En lo que constituye un verdadero golpe político, los tories y los liberal-demócratas están imponiendo una batería de medidas radicales careciendo de mandato democrático para llevarlas a cabo.

La salvajada desvelada hoy por George Osborne no sólo representa el mayor programa de recorte del gasto público desde los años 20 del siglo pasado. Cuando la niebla de que se rodea el ministro de finanzas comenzó a despejarse, el alcance de la ambición política subyacente a ese programa resultó manifiesto. La coalición liderada por los conservadores se está sirviendo de la crisis económica no sólo para disponer a su antojo del Estado, sino para reordenar la sociedad.

Esto va a ser la terapia de choque en Gran Bretaña. Es la culminación del proyecto conservador de desmantelamiento del núcleo mismo del Estado de bienestar –Osborne ha hablado hoy de "reestructurar los servicios públicos— que comenzó hace más de 30 años.

Ni los conservadores ni sus socios liberal-demócratas tienen un mandato para hacer tal cosa, ni para tomar el tipo de decisiones que han venido tomando en manifiesta violación de sus compromisos de campaña electoral: desde la abolición de la asistencia infantil universal hasta la transformación privatizadora de arriba debajo del Servicio Nacional de Salud. Contra este tipo de cosas votó la mayoría en las elecciones del pasado mes de mayo.

De modo que los dirigentes de la coalición liberal-conservadora se han servido de la absurda pretensión de que el país se halla a pique de la bancarrota para forzar una batería de cambios devastadores, cada uno de los cuales, tomado en sí mismo, podría llegar a constituir el foco de una larga batalla política. No ofrece duda: es una especie de golpe político. Con el resultado de una toma caótica de decisiones: un recorte del 16% en el presupuesto de la BBC impuesto a media noche junto a un acuerdo del Ministerio de Defensa que promete más portaviones sin que se prevean más aviones.

Pero en lo tocante a coreografía, los chicos de Bullingdon,[1] Osborne y David Cameron –un antiguo empresario de relaciones públicas y un maestro de las maniobras políticas en la sombra— han jugado al despiste. Meses de filtraciones sobre imponentes recortes y anuncios cuidadosamente graduados en el tiempo sobre posibles asaltos a los ingresos de las clases medias –desde ayudas para los hijos hasta apoyos para el material escolar— han ido preparando a la opinión pública para el paquete de recortes hoy presentado con la engañosa consigna: "todos estamos juntos en esto".

Llegó incluso un momento en que algún espabilado partidario de la coalición se avilantó a sugerir que esta era una especie de administración orientada a la izquierda. Cuando Nick Clegg insistía en la pretendida progresividad del programa de la coalición liberal-conservadora, no pocos comentaristas de derecha refunfuñaron que no habría el menor recorte de gastos públicos.

Ahora se ha impuesto la brutal realidad. Los distintos entes públicos directamente dependientes del gobierno procederán a un recorte medio del 19% en los próximos cuatro años. El recorte mayor, de unos 18 mil millones de libras esterlinas, se calla por sabido, afectará al gasto social y de bienestar orientado a las capas más pobres de este país.

La retórica generalmente tiesa de Osborne comenzó a patinar visiblemente cuando entró en una serie de precisiones técnicas, el impacto de las cuales era todo menos técnico. Por ejemplo: las ayudas a la incapacidad se recortan en otro año, más recortes en las ayudas para vivienda y un recorte neto drástico en los créditos fiscales asociados a los hijos.

Quienes al final pagarán la factura del desplome causado por los bancos serán las mujeres, las familias y los enfermos, además de los adolescentes de clase baja y los trabajadores del sector público. Millones y millones de personas. Claro que Cameron y Osborne esperan que los consejos locales carguen con las culpas de unos recortes del 30%; que las universidades carguen con las culpas de unos recortes del 40% en la financiación de la enseñanza superior; y que los operadores locales se hagan responsables de un recorte del 20% en los subsidios para autobuses.

En lo tocante a gasto social y bienestar, el cálculo es cínicamente expedito. Los más pobres y vulnerables han perdido todo favor político, mientras que se mima a los militares y a la mayoría de los pensionistas, gentes que acuden mayoritariamente a votar y que por eso mismo son comparativamente tratadas con guante de seda.

La insistencia de Osborne ayer de que quienes tienen "las espaldas más anchas" han de "cargar con el mayor peso" y de que estos recortes afectan sobre todo a los más ricos es totalmente ridícula. Una afirmación de parecido tenor realizada cuando presentó sus presupuestos en junio no tardó en revelarse como lo exactamente opuesto a la verdad.

Las propias cifras del ministro de finanzas muestran que el 10% más pobre soportará la mayor carga de los recortes de gasto anunciados ayer. Incluso tomando en consideración todas las medidas de gasto y todas las medidas fiscales, los más pobres son los segundos afectados entre todos los grupos de ingresos, y eso sólo porque los cálculos del gobierno hinchan indebidamente el impacto en el 10% más rico al incluir la tasa fiscal laborista del 50%.

Y si hablamos de los ricos en serio, obviamente los recortes y los cambios fiscales de la coalición liberal-conservadora apenas les afectan. La recaudación bancaria de Osborne apenas iguala el recorte en las ayudas a los niños, mientras que los impuestos a las empresas se reducirán años tras año. Y quienes realmente causaron la crisis que provocó un agujero en las finanzas públicas se les pide que paguen… ¡prácticamente nada!

Ello es que cerca de un millón de puestos de trabajo en el sector público y en el sector privado se pederán como resultado directo de las medidas anunciadas por el ministro de finanzas. Y lo que es potencialmente más desastroso aún, al encoger la demanda en la economía, los recortes de Cameron y Osborne amenazan con devolverla a la recesión en un momento en que los gobiernos de los principales países con los que Gran Bretaña tiene intercambio comercial están haciendo exactamente lo mismo.

El propio FMI, que el mes pasado apoyó el programa de recortes de la coalición liberal-conservadora, argumenta en cambio ahora que la austeridad fiscal británica podría acabar yugulando drásticamente el crecimiento aun si se hiciera aisladamente. Y en el contexto de la manía de austeridad a escala europea, lo más probable es que el impacto deflacionario sea harto peor. Si eso se traduce luego en menor recaudación fiscal y en mayor desempleo, entonces el gobierno tendrá que proceder o a ulteriores recortes o a un giro de 180 grados, tan dramático como humillante.

Por ahora, Cameron y Osborne se están escorando hacia el sector privado, dispuestos a rescatarlo a lomos de la falsedad mil veces repetida y públicamente aceptada, según la cual fue la prodigalidad laborista la que creó el déficit que la coalición liberal-conservadora se ve ahora obligada a enjugar. En realidad, la escalada del déficit presupuestario no hace sino reflejar la del déficit medio de los 33 países más desarrollados entre 2007 y 2009 (del 1% del PIB en 2007 al 9% en 2009), cuando la recaudación fiscal se desplomó y se dispararon los subsidios en la estela de la crisis de 2008.

Pero la capacidad de los laboristas para encabezar la creciente oposición pública a los recortes y para ofrecer una alternativa de inversiones públicas y crecimiento está destruida por sus propios compromisos de campaña electoral con una disminución del déficit a ritmos temporales arbitrarios, y no según la evolución de la economía. Que es lo que está haciendo ahora mismo   Osborne. Eso es lo que hay que enmendar y superar lo antes posible, si se quiere que la loca política de clase puesta en marcha ayer por la coalición liberal-conservadora descarrile.

(*) Seumas Milne es un analista político británico que escribe en el diario The Guardian. También trabajó para The Economist. Es coautor de “Beyond the Casino Economy”.

1.- En alusión a la pertenencia de ambos dirigentes políticos al Club Bullingdon, una antiguo, famoso y exclusivo club para chicos juerguistas de clase alta ligado a la Universidad de Oxford. (N. del T.)

El trabajo gratuito de las mujeres en lugar de
las políticas sociales

El Estado de bienestar fue un legado de la Segunda Guerra Mundial. Tras la miseria de la gran depresión y la masacre que la sucedió, existía una fuerte demanda de cambio. El bienestar de las personas, incluidas las de clase trabajadora, debía ocupar un papel central en las políticas públicas. Millones aspiraban al socialismo. Lo que se consiguió fue el Estado de bienestar. Entre 1951 y 1979 los tories se mostraron cautelosos. Algunos, incluso, abrazaron como propia la influencia civilizadora de los "derechos". Todos los seres humanos tenían derecho a no morir de hambre, al menos en el Reino Unido.

Los recortes anunciados ayer por George Osborne pretenden, una vez más, convertir a las fuerzas de mercado en prioridad social y económica absoluta, relegando a las personas y devolviéndonos a los años de privación de entreguerras.

Las asignaciones familiares universales (ahora conocidas como prestación por hijo) supusieron un claro reconocimiento de que las mujeres tenían un papel vital como trabajadoras en la reproducción de la especie. Tras la conquista del sufragio, la feminista Eleanor Rathborne, procedente de una familia antiesclavista de Liverpool, trabajó de manera incasable para conseguir que se reconociera a madres y niños el derecho a un ingreso independiente al obtenido (o no) por los hombres. Con ello se pretendía reconocer las necesidades de los niños y el trabajo y la autonomía financiera de sus cuidadoras.

La asignación familiar permitía reparar la clamorosa injusticia de unas madres condenadas a la miseria y económicamente "desheredadas". Después de todo, madres e hijos, aun no siendo asalariados, constituían la mayoría de la población. Rathborne luchó para que este ingreso fuera universal: toda madre, con independencia de su clase, tenía derecho a que se le pagase por su trabajo de cuidado. Rathborne pensaba que este derecho –no caridad– aseguraría la independencia financiera de las mujeres. Acabó profundamente decepcionada.

A medida que las mujeres se fueron abriendo otras vías para conseguir la independencia económica, el trabajo reproductivo dejó de verse como una prioridad social. Algunas feministas consiguieron sobrevivir bastante bien en el mercado laboral, en un mundo de hombres. Sus madres habían trabajado en la esfera doméstica. Ellas habían conseguido trascenderla. Sus carreras les permitirían costear la ayuda de otras mujeres (mal pagadas) como limpiadoras y cuidadoras de sus niños. Rathborne, en cambio, sabía bien que "un pueblo acostumbrado a medir el valor de las cosas en términos monetarios, pensará indefectiblemente, aunque ello contradiga su evidencia inmediata, que cualquier servicio al que se pone un precio, por más bajo que sea, es más valioso que aquél que se presta a cambio de nada".

El dictum thatcheriano según el cual "la sociedad no existe", y su aversión por "la cultura de los derechos", ha marcado la política social británica desde 1979. Cuando Blair llegó al gobierno, decidió que las madres solteras "no tenían trabajo" y recortó severamente las prestaciones para familias monoparentales. El trabajo de criar a los hijos pasaba a considerarse una pérdida de tiempo. Esta concepción ha marcado la reciente Ley de reforma del bienestar, que abolió el ingreso de apoyo, una prestación que reconocía el trabajo no pagado de las madres. También ha informado algunos aspectos cruciales de la reforma en curso. La laborista Harriet Harman fue la encargada de justificar públicamente los recortes de prestaciones a familias monoparentales. Su compañera partido, Yvette Cooper, la contrarreforma del bienestar. ¿Con qué autoridad pueden oponerse ahora a los ajustes del Partido conservador?

Como bien se ha señalado, serán las familias con niños las que más sentirán el peso de los ajustes, que no alcanzarán del mismo modo a las familias sin hijos que cuentan con dos ingresos. En realidad, la carga más pesada recaerá sobre las personas responsables de las tareas de cuidado. Y no sólo de los menores, que verán afectada su educación y perderán otras asignaciones, sino también de parientes con discapacidad o de padres jubilados cuyos servicios de atención también acabarán eliminados o subcontratados a trabajadoras y trabajadores pagados con salarios miserables para alcanzar objetivos productivo, no para cuidar de otros.

Muchas madres habían conseguido escapar a la dependencia al obtener empleos como maestras, bibliotecarias y otros trabajos en el sector público. Un 60,3% de los dos millones de madres y padres solteros, por su parte, habían podido salir al mercado laboral (frente a un 44,7% en 1997). Incluso madres que todavía dan el pecho a sus hijos acababan por someterse a entrevistas de trabajo. A resultas de esta realidad, el número de madres que se quedan en casa había alcanzado mínimos históricos, aunque las familias tenían que luchar con denuedo para llegar a fin de mes. Si los recortes las envían de nuevo a casa, ¿qué ocurrirá?

Con sorprendente falta de realismo, las contrarreformas actuales no tienen en cuenta el vínculo entre el destino de madres e hijos y apenas se preocupan por el bienestar de estos últimos. Como bien plantea Jamie Oliver, nadie parece preocuparse por lo que los niños vayan a comer; por el aumento del abandono escolar o por los menores que acabarán convirtiéndose en cuidadores de padres con discapacidades o de sus hermanos, cuando los adultos salgan a trabajar. Sólo la ignorancia del trágico escándalo que supone la pobreza infantil explica que el empobrecimiento creciente al que asistimos no cause la conmoción que debería.

Las políticas de ajuste estructural, esto es, la privatización y los recortes de derechos que devastaron al mundo desarrollado en los años 80 y 90, contaban con que las mujeres se hicieran cargo de una mayor cantidad de trabajo no pagado o se quedaran sin él, incluso si ello suponía morirse de hambre. De manera similar, el proyecto conservador de "gran sociedad" contempla que las mujeres reemplacen unos servicios públicos destruidos, haciéndose cargo de trabajo no pagado. Una vez más, nuestro trabajo como cuidadoras se da por descontado, pero no se hace cuenta alguna para remunerarlo.

Los recortes en marcha descansan en la absurda idea de que las fuerzas de mercado están más allá de todo control humano ¿Qué se ha hecho de la promesa de mayor tiempo libre gracias a los avances tecnológicos que tanto desempleo e inseguridad laboral causaron? Nosotras, en realidad, rechazamos el ethos dominante con arreglo al cual unos padres que destinan su tiempo y una sociedad que destina sus recursos al cuidado, constituyen un lujo inaccesible, mientras los salarios obscenos de los ejecutivos de empresas, sus bonificaciones o la venta de armas están a la orden del día ¿No será hora de defender nuestros intereses como en Francia?

(*) Selma James es una veterana activista socialista y feminista nacida en Brooklyn, Nueva York. Es coautora, junto a Mariarosa Dalla Costa, de una obra clásica sobre trabajo doméstico, “Power of Women and the Subversion of the Community”, aparecida en 1972, impulsora de la Campaña internacional por la Remuneración del Trabajo Doméstico y coordinadora de la Huelga Mundial de Mujeres.