Madrid.- La sucesión de negocios con persianas bajas, la proliferación de locales de empeño de alhajas y las colas de taxis estacionados que parten con cuentagotas ya no sorprenden ni asustan a ningún mortal en la España de hoy.

El verdadero miedo, aquel que paraliza, es la sola idea de perder el tren del Primer Mundo, y se refleja en las tapas de los diarios, en las discusiones en las oficinas, en los bares y las calles de la ciudad, donde nada ni nadie puede escaparle a la amarga sensación de incertidumbre que siguió al anuncio del ajuste más brutal en la historia reciente del país.

El recorte oficial de 15.000 millones de euros en el gasto público, proyectado el miércoles pasado por presión de los mercados internacionales para intentar cerrar el abismo de un déficit fiscal de dos dígitos, fue el detonante que pareció acabar con la paciencia de muchos españoles.

Aunque el apoyo de las centrales sindicales al gobierno y el "efecto anestesia" generado por el amplio seguro de desempleo español conspiran aún contra la realización de grandes protestas populares, el "quiebre" del presidente José Luis Rodríguez Zapatero terminó por profundizar la percepción de vivir un antes y un después de una crisis inédita.

España pasó del sueño dorado al ajuste; de la ostentación al ahorro. Todo eso, en muy poco tiempo.

"Hace dos años me ofrecían créditos hasta para dar la vuelta al mundo, y los empleados de los bancos no te dejaban ir hasta que no te convencían de que debías aceptarlo", dice La Nación a Alvaro Iturbide López, integrante, desde la semana pasada, del grueso de los 4,6 millones de desocupados que dependen del seguro de desempleo para asegurar su subsistencia.

"Hoy estoy agradecido de que no tomé ni ese ni otro préstamo superfluo, pero estoy preocupado porque no sé cómo voy a hacer para terminar de pagar la hipoteca de mi único departamento, que es mi hogar", agrega.

Pero su desazón no es una experiencia exclusiva del gran número de desempleados que existe hoy en día en España.

Tras conocerse la intención del gobierno de recortar las remuneraciones de los empleados públicos un 5% en promedio, crece en general la preocupación por la posibilidad de nuevas medidas que avancen sobre sueldos y los beneficios del todavía frondoso sistema de contención social. Todo eso amenaza con alejar aún más a los españoles de sus abandonados sueños de prosperidad sin límites, tan al alcance de la mano apenas un año atrás.

Aprendizaje forzoso

"Fuimos aprendiendo desde 2008, y en forma acelerada, todas las malas palabras de la economía: desocupación, deflación, caída del crecimiento, freno del consumo... y ahora, además, nos desayunamos con el «ajuste»", afirma José Antonio Solá, un jubilado de 68 años.

"Yo creo que ya nos hemos graduado de especialistas en crisis, aunque todavía nos falta aprender mucho más", comenta, mientras señala, desde el madrileño Puente de Toledo, las excavadoras que ahora parecen dormidas a la vera del río Manzanares. Los trabajos de restauración del entorno del río también serían alcanzados por la crisis.

Si bien horas antes de anunciarse el plan de ajuste se inauguró un nuevo tramo de las obras de restauración del entorno de la vía fluvial, el gobierno ya adelantó que la obra pública va a sufrir el mayor recorte. Serán 6045 millones de euros menos. El único proyecto que tendría su continuidad garantizada es la del tren de alta velocidad entre Madrid y Valencia, que circulará a partir de fines de este año. Pero sobre el resto aún no se sabe nada.

"Ni el mismo rey es más misterioso que nuestra situación económica en estos momentos, aunque yo creo que ni nuestros gobernantes saben qué van a hacer", protesta este ex empleado de ferrocarril.

Sin embargo, en las últimas horas, desde el poder no ha habido empeño en demostrar lo contrario.

Ante la presunta falta de respuestas claras sobre el alcance de los recortes, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ensayó anteayer una explicación que sería muy comentada por los medios locales.

"Hacen falta recortes excepcionales para atender una situación excepcional", deslizó, con su aplomo habitual, la número dos de Moncloa y siempre número uno en la administración socialista de Rodríguez Zapatero a la hora de enfrentar a la prensa.

Escepticismo en alza

Sin embargo, la gran excepción esta vez fue el fracaso de la funcionaria en convencer a personas y mercados de que la gran poda millonaria servirá para hacer reverdecer en el corto plazo a la reseca economía española.

Sus palabras fueron seguidas por el mayor derrumbe del año de la bolsa madrileña, además de crecientes versiones de la primera huelga general en ocho años y la sugerencia de los organismos de crédito internacionales de practicar un ajuste todavía mayor para poder llevar a cifras honrosas el déficit público de 11,2% proyectado para este año.

Pero las consecuencias de sus declaraciones tienen sin cuidado a Felipe Suárez, uno de los tantos taxistas que aprovechan los alargados tiempos de espera en las colas formadas en las paradas para leer de punta a punta los diarios gratuitos.

"Para mí, la palabra «déficit» no es nueva. Hace un año y medio, tenía una recaudación diaria que, como mínimo, orillaba los 250 euros", afirma.

"Hoy tengo que estar contento si logro recolectar 150, de los que tengo que deducir una buena parte para poder pagar la cuota del crédito de la licencia del taxi, que me costó 180.000 euros. Si lo mío no es saber de déficit, vamos, ¿qué es?", pregunta.

La respuesta, una vez más, es la gran ausente en estos días.

Procura ahorrar unos 15.000 millones de euros

El temor a caer en el mismo abismo que Grecia y las crecientes presiones de los mercados internos y externos para que se cambie el rumbo de la economía resultaron demasiado poderosas para un hasta ahora obstinado José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras haberse negado en sus seis años de gobierno a reducir el gasto público y a poner en peligro el apoyo de las centrales sindicales a su gestión, el presidente del gobierno español anunció ayer la aplicación de un drástico "tijeretazo" en los presupuestos del Estado con el fin de ahorrar 15.000 millones de euros e intentar, así, evitar el hasta ayer casi seguro camino al colapso de la economía de su país.

Sin embargo, el "golpe de timón" anunciado ayer en el Congreso no será fácil de digerir para quienes hasta ahora habían apoyado al mandatario socialista por su apasionada defensa de la poderosa red de contención social que posee hoy España. Especialmente, porque la tijera pasará por primera vez en la historia por los sueldos de los empleados públicos y los haberes de los jubilados, hasta este martes dos de los sectores más reivindicados por el discurso oficialista.

En su mensaje ante el Congreso, difundido apenas unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le recomendara en una llamada por teléfono a su par español "medidas urgentes" para reducir el déficit público, Zapatero anunció un "recorte promedio" del 5% en las remuneraciones y pensiones del sector estatal.

Esta reducción generalizada de salarios, que fue calificada de "ajuste a la griega" por más de un medio local, será aplicada en forma paulatina a lo largo de 2010 y será seguida por un congelamiento de los haberes el año próximo.

A través de esta medida, sin dudas la más resonante y controvertida del paquete de reducción del gasto público, el gobierno pretende conseguir un ahorro de 3900 millones de euros.

Pero el mayor recorte lo padecerá la inversión pública, que actualmente está a cargo del Ministerio de Fomento.

Esta cartera, a la que se le había asignado la función de incentivar la reactivación de la economía a través de la realización de obras públicas, verá mermadas sus arcas en 6045 millones de euros, lo que supone un verdadero golpe a uno de los medios más concretos y visibles para la salida de la crisis.

Además, se contemplan reducciones significativas en el área de sanidad (1300 millones) y de fondos asignados a las comunidades y municipalidades (1200 millones), aunque el "tijeretazo" más comentado por estas horas tiene que ver con la supresión del llamado "cheque bebe".

Este beneficio, que había sido implementado cuando Zapatero aún no había completado su primer mandato, fue considerado en su momento una "medida estrella" para fomentar la natalidad a través del pago de 2500 euros a los padres de cada recién nacido y, al mismo tiempo, un recurso proselitista para promocionar la reelección del presidente, que finalmente obtendría al año siguiente.

Pero ayer, el "cheque bebe" pasó a ser un recuerdo de épocas mejores, junto con la intención presidencial de evitar todo tipo de ajuste social y, por lo tanto, de prevenir que la alarmante tasa de desempleo, hoy del 20,05%, generara un ejército de "parados" en estado de movilización.

Por esta razón, los primeros en protestar por este cambio de dirección en la política económica fueron los sindicatos.

Cándido Méndez, titular de la Unión General de Trabajadores -una entidad generalmente afín a las políticas de la actual administración socialista-, advirtió sobre una "quiebra del discurso político" de Zapatero y afirmó que ve "muy difícil" que se pueda mantener el diálogo con el gobierno debido al "conflicto social" que prevé después del plan de ajuste.

También el secretario de las Centrales Obreras, Ignacio Fernández Toxo, tildó de "injusto" y "antieconómico" el anuncio gubernamental y no descartó "protestas masivas" en caso de que el paquete de medidas sea aprobado mañana por el Consejo de Ministros.

Más lejos fue Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida (IU), una agrupación política con fuerte raigambre gremial, que señaló que el presidente "ha pasado una raya roja", al tomar decisiones que son "impropias de un gobierno que se llama socialista".

En ese partido, así como en algunos sindicatos, se barajaba ayer la posibilidad de convocar, incluso, a una huelga general. Esta medida de fuerza no se lleva a cabo desde 2002, cuando los sindicatos protestaron contra la intención del gobierno de centroderecha de José María Aznar de modificar aspectos básicos del sistema laboral y las prestaciones por desempleo.

Tampoco el Partido Popular (PP) aprobó el plan oficial, a pesar de que su conducción solicitó en numerosas oportunidades una drástica reducción del gasto público.

En la tarde del miércoles más agitado de los últimos meses, el líder de esa fuerza política, Mariano Rajoy, acusó a Zapatero de efectuar "un gran recorte de derechos sociales" que "pagarán todos los españoles".

Con una alta dosis de oportunismo e ironía, el líder del PP afirmó que el ajuste "no hubiese ocurrido" si el presidente "hubiese actuado a tiempo" y hubiese seguido las indicaciones de ese partido.

En tanto, anoche el Fondo Monetario Internacional y el comisionado de la Unión Europea respaldaron públicamente el plan impulsado por el gobierno español.

Los principales puntos del plan

Salarios públicos: habrá una reducción del 5%, en promedio para 2010 y un congelamiento para todo 2011. Se baja el sueldo un 15% a los miembros del gobierno.

Inversión pública: se prevé una reducción de 6045 millones de euros en 2010 y en 2011.

Jubilaciones y subsidios: se suspende en 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las mínimas. Se elimina el "cheque bebe" de 2500 euros a partir del 1° de enero de 2011.

Ayuda al desarrollo: se reducen en 600 millones de euros entre 2010 y 2012.

Salud pública: reducción y racionamiento de los medicamentos para alcanzar un consumo más eficiente y vinculado con las necesidades reales de los pacientes, de acuerdo con las indicaciones de la comunidad científica. Dispensación de medicamentos en unidosis, mediante el fraccionamiento de los envases.

Ahorro: con estas medidas, el gobierno español ahorraría unos 5000 millones de euros en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.

Impuestos: Zapatero no descartó ayer nuevas medidas fiscales que incluirían la suba de los impuestos a la renta.