Roma.- Tal como se preveía,
presionado por las cuentas en rojo y una crisis económica cada vez más dramática
para toda Europa, el gobierno de Silvio Berlusconi se vio obligado ayer a
aprobar un agresivo plan de austeridad con el que apunta a reducir el déficit
del Estado en 24.000 millones de euros en el bienio 2011-2012.
Similares a las que tomaron
en las últimas semanas otros países de la zona euro, el ajuste prevé, entre
otras medidas, el congelamiento de los salarios de los más de tres millones
de empleados públicos que hay en Italia a partir de este mismo año y hasta
2013; el aumento de 60 a 65 años de la edad de jubilación de las mujeres, y
la creación de un impuesto de 10 euros a los turistas que se alojen en Roma,
iniciativa que provocó encendidas protestas de la federación de hoteleros.
Aprobada después de una
jornada de tensas reuniones entre el ministro de Economía, Giulio Tremonti,
con sindicatos y demás grupos, la denominada "maniobra" ahora deberá
ser aprobada por el Parlamento. El texto prevé, entre otras medidas, recortes
del 10% en los gastos de los ministerios.
También deberán ajustarse
el cinturón los magistrados que tengan un ingreso de más de 80.000 euros al
año, y sufrirán una reducción de entre el 5 y el 10% del salario los
directivos de empresas públicas que ganen más de 90.000 euros al año.
Por otra parte, en medio de
medidas para luchar contra la elevada evasión fiscal y la economía
sumergida, de ahora en más no se podrán hacer pagos en efectivo que superen
el techo de 5000 euros.
Los jubilados que reciben una
pensión que excede al menos 13 veces la mínima se verán obligados a hacer
una "contribución solidaria" consistente en el 10% de su retribución.
Y se abre la posibilidad de cobrar peaje en las autopistas que rodean las
ciudades, hasta ahora gratuitas.
"Se trata de sacrificios
muy duros para evitar el riesgo de que podamos terminar como Grecia",
explicó el subsecretario de la presidencia del gobierno y brazo derecho de
Berlusconi, Gianni Letta.
"Es una maniobra
extraordinaria, que nos impone Europa, así como a los otros países, de España
a Portugal, de Francia y Gran Bretaña a Alemania", agregó.
Las palabras de Letta
significaron un abrupto cambio de posición en el seno del gobierno de
Berlusconi, que en los últimos dos años se caracterizó por las previsiones
optimistas y la reiterada negación de la existencia de una crisis. "El
ajuste da un mensaje claro: el Estado debe costar menos a los
ciudadanos", dijo ayer, durante el consejo de ministros, Berlusconi, que
explicará las medidas de austeridad hoy en una conferencia de prensa junto
con Tremonti.
Como no podía ser de otra
manera, la oposición y los sindicatos criticaron las draconianas medidas
anunciadas. "Se les pide siempre a los trabajadores, públicos y
privados, el grueso de los sacrificios; y no hay ninguna medida de apoyo a la
ocupación y a las inversiones", denunció Guglielmo Epifani, secretario
general de la Confederación General Italiana de los trabajadores, que no
descartó una huelga.
"Es una maniobra
insostenible por las recaídas que tendrá y por los servicios que las
regiones deben prestar", clamó por su parte Pier Luigi Bersani, líder
del Partido Democrático, el principal de la oposición.
El ex juez anticorrupción
Antonio Di Pietro disparó munición gruesa contra el Cavaliere : "Quien
fracasa y quien dice mentiras se tiene que ir a casa. Berlusconi dijo que
Italia no estaba en crisis y después dijo que ya la había superado, pero hoy
estamos en la antesala de Grecia".
Y acusó: "Si queremos
salvar al país, Berlusconi y su gobierno se deben ir a casa".
