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El ataque al
estado del bienestar
Por Vicenç
Navarro (*)
Sistema, revista
digital, 31/08/11
La aprobación
del pacto PSOE–PP, que intenta establecer un límite al
gasto público a fin de equilibrar el presupuesto del Estado,
representa una medida que continuará con los enormes recortes
de derechos sociales –como es la congelación de las
pensiones– que están ya ocurriendo en España. Su inclusión
en la Constitución proveerá una herramienta poderosísima
para debilitar e incluso desmantelar al ya insuficientemente
financiado Estado del Bienestar español.
Aquellos quienes
proponen tal medida la presentan como eminentemente razonable,
argumentando que, en la misma manera que las familias no
pueden gastar más de lo que ingresan, al Estado (que en España
incluye el estado central, autonómico y municipal) tampoco
debiera permitírsele que gastara más de lo que ingresa. Y
para expresar la necesidad y contundencia de tal medida, se
proponen incluirla en la Constitución.
Tal argumentación
ignora u oculta, sin embargo, que la gran mayoría de las
familias gastan anualmente más de lo que ingresan, debido a
la existencia del crédito. Cuando una familia se compra una
casa, o un coche, o educa a sus hijos invirtiendo en su
formación, pide prestado dinero y lo paga en varios años. Y
lo mismo ocurre con el Estado, el cual constantemente invierte
en infraestructuras físicas (como en carreteras) o sociales
(como centros de salud y escuelas públicas) que mejorarán el
presente y el futuro de la ciudadanía, no sólo de hoy, sino
de las generaciones que nos sigan, necesitando endeudarse para
financiarlo. El argumento que repiten machaconamente las
derechas de que “es injusto dejarles una deuda pública a
nuestros hijos”, oculta que nuestros hijos requieren estas
inversiones para que les dejemos un mundo mejor. Negarle al
estado la capacidad de endeudarse es semejante a que se les
dijera a las familias que no pueden endeudarse. Hoy, por
cierto, la deuda pública es mucho menor –60% del PIB– que
la deuda privada de las familias (y de las empresas)
–189%–.
Naturalmente que
la prudencia en pedir préstamos es aconsejable, pero el
Estado español (a todos los niveles) dista mucho de haberse
extralimitado. La deuda pública es menor que el promedio de
la UE–15 (el grupo de países más ricos de la UE). Es más,
España tiene el gasto público social (que constituye una
gran parte del gasto público por habitante) más bajo de la
UE–15. Es sólo el 74% del promedio de la UE–15, mucho más
bajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo
económico que España tiene, que es ya el 94% del PIB per cápita
de la UE–15.
La frase que el
Sr. Rajoy y Co. utilizan con frecuencia de que “hay que
recortar el gasto público social para salvar el futuro estado
del bienestar” asume errónea y falsamente que éste está
hipertrofiado, postura insostenible a la luz de los datos. Lo
que en realidad esconde este argumento es el deseo de
mantener, o incluso reducir el sector público, disminuyendo
todavía más los escasos recursos que recoge el Estado a fin
de privatizar los servicios públicos del Estado del
Bienestar, tales como las pensiones, la sanidad, la educación,
los servicios domiciliarios a las personas con dependencia,
las escuelas de infancia y los servicios sociales, entre
otros.
Una consecuencia
de tal medida es incrementar todavía más la regresividad del
sistema fiscal español, uno de los más regresivos existentes
hoy en la Unión Europea. Los niveles nominales de gravación
aparentan progresividad. Pero, en la práctica (consecuencia
de deducciones, ventajas fiscales y fraude fiscal) los niveles
reales son enormemente regresivos. Mientras que la mayoría de
la población trabajadora (a la cual se le paga en nómina)
paga impuestos en porcentajes similares a sus homólogos en la
UE–15 (el trabajador de la manufactura paga el mismo
porcentaje en impuestos que el promedio de la UE–15), la
gran empresa (que paga mucho menos –en términos
proporcionales– que la mediana y pequeña empresa), la banca
y las rentas superiores pagan impuestos en porcentajes (que
derivan de sus rentas del capital) que son mucho menores (sus
niveles de gravación reales son del 10% al 17%) que los de
sus homólogos en el promedio de la UE–15. Y ello es
consecuencia de su enorme y excesiva influencia sobre el
Estado, y de la tolerancia y/o complicidad de este último
hacia esta regresividad. Según el sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda, el 80% del fraude fiscal (88.000
millones de euros) lo realizan estos sectores.
Pero además de
esta situación de regresividad que caracteriza la situación
española, hay otra estructural que ocurre también en la
mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos
del mundo). En ellos, las rentas derivadas del capital se
gravan mucho menos que las rentas del trabajo. Como bien decía
paradójicamente Warren Buffet, uno de los hombres más ricos
de EEUU, en un artículo del New York Times titulado
significativamente “Basta de mimar a los súper ricos”
(14.08.11), es profundamente injusto que si una persona recibe
80.000 dólares por tener acciones en la banca pague muchos
menos impuestos que otra persona que obtiene tal dinero
trabajando.
Esta política
se justifica con el argumento de que hay que mimar al capital
para favorecer la inversión y crear empleo. Pero como bien
dice el propio Sr. Buffet, se creó en EEUU mucho más empleo
durante el periodo 1950–1980 –que tenía una carga fiscal
más elevada– que durante el periodo 1980–2010 (en que
hubo un bajón de impuestos al capital y en general). El
Partido Republicano, controlado por el Tea Party, que es la
ultraderecha estadounidense, está hoy proponiendo incluir en
la Constitución Estadounidense una medida de limitación de
gasto público casi idéntica a la que propone el pacto
PSOE–PP, habiendo sido también responsable –como lo han
sido los gobiernos del PSOE y del PP– de bajar impuestos de
las rentas del capital. En realidad, esta disminución de
impuestos contribuyó en gran manera a crear el déficit del
estado que ahora se intenta resolver recortando el gasto público
social. Y todo ello mandado por la Constitución.
(*) Vicenç
Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la
Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The
Johns Hopkins University.
Los indignados
critican el acuerdo entre el oficialismo (PSOE) y la oposición
(PP)
En la calle
contra el cambio constitucional
Por Adrián Pérez
Página 12,
29/08/11
La reforma
pretende imponer un techo al déficit público. Los partidos
de izquierda, sindicatos y movimientos sociales advierten que
el problema de la crisis es la deuda privada fomentada por los
bancos.
Madrid.– Con
marchas que se replicaron en las principales ciudades de España,
los indignados volvieron a la carga ante una medida que
consideran inconsulta y que hace peligrar las conquistas
sociales. Para rechazar el proyecto de reforma constitucional
consensuado por el Partido Socialista Español y el Partido
Popular, que pretende imponer un techo al déficit público,
entre 2000 y 5000 personas volcaron su hastío en las calles
madrileñas, en un recorrido que comenzó en Atocha y culminó
con una asamblea en Puerta del Sol. Bajo el lema “No a esta
reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!”, los
manifestantes, que respondieron a la convocatoria lanzada
desde Twitter por las plataformas Democracia Real Ya (@DRYmadrid)
y Acampada Sol (@acampadasol), entonaron una vez más el ya clásico
“Que no, que no, que no nos representan” para enfatizar un
descontento con el sistema bipartidista español. Además,
pidieron a gritos que se convoque a un referéndum para opinar
sobre la reforma de la Carta Magna y sumaron, entre sus
exigencias, el llamado a una huelga general para esta semana.
Setenta y dos
horas bastaron para que los dos grandes partidos de España
ultimaran los detalles de la modificación del artículo 135
de la Carta Magna. El martes pasado, durante una sesión
extraordinaria celebrada en el Congreso de los Diputados, el líder
del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó su propuesta
de reforma constitucional para garantizar la estabilidad
presupuestaria, en el mediano y largo plazo, en relación con
el déficit estructural y la deuda, que vinculará a todas las
administraciones públicas. El proyecto, sellado en un acuerdo
con el referente del PP Mariano Rajoy, se inscribe, además,
dentro de los reclamos que el presidente francés Nicolas
Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel llevan adelante
para que los países de la Zona Euro hagan frente a sus
compromisos. El pacto entre el PSOE y el PP garantiza que la
reforma se apruebe sin la necesidad de un referéndum. La
oposición no suma el número mínimo de diputados o senadores
necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10 por
ciento, es decir, 35 diputados o 28 senadores.
Sin embargo, el
referéndum podría alcanzarse con ayuda de los diputados del
PSOE, donde ya se escucharon algunos voces en contra del
proyecto. Tanto el gobierno como la oposición aseguran que el
objetivo de la reforma será reforzar la confianza y la
solvencia de España. Los partidos de izquierda, sindicatos y
movimientos sociales advierten que el problema de la crisis no
es el déficit público sino la deuda privada fomentada por
los bancos. También aseguran que estas medidas son una
respuesta a la presión de los mercados y que, finalmente,
afectarán a la recuperación económica y del empleo.
“La reforma
(constitucional) forma parte de una decisión que pone en
manos de la banca y del capital financiero una situación de
privilegio que anteriormente no tenían, es una entrega de
soberanía por parte de los poderes democráticos.” Manuel
Molla forma parte de la Comisión de Economía de Acampada
Sol. El técnico electrónico, a punto de jubilarse, sostiene
que con la modificación del artículo 135, el pago de la
deuda externa tendrá prioridad absoluta respecto de cualquier
otro gasto o compromiso del Estado. Molla advierte en diálogo
telefónico con Página/12 que el trasfondo de la modificación
constitucional contiene un claro componente ideológico. “En
España, la deuda pública no es el problema: ronda el 65 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El gran problema es
la deuda privada que trepa a más del 200 por ciento del
PIB.”
“¿Qué
sentido tiene actuar sobre la deuda pública?, –se pregunta
el activista–. Nosotros entendemos que se utiliza el
fantasma de la deuda pública como excusa para atacar los
derechos sociales y para repartirse el patrimonio público, la
salud y la educación que son inversiones, no gastos.” Molla
vuelve sobre la idea que ronda a miles de españoles: la
reforma es una medida exprés tomada a espaldas de los españoles.
Y señala que con un Parlamento prácticamente disuelto y a
toda prisa, realizar una reforma constitucional en agosto hace
que la gente no esté al tanto de lo que va a pasar. “Si los
parlamentarios no asumen su propia dignidad democrática para
oponerse a este chantaje de los mercaderes, entonces les
exigimos que se le dé la palabra a la ciudadanía por medio
de un referéndum vinculante para que el pueblo se
pronuncie”, exige. Ante la consulta sobre si considera
inviable la posibilidad del referéndum, Molla señala que si
se impone la disciplina partidaria, será muy difícil. “Si
los parlamentarios se atienen a lo que realmente piensan eso
cambiará. Nos consta que en el PSOE existen claras divisiones
ante la irracionalidad y el retroceso que significa esta
decisión”, asegura.
El 15–M
contra
el sindicalismo amarillo
La huelga de
profesores en Madrid
Por Ernest Favil
Rebelión,
30/08/11
Se viene la
huelga de profes y maestros en la Comunidad de Madrid. Pasado
mañana miércoles a las 11 de la mañana habrá una reunión
abierta en la calle Lope de Vega 50, la sede de la corporación
sindical Comisones Obreras.
A pesar del
emplazamiento hostil, la asistencia se prevé multitudinaria y
el debate intenso. Los docentes inmersos en los grupos de
trabajo de Educación y de Huelga General del 15–M y los
delegados de sindicatos combativos (CNT y CGT) y plataformas
independientes de profesores interinos como PICAM estarán allí
empujando por una huelga indefinida que supedite el comienzo
del curso a la retirada de los decretos que recortan, entre
otras cosas, en 3.000 personas la plantilla de profesores de
secundaria en Madrid. Haciéndoles frente, las cúpulas de los
sindicatos amarillos (CCOO, ANPE, CSI–F, FETE–UGT y STEM)
intentarán que la reunión sea, igual que la del pasado día
20 de julio en el instituto Beatriz Galindo, un gallinero
donde no se puedan alcanzar acuerdos claros ni aprobar
horizontalmente un calendario de acciones contundentes. Querrán
reconducir el desencanto de los profesores madrileños hacia
una huelga parcial de un día o de unas horas, un pasacalles
disfrazado de manifestación, una pataleta. Esos profesionales
de la desidia, los liberados sindicales, harán todo lo que
esté en su mano por asustar al público ante cualquier
propuesta valiente que hable de encierros en los centros de
trabajo, piquetes, cajas de resistencia, organización
asamblearia, acampadas con alumnos, padres y demás familia.
Sin embargo, la
situación ha cambiado mucho en Madrid en estos últimos 98 días,
y es muy posible que ahora los sindicalistas a sueldo reciban
por fin su primer tortazo serio. Los habitantes de Madrid,
incluidos los profes, se han acostumbrado a sentarse en
asambleas, a escuchar respetuosamente la voz ajena en las
plazas públicas y, lo que es más importante, a tomar en
colectivo decisiones que afectan a sus propias vidas, pasando
olímpicamente de escaños y de escabeles. Incluso los profes
que no han participado en el Movimiento a buen seguro pasaron
el último trimestre del curso anterior recibiendo, desde las
filas de atrás de sus aulas, en las guardias por los
pasillos, o en los corrillos de después de los claustros,
zumbidos inquietantes de conceptos como "consenso",
"pensamiento colectivo", "autogestión" y,
¿quién sabe?, tal vez hasta "lucha de clases".
Confiemos en que algunos de ellos dejen en sus casas por una
vez los blocs de arandelas, los partes de sanciones y las
estilográficas para anotar ceros y positivos, y acudan a la
reunión del miércoles solamente con el manual de moderación
de asambleas en sus maletines. Después de la experiencia de
la caótica reunión de fin de curso en el I.E.S. Beatriz
Galindo, aquel manual que difundieron en su día las
comisiones de dinamización de las asambleas de Sol y de los
barrios, y que tanto bien le hizo al Movimiento, debería
convertirse en el libro de texto obligatorio para los profes
que se decidan a no empezar el curso. Porque resulta más que
evidente que en la dinámica asamblearia irradiada como luz
cegadora desde la plaza ocupada de Sol, mejor dicho en la
capacidad de los profes madrileños para reproducirla en el
seno de su colectivo en lucha, está el futuro de nuestras
hijas y nuestros hijos, sus pupilos.
En ese sentido,
también es importante destacar que la capacidad organizativa
del gremio de docentes madrileño está en estos momentos a años
luz de la de cualquier asamblea, grupo de trabajo o comisión
emanada del 15–M, lo que dice mucho a su vez del compromiso
de los profes con su sociedad, de su molicie de funcionarios
hipotecados que, en su mayoría, NI aprenden NI dejan a los niños
aprender. Ayer por la noche, después de la manifestación
contra la reforma constitucional, ese diferencial de
compromiso entre profes y gente del 15–M quedó muy patente
en la Asamblea de Sol.
Como primer
punto del orden del día, el grupo de trabajo de Huelga
General sometió a consenso un breve texto en apoyo a la lucha
de los trabajadores de la enseñanza pública madrileña con
motivo de la crucial reunión del próximo miércoles. Como se
mencionó la ubicación de la asamblea en la sede de la
empresa de servicios laborales CCOO, enseguida brotaron los
disensos entre los asambleados, y no se pudo llegar a un
acuerdo al respecto. Los que disentían pedían unánimemente
que la reunión de los profes madrileños se hiciera en la
calle, y que la Asamblea de Sol no apoyase de forma explícita
ningún evento que tuviese que ver con "los
sindicatos". Sospechaban los discordantes sobre el
resultado de una reunión que se celebrase en casa del
enemigo.
A este humilde
redactor le hierve la sangre de horror y de alegría al mismo
tiempo cuando escucha ese tipo de manifestaciones. De horror
al descubrir que los asambleados del 15–M siguen
despotricando de "los sindicatos" de la misma manera
que lo hacen de "los partidos", y de alegría al ver
que la incorruptibilidad del cuerpo del 15–M continúa
siendo notoria a pesar de las maniobras de los dirigentes de
Comisiones, UGT e Izquierda Unida para aproximársele y sacar
tajada de su milagro. Me explico.
En verdad, me
parece un horror que la gente del 15–M, especialmente los más
jóvenes, no se hayan percatado todavía de que lo que CCOO,
UGT y las demás organizaciones sindicales corporativas
precisamente no son es "sindicatos" (del griego
δίκη, 'justicia'). El mero hecho de
seguir utilizando ese término genérico para referirse sólo
a ellos, aunque sea con la intención de descalificarlos y
desmarcarse de sus movidas, es una ofensa para la gente que
milita en verdaderos sindicatos, especialmente para los que
son más viejos. No haberse informado todavía de que en este
país sí existen los sindicatos combativos y de clase, y de
que alguno de ellos, incluso, lleva más de cien años
funcionando con los mismos principios, tácticas y finalidades
con las que se desayunan desde hace tres meses muchos de los
indignados del 15–M (tomando todas y cada una de las
decisiones en asamblea, sin tener representantes, sin recibir
subvenciones, sin participar en elecciones, autogestionándose,
financiándose únicamente con las cuotas de sus afiliados,
defendiendo a ultranza la acción directa y el apoyo mutuo,
etc.) es un error de bulto y un horror enquistado.
Pero por otra
parte el hecho de observar que los asambleados del 15–M
saltan como fieras cada vez que alguien menciona las siglas de
una organización política o sindical, denunciando ocultos
intereses que ensuciarían el Movimiento, es, en sí mismo, un
gustazo para los sentidos. En el caso de ayer me parece que se
equivocaban, puesto que incluso los afiliados de las secciones
de enseñanza no universitaria de los sindicatos combativos irán
a esa reunión de todas formas, y en ningún momento,
conociendo sus fuerzas, se han planteado intentar boicotearla
o reclamar hacerla en otro sitio.
Así pues,
queremos aprovechar estas líneas para animar a los profes
madrileños a que acudan a la reunión del miércoles y para
que apoyen, sin mirar por una vez su bolsillo, la huelga
indefinida en la enseñanza no universitaria. No es ninguna
broma lo que está en juego. Aunque muchos de los profes de
nuestro país sigan lloriqueando por las esquinas su pérdida
de prestigio en la sociedad actual, deben saber que en sus
manos está el fuego que podría acabar con esta dictadura en
la que vivimos. Si los profes son valientes y tienen la
inteligencia para establecer asambleas de distrito y de
centros de trabajo, incluyendo en ellas a padres y alumnos, su
huelga puede ser el principio del fin del regimen capitalista
que nos está estrangulando. El sueño del 15–M de extender
el movimiento hacia los centros de trabajo se habrá realizado
en el mejor de los escenarios posible: el del colectivo que,
por mucho que ellos se lamenten, sigue siendo el más reputado
en este país.
A ver qué dicen
los tertulianos de Telemadrid cuando los profes y los maestros
de la enseñanza pública se pongan en huelga. A ver quién es
el guapo en la barra del bar que se atreve a llamarlos pijos
engominados, como a los controladores de AENA, o piojosos,
como a los limpiadores del Metro, o salvajes locomotores, como
a sus maquinistas. Son los maestros y los profesores, y la
educación se les supone.
Con el apoyo de
las clases medias españolas asegurado, el mayor riesgo que
enfrentaría el profesorado madrileño en caso de una
verdadera huelga en la enseñanza primaria y secundaria vendría
sin duda desde dentro. Una idea fuerte ya ha empezado a
comercializarse desde las asociaciones de padres más
reaccionarias, una idea que a buen seguro sería apropiada por
las cúpulas de los sindicatos verticales tan pronto como las
posturas más combativas y la gestión asamblearia de la
huelga del 15 de septiembre pusieran en peligro sus
privilegios. Consiste en decir que no es nada pedagógico ni
nada educativo el gesto de no empezar las clases y dejar a los
chicos en casa de sus padres ad perpetuum, o sea que la
estrategia del enfrentamiento directo de los trabajadores con
la Administración y el Estado para lograr los objetivos de
paralización de los recortes en educación es una postura
impopular e impropia de profesionales de la enseñanza. Dirán
los padres que aún votan a PP–PSOE y los liberados
sindicales que la suspensión del principio del curso puede
tener consecuencias graves en el diseño curricular del año,
en la complexión de los planes académicos, en la
proporcionada distribución de los exámenes y las
evaluaciones, y que los intereses de los docentes no pueden
ponerse por encima de la formación del alumnado. Frente a
eso, y en el caso de que se acuerde el miércoles la huelga,
ojalá que los profes más conscientes sepan inculcar entre
sus compañeros de gremio la idea de que el paro y el
enfrentamiento abierto con la Administración del Estado no
necesita, no, autocontrol. Todo lo contrario, que es la mejor
enseñanza que les pueden transmitir hoy por hoy los docentes
españoles a sus alumnos, para que en el futuro no sean NI
unos simples NI unos auténticos esclavos. Ojalá, por lo
menos, que los profesionales más dignos y más indignados
sean capaces de alimentar entre el profesorado, de natural
medroso, aquella duda que ya tenía Guyau a principios del
otro siglo: si no será mejor dejar a los niños en la pereza
que convertirlos en neurópatas (Education et Heredite. Étude
sociologique, 1902, p.8).
En Egipto, el 27
de enero de 2011, un recién nacido Sindicato Independiente de
Profesores se unió a la Federación por unos Sindicatos
Independientes en Egipto, firmando un manifiesto y
encabezando, junto a médicos y enfermeros, las subsiguientes
invasiones de la Plaza de Tahrir. Quince días después cayó
el tirano. Misteriosamente, en su camino a la Plaza de la
Liberación de El Cairo, los profes egipcios arrastraron a las
calles a miles de otros profesores en un lugar tan alejado del
mapa como la ciudad de Madison, en el inhóspito Midwest
norteamericano.
Después de las
trágicas movilizaciones de profesores y estudiantes en
Santiago de Chile hace unos días, este miércoles la pelota
les cae como por arte de magia a los profesionales de la enseñanza
madrileños. Y es que, si en Madrid los docentes deciden por
fin ir a una huelga indefinida el próximo 15 de septiembre,
de pronto las tizas de otros lugares del mundo, tal vez en
Belgrado, o en Oaxaca, o en la valerosa ciudad de Urmia, estarán
apuntando la lección de lo que pasa en España. Será cuestión
de seguir aprendiendo, porque la caída del régimen
capitalista es un hecho y ocurrirá tarde o temprano. Falta
saber la ubicación del estrado donde se derrumbará primero y
con mayor estrépito.
Pero
no se admiten apuestas. Tendrá que costar lo que cueste.
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