Un ajuste temerario

El gobierno británico anunció el ajuste fiscal más drástico de la Unión Europea (UE). El ministro de Finanzas, George Osborne, indicó a la Cámara de los Comunes que habrá una reducción del gasto público equivalente a unos 130.000 millones de dólares y una pérdida estimada de medio millón de puestos de trabajo. "El objetivo es equilibrar las cuentas fiscales en cinco años", explicó Osborne.

Como muchos otros países de la Unión Europea, el Reino Unido tiene una complicada situación fiscal a raíz de la crisis financiera de 2008 y la subsiguiente recesión económica. El déficit fiscal ronda el 11 por ciento, la deuda pública es alrededor de un 70 por ciento del Producto Interno Bruto y el pago de intereses es de unos 190 millones de dólares diarios o unos 70.000 millones al año. La coalición conservadora–liberaldemócrata busca reducir este déficit de alrededor de un 11 a un 2 por ciento en 2015. Según la coalición, la alternativa es Grecia, el fantasma más invocado este año por gobiernos del bloque.

Salud y Ayuda Internacional son los únicos ministerios que quedaron excluidos del ajuste. Cancillería tendrá una reducción del 24 por ciento, con la eliminación de empleos en Londres y en las embajadas. En Defensa, el recorte es del 8 por ciento y contempla la desaparición de 40.000 puestos entre personal civil y militar. En Interior será un 6 por ciento, con una caída anual del gasto policial del 4 por ciento. Ni la BBC ha quedado excluida del ajuste: su presupuesto fue congelado, con una reducción real estimada en un 16 por ciento. Pero el golpe más fuerte fue para el sistema de seguridad social, que consume unos 300.000 millones de dólares anuales. La reducción del gasto en este segmento será de unos 45.000 millones.

En el Parlamento, el ministro de Finanzas en la sombra, el laborista Alan Johnson, condenó el ajuste fiscal. "Están jugando con los puestos de trabajo y poniendo en peligro la incipiente recuperación económica. Es una apuesta temeraria", dijo Johnson. Los laboristas coinciden con el gobierno sobre la necesidad de recortar el gasto, pero están a favor de una reducción más gradual y con un equilibrio mayor entre reducción del gasto y aumento impositivo. "Me parece que ni el primer ministro ni su ministro de Finanzas se dan cuenta del impacto que esto tendrá sobre la gente", señaló Johnson. En una reciente investigación, el Financial Times identificó ciudades en el norte y sur de Inglaterra en las que el Estado constituye entre el 33 y el 43 por ciento de la economía.

La clave de esta "apuesta temeraria" de la coalición será la economía misma. Los críticos señalan que esta estrategia llevará a una nueva recesión que hará peligrar el objetivo que se proponía alcanzar –la reducción del déficit– por la inevitable caída de la recaudación impositiva y el aumento del gasto por el desempleo. Por su parte, los economistas ortodoxos estiman que no habrá una nueva recesión y que el sector privado reemplazará al sector público en la generación de empleo.

Políticamente es una apuesta a todo o nada. Si el Reino Unido sobrevive a estos recortes sin una nueva recesión, la coalición podrá llegar a las elecciones en 2015 con un recorte impositivo bajo el brazo para ofrecer al electorado por los sacrificios prestados. Si no, el espejo no será Grecia, sino la República de Irlanda. Hace dos años, Irlanda también decidió que la prioridad era domar el déficit fiscal a toda costa. Hoy se encuentra sumergida en una profunda recesión y anda por su cuarto ajuste fiscal. En este caso la apuesta de la coalición podría terminar con un final anticipado del gobierno.

Los recortes en el gasto público afectan sobre todo
a la mitad más pobre del país

Reino Unido sigue conmocionado por la amplitud del ajuste fiscal presentado el miércoles en los Comunes por la coalición de conservadores y liberales–demócratas. Los expertos siguen analizando el impacto de cada una de las medidas, que suponen un recorte del gasto público de 81.000 millones de libras (más de 91.000 millones de euros), de los que más de 20.000 millones de euros afectan a las políticas de bienestar social.

El Gobierno lanzó ayer a sus pesos pesados a defender los recortes, con el primer ministro David Cameron, el viceprimer ministro Nick Clegg y el responsable del Tesoro y canciller del Exchequer, George Osborne, a la cabeza. Su objetivo es defender no solo la necesidad del ajuste, sino la equidad de las medidas.

Pero chocaron de entrada con el dictamen del prestigioso Instituto de Estudios Fiscales (IFS, en sus siglas en inglés) de que la mitad más pobre del país aporta más que la mitad más rica en el conjunto de las medidas. Sin querer pronunciarse sobre si el paquete de medidas es equitativo –"la equidad depende siempre de los ojos del que mira", advirtió el director en funciones del IFS, Carl Emmerson– el Instituto concluyó que el paquete de ajuste es "regresivo". "En conjunto, las familias con hijos parecen los grandes perdedores", aseguró James Browne, analista del IFS.

Los pesos pesados del Gobierno parecieron ayer a la defensiva, pero sin ninguna intención de dar marcha atrás. En declaraciones a primera hora de la mañana al programa Today de BBC Radio 4, Osborne aseguró que el país necesita "un plan enérgico" y que no dará marcha atrás aunque el crecimiento se vea afectado, dejando claro que el Banco de Inglaterra tiene margen de maniobra a través de la política monetaria. Osborne rechazó los llamamientos del IFS para que el plan de ajuste sea revisado dentro de dos años: "Cuando un país pierde el control de sus finanzas públicas la gente que va a sufrir más son los pobres", advirtió.

Cameron y Clegg se fueron juntos por el centro y el norte del país para participar en debates no ya en los medios sino con los votantes, y sufrieron en carne propia el descontento que el ajuste fiscal está provocando entre los afectados. En Nottingham, una mujer discapacitada que les echó en cara que va a afectar sobre todo a los más débiles no pareció convencida con los argumentos que le dieron el primer ministro y su número dos.

La imagen de la coalición se puede ver afectada no solo por las consecuencias directas de sus decisiones, sino por el ambiente festivo que rodeó la presentación del ajuste, con los diputados del Gobierno jaleando al canciller del Exchequer a medida que iba desgranando las medidas. En lugar de recibirlas con gravedad, los diputados parecieron disfrutar con los anuncios de un recorte de gasto aquí o un encarecimiento de las prestaciones allá.

Su euforia dio a los laboristas valiosa munición ante el futuro, porque les permite insistir en su tesis de que el Gobierno se ha decantado por un ajuste de tal dimensión y celeridad no porque sea realmente necesario sino porque no hace más que seguir "sus pulsiones ideológicas de recortar el Estado sea como sea".

Cameron mutila el Estado de bienestar

¿Política económica o simplemente política, política en estado puro? O quizás solo una apuesta, como denunciaron ayer los laboristas pero como parecen pensar también algunos analistas no necesariamente muy alejados de la ideología conservadora. Sea por lo que sea, el Partido Conservador británico dio ayer cuerpo al mayor recorte del gasto público que se recuerda en Reino Unido desde la II Guerra Mundial, al mayor ajuste del Estado del bienestar jamás acordado en un solo día por un Gobierno británico. Y, aunque la motivación oficial es económica, puede acabar marcando políticamente la legislatura que acaba de empezar.

Lo que no se sabe aún es en qué sentido la va a marcar. Lo que sí se sabe es que casi medio millón de trabajadores del sector público van a perder su empleo. Que el Estado de bienestar británico va a verse reducido en más de 19.000 millones de libras al año (21.600 millones de euros). Que las tasas universitarias se van a multiplicar. Que los ejércitos británicos van a perder efectivos humanos y materiales. Que conseguir una vivienda social va a ser mucho más caro. Que hombres y mujeres van a tener que trabajar hasta los 66 años antes de poder cobrar una pensión pública.

Se sabe también que los departamentos ministeriales van a ver reducido el gasto corriente en un 19% en los próximos cuatro años. Algunos, como el Foreign Office, casi una cuarta parte. Otros, como Educación o Sanidad, se van a ver afectados mucho menos porque los conservadores se comprometieron a respetar esas partidas para conseguir el apoyo de los británicos en las pasadas elecciones.

El canciller del Exchequer y responsable del Tesoro, George Osborne, adoptó ayer tonos dramáticos al presentar el ajuste en la Cámara de los Comunes. "Hoy es el día en que Gran Bretaña da un paso atrás al borde del abismo", dijo. "Abordar el déficit presupuestario es inevitable. Renunciar ahora a eso y abandonar nuestros planes sería un camino a la ruina económica", añadió. "Tenemos la peor herencia económica de la historia", dramatizó. "Tenemos que tomar decisiones duras para asegurarnos de que la catástrofe económica de los anteriores Gobiernos no se repita", insistió.

Argumentos, en realidad, más políticos que económicos. Nadie en Reino Unido discute que hay que reducir el déficit público. Ni siquiera los laboristas. El debate, hace meses pero todavía ahora, es hasta dónde tiene que llegar la tijera en un momento en que la recuperación económica es todavía frágil. "El canciller nos presenta una vez más su propuesta de recortar los déficits fiscales y de reducir la presencia del gasto público en el PIB como algo inevitable. En realidad, no es así. No era necesario concentrarse tanto en el ajuste o el gasto. Eso era una opción. Yo podría estar en general de acuerdo con eso. Pero es tanto una decisión política como una necesidad económica", escribía ayer mismo Martin Wolf, legendario comentarista del Financial Times y nada sospechoso de izquierdismo.

Wolf va aún más allá y enfatiza que, aunque Osborne tenía razón al subrayar ayer que los tipos de interés de las emisiones de deuda británica se han reducido desde que los conservadores están en el poder, el diferencial con la deuda de Estados Unidos a 10 años ha crecido desde entonces "a pesar de que Estados Unidos no tiene una política de consolidación fiscal y Reino Unido sí".

El comentario de Martin Wolf tiene interés no solo porque procede de un analista pro–mercado sin especial simpatía por el Partido Laborista, sino porque enfatiza el hecho crucial de que en realidad el empeño del Gobierno británico por un ajuste tan brutal, que quiere eliminar el déficit público estructural en cuatro años y dejar en el 3% en ese periodo un déficit que ahora supera el 11% del PIB es, sobre todo, una apuesta. Una apuesta económica, pero también una apuesta política.

Si la economía británica crece con rapidez a pesar de la retirada de los estímulos públicos, el sector privado absorbe la pérdida de empleos en el sector público y los ingresos de Hacienda mejoran hasta el punto de permitir a la coalición suavizar el ajuste con unas cuantas golosinas fiscales de cara a las próximas elecciones, George Osborne habrá ganado esa apuesta y será coronado como un genio de las finanzas y, sobre todo, de la política.

Pero si ocurre lo contrario, si la situación económica empeora, el paro aumenta, el descontento social se extiende y el Gobierno se convierte en chivo expiatorio de una crisis que la opinión pública tiende a poner en el debe de los banqueros pero también del Partido Laborista, Osborne habrá perdido su apuesta, el primer ministro David Cameron verá peligrar su cada vez menos revolucionaria revolución conservadora y los liberales–demócratas se verán atrapados entre la espada de un socio de Gobierno al que no aman y una pared que puede acabar aplastando su futuro político.

El de ayer en los Comunes era aparentemente un ejercicio económico, una batalla entre quienes creen que de estas crisis se sale reduciendo el gasto público y quienes piensan que ese fue el gran error de los años treinta. En realidad, todo era pura política.