Se busca una ley para salvar a Silvio Berlusconi de sus procesos. Después
de haber sido suprimida, por inconstitucional, la inmunidad
para los altos cargos, los conservadores están buscando una
solución urgente para los problemas judiciales del primer
ministro italiano. Pero, las posibles medidas presentadas
están provocando un enfrentamiento nunca visto en Italia
entre el Ejecutivo, de un lado, y, por el otro, el
Parlamento, la magistratura, la Presidencia de la República,
el Órgano de Autogobierno de los Jueces (CSM) y una parte
de la opinión pública. La razón es que para salvar a
Berlusconi, quedarían también zanjados, para siempre y sin
culpables, una cantidad enorme de procesos, alguno de ellos
con muchas víctimas.
Incluso el escritor Roberto Saviano ha hecho un llamamiento para que se
retiren las medidas, y la carta, publicada en la edición
digital de el diario La Repubblica, ha recogido ya 350.000
adhesiones. Varias personalidades del mundo de la cultura y
el espectáculo han firmado, entre ellas el actor y director
de cine, Roberto Benigni, su mujer, la actriz Nicoletta
Braschi o el premio Nobel de Literatura, Dario Fo, entre
otros.
Los conservadores presentaron ayer en el Senado el proyecto de ley para
acortar la prescripción de los procesos. La norma impone
que desde que se ordena el procesamiento de un ciudadano
hasta su condena definitiva, incluido un eventual recurso al
Supremo, no transcurran más de seis años. La ley se
aplicaría a todos los procesos, incluidos los que estén
curso, en los que la pena prevista sea inferior a 10 años.
Es decir, encaja a medida para que dos procesos contra
Berlusconi ––que a falta de inmunidad han vuelto a
ponerse en marcha en Milán–– prescriban.
Múltiples
prescripciones
La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) ha explicado que la medida
llevará a la prescripción del 50% de los procesos de Roma,
Bolonia y Turín, y entre el 20 y 30% de los de Florencia, Nápoles
y Palermo. Angelino Alfano, ministro de Justicia, ha
invitado a lo magistrados a «no jugar con las palabras ni
con las cifras». El expresidente de la República, Carlo
Azeglio Ciampi, que no suele intervenir en cuestiones políticas,
ha afirmado que «las reformas se hacen para los ciudadanos»
y que «basta ya con las leyes para una persona».
La nueva norma ha unido a todas las minorías parlamentarias y provocado
malestar entre algunos conservadores. «La reglas se cambian
junto con la oposición», ha pedido Gianfranco Fini,
presidente del Congreso. Italia de los Valores (IDV) de
Antonio Di Pietro ha convocado una manifestación el 5 de
diciembre bajo el lema: No Berlusconi Day.
Los progresistas del Partido Democrático (PD) han organizado protestas para
el 12 y 13 de diciembre, y el centrista Pierferdinando
Casini del UCD, en la oposición, ha propuesto a los
conservadores que «asuman la responsabilidad política de
decir claramente a los ciudadanos que, dado que el problema
es Berlusconi, se hace una ley para Berlusconi». «Puede
que sea impopular, pero yo trabajo para evitar el
hundimiento del sistema judicial», añadió. Lo único que
ha comentado Berlusconi es que irá a la televisión a «explicar
las nuevas leyes a los italianos».
