Madrid.– La crisis no
golpea a España por igual, ya que a los pobres los empuja hacia abajo y a los
ricos hacia arriba.
Hay ejemplos de las dos
realidades. Por un lado, aparece la congelación de las jubilaciones y
pensiones en 2011 y la rebaja de los sueldos de los empleados estatales y, por
el otro, el aumento de las ganancias de uno de los bancos de capitales españoles
más poderosos, el BBVA, con fuerte presencia en América Latina y otras
regiones.
El gobierno del socialista
José Luis Rodríguez Zapatero anunció en mayo que el próximo año se
suspenderá el reajuste a las pensiones según la inflación, exceptuando las
no contributivas y las mínimas, y que se disminuirá en promedio cinco por
ciento el salario de los empleados públicos, entre otros recortes de
beneficios sociales.
Entre los que más cobran están
los funcionarios del gobierno central, cuyos sueldos caerán 15 por ciento,
mientras que los más bajos disminuirán sólo 0,56 por ciento. El
congelamiento de las pensiones afectará a unas seis millones de personas.
Desde los sindicatos se sigue
insistiendo en la necesidad de fortalecer el diálogo social entre el
gobierno, la empresarial Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y las principales centrales: la Unión General de
Trabajadores (UGT, pro socialista) y la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (CCOO, pro comunista).
El secretario general de la
UGT, Cándido Méndez, dijo a IPS que su organización mantiene la voluntad de
negociar, pero que el gobierno colocó en mala situación a ese proceso en
mayo, cuando dispuso varias medidas que lo dificultan, si es que no lo
impiden.
Entre esas medidas Méndez
consignó "un plan de ajuste incumpliendo el acuerdo que ya teníamos
firmado, congelando las pensiones, imponiendo la reforma laboral, vulnerando
el acuerdo firmado con los empleados públicos y diciendo que era posible que
se rompiera el Pacto de Toledo".
El histórico Pacto de
Toledo, suscrito en 1995 por los sindicatos, el gobierno y la patronal,
estableció que todos se comprometían "a reforzar, consolidar y dar
viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido configurándose en los últimos
años, pues es el que mejor permite combinar adecuadamente los principios de
seguridad y solidaridad".
El ministro de Trabajo e
Inmigración, Valeriano Gómez, informó en rueda de prensa el miércoles que
convocará a una reunión a los diferentes actores sociales, con el objetivo
de comenzar a negociar la reforma a las políticas activas de empleo.
Pero puntualizó que el Poder
Ejecutivo carece de propuestas concretas, las que espera elaborar durante las
reuniones que se celebrarán en las próximas semanas, proceso que aspira a
concluir antes de fin de enero.
En la actualidad hay poco más
de cuatro millones de desocupados en este país de casi 47 millones de
habitantes, según datos oficiales. Pero la última Encuesta de Población
Activa (EPA), utilizada como fuente por la Unión Europea, elevó esa cifra a
4.6 millones.
El ministro Gómez informó
que unas 340.000 personas cobran protección temporal por desempleo o inserción,
1,3 millones reciben prestación asistencial y 1,2 millones están sin
cobertura por desempleo, algunos de ellas por no haber trabajado previamente.
El resto de los cuatro
millones de desocupados tienen cobertura de acuerdo al tiempo trabajado y los
salarios percibidos.
En la otra vereda, Fernando
Azpeitia y José Antonio Herce, asesores de grandes empresas y miembros de la
consultoría privada Analistas Financieros Internacionales, proponen que se
eleve la edad de jubilación.
Si ésta no se aumenta, el
sistema de pensiones llegaría a un déficit estructural a partir de 2020,
agotándose su Fondo de Reserva hacia el 2028, afirman en un artículo
publicado en la edición de julio de la revista Panorama Social de la privada
Fundación de las Cajas de Ahorros.
El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio Granado, confía en que el Pacto de Toledo sea capaz
de acordar la reforma a las pensiones, porque, de lo contrario, "sería
una irresponsabilidad gravísima", afirmó.
Uno de los principales
aspectos de esa reforma impulsada por el gobierno es el aumento de la edad de
jubilación de 65 a 67 años, un poco más bajo que los 70 años que plantean
los empresarios. En la actualidad la edad media de quienes se jubilan es de
63,5 años.
"Tenemos en el horizonte
una nueva oleada de movilizaciones, unas en torno al 15 de diciembre y otras
al 18 de ese mes", adelantó Méndez, quien recordó la huelga general
del 29 de septiembre, que según los sindicatos tuvo más de 70 por ciento de
adhesión, con más de 1,2 millones de personas manifestándose en las
principales ciudades del país.
En octubre 68.213 personas se
quedaron sin trabajo, 7,3 por ciento más que en el mismo mes del año pasado,
y cayó casi nueve por ciento la contratación de trabajadores por tiempo
indefinido respecto a hace un año.
Con ese telón de fondo, el
BBVA acaba de comprar 24,8 por ciento de las acciones del banco turco Garanti,
invirtiendo para ello 4.195 millones de euros (5.876 millones de dólares).
Además decidió contratar a un millar de especialistas en los próximos tres
años para apuntalar negocios como renta fija, materias primas y asesoría en
fusiones de empresas, poniendo el principal punto de atención en América
Latina y Asia.
Asimismo, el margen bruto del
BBVA creció 3,8 por ciento en los nueve primeros meses del año, respecto al
mismo periodo de 2009, hasta totalizar 15.964 millones de euros (22.000
millones de dólares).
Todos los bancos españoles
pasaron la prueba de solvencia realizada en julio por el Comité de
Supervisores Bancarios Europeos, que midió la resistencia de las entidades
bancarias ante escenarios económicos más adversos en el marco de la crisis
económica internacional surgida en 2008 en Estados Unidos.
El sector bancario, que superó
la crisis gracias a que el gobierno aportó 30.000 millones de euros (42
millones de dólares) en 2008 para garantizar la liquidez del mercado, sigue
reclamando más ayudas. Además, planea aumentar el costo del servicio
financiero para los clientes, con comisiones más altas.
La principal fuerza de
oposición, el centroderechista Partido Popular, plantea que ante la crisis
hay que avanzar en la privatización. Su secretario general, Mariano Rajoy,
propuso a fines de octubre que se "liberen" (privaticen) sectores públicos,
como los aeropuertos y el ferrocarril, así como los servicios básicos de
sanidad y educación.
Madrid.- El Instituto
Nacional de Estadística (INE) ha confirmado hoy lo que el viernes pasado ya
avanzó el Banco de España: la economía española se estancó en términos
trimestrales entre julio y septiembre, aunque el producto interior bruto (PIB)
volvió a registrar un crecimiento interanual tras dos años de caídas, al
avanzar un 0,2% respecto al tercer trimestre del 2009.
El estancamiento registrado
en el tercer trimestre de este año es consecuencia del retroceso del consumo
y de la inversión por parte de los españoles, según apunta el INE. El Banco
de España, en su último boletín económico, ya atribuyó este parón a la
caída registrada por el consumo a causa de la subida del IVA y a la
desaparición de las ayudas a la compra de coches, unido a una inversión que
sigue sin remontar.
Así, en este tercer
trimestre, los hogares cambiaron sus pautas de consumo ante la subida del IVA,
además, la retirada de las ayudas del Plan 2000E hizo que la compra de coches
–el gasto en bienes duraderos que más pesa al calcular el consumo
privado– empezase a caer en julio.
Incertidumbre
sobre la recuperación
La fortaleza de las
exportaciones no pudo compensar los factores que siguen lastrando los
proyectos de inversión de las empresas: el mantenimiento de la incertidumbre
sobre la recuperación, un crédito bancario aún muy restringido y las
elevadas deudas que aún tienen. La inversión residencial siguió moderando
su caída, que ahora se estima en el 16,1% frente al 19,3% del trimestre
anterior, una mejora que el Banco de España atribuyó a la mayor demanda de
viviendas antes de que acaben los beneficios fiscales asociados a la compra de
casas.
Los malos datos sobre consumo
e inversión, que el INE deberá detallar la próxima semana cuando desglose
la contabilidad nacional, podrían haber llevado a una recaída de la economía
de no haber sido por la mejora del sector exterior, según el Banco de España.
Así, el sector exterior tuvo en la evolución del PIB una aportación
positiva de 1,2 –frente a la caída de un punto de la demanda interna–, en
un periodo en el que repuntaron las exportaciones y bajaron las importaciones.
Las ventas al exterior volvieron a crecer con fuerza gracias al fuerte avance
de las economías emergentes y a la recuperación del área del euro.
