Tambalea el Banco Central Europeo

“Independencia” para favorecer
los negocios financieros

Por Antoine Dumini y François Ruffin (*)
Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre 2011
Traducción de Teresa Garufi

La crisis económica y social que vive la Unión Europea hace peligrar la estabilidad interna de su Banco Central. A su vez, crecen los cuestionamientos al rol de una institución que se mantenía alejada de las críticas gracias a su discurso “científico” y “objetivo”.

En el primer piso del Banco Central Europeo (BCE), en ocasión de su última conferencia de prensa en Fráncfort, Jean–Claude Trichet entona –en inglés– su estribillo sobre las “reformas estructurales”. Lo hace de memoria, sin dudar: hace ocho años, en su primera intervención como presidente del BCE ante los medios de comunicación, ya abogaba por “reformas estructurales en el mercado laboral”. Esa cantinela no tiene (casi) nada de personal. Su antecesor, Wim Duisenberg, ya la salmodiaba todos los meses. Y así, desde el lanzamiento del euro…

Pero este jueves 8 de septiembre de 2011, el estribillo se vuelve más preciso; a pesar de un lenguaje quizás abstruso: “Es necesario eliminar las cláusulas de indexación automática de los salarios y potenciar los convenios a nivel de empresa a fin de que los salarios y las condiciones laborales puedan adaptarse a las necesidades específicas de las empresas. Estas medidas deberían ir acompañadas de reformas estructurales, particularmente en los servicios –incluyendo la liberalización de las profesiones de acceso restringido– y, en los casos en que resulte apropiado, la privatización de los servicios suministrados actualmente por el sector público, facilitando con ello el crecimiento de la productividad y apoyando la competitividad”.

El diputado europeo verde, Pascal Canfin, presente entre la asistencia, murmura: “Parece el Politburó de la Unión Soviética unos meses antes de su caída. Es la repetición de un mismo discurso, de la misma jerga, desconectada de la realidad”.

El vicepresidente de la Comisión Especial sobre Crisis Financiera, Económica y Social del Parlamento de Estrasburgo prosigue: “Se trata de una agenda íntegramente ideológica, que no tiene ninguna relación con las causas de la crisis. No veo de qué manera flexibilizar el mercado laboral, desintegrar los servicios públicos o privilegiar los acuerdos de empresa por sobre el derecho laboral constituiría una respuesta a la desregulación financiera. Los dirigentes del BCE despliegan el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), con sus planes de ajuste estructural, que fracasaron ampliamente. Pero poco importa, se vuelve a empezar”.

Eterno discurso… Entonces, ¿nada nuevo bajo el sol de Fráncfort? Sí. Pero no en las palabras, sino en los hechos. Porque hoy el BCE dispone de los medios para transformar sus ideas en realidad, mucho más allá de la política monetaria. Sus expertos –junto con otros misioneros de la amada “troika”, los del FMI y de la Comisión Europea– se imponen como gobiernos bis en Atenas, Dublín, Lisboa. Ponen a los ministerios bajo tutela, enuncian sus “quince mandamientos”: extender el desempleo técnico, reducir las jubilaciones agrícolas, disminuir el gasto público, etc. Hasta esta carta, enviada por Trichet y su sucesor, Mario Draghi, al presidente del Consejo Italiano, Silvio Berlusconi, en la cual –según Le Figaro– “el BCE pide que se flexibilicen los procedimientos de despido”, pero también que “se privilegien los acuerdos en el seno de las empresas por sobre los convenios sectoriales negociados a escala nacional”, “se privaticen las sociedades municipales (transporte público, servicios de limpieza, provisión de electricidad)”. Para marcar su preocupación democrática, ambos banqueros centrales recomendaron “proceder por decreto, de aplicación inmediata, y no mediante proyecto de ley, que el Parlamento siempre tarda en aprobar”. “De facto, el BCE pone bajo tutela a Italia”, titulaba el periódico, mientras el ex comisario europeo Mario Monti denunciaba un “potestatis extranjero” (1).

En este caso, ya no se trata de “consejos”, aun insistentes, ni de un simple “mensaje” –como pretenden los dirigentes del BCE, profesionales del eufemismo–. Sin embargo, ¿puede hablarse de “órdenes” o de “diktats”? Se trata, para ser más precisos, de condiciones.

“Hasta aquí, el BCE no tenía ningún poder para pesar de verdad –analiza Clément Fontan, investigador en Ciencias Políticas–. Básicamente, el banco hablaba, los dirigentes políticos lo escuchaban a medias, más o menos distraídos, pensando: ‘Bueno, es normal, es el BCE, son conservadores, escuchémoslos, démosles el placer’. Llega la crisis: los mercados financieros atacan países de la zona euro. Al principio, el BCE se niega a ayudarlos, inmovilizado por su dogma de independencia y de no intervención. Ante la presión de los gobiernos y de los bancos, en medio del pánico generalizado de los mercados, termina por ceder.” Así, el banco se ve obligado a rescatar los bonos del Tesoro de los Estados en dificultad. Pero impone sus condiciones: los países afectados se verán obligados a aplicar las “reformas estructurales” que el BCE siempre preconizó. “Estamos en una situación tipo Argentina–FMI a fines de los años 1990, en la que el prestamista ejercía una fuerte presión sobre el prestatario para asegurarse de que aplicara las reformas consideradas como ‘buenas y necesarias’. Al final, la crisis fue una ventana de oportunidad para el BCE”, concluye Fontan.

“Justicia social”

“Ventana de oportunidad”: expresión que utilizan los analistas del Banco Central. Y todos, aun los más críticos, consideran a Trichet “un gran político”. De hecho, sus oponentes lo señalan como “el único verdadero dirigente europeo”: supo aprovechar esta “oportunidad”, deslizarse por esta “ventana” abierta por la historia para extender su poder personal y el de su institución.

Esperamos al gran tesorero en lo alto de la Eurotower, con vista panorámica sobre los edificios aledaños –la Commerzbank–tower, la Dresdnerbank–tower, las torres gemelas del Deutsche Bank–, en esta capital del capital alemán, la “ciudad de los bancos”, también llamada “Bankfurt”. Donde no fue casual que se instalara el BCE. Es aquí, detrás de esta mesa redonda, en esta sala del piso 36, donde los diecisiete gobernadores de los bancos centrales nacionales –francés, alemán, eslovaco, etc.– se reunieron esta mañana y decidieron “mantener las tasas sin cambio”. El presidente se sienta en el sillón que pronto abandonará. Como para abrir una reunión del Consejo, agita la campanilla delante de él.

—“Hace un rato, en una conferencia de prensa, usted reclamó acuerdos empresa por empresa, la privatización de los servicios públicos, la flexibilización salarial… ¡Es un verdadero programa de gobierno! –le señalamos– ¿Es usted candidato a la presidencia?”

—“No, ciertamente no –sonríe Jean–Claude Trichet–. Son simplemente los medios que mis colegas y yo mismo creemos necesarios para el rápido crecimiento en Europa y la creación de más empleos.”

—“Pero cuando se habla de ‘reformas estructurales’ –insistimos–, se parece a los planes de ajuste estructural del FMI de los años 1980: liberalización, desregulación… Ese programa no funcionó ni en América Latina ni en África. ¿Por qué debería funcionar hoy en Grecia, en España, en Italia, en Francia?”

Lejos de recusar la analogía, el presidente ofrece un argumento por lo menos inesperado: por el contrario, los programas del FMI habrían funcionado bien. “¿Qué países resistieron mejor a la crisis? –objeta Trichet–. Los países emergentes, los países de América Latina que, gracias a sus reformas estructurales, lograron posicionarse en una situación de resistencia mucho más fuerte. Observamos un notable comportamiento de África. Hay reformas que permiten a las fuerzas productivas liberarse…”. Incluso el economista Milton Friedman, antes de morir, ya no se atrevía a sostener tan firmemente estas posiciones. En 2003, el gurú de los liberales concedía, a propósito de la crisis argentina: “La responsabilidad de los hombres del FMI es innegable” (2). Y si Argentina hoy está mejor, es justamente porque no siguió las recomendaciones del FMI (3).

—“¿Pero, por qué –preguntamos otra vez a Trichet– no reclama usted un alza del impuesto sobre las sociedades, que era del 50% en los años 1980, cuando la tasa actual es del 33,3%, aunque en realidad es del 7% para las empresas del CAC 40 [índice bursátil francés]?”

—“Siempre es necesario contemplar el interés superior –responde, un poco hastiado por nuestro candor–. Si en Francia tuviéramos una tasa impositiva más alta sobre las actividades, ¿qué pasaría? Las inversiones se irían al extranjero y no habría empleos en Francia. La justicia social es esencial, pero no es gravando más a las sociedades que en los demás países, más que en los países emergentes, como vamos a tener empleo en Francia”. Y no es su culpa si –feliz casualidad– “el interés superior” coincide con el de las clases superiores…

Así, por simple sentido común, se enfurecía el 20 de febrero de 2011 en la radio Europe 1: “Aumentar los salarios en Europa sería la última de las tonterías posibles” –mientras que el alza de 13% de los dividendos, superando los 40.000 millones de euros, no provocaba su justa cólera–. Fue su preocupación por la equidad la que lo llevó en 2006 a defender, a pesar de las protestas de los jóvenes, el Contrato Primer Empleo (CPE) del gobierno de Dominique de Villepin (4) –y a convertirse en toda Europa en el defensor de “la flexibilización laboral”– mientras, para los bonos, consideraba “normal” que existiese una parte variable “más importante cuando se realizan actividades terriblemente volátiles” (¡ah, la “terrible” precariedad de los traders!). Fue su sentido de la justicia social el que lo llevó a apoyar el incremento de la edad de jubilación instaurado en Francia, Irlanda, Portugal, etc., al tiempo que no consideraba “deseable” una tasa sobre las transacciones financieras.

Pero tales comparaciones surgen de una “grilla totalmente política”, se lamenta. Y nuestro dirigente protesta: “No soy un hombre político”. Él reivindica “el apoliticismo” del BCE, institución al servicio de “17 gobiernos, de 332 millones de ciudadanos, de todas las sensibilidades”. Por otra parte, insiste: “No quiero que me pregunten sobre temas políticos”.

La canilla de la liquidez

Si Trichet hubiese seguido siendo asesor del Elíseo, tras haberlo sido de Valéry Giscard d’Estaing en 1978, o director del gabinete del Ministerio de Economía y de las privatizaciones, cargo en el que fue nombrado por Edouard Balladur (en 1986), se lo consideraría fácilmente de derecha. Pero, superior por su “independencia”, al revestir sus veredictos con las virtudes de la “ciencia”, el discurso del BCE escapa la mayor parte de las veces a la crítica pública. Hasta la manifestación internacional contra el poder financiero del pasado 15 de octubre, que vio al grupo “Ocupar Fráncfort” reunir varios miles de contestatarios frente a la Eurotower, fueron escasas las marchas que desfilaron bajo las ventanas del 29 Kaiserstrasse. Como lo expresa el sociólogo Frédéric Lebaron, “el BCE construyó su invisibilidad. Está en una posición de experto, por encima de los partidos y de los Estados” (5). Y su alejamiento geográfico, la complejidad aparente –y cultivada– de los temas que trata, lo ponen al abrigo de los ciudadanos.

Es así: las orientaciones monetarias –un euro fuerte, la lucha contra la inflación– ya no competen a la política. He aquí, a su vez, que las decisiones presupuestarias, fiscales, sociales, confluyen junto con la moneda en las manos de técnicos, sobre todo en Fráncfort, quienes toman esas decisiones asegurándonos justamente que “no tienen elección”.

Sin embargo, Trichet tiene que afrontar una “oposición”. Que no proviene de los trabajadores; es interna a las finanzas. Reunidos frente a él, los periodistas económicos se mimetizan con los traders, y no importunan a nadie con el índice de desempleo en Portugal, los medicamentos contra la diabetes que ya no serán reembolsados en Grecia, las jubilaciones que se recortan en Irlanda, etc. No, la pregunta que hace enojar al presidente, la hizo el pasado 8 de septiembre el enviado del periódico económico alemán Börsen Zeitung: al rescatar obligaciones de Estados en dificultad, ¿el BCE no cambia su estatuto de “ancla de estabilidad” por el de “bad bank”? Al día siguiente de este intercambio, el alemán Jürgen Stark, economista en jefe del BCE y portavoz de los ortodoxos, anunciaba su dimisión del Directorio. El pasado febrero, Axel Weber había declarado que abandonaba su cargo de presidente del Bundesbank (Banco Central de Alemania), y por lo tanto su asiento en el Consejo de Gobernadores del BCE, para manifestar su desacuerdo con la estrategia –juzgada laxista– de la institución de Fráncfort. También se negaba a ser el sucesor de Trichet, cuyo mandato finalizaba el 31 de octubre. Por cómico que pueda parecer, se le reprocha al banquero central europeo su falta… ¡de ortodoxia!

Alcanza una acreditación escaneada para que, en el primer piso de la Eurotower se abra delante nuestro la sala de los mercados. Nada prestigioso, un simple salón con un centenar de computadoras. Detrás de los teclados, hombres en traje y mujeres en tailleur. En un televisor desfilan las cotizaciones bursátiles. Es aquí que se “organiza la concesión de créditos a los bancos comerciales”, explica Paul Mercier, asesor principal de las operaciones de mercado. Es aquí –en buen romance– donde se emite la moneda en Europa. “Cada martes se realizan grandes adjudicaciones de créditos. El board [Consejo de Gobernadores] decide cuánto se volcará al mercado” (ver “BCE, modo de empleo”).

Enseguida, el responsable precisa: “Aunque, en las circunstancias actuales, hemos decidido permitir que los bancos determinen ellos mismos cuánto quieren pedir prestado. Son medidas especiales que tuvimos que tomar debido a la crisis financiera”. “En este momento –añade Ivan Fréchard– es muy simple: proveemos toda la liquidez que demanden los bancos. Es la política del full allotment [adjudicación total]”.

¿Full allotment? Podría traducirse como “hasta no tener más sed”. Ya que, si para los Estados los préstamos se otorgan bajo condiciones –y de las más severas–, en cambio para los bancos el crédito circula en libre servicio. Trichet y Draghi no enviaron ninguna carta a los patrones de la Société Générale, del HSBC, del BNP–Paribas exigiéndoles –dado que el BCE corre en su auxilio– que sus establecimientos abandonen los paraísos fiscales, dejen de especular con las deudas soberanas, financien la economía real. Ningún “hombre de negro” del BCE se trasladó a la sede del Crédit Agricole o del Commerzbank para analizar sus cuentas –con el mismo ardor que aquellos que visitaron el Ministerio de Salud en Atenas– y librar intimaciones con idéntica arrogancia.

Sentado en un banco delante de la “euroboutique” –que vende pañuelos, paraguas, tazas, chocolates, etc.– el diputado Pascal Canfin resume: “Para salvar el sistema, el BCE abrió la canilla de la liquidez. Pero el problema es que el caño está agujereado: el dinero que fluye por allí no llega a la economía real. Porque en el medio están los bancos comerciales que, aun hoy, prefieren especular antes que invertir. El rol del BCE es hacer que el agua escurra en la dirección correcta, y hace dos años que no toma ninguna medida para ello”.

Esta postura adoptada por el BCE es observada desde primera fila por el diputado [portugués] Miguel Portas, de la Izquierda Unitaria Europea (IUE): “A Portugal se le impuso un plan de salvataje. Pero de los 78 mil millones de euros que le prestó el BCE, 54 mil van directamente a los acreedores. Se nos dijo: ‘Prioridad a los bancos que detentan las deudas soberanas’. Y para financiar eso, se recortan los salarios –aun cuando nuestro sueldo mínimo es de 485 euros–, las jubilaciones –cuando el promedio no supera los 300 euros–. El agua, el gas y la electricidad aumentaron un 17, 18, 20%. El IVA actual alcanza el 23%. Y todo mientas el gran capital está completamente a salvo, en nombre de la necesidad de atraer a los inversores”.

En Irlanda, el BCE se hizo presente. “Durante las elecciones celebradas en la primavera boreal, el Partido Laborista repitió el eslogan ‘It will be labour’s way, or Frankfurt’s way” (Será a la manera de los trabajadores, o a la manera de Fráncfort) –relata el diputado europeo Paul Murphy (también del grupo de la IUE)–. Prometían que los bancos y los acreedores privados serían obligados a contribuir, y no sólo los ciudadanos. Pero el BCE insistió para que ningún acreedor fuera penalizado. Y poco después del escrutinio, la pretendida socialdemocracia irlandesa, al igual que la socialdemocracia a través de Europa, capituló. Se arrodilló ante los mercados, ante el BCE y ante la troika”.

En su comunicación, el Banco Central Europeo no deja de subrayar su “independencia”. Con frecuencia recuerda el artículo 107 del Tratado de Maastricht: “Ni el BCE ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones u organismos comunitarios, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano”. Por lo tanto, una independencia total respecto del poder político. Draghi, el nuevo presidente del BCE, no debería asustar al poder financiero más que Trichet: fue vicepresidente de la rama europea de Goldman Sachs, a cargo en particular de las deudas soberanas cuando el banco de negocios maquillaba las cuentas de Grecia.

Otmar Issing, economista jefe del BCE entre 1998 y 2006 y padre espiritual del euro, recorrió el camino inverso, convirtiéndose en asesor internacional de Goldman Sachs. Weber, ex presidente del Bundesbank y representante de Alemania en el Consejo de Gobernadores del BCE, también hizo su elección. Antes que volver a la Universidad, aceptó la vicepresidencia del banco suizo UBS –sospechado de favorecer evasiones fiscales– por 1.700.000 euros y otras stock–options.

En cambio, ninguno de sus dirigentes decidió hasta ahora unirse a un sindicato francés, alemán o italiano. Esa “independencia” está a salvo.

Notas:

1. Richard Heuzé, “La BCE met de facto l’Italie sous tutelle”, Le Figaro, París, 8–8–11.

2. “Le triomphe du libéralisme”, Politique Internationale, Nº 100, París, verano boreal de 2003.

3. Cécile Raimbeau, “En Argentine, les ‘piqueteros’ s’impatientent”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 2011.

4. Creado en marzo de 2006 en el marco de la ley por la igualdad de oportunidades y suprimido el mes siguiente tras una importante protesta social, el Contrato Primer Empleo destinado a los menores de 26 años instauraba entre otras cosas un período de dos años durante el cual el asalariado podía ser despedido sin motivo.

5. Frédéric Lebaron, Ordre monétaire ou chaos social?: La BCE et la révolution néolibérale, Editions du croquant, colección “Savoir/Agir”, Bellecombe–en–Bauges, 2006.