En
cuatro años, el Estado recortará 40.000 millones en
personal, inversiones y transferencias
Como si no hubiese ya más tiempo que perder, el Gobierno ha entrado en
tromba en dos de las reformas que más comprometen el futuro
de la economía española. El recorte del déficit público
–que, según se supo ayer, alcanzó en el 2009 el récord
histórico del 11,5% del PIB– y las reformas para
asegurarse la viabilidad del sistema de pensiones
(garantizada hasta el 2030) son las dos cuestiones que
exigen quienes tienen que decidir si siguen prestando y a qué
precio, el dinero que necesita la economía española para
su recuperación. Los mercados recelan de las finanzas públicas,
y el Gobierno ha querido dejar claro que España no es como
Grecia. Su presidente ya lo adelantó el jueves en Davos,
ante la prensa internacional.
Quieren
ampliar dos años la edad de jubilación
«Queremos dar la confianza a los ciudadanos de que haremos lo que haya que
hacer», dijo ayer la vicepresidenta económica, Elena
Salgado. El Gobierno llegará al 2013 «con los deberes
hechos», reforzó la vicepresidenta De la Vega. Por eso,
ayer se celebró el que quizá vaya a ser el Consejo de
Ministros más decisivo y rompedor de la era Zapatero. Pocas
decisiones pueden ser tan trascendentales desde el punto de
vista social y económico como la de alargar 2 años, de 65
a 67, la edad legal de jubilación. Hay estudios que estiman
que un aumento de dos años de la edad legal de jubilación
conllevaría una reducción del gasto en pensiones de 10,30
puntos (100.300 millones de hoy) en el 2060.
Tampoco es menor el reto de reconducir el déficit de las administraciones públicas
desde el 11,4% del PIB hasta el 3% en cuatro años. En
realidad, ni la estabilidad presupuestaria ni la reforma del
sistema de pensiones son ajenas al programa económico del
Gobierno; la diferencia es que «se ha pasado de la
pasividad a la acción», interpretaba ayer un analista económico.
Las
piezas del plan
De los casi 8,5 puntos de PIB que median entre el 11,4% del 2009 y el 3%
deseado para el 2013, el Gobierno calcula que una parte
llegará por la recaudación adicional de la recuperación y
por la retirada de las medidas de estímulo (como el plan de
inversión local).
Para embridar el resto del déficit, el Gobierno aprobó ayer un Plan de
Austeridad que implica un ajuste presupuestario del 5,7% del
PIB (unos 57.000 millones) en el plazo de cuatro años (del
2010 al 2013), cuyo mayor esfuerzo recaerá sobre el Estado
(el 5,2%). El resto del ajuste (0,7% del PIB) será encajado
por autonomías y corporaciones locales con quienes se
quiere pactar sendos acuerdos de sostenibilidad.
Para cubrir el ajuste de 57.000 millones asignado al Estado, el Gobierno
cuenta con los mayores ingresos por las subidas fiscales ya
practicadas y con los provenientes de la lucha contra el
fraude. La vicepresidenta Salgado aseguró ayer que no están
previstas nuevas subidas de impuestos. Pero, además, habrá
que acometer un recorte del gasto de 40.000 millones, de los
que 14.000 están incluidos en el presupuesto del Estado del
2010.
Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer un «plan de acción inmediata»,
que supondrá un recorte adicional del gasto de 5.000
millones de euros en el 2010. Los ministerios tienen hasta
el 1 de marzo para explicar al de Economía los recortes que
piensan hacer.
Por último, para el periodo del 2011 al 2013, se ha aprobado un «plan de
austeridad» que debe reducir en 26.000 millones de euros el
techo de gasto presupuestario.
Gastos
de personal
«El ajuste, necesariamente tiene que afectar a todas las partidas y todas
las políticas», explicó ayer Salgado. Solo se librarán
del tijeretazo las prestaciones sociales, la inversión en
I+D+i y la política antiterrorista, añadió. No se tocará
ni el gasto en dependencia, ni las becas y ayudas de
estudio, ni el cheque–bebé de los 2.500 euros, ni la
ayuda oficial al desarrollo, acotó la vicepresidenta económica.
¿De dónde, pues, se van a recortar los 40.000 millones de
gasto que corresponde al gobierno?, preguntó un periodista.
«Hay margen suficiente, sin duda», respondió Salgado,
dando a entender que su ministerio ya ha hecho las cuentas
pertinentes; y que le salen.
El ajuste recaerá, sobre todo, en el gasto de personal, en los de
funcionamiento, en la inversión pública y en las
transferencias a comunidades autónomas, empresas públicas
y organismos autónomos del Gobierno.
Para reducir el gasto de personal, solo se repondrá el 10% de las bajas (en
lugar del 30% previsto) y se abundará en la moderación
salarial, explicó la vicepresidenta sin dar más detalles.
El recorte de la inversión pública, «de varios miles de millones», se
traducirá en «un retraso» de los proyectos, algunos de
ellos ya comprometidos.
El grueso del ajuste, no obstante llegará del capítulo de transferencias
que hace el Estado a las comunidades autónomas (diferentes
de las cantidades pactadas en el sistema de financiación,
explicó la vicepresidenta) y a empresas y organismos públicos.
