los derechos
humanos, la Directiva Retorno pasó en virtud de una alianza
entre conservadores, liberales y euroescépticos y, sobre
todo, gracias a las ya absurdas divisiones del grupo
socialista. Por esa razón el texto pasó limpio, es decir,
sin ninguna de las enmiendas propuestas por los opositores.
Envueltas en frases de un delicado cinismo, la Directiva
abre paso a prácticas que hasta ahora eran impensables en
las grandes democracias de Europa. La posibilidad de que un
menor sea expulsado es, por ejemplo, uno de los capítulos
menos gloriosos del texto que adopta únicamente una
estrategia policial frente al fenómeno de la inmigración.
La eurodiputada socialista francesa Martine Roure explicó
que el resultado de los compromisos que facilitaron el voto
era “insuficiente en materia de protección de los
derechos fundamentales”. Más virulento, el eurodiputado
comunista italiano Giusto Catania habló de una “Directiva
inhumana impuesta por los gobiernos”. En cambio, el
europarlamentario español Agustín Díaz de Mera (Partido
Popular) explicó que “el acuerdo pone fin a algo difícilmente
comprensible, como es que en la Unión Europea haya lugares
donde los inmigrantes pueden ser retenidos
indefinidamente”. De los 27 países, siete autorizan un
período indefinido de arresto de ilegales, mientras que en
16 países, entre ellos Francia y España, el lapso no puede
exceder los 32 o los 40 días.
El
texto sometido al voto rompió la lógica de los grupos políticos.
Los socialistas se quedaron estancados en sus divisiones y
ello quedó plasmado en el voto cuando varios socialistas
aprobaron la Directiva. “No es la victoria o la derrota de
nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por
lo menos una reglamentación europea”, dijo el socialdemócrata
alemán Wolfgang Kreissldörfler, que votó a favor del
texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE
(Partido Socialista Europeo). Los adversarios del texto
–ecologistas, socialistas y comunistas– argumentan que
su aplicación desembocará en un deterioro de las
condiciones de expulsión en los países de la UE que
actualmente tienen una legislación más favorable. La
aprobación de la Directiva Retorno es un esbozo de la política
inmigratoria global que se avecina. La Directiva constituye
una pieza más en el ya duro proceso de reorganización y
endurecimiento de la política migratoria de la UE. Esta
debería acentuarse aun más cuando Francia asuma el próximo
1º de julio la presidencia rotativa de la Unión. París
pugna por la aprobación de un “pacto europeo” cuyos
ejes son una suerte de “contrato de integración” que
contempla el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional
para quienes quieran llegan a Europa y, sobre todo, el fin
de las regularizaciones masivas de ilegales, así como una
política común de asilo. Francia busca evitar que uno de
los Estados de la UE proceda a regularizaciones masivas sin
el acuerdo de todos los demás miembros. Según cifras de la
Comisión Europea, entre uno y dos millones de inmigrantes
llegan a Europa legalmente cada año. La misma fuente
calcula que existen hoy 8 millones de extranjeros
clandestinos. En el primer semestre de 2007, 200 mil
ilegales fueron arrestados dentro de la UE. De esos 200 mil,
90 mil fueron expulsados. La Directiva Retorno consagra la
visión represiva de una derecha europea que gana votos con
el espantapájaros de la inmigración. La decencia y la
defensa de sus ciudadanos imponen hoy una respuesta adecuada
de los timoratos países latinoamericanos que, desde hace años,
toleran que sus ciudadanos sean objeto de tratos impensables
en los aeropuertos y comisarías sin protestar o actuar con
la energía que se impone. Los casos de golpes, insultos
racistas, abusos y expulsiones excesivas llenan un catálogo
vergonzoso de la discriminación. La UE tiene hoy un texto
común que abre la vía a más abusos. El silencio de la
gran mayoría de las cancillerías latinoamericanas y los
parlamentos nacionales ha sido, hasta ahora, un aliado de
abrumadoras vejaciones. Ayer, las protestas se hicieron
escuchar. Demasiado tarde.
Repudio
de países, artistas y
organismos de derechos humanos
Página
12, 19/06/08
Varios
gobiernos latinoamericanos, organizaciones defensoras de los
derechos humanos e intelectuales europeos repudiaron con
firmeza la sanción de la ley “Directiva Retorno”. Uno
de los primeros en mostrar su rechazo fue el presidente de
Ecuador, Rafael Correa. “¿Con qué calidad moral se puede
sostener una globalización que cada vez busca más la libre
movilidad de mercaderías, la inmediata movilidad de
capitales, pero criminaliza la movilidad de seres
humanos?”, declaró al Canal Uno de televisión de Quito.
El
mandatario ecuatoriano explicó que su gobierno ya inició
contactos en la región para protestar en conjunto contra lo
que calificó de “agresión”. “Esa directiva no es la
Directiva Retorno sino la Directiva de la vergüenza”,
afirmó. El énfasis en las declaraciones de Correa responde
al gran número de ecuatorianos que residen en Europa. Según
información de la Cancillería de Quito, la medida podría
afectar a más de tres millones de inmigrantes de la
Comunidad Andina de Naciones, que Ecuador integra junto con
Bolivia, Perú y Colombia.
La
iniciativa de efectuar un reclamo conjunto no fue exclusiva
de Correa. El Senado uruguayo manifestó su rechazo a la
norma frente a los organismos de las Naciones Unidas y
resolvió convocar a todos los parlamentos latinoamericanos
a sumarse a su posición. Para los parlamentarios
orientales, la sanción de la directiva es una “flagrante
incongruencia” de la Unión Europea y la decisión de
aumentar a 18 meses la reclusión de inmigrantes sin papeles
“consagra una privación de libertad que se convierte en
una verdadera pena de prisión”.
Desde
el gobierno de Bolivia prefirieron no precipitarse y buscar
la forma legal de enfrentar la nueva ley. “Lo que nos toca
es estudiar detenidamente la norma aprobada y veremos las
medidas que haya que adoptar de acuerdo con los intereses
(de los inmigrantes bolivianos)”, dijo el vicecanciller,
Hugo Fernández. Sin embargo, la cautela de sus
declaraciones contrasta con la carta que el presidente
Morales envió a la Unión Europea (UE) la semana pasada. En
ese texto el mandatario llamó a la iniciativa “directiva
de la vergüenza”, y planteó, como una medida de
reciprocidad, la posibilidad de aplicar el visado a los
ciudadanos europeos.
La
reacción fue más moderada en Centroamérica, en línea con
su estrategia regional de política exterior.
“Independientemente de las normativas que en su debido
momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en
lograr un mejor trato, preferencial, en el aspecto
migratorio para los centroamericanos”, dijo el
vicecanciller salvadoreño, Eduardo Cálix, portavoz
regional para el diálogo político con la UE. El
funcionario indicó que ese trato preferencial se quiere
lograr dentro del Acuerdo de Asociación que Centroamérica
y la UE negociarán –por cuarta vez– entre el 14 y 18 de
julio próximo, en Bruselas.
Las
repercusiones no fueron exclusividad de los gobiernos.
Amnistía Internacional manifestó su “honda decepción”
por la votación celebrada ayer y subrayó que la nueva ley
europea no garantiza el retorno de los migrantes irregulares
en condiciones de seguridad y dignidad. Por el contrario,
para la organización defensora de los derechos humanos
“se corre el riesgo de reducir las normas existentes en
los Estados miembro y se sienta un ejemplo extremadamente
malo para las demás regiones del mundo”. A todo esto,
artistas e intelectuales europeos se opusieron a la norma,
entre ellos el cineasta español Pedro Almodóvar y el Nobel
de Literatura, el italiano Dario Fò.
Repudian
la ley de la UE
Página
12, 19/06/08
La
nueva ley europea contra los inmigrantes sin papeles sigue
sumando reacciones de repudio. Las Naciones Unidas (ONU) y
la Organización de Estados Americanos (OEA) se sumaron a la
masiva ola de rechazos de los gobiernos latinoamericanos.
Por iniciativa del presidente boliviano, Evo Morales, los países
del Mercosur podrían consensuar una respuesta común en
diez días, en la próxima cumbre del bloque, en Tucumán.
Si
bien el tema no forma parte de la agenda, los gobiernos de
Bolivia y Paraguay anunciaron que elevarán el asunto a los
demás miembros del Mercosur. “Vamos a emprender una campaña
internacional para que pueda revertirse, que los
parlamentarios europeos que aprobaron esa Directiva de
Retorno se pongan la mano al pecho”, señaló ayer
Morales, e hizo extensiva su invitación a las naciones
africanas. Según un comunicado difundido por el gobierno de
La Paz, la Directiva Retorno afectaría a unos 210 mil
bolivianos que viven en España. Ese número representa el
70 por ciento de la comunidad boliviana en el país ibérico.
En
un comunicado difundido ayer, el secretario general de la
OEA, José Miguel Insulza, lamentó que se haya aprobado
otra medida contra los inmigrantes ilegales y felicitó a
los eurodiputados que votaron contra la ley. “Es una
paradoja que mientras se negocian acuerdos importantes en
materia comercial y se habla de alianzas estratégicas, se
adoptan de manera unilateral medidas como la internación
prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes
ilegales, sin siquiera discutir ni negociar el tema con los
gobiernos latinoamericanos”, se lee en el texto. Para el
funcionario, el flujo migratorio hacia Europa continuará
mientras existan fuentes de trabajo que no existen en los países
de origen de los migrantes.
El
rechazo a la nueva ley antiinmigratoria trascendió las
fronteras latinoamericanas. La Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Louise Arbour, urgió a los
parlamentarios y a la opinión pública europeos a
comprender la necesidad de protección de las garantías
fundamentales de esas personas. “Sus vidas se ven
amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad
y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa
situación y se les debe dar una protección”, sostuvo en
un comunicado.
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