Protestas en 130 ciudades

París concentra la marcha principal a favor de la acogida de inmigrantes convocada por un centenar de ONG con el apoyo de los partidos de izquierda

Miles de personas se han manifestado hoy en diversas ciudades francesas contra la política del Gobierno de expulsar a los gitanos y en favor de la acogida de los extranjeros, en unas marchas convocadas por un centenar de asociaciones y ONG con el apoyo de partidos políticos de izquierda.

La protesta parisiense, la más numerosa, ha partido esta mañana de la plaza de la República con un grupo de gitanos a su frente y tras una pancarta en la que se leía "No a la política inhumana de Sarkozy".

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha sido el principal blanco de los lemas que han podido verse en la manifestación, junto con sus ministros del Interior, Brice Hortefeux, y de Inmigración, Eric Besson.

Los manifestantes no han dudado en comparar la política de expulsión de gitanos con la que durante la ocupación alemana de la segunda guerra mundial llevó a cabo el régimen colaboracionista de Vichy, que entregó a miles de judíos a los nazis. Sarkozy ha sido comparado con el general Petain, presidente de la Francia colaboracionista en ese periodo.

Cabezas de turco

"Francia no pertenece a Sarkozy, pertenece a los ciudadanos, incluidos los inmigrantes", ha asegurado Pierre, erigido en portavoz de una asociación de ayuda a los sin papeles. Para Corinne, que desde hace años presta ayuda a los gitanos que viven en campos a las afueras de muchas ciudades francesas, el presidente "ha tomado ahora como cabeza de turco a los gitanos, pero mañana serán otros colectivos".

Multitud de asociaciones humanitarias, ONG y colectivos de gitanos, de sin papeles y de ayuda a los inmigrantes han estado presentes en la manifestación parisiense. A ellos se han unido representantes políticos de los principales partidos de izquierda, así como líderes sindicales, que volverán a las calles el próximo martes en una protesta por la reforma de las pensiones que planea el Gobierno de Sarkozy.

Entre ellos había el alcalde socialista de París, Bernard Delanoë, en representación de su partido junto a compañeros suyos y destacados líderes del resto de las formaciones de la izquierda y de la extrema izquierda francesa, al igual que la líder de los Verdes, Cecile Duflot.

Manifiesto en internet

Los organizadores de la marcha han divulgado a través de internet un manifiesto de condena a esta política de expulsión de los gitanos para recoger firmas. Antes del inicio de la manifestación parisiense, una quincena de artistas ha cantado frente al Ministerio de Inmigración la canción Les petits papiers (Los papelitos), el alegato de Serge Gainsbourg contra la necesidad de tener documentos. Entre los artistas presentes estaban Régine, Jane Birkin, Agnès Jaoui, Jeanne Cherhal y Clarika.

En Burdeos, Lyon, Rennes, Marsella, Lille y hasta 130 ciudades del país también ha habido manifestaciones, aunque menos numerosas que la de la capital. También están previstas protestas frente a las embajadas y consulados franceses en diferentes puntos de la Unión Europea.

Iniciativa legislativa popular

En España, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha anunciado hoy como muy probable que se impulse desde España una iniciativa legislativa popular de ámbito europeo para garantizar los derechos fundamentales de los gitanos, la libertad de circulación e igualdad de trato.

En Madrid, asociaciones gitanas y otros movimientos sociales han entregado un manifiesto a favor de la "ciudadanía plena" de los gitanos europeos al representante de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, y han pedido al Gobierno que abandone el "silencio" ante la "expulsión" de estas personas desde Francia a sus países de origen.

Entretanto, cerca de cincuenta personas permanecían concentradas en la calle, en coincidencia con movilizaciones de este tipo previstas hoy en otras ciudades europeas. En Barcelona, otro medio centenar han entregado en el Consulado de Francia una carta de "absoluto rechazo y preocupación" y de petición de paralización de las "deportaciones fascistas".

Jornadas de participación

Según ha comentado Ibarra en Madrid, la reunión con Fonseca ha sido de "empatía absoluta" y continuarán los contactos para tratar éste y otros asuntos relacionados. También se convocarán jornadas de participación de organizaciones gitanas y ONG de derechos humanos en esa iniciativa legislativa popular y "en esta lucha --ha enfatizado Ibarra--, que se vislumbra larga, prolongada, seria, rigurosa y bastante dura".

Preguntado por si las directivas europeas no son suficientes, ha replicado que se pretende lograr "todo tipo de garantías" de ciudadanía plena y que gobiernos como el francés o el italiano no puedan ampararse en "tecnicismos" para expulsar a los gitanos.

Ibarra ha declarado que el Gobierno mantiene una "posición de distancia diplomática" y "calculado silencio", cuando debe asumir un "compromiso solidario". Ha reconocido que las políticas en relación con los gitanos españoles son "correctas, pero hay que mejorarlas", y ha reclamado una Secretaría de Estado de Minorías Étnicas.

Manifestaciones en Europa contra
las expulsiones de gitanos

Las expulsiones de gitanos que está llevando a cabo el Gobierno francés tendrán hoy respuesta en las calles de diversas ciudades de Europa. La Red Europea contra el Racismo (ENAR, por sus siglas en inglés) y otras ONG contra el racismo han convocado más de cien manifestaciones en Francia, la más importante, una marcha en París que comenzará a las dos de la tarde. A estos actos se suman los convocadas en Rumania y en otras ciudades como Madrid y Barcelona, Bruselas, Viena, Nicosia, Budapest, Roma, Lisboa y Londres.

ENAR insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que garanticen la integración de los gitanos "de manera coordinada e inclusiva", según un comunicado.

La manifestación de Barcelona estaba convocada para las 11.30 frente al Consulado de Francia, ubicado en la Ronda Universitat 22. En Madrid, tenía previsto comenzar a mediodía en la sede española de las instituciones de la Unión Europea, ubicada en el Paseo de la Castellana 46.

ENAR ha manifestado su preocupación por la expulsión "sistemática" de gitanos procedentes de Rumania y Bulgaria, así como por el discurso político que vincula inmigración y delincuencia.

"La utilización por los miembros del Gobierno francés de un discurso populista y discriminatorio forma amalgamas escandalosas entre la gente nómada, los immigrantes gitanos, la migración y los delitos violentos", ha criticado.

"Tanto esta retórica como las expulsiones corren el riesgo de reforzar los prejuicios y las percepciones discriminatorias hacia este grupo étnico, que ya es uno de los más discriminados en la UE, así como, de manera general, hacia los inmigrados", ha advertido la Red Europea contra el Racismo.

En este sentido, ENAR ha abogado por una estrategia europea global para la inclusión de los gitanos que garantice que sean protegidos contra las discriminaciones, que tengan un igual acceso a la educación, al empleo, a los servicios de salud y a la vivienda, así como la posibilidad de participar en la vida cívica y económica de sus países.

ENAR ha subrayado que las manifestaciones tendrán lugar unos días antes de que Francia organice, el 6 de septiembre, una reunión de los ministros de Inmigración italiano, alemán, británico, español, griego, belga y canadiense, para tratar de la inmigración irregular. Según la Red, este encuentro podría tener como objetivo legitimar la política francesa de reagrupamiento y de expulsión de los gitanos, y promover las ideas italianas de expulsiones automáticas de nacionales de la UE que no pueden mantenerse financieramente y que viven de las ayudas del Estado.

Por otro lado, el colectivo Presencia Gitana ha anunciado que solicitará al Consejo de Europa la constitución de una comisión de investigación del Grupo de Especialistas sobre los gitanos, que funciona desde hace años en Estrasburgo, para que se esclarezcan hasta el fondo las causas y las consecuencias de lo que está sucediendo en Francia, y se propongan las acciones pertinentes.

Otras asociaciones españolas, como el Movimiento Contra la Intolerancia, el Instituto de Cultura Gitana y el Movimiento Asociativo Gitano de Madrid, han manifestado su adhesión a las manifestaciones.

Protestan en Francia por expulsión de gitanos

Miles de manifestantes salieron a las calles de París y otras ciudades de Francia para protestar contra la política del gobierno de expulsión de gitanos, convocados por un centenar de asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

Los participantes criticaron la política "racista" del gobierno de Nicolas Sarkozy, que el mes pasado organizó vuelos en los que unas 1.00 personas de la etnia gitana fueron trasladados desde Francia hasta Rumania y Bulgaria.

La más numerosa de las protestas se llevó a cabo en la capital francesa y partió de la plaza de la República encabezada por un grupo de gitanos tras una pancarta en la que se leía "no a la política inhumana de Sarkozy".

Manifestaciones similares se llevaron a cabo en ciudades francesas como Toulouse, Burdeos, Lyon, Rennes, Marsella y Lille. En Toulouse, por ejemplo, el presidente de la Liga de Derechos Humanos, Pascal Nakache, dijo que el gobierno había ido "demasiado lejos" con la expulsión de gitanos.

Campamentos

El colaborador de BBC Mundo en Francia Gerardo Lissardy dice que Sarkozy está en plena campaña para cerrar la mitad de los 600 campamentos gitanos que hay en el país y repatriar a los gitanos inmigrantes sin trabajo ni permiso de residencia.

El gobierno francés aduce que esos campamentos son focos de delitos y esgrime estadísticas que dicen que uno de cada cinco robos en París es cometido por rumanos.

La otra cara del debate la muestran organizaciones de apoyo a los gitanos, que señalan que esa comunidad sufre problemas de acceso a empleo, educación, salud y vivienda que la relega del resto de Europa.

Nómadas desde hace 10 siglos, los gitanos aprendieron a vivir con lo mínimo, pero los requisitos que hoy les exige Francia para permanecer en el país son casi imposibles de satisfacer para muchos, añade Lissardy.

El Consejo de Europa acusa a Francia de
estigmatizar a gitanos

La oficina del Consejo de Europa a cargo de combatir el racismo acusó este martes al gobierno francés de estigmatizar a los inmigrantes gitanos con una ofensiva policial que ha recibido críticas de todos los colores.

"En las últimas semanas, declaraciones de responsables de alto rango y acciones del gobierno (francés) han estigmatizado a los migrantes gitanos", sostuvo la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI por sus siglas en inglés).

El gobierno del presidente francés Nicolas Sarkozy lanzó a fin de julio una ofensiva policial para evacuar 300 campamentos gitanos en el país y expulsar a 700 miembros de esa comunidad a sus países de origen, Rumania y Bulgaria.

El comunicado de ECRI se sumó a una avalancha de reclamos contra la política francesa hacia los gitanos, desde distintos ámbitos: desde Vaticano a los liberales europeos, del partido de Sarkozy, a la oposición de izquierda.

"Profundamente preocupada"

En su comunicado fechado en Estrasburgo, la ECRI dijo estar "profundamente preocupada" y decepcionada por la "evolución particularmente negativa" del tema de los gitanos en Francia.

"Una política basada en expulsiones e incentivos para abandonar Francia, incluso asumiendo que se cumplen estándares relevantes de derechos humanos, no puede aportar una solución duradera", advirtió.

En términos generales, el texto recordó que "las políticas gubernamentales o las propuestas legislativas que se basen en la discriminación por motivos étnicos están prohibidas" en el continente.

El primer ministro francés, François Fillon, indicó este martes que se pondrá en contacto con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, para discutir el tema de los gitanos.

¿Retorno voluntario?

Desde que se anunció la ofensiva policial en los campamentos gitanos en Francia el 28 de julio, 635 miembros de esa comunidad fueron enviados a su país de origen, dijo el ministro de Inmigración, Eric Besson, este martes.

Besson agregó en la emisora Europe 1 que a fin de agosto la cifra de repatriados podrá ascender a 950.

El gobierno francés sostiene que esa política responde a razones de seguridad y que los campamentos de gitanos son centros de tráfico ilegal, abuso de menores, prostitución y delito.

París también sostiene que su política respeta las normativas europeas y que las repatriaciones de gitanos de los últimos días fueron "voluntarias", a cambio de pagos equivalentes a US$ 380 por adulto.

Si bien se trata de ciudadanos europeos que pueden entrar a Francia sin visa, el gobierno de Sarkozy argumenta que para quedarse en el país a largo plazo deben tener empleo y permisos de residencia.

Sin embargo, los críticos niegan que los gitanos estén volviendo de forma "voluntaria" a sus países de origen.

Sostienen que los inmigrantes hallados por la policía en campamentos ilegales que se nieguen a abandonar Francia en los vuelos fletados por el gobierno son amenazados con órdenes de expulsión, sin ayuda económica.

El jefe de la bancada liberal en el Europarlamento, Guy Verhofstadt, aseguró que la ofensiva francesa en los campamentos gitanos es parte de una serie de "eventos tristes para la Unión Europea, cuyos valores han sido ridiculizados".

Verhofstadt, ex primer ministro de Bélgica, dijo que el tema deberá discutirse en la próxima sesión plenaria del legislativo continental, que arranca en septiembre.

"Faltas morales"

La política francesa hacia los inmigrantes gitanos también fue criticada desde la Iglesia Católica, con un llamado del papa Benedicto XVI el domingo para "acoger a las legítimas diversidades humanas".

Tras ese comentario papal y críticas más directas de otros católicos, el ministro francés del Interior, Brice Hortefeux, anunció su intención de reunirse con el presidente de la conferencia episcopal, cardenal André Vingt-Trois.

Hortefeux también protestó este martes contra las "faltas morales" que se cometen en el debate político francés sobre los gitanos.

Medios locales indicaron que ese comentario era una respuesta al ex primer ministro Dominique de Villepin, quien dijo que la expulsión de gitanos supone "una mancha de vergüenza" en la bandera francesa.

Villepin es rival político de Sarkozy, aunque ambos pertenecen al mismo partido de centroderecha UMP.

En tanto, la ex candidata presidencial socialista y ex rival electoral de Sarkozy en 2007, Ségolène Royal, sostuvo que el papa Benedicto XVI dio una "lección" a Sarkozy "ante las cámaras del mundo entero".

Las críticas surgieron incluso desde el ultraderechista Frente Nacional francés, cuyo vicepresidente Bruno Gollnisch acusó a Sarkozy de hacer con los gitanos una maniobra electoralista sin sentido.

"Las ‘expulsiones voluntarias’ costosas no sirven de nada", indicó Gollnisch en un comunicado, aludiendo a la posibilidad legal que tienen los gitanos repatriados de volver a Francia.

Las medidas xenófobas dividen Francia

París.- La decisión del Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy de expulsar a los gitanos y la ley que prepara para quitar la nacionalidad a los criminales de origen extranjero han encendido el debate en Francia. Mientras muchos intelectuales, organizaciones de derechos humanos y hasta la misma ONU sostienen que las medidas están "recrudeciendo" los actos racistas y xenófobos en el país, la mayoría de los primeros sondeos realizados por los medios respaldan las medidas del Ejecutivo aun cuando se dude mucho de su eficacia para frenar la delincuencia.

Las medidas son parte de la ofensiva electoral de Sarkozy con vistas a la reelección de 2012 y tras la derrota en los comicios regionales de marzo pasado. Desde entonces, el presidente organiza reuniones cada tres semanas en El Elíseo para preparar la remontada. La última estrategia, supuestamente destinada a la lucha contra la delincuencia, fue puesta en marcha a finales de julio.

En Grenoble, frente a cientos de policías, Sarkozy no dudó en unir la seguridad ciudadana con la inmigración en su discurso para anunciar que los delincuentes de origen extranjero no merecen ser franceses. Cuando dijo esto, la decisión de expulsar a los gitanos ya estaba tomada. La justificación se originó en los disturbios registrados en Saint-Aignan tras la muerte de un joven gitano a manos de la policía. Desde que el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció el 28 de julio el desmantelamiento de los poblados gitanos, más de 40 de estos campamentos han sido erradicados y alrededor de 700 personas han sido repatriadas a Bulgaria y Rumania en vuelos chárter. Ayer mismo, la policía desalojó a un millar de gitanos de 274 caravanas en Anglet, al suroeste.

La ONU ha criticado duramente la política de Sarkozy. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que esta semana analizó la situación en Francia concluyó que en el país había un "notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia". La reacción de la UMP, el partido de Sarkozy, fue durísima. Su portavoz, Dominique Paillé, declaró que las conclusiones del comité le extrañaban, "sobre todo porque lo componen gente que procede de países que no respectan en absoluto los derechos humanos". El comité lo componen 18 miembros de diferentes países, como China, Pakistán o Burkina Faso, además de EE UU y el Reino Unido. Hortefeux, por su parte, añadió que el Gobierno no tiene "ninguna voluntad de estigmatizar" a la comunidad gitana, tal y como le recrimina la ONU.

La intención del Ejecutivo de modificar la ley para poder retirar la ciudadanía a los franceses nacionalizados que ataquen a la autoridad pública o cometan un delito también ha sido denunciada por anticonstitucional por las asociaciones de Derechos Humanos, que sostienen que no se puede diferenciar entre diferentes tipos de franceses. La propuesta legal será debatida en septiembre en la Asamblea Nacional.

En principio, los sondeos apuntan a que el Gobierno cuenta con el apoyo de la población. Según una encuesta publicada por el diario conservador Le Figaro, el 79% de los entrevistados se declara a favor del desmantelamiento de los poblados de gitanos. Entre el electorado de derechas, el porcentaje se dispara al 94%. Más del 70% se muestra favorable a la retirada de la nacionalidad para cierto tipo de criminales. En otra encuesta, publicada esta vez por el diario comunista L'Humanité, el 62% considera necesarios los desmantelamientos de los campos gitanos y el 57% está de acuerdo con las medidas relativas a la ciudadanía. En cuanto a la tasa de popularidad el presidente, en términos generales, remonta por primera vez en meses, al recuperar dos puntos entre julio y agosto, para situarse en el 34%, según Le Parisien.

La revista Marianne, muy crítica con el presidente Sarkozy, ha publicado otro sondeo en el que una ajustada mayoría (51%) reprueba las medidas, mientras que un 46% las respalda. Otro dato curioso de la encuesta es que siete de cada diez ciudadanos creen que ninguna de las medidas tomadas en los últimos ocho años ha sido eficaz para reducir la criminalidad. Durante ese periodo, Sarkozy ocupó dos veces el Ministerio del Interior. Llegó a la presidencia en mayo de 2007.

La primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, se ha limitado de momento en denunciar la deriva "antirrepublicana" del Gobierno, aunque miembros del partido aseguran que se expresará con más detalles sobre el proyecto de retirada de la nacionalidad con el reinicio del curso político. Más duras han sido las palabras del ex primer ministro socialista Michel Rocard, que ha calificado la actitud electoralista "en busca del voto del (partido de extrema derecha) Frente Nacional" del Gobierno de "execrable y escandalosa".

A la espera de comprobar si estas medidas han supuesto el punto de inflexión esperado por el Gobierno en la reconquista de la opinión pública, de momento el Ejecutivo ha logrado dejar en un segundo plano el que se anunciaba como el culebrón del verano, el escándalo politico-financiero conocido como caso Bettencourt, que salpicaba de pleno al titular de Trabajo, Eric Woerth. El ministro, que en septiembre tendrá que defender la reforma del sistema de pensiones del Gobierno, fue interrogado apenas unos días antes del anuncio de las medidas xenófobas por la policía financiera en el marco de la investigación en torno a la fortuna de la dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt, por un posible conflicto de intereses.