¿Un golpe de Estado en la Unión Europea?

Por Susan George (*)
Transnational Institute, October 2011
La Haine, 15/11/11
Traducido por Christine Lewis Carroll

¡Las demandas de los trabajadores de la Unión Europea de salarios y condiciones de trabajo mejores, pensiones generosas, largas vacaciones y permisos cuando sean necesarios deben controlarse! ¡Ya está bien!

Demos gracias a que la Comisión Europea tiene las respuestas. Pronto el modelo neoliberal será irreversible y todos los advenedizos pretenciosos tendrán que callarse para siempre. Ya es hora. En una maniobra brillante, la Comisión ha aprobado un paquete de medidas, un ‘sexteto’ que sugiere fiestas donde fluye la cerveza libremente. Este ‘sexteto’ es bastante más austero y concederá a la Comisión una influencia sin precedente en los asuntos de los estados miembros.

En una votación ajustada el 28 de septiembre de 2011, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión, una toma del poder de gran alcance que menoscaba la capacidad de los países de fijar y gestionar sus propios presupuestos y deudas soberanas. A partir de ahora, el Parlamento y el Consejo –y, naturalmente, la Comisión supervisa el proceso– podrán obligar a los gobiernos a cumplir las recomendaciones del Tratado de Maastricht, también conocido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, poco respetado en los últimos tiempos. A partir de 2005 este Pacto parecía una reliquia pintoresca. Pero ahora, gracias al ‘sexteto’, no se tolerarán ningún déficit mayor del 3% ni una deuda nacional mayor del 60% del PIB. Lo que necesitan los pueblos, que no se equivoquen, es una severa disciplina.

A partir de 2012, los parlamentarios europeos y el Consejo diseccionarán los presupuestos nacionales antes de que los parlamentos nacionales los puedan ver. Si los países no reducen sus deudas lo suficientemente deprisa o se niegan a aceptar las ‘sugerencias’ de Bruselas, se impondrán las medidas. En caso de terquedad por parte de los Estados miembros, el castigo puede llegar a tener que depositar o perder el derecho al 0,01, 0,02 y hasta el 0,05% del PIB del país; todo depende de cómo se juzga el delito. Por ejemplo en el caso de Francia, con un PIB de aproximadamente 1.900 billones de euros (2.600 billones de dólares), la Comisión podría exigir un depósito o multa de alrededor de 20 o 40 billones de euros, o hasta 100 billones de euros si la Comisión aplicara la sanción de 0,05% del PIB.

Fiel a sus habituales métodos de callada eficiencia, se aprobaron estas medidas del ‘sexteto’ permanentes sin apenas un murmullo durante todo el procedimiento de aprobación; hubo poco debate y prácticamente ninguna implicación ciudadana. La mayoría de los europeos no tiene la menor idea de que esto ha ocurrido y mucho menos de que sea una agresión tan salvaje a la capacidad de gobierno de sus países. Gracias a esta legislación, podemos contar con el poder duradero de la doctrina neoliberal en toda Europa, sobre todo en la zona euro, a medida que los diputados elegidos sean sustituidos por personas nombradas que no tienen que rendir cuentas y despojen a los primeros del derecho de elaborar sus propios presupuestos.

Este ‘sexteto’, gracias también a la mayoría europarlamentaria de derechas, está ahora firmemente implantado y será difícil, si no imposible, de revocar. En cualquier otro lugar, quizá se hubieran escuchado acusaciones de un masivo golpe de Estado contra los gobiernos de los Estados miembros y los pueblos. Pero hasta el momento, todo está tranquilo en el frente de la UE.

Simultáneamente, la Comisión alienta a los Estados miembros a cumplir otra parte del escenario neoliberal mediante una variedad de directivas que aseguren jornadas y vidas de trabajo más largas y la alineación de salarios y prestaciones sociales al denominador común más bajo. Este proceso puede ser más lento pero también será realzado por el ‘sexteto’.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea colabora en este segundo objetivo, en particular al obligar en cuatro sentencias a trabajadores a aceptar salarios de inferior nivel, incluso cuando trabajan en países con leyes que protegen a los trabajadores, tales como Suecia o Finlandia.

Hay que admirar la habilidad de la Comisión para la discrección y para hacer las cosas sin contrariar innecesariamente a los ciudadanos de los Estados miembros o sus parlamentos nacionales. La aparente complejidad técnica de las medidas y el proceso de implantación contribuyen a mantener el silencio, aunque estas medidas son en realidad bastante sencillas (y, además, llevan huellas alemanas por todas partes).

Mientras tanto los medios de comunicación europeos, mayoritariamente neoliberales, no ven la controversia en lo que ocurre entre bastidores en Bruselas y ayudan a tapar la protesta, hasta que sea demasiado tarde para la intervención de los ciudadanos. Todo esto significa mayores victorias futuras para el neoliberalismo y el fracaso de las economías europeas, es decir el fracaso del 90% del pueblo. El 10% restante estará bien. No hay que preocuparse. Martin Wolf parafraseó a Tácito en The Financial Times para describir la situación europea: “Ellos crean un desierto y lo llaman estabilidad”.

(*) Miembro del TNI (Transnational Institute) y presidente honoraria de ATTAC–France.

El presidente de la UE plantea que Bruselas pueda tomar decisiones sobre
los presupuestos nacionales

La eurozona estudia poder intervenir
el gobierno de países en apuros

Por Eliseo Oliveras
Desde Bruselas
El Periódico, 16/11/11

El presidente de la Unión Europea (UE) y de la eurozona, Herman Van Rompuy, sopesa proponer a los líderes europeos reforzar los poderes de la UE para intervenir en el Gobierno de los países miembros que estén en apuros y dotar a las autoridades europeas de la capacidad de intervenir directamente en la elaboración de los presupuestos nacionales.

Van Rompuy ha explicado este miércoles en el pleno de la Eurocámara que, en la cumbre del próximo 9 de diciembre, propondrá a los líderes de la eurozona nuevas cesiones de soberanía a través del pacto del euro que conduzcan a una mayor integración europea en política económica, fiscal y presupuestaria.

Entre las medidas que estudia Van Rompuy figuran el endurecimiento de las sanciones a los países laxos con el déficit y la deuda pública, que podrían llegar a la pérdida del derecho a voto dentro de la UE y la suspensión de la entrega de los fondos regionales europeos que les puedan corresponder.

Armonización de impuestos

Para reforzar la unión económica en la eurozona, Van Rompuy ha indicado que estudia la armonización de algunos impuestos e incluso de algunas políticas sociales. Asimismo, el jefe del Ejecutivo comunitario se plantea la posibilidad de avanzar hacia "una mutualización limitada" de la deuda pública de los países de la eurozona y regulaciones adicionales para el sector financiero.

Van Rompuy ha insistido en que esa integración cada vez mayor de la eurozona, esa Europa a dos velocidades, no debe verse como una amenaza para los otros diez países de la UE que no participan en la divisa europea. En este sentido, ha desmentido existan planes para dividir la eurozona en dos categorías.

Informe sobre los eurobonos

Por su parte el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que también ha comparecido en la Eurocámara, ha anunciado que el próximo 23 de noviembre presentará su prometido informe sobre las opciones para crear eurobonos y sobre nuevas iniciativas para reforzar el gobierno económico europeo.

Y el presidente del Eurogrupo, Jean–Claude Juncker, que también ha intervenido ante la Cámara, ha asegurado que las nuevas capacidades de intervención del fondo europeo de rescate estarán listas a final de mes para poder actuar de forma efectiva y frenar el contagio de la crisis griega que están sufriendo países como España e Italia.

El debate sobre cómo reforzar la integración europea se produce tras el nuevo agravamiento de la crisis y la escalada de la prima de riesgo de Italia y España. Las turbulencias no se han calmado pese a los cambios de Gobierno en Roma, con el nombramiento como primer ministro del excomisario Mario Monti, y en Atenas, donde se ha designado al exvicepresidente del BCE Lukás Papadimos.