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El agresivo
objetivo de déficit y el sector financiero encienden el
riesgo-país
Todos desconfían
de España
Los efectos de
los manguerazos de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) se
han evaporado
Por Amanda Mars
El País,
15/04/2012
Madrid.– Luis
de Guindos [ministro de Economía y ex directivo de Lehman
Brothers cuando, en 2008, la entidad quebró por el escándalo
de las hipotecas subprime] tiene hora con Mario Draghi como
quien la tiene con un médico especialista.
España padece síndrome
de abstinencia una vez que los efectos curativos de los
manguerazos de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a la
banca se han evaporado y el ministro de Economía tiene
previsto reunirse con el patrón del organismo el próximo
martes, después de una semana de horror en los mercados, la
peor en los más de 100 días de Gobierno de Mariano Rajoy.
Nunca como esta semana había este Ejecutivo negado tantas
veces que la economía española necesite un rescate, una
intervención, nunca como ahora había mentado tanto la bicha.
Fuentes del
Ministerio de Economía explican que solo se trata de una
visita de cortesía dentro de la gira europea que emprende
Guindos —también estará en París— “para explicar las
reformas”. Es decir, enseñar los números e intentar
convencer de que sí será capaz de recortar el déficit del
8,5% al 3% en dos años y que, dicho sea de paso, pagará sus
deudas. Todo, con una recesión económica del 1,7% este año.
Madrid siente que ha hecho los deberes: ha elaborado los
presupuestos muy austeros, ha anunciado otras reformas para
ahorrar en sanidad y educación y tiene en marcha su reforma
financiera.
Pero los
inversores huyen de la deuda española, la Bolsa está en el
peor nivel desde marzo de 2009, la banca sufre para
financiarse y Bruselas se reserva su visto bueno a los
Presupuestos. España, la cuarta economía europea, preocupa
en la Eurozona.
Charles Wyplosz,
profesor de Economía Internacional de la Graduate School,
recuerda que España “ha tenido una buena trayectoria en
disciplina fiscal antes de la crisis, no como Grecia y
Portugal, pero los mercados temen el potencial volumen de las
pérdidas del sistema financiero una vez el precio de los
pisos toque suelo”. Wyplosz describe entonces un círculo
vicioso: “Algunas entidades grandes y pequeñas quiebran. El
Gobierno las rescata. La deuda pública de repente se dispara
y el Ejecutivo no tiene más opción que impagar parte de su
deuda, así que los bancos, que tienen toneladas de deuda pública
en sus carteras, quiebran de nuevo, y el círculo sigue
girando”. En esta situación, advierte, “la austeridad no
tiene sentido y agudiza la recesión, lo que hace difícil
cumplir el presupuesto”. Así que “cuanto más aprieta
Rajoy, más crece la desconfianza”.
La desviación
del dato de déficit del 2011 (8,5%, frente al 6% prometido) y
la rebaja de la meta (del 4,4% al 5,3%) han abonado la
incertidumbre. La capacidad de España para crecer y la
suficiencia de la reforma financiera en marcha provocan dudas.
Los bancos españoles
habían jugado infiltrados por las inyecciones de capital del
BCE desde finales del año pasado (dos subastas de crédito
por valor de más de un billón de euros a tres años) y la fórmula
funcionó para España (y también Italia): las entidades
logran dinero prestado al 1% y los invierten en bonos con más
rentabilidad, con lo que ganan esa diferencia y la prima de
riesgo del país se alivia. Pero el sector ha entrado en una
peligrosa relación de dependencia del BCE y, como
consecuencia de estos manguerazos, en marzo captaron un cifra
récord de 316.343 millones en el organismo, el 28% del total
del Eurosistema.
Al secretario de
estado de Economía, Jaime García–Legaz, se le escapó el
viernes que, sin los fondos del BCE, España estaría
“muerta”, aunque luego matizó que se refería a la
situación de toda Europa y que más bien aludía a que el
banco central debía seguir comprando de bonos.
La prima de
riesgo de España (se mide por el diferencial de interés que
pagan los bonos a 10 años respecto a los alemanes, que se
considera la referencia más fiable) se ha instalado por
encima de los 400 puntos básicos (o cuatro puntos
porcentuales) y tocó los 433 el martes. Ese día, el interés
que se le exigían a la deuda española ya emitida rozó el
6%.
“Por encima de
los 400 suben los costes de renovación de deuda pública, hay
dificultades de financiación para las empresas y los mercados
de deuda se cierran para las entidades bancarias y empresas,
pero no es tanto un problema de líneas rojas como del tiempo
que se permanece en un nivel elevado de prima de riesgo”,
explica Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de
Granada y analista de Funcas. “El BCE puede que tenga que
continuar comprando bonos si es preciso y, sobre todo, si se
emiten señales de que los gobiernos nacionales están
haciendo esfuerzos fiscales y reformas significativas. Si el
BCE deja de comprar y la UE tampoco hace su papel, la
debilidad es obviamente mayor”, alerta. Y lamenta que Europa
“no ha sido capaz de establecer un cortafuegos operativo,
creíble y eficiente”.
José Carlos Díez,
de Intermoney, alerta de la fuga de inversión extranjera de
la deuda pública: 25.000 millones solo en el mes de febrero y
critica que “el BCE llega tarde y con poca intensidad”.
La mayoría de
analistas descartan que España necesite un rescate a la
griega. Pero la posibilidad de que los bancos acudan al fondo
de rescate europeo sí se empieza a sugerir desde algunos
sectores en Bruselas. Fuentes de Economía recalcan que “ni
el Tesoro Público ni los bancos españoles tienen problemas
de liquidez, tienen más problemas de financiación es en las
comunidades autónomas”.
Las regiones,
incumplidoras con los objetivos de déficit de 2011, son otro
de los motivos de dudas. Ahora tienen que reelaborar sus
cuentas para adaptarlas al ajuste de los Presupuestos. El
catedrático Guillem López–Casasnovas avanza que será
duro. “No se van a poder hacer consolidaciones fiscales por
consenso a 17, ni puede el Gobierno obviar unas competencias
estatutarias constitucionalmente otorgadas”. Y se revuelve:
“La gran revelación que hizo el PP en su acceso a las
cuentas públicas de que el déficit real era el 8,5%, y no el
5,8%, del PIB culpabilizó a las autonomías y generó en los
mercados un mar de dudas sobre el comportamiento financiero de
éstas”, pero “los datos dicen que el 90% de aquella
diferencia se debió a la desviación de los ingresos: un
error de previsión atribuible enteramente al gobierno
central. Funcionando las comunidades con anticipos y con la
rigidez del gasto que gestionan, no tenía sentido exigir a
corto un ajuste imposible”.
El profesor es
duro: “No creo que ningún analista se crea una hoja de ruta
en la que las voces dirigentes divergen, en la que se
mantengan tabúes, personajes irresponsables en puestos de
responsabilidad empresarial, zombis financieros protegidos, o
líneas rojas en gasto social que intenten engañar con cierto
populismo a una sociedad que está madurando a golpe de
realismo”. “La parte positiva —añade— es que aún
depende de todos nosotros enmendarlo”. La negativa es que el
tiempo corre en contra.
“Marca España”
La “Marca España”
tiene más problemas que la “Marca Repsol”
Por Alfredo
Zaiat
Cash, 22/04/2012
Una economía a
la deriva, un gobierno conservador abrumado, un deterioro
sociolaboral impactante, un sistema bancario al borde del
colapso, una elite empresaria inmune y una política de
“austeridad”, como denominan a lo que se conoce como
ajuste neoliberal. Esta es hoy la “Marca España”. Un
sentido diferente a la presuntuosa propaganda que Mariano
Rajoy tiene previsto presentar en el Congreso como sello de
calidad que asocie al país con la expansión de sus empresas,
a iniciativas culturales y de cooperación en el exterior.
La situación de
España se encuentra en el mismo punto de desesperación de la
de Grecia en 2010. Nuevo gobierno, agresivos recortes
presupuestarios, respaldo financiero del Banco Central
Europeo, la Comisión Europea (Alemania) y el Fondo Monetario
Internacional, protestas sociales, versiones de megapaquetes
de rescate para salvar bancos, ataques especulativos sobre su
deuda y un default ordenado que se acerca. El recorrido griego
ya se conoce, y sólo la Europa dominada por la prepotencia
alemana persiste en esa política que hoy tiene a España en
la cornisa.
La principal
diferencia con el desastre griego es que la clase dirigente
política y empresaria en España está padeciendo el síndrome
de nuevo rico en quiebra. Ya no son lo que se imaginaban que
eran al desmoronarse la economía basada en la especulación
inmobiliaria, en servicios financieros y de turismo y en las
crecientes ganancias provenientes de la Segunda Conquista de
América en los noventa. Esto último es lo único que les
queda del modelo tan elogiado por analistas y economistas de
la ortodoxia.
Las utilidades
de las filiales latinoamericanas de las corporaciones españoles
son el flotador en medio del naufragio. El Banco Santander,
que en 2011 tuvo un beneficio neto 35 por ciento menor al año
anterior, contabilizó en Latinoamérica más de la mitad de
sus ganancias totales. La española Telefónica, que registró
una caída de 69 por ciento en sus utilidades globales por el
fuerte ajuste en su país, aumentó en ese mismo período 18
por ciento sus ventas en la región, donde reúne casi 195
millones de clientes y casi la mitad de sus ganancias.
Si bien
comparten la reacción de Rajoy en defensa de Repsol, no deja
de ser llamativo el prudente silencio de los otros grupos españoles
que operan en Argentina. Saben lo relevante que es para sus
balances el mercado argentino y no tienen intención de
rifarlo en el altar de la indignación.
La importancia
de los negocios españoles en América latina explica el
desborde de la administración Rajoy por la expropiación de
acciones de YPF en manos de Repsol. Pero no es sólo por la
postura neocolonial del conquistador herido. Existe otro
motivo más pedestre. La confusión entre funcionarios del
gobierno y empresarios que provoca que la “Marca España”
hoy se traduzca “Marca Repsol”.
En esa asociación
participan políticos del PP y del PSOE, puesto que en España
funciona muy aceitada la famosa “puerta giratoria”, donde
se confunden intereses públicos y privados de forma
permanente. Funcionarios en puestos clave del gobierno de
Rajoy participaron antes en consejos de administración de
conglomerados españoles. Cuando dejen el cargo aspiran volver
a la actividad privada.
El ex presidente
del gobierno del PP José María Aznar cobra 200 mil euros
anuales como asesor de Endesa, que en Argentina maneja Edesur,
entre otras inversiones.
El ex presidente
del PSOE Felipe González fue contratado por Gas Natural,
controlada por Repsol, para que ejerza la tarea de lobbista
por 126 mil euros al año.
Rodrigo Rato, ex
vicepresidente segundo y ministro de Economía, es actual
titular de la Caja de Madrid y Bankia (fusión de siete cajas
de ahorro), y los ex ministros Eduardo Zaplana, trabaja para
Telefónica, y Javier Solana, asesora a la constructora
Acciona.
La lista es
larga de ex funcionarios que hoy son parte de compañías
privadas; y de ex ejecutivos de grupos españoles que hoy son
funcionarios.
La economía
española está siendo conducida a la quiebra por esa
nomenklatura. El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó al
descubierto el disparate de un mercado alimentado por un
frenesí crediticio financiado por un sistema bancario
sobredimensionado.
España logró
el record de ser un país con más viviendas construidas que
familias. Según datos de la banca central de ese país, 17
millones de familias están registradas y existe un stock de
viviendas cercano a las 27 millones.
Muchos de los
que se endeudaron para comprar sus casas no tienen trabajo,
con una tasa de desempleo cercana al 25 por ciento, que se
eleva a casi el 50 por ciento en los jóvenes, y no pueden
pagar el crédito, de un monto hoy más elevado que el valor
actual de la vivienda, que la terminaron perdieron a manos de
los bancos. O sea, no tienen trabajo, se quedaron sin casa y
con la deuda.
Esta es una de
las manifestaciones más desastrosa de la economía española.
La crisis de la deuda soberana y privada no es la causa de la
crisis financiera sino su consecuencia. Al decidir profundizar
políticas de austeridad persiguiendo el ilusorio voto de
confianza de los mercados se profundiza la recesión, la merma
de ingresos fiscales y, por lo tanto, aumenta el
endeudamiento, que para renovar sus vencimientos el mercado
exige tasas de interés cada vez más elevadas.
Así transitan
como corderitos obedientes a la insolvencia. La última
colocación de deuda del gobierno de España fue a una tasa
del 6 por ciento por bonos a 10 años, elevando a una
diferencia máxima con la tasa alemana (prima de riesgo), que
actúa de referencia en Europa y se ubica en 1,75 por ciento
anual para ese plazo.
En ese contexto,
la última reunión de Consejos de Ministros decidió agudizar
las medidas de ajuste sobre los grupos más vulnerables, en
Educación y Salud, por unos 10 mil millones de euros, en un
presupuesto general que ya se había recortado en 27.300
millones de euros.
En ese mismo
encuentro el gobierno de Rajoy anunció represalias
comerciales por la expropiación de acciones de YPF al limitar
la compra de biodiésel argentino. Es una reacción patética
de un gobierno desorientado por su crisis. Pese a la
sobreactuación de recortes y más recortes presupuestarios,
el nivel de deuda pública y privada es un dato que asfixia a
la economía española.
La deuda española
era de apenas 36 por ciento del PIB en 2007; se duplicó en
cuatro años de crisis, al superar los 590 mil millones de
euros. Sumando la deuda privada (familias y empresas) el total
asciende a 3,8 billones de euros, el 366 por ciento del PIB.
La magnitud de esta deuda la convierte en impagable con una
economía en recesión empujada a la depresión con más
ajustes fiscales.
España se
mantiene a flote porque la Unión Europea evalúa que un
default de esa deuda tiene un costo mayor para el euro que
continuar con la asistencia que le está proporcionando el
Banco Central Europeo. Esta entidad se ha convertido en su vehículo
de financiamiento al sumar el 10 por ciento del total de la
deuda externa, que a fines de 2011 era de 1,8 billón de
euros. Además, la banca central española debe 250 mil
millones de euros (23 por ciento del PIB) al BCE.
Todo ese dinero
fue a financiar a los bancos españoles que están en serios
problemas, transitando de una situación de iliquidez a una de
insolvencia por el aumento de la morosidad y la acumulación
de desvalorizados activos inmobiliarios por la imposibilidad
del recobro de los créditos hipotecarios. La asistencia de la
banca central a las entidades financieras aumentó de 50 mil a
227 mil millones de dólares de junio del año pasado a marzo
de éste.
La “Marca España”
tiene más problemas que la “Marca Repsol”.
Los
presupuestos
infravaloran gastos en partidas como pensiones y
desempleo
Las cuentas no
cuadran
Las previsiones
de ingresos en cotizaciones e impuestos
son demasiado
optimistas
Por Manuel V. Gómez
y Amanda Mars
El País,
15/04/2012
España tiene
una hoja de ruta muy definida. Ese es el mensaje que el
Gobierno se ha esforzado en enviar esta semana a la opinión pública
en plena escalada de acoso al país en los mercados. El
problema son los borrones que Mariano Rajoy tenga que ir
haciendo sobre la marcha. Porque Madrid se ha comprometido a
una meta complicada: reducir cinco puntos de déficit —del
8,5% al 3— en solo dos años, más de lo que se les pide a
países rescatados como Grecia, Irlanda o Portugal. Y porque
para este 2012, Rajoy ha garantizado que reducirá los tres
primeros puntos (y situará el desfase en el 5,3%) sin tocar
tres grandes partidas como el sueldo de los funcionarios, las
pensiones y las prestaciones por desempleo (cuatro de cada 10
euros de gasto no financiero).
“Es muy difícil
que con estos presupuestos se reduzca el déficit en 3,2
puntos del PIB como se ha comprometido en Bruselas. De hecho,
la caída del gasto no financiero solo baja un 1,1% con
respecto al presupuesto ejecutado en 2011”, explica José
Ignacio Conde–Ruiz, de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea), “Para cumplir tendríamos que hacer el
mayor ajuste de nuestra historia y esto solo se puede hacer
tocando las grandes partidas del gasto como son sueldos,
salarios, pensiones y prestaciones, todas ellas suman más del
22% del PIB. Otra cosa es que esto sea lo que mejor convenga a
España en este momento de fuerte recesión”.
La recesión de
la que habla Conde–Ruiz es un contracción de la actividad
económica del 1,7% este año, según los cálculos del
Gobierno, y que elevará el número de parados a una cifra próxima
a los seis millones. Al mercado le chirrían los Presupuestos
españoles de 2012. A muchos economistas también: opinan que
infravaloran el gasto social y son optimistas con los
ingresos. Bruselas guarda su análisis definitivo para cuando
conozca lo que ocurre con las comunidades, punto de duda en
estas cuentas, que dejan casi la mitad del ajuste en manos
unas regiones que tendrán que reelaborar sus presupuestos.
“La reducción
del déficit tiene que ser más gradual, porque la medida de
austeridad sin más no ayuda a reducirlo… aunque todo esto
lo puedo decir porque ya no soy conseller, si aún lo fuera,
debería limitarme a cumplir”, apunta el catedrático Antoni
Castells, consejero de Economía de los últimos Gobierno
tripartitos en Cataluña, y añade: “Con esta recesión es
un error político europeo forzar este ritmo de ajuste, pero
España no puede salir a decirlo porque el alumno que suspende
no tiene credibilidad para pedir que se revise el examen,
deben hacerlo los otros, España debe cumplir”.
Y España se ha
comprometido. “Para el caso español, las distintas
estimaciones disponibles apuntan que un 1% menos de PIB
provoca una caída de los ingresos próxima al 0,4% y un
ligero incremento del gasto. Entre la caída de ingresos y el
incremento de gastos, una caída del PIB del 1% genera un
incremento del déficit de alrededor del 0,5% del PIB”,
advierte Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Vigo. A tenor de estos datos “las
previsiones de ingresos de los Presupuestos son optimistas”
y “a ello se le suma la incertidumbre sobre los efectos de
la amnistía fiscal: los estudios disponibles sobre amnistías
anteriores en España invitan a ser muy prudentes sobre su
eficacia”.
A esa tesis se
apunta Miguel Ángel García, director del Gabinete Económico
de CC OO: “Los presupuestos se apoyan en una evolución muy
optimista de los ingresos. En los impuestos directos e
indirectos se infravalora el impacto de la recesión”.
Si las cuentas
no cuadran a lo largo del año, se revisan las medidas, y
esto, en este 2012 europeo, se traduce en más recortes.
Apenas una semana después de aprobar los Presupuestos
Generales, el Gobierno anunció reformas y ajustes sin
concretar en sanidad y educación con un ahorro previsto de
10.000 millones para este año. “Pero eso redunda en la
parte del ajuste fiscal se las comunidades”, advierte Lago.
Para Juan José
Rubio, catedrático de Hacienda Pública y exdirector del
Instituto de Estudios Fiscales, “hay una sobrestimación de
ingresos en todos los ámbitos”.
A esto se añaden
las desviaciones habituales. Desde la Universidad de Duke, en
Estados Unidos, Juan Rubio–Ramírez, alerta de que los
gastos corrientes en bienes y servicios suelen presupuestarse
a la baja. “En los últimos años se han gastado de un 25% a
un 30% más de los presupuestado cada ejercicio”, apunta.
Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores
Fiscales (REAF), apunta que los ingresos “no son
clamorosamente optimistas”, aunque echa en falta concreción
en algunos capítulos, pero destaca que los ingresos son
menores sin las subidas fiscales. Por ejemplo, el aumento de
ingresos del IRPF (3.303 millones) es inferior al impacto que
se calcula de la subida, 4.100. La cuestión es si esa bajada
de menos de 1.000 millones sin el efecto del gravamen se
cumplirá en este contexto.
El Ministerio de
Hacienda se defiende y ve la estimación “prudente y
razonable”. Los ingresos del Estado ascienden a 119.223
millones, un 14,28% más, que incluyen 12.200 millones de la
subida fiscal, además de ingresos no financieros, que no se
adaptan a la evolución económica. “Descontando este doble
efecto, los ingresos del estado caerían respecto de los de
2011, caída acorde con el descenso de la actividad económica
prevista del –0,7% en términos nominales”, recalcan en la
secretaría de Estado de Presupuestos.
Los inversores,
de momento, han dado un revolcón a la Bolsa y la deuda pública
española. Por ejemplo, uno de los faros más habituales del
mercado, Goldman Sachs pronosticaba un día después de que se
presentaran las cuentas que el déficit acabará en el 6,7%,
1,4 puntos por encima de lo comprometido. Al mayor banco de
inversión del mundo las primeras cuentas de Rajoy en La
Moncloa tampoco le cuadran.
Pensiones, el
talón de Aquiles
Los números de
la Seguridad Social han levantado suspicacias desde que el
Gobierno anunció que en 2012 el instituto público tendría
tantos ingresos como gastos. En la mente de los ciudadanos la
Seguridad Social es sinónimo de pensiones. Pero cuando se
habla de contabilidad nacional se convierte en un paraguas
bajo el que se agrupa el sistema de pensiones, el Servicio Público
de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial. En 2011
este trío cerró con un déficit mínimo del 0,09%. La
situación en 2012 va a empeorar y, en cambio, el Ejecutivo ha
mantenido su previsión. “Imposible”. Es la conclusión a
la que han llegado la mayoría de los consultados para este
reportaje. “Difícil”, concluyen los menos.
Aunque también
hay quien se apunta al matiz del Derecho Administrativo,
siempre puede haber algún crédito extraordinario del
Gobierno que compense parte una desviación que según las
fuentes oscila entre un punto y medio del PIB, de 10.000 a
5.000 millones. Pero los números rojos no implican que vayan
a dejar de pagarse pensiones. La Seguridad Social tiene
ahorros con los que enfrentarse a las épocas duras: hay
recursos en la Tesorería; está el Fondo de Prevención de
Mutuas, unos 6.000 millones que, según adelantó el diario
Abc, son el recurso con el que el secretario de Estado, Tomás
Burgos, piensa compensar el déficit de este año; y por último
los más de 66.000 millones del Fondo de Reserva.
La mayor duda de
las cuentas de la Seguridad Social reside en las pensiones. De
los poco más de 115.000 millones que se destinarán a pagar
pensiones, los 101.953 calculados para las contributivas se
antojan insuficientes. “Está infravalorado”, valora
Miguel Ángel García, de CC OO. Se basa en que la Seguridad
Social estima que esta partida subirá un 2,9% más que lo
presupuestado el año pasado y un 2,3% sobre el gasto final.
Según sus previsiones, la variación podría situarse en
torno a 4,5%, en línea con la evolución de los dos primeros
meses del año, y pensando que la inflación podría situarse
en el 1,5% al final de año.
Los números del
sindicalista se acercan más —aunque se quedan cortos— a
los de un informe interno de la Seguridad Social elaborado
para el nonato proyecto de presupuesto del Gobierno de
Zapatero lo sitúa en unos 4.400 millones (104.861 en total)
con una inflación del 2%. Esta es una de las partidas más
predecibles en unos presupuestos y también una de las más
difíciles de recortar sin recortar pensiones. Y eso es algo
que Mariano Rajoy, que en la oposición atacó con gran dureza
Zapatero por congelarlas, no se puede permitir sin sufrir una
grandísima erosión política.
Para saber cuánto
va a subir el gasto en pensiones de un año a otro hay que
meter en la calculadora tres variables: la actualización de
acuerdo con la evolución de los precios, el incremento de la
pensión media y el número de pensionistas. La Seguridad
Social ha hecho un cálculo muy bajo al pronosticar un aumento
del 2,9%. Solo el aumento de pensiones del 1% que el Gobierno
decretó en su primer Consejo de Ministros ya se ha comido un
punto de ese porcentaje. Y si los precios a final de año
suben un 1,9%, como pronostican la mayoría de servicios de
estudios, el margen se estrecha en nueve décimas más. Así
que apenas resta un punto porcentual para que las otras dos
variables no desborden la previsión gubernamental. Casi nada
si se tiene en cuenta que solo el incremento de jubilados en
2010 fue del 1,5% y en 2011, del 1,4%.
Hacienda explica
que para este año esperan que este crecimiento vegetativo se
frene al 1%, pero el informe elaborado en verano por el
instituto público situaba el alza en el 1,6%. Hacienda nada
dice del aumento de la paga media, que el documento estival
sitúa en el 1,7% ni de la posible desviación final de la
inflación.
Hay más
incertidumbre. Por ejemplo, hay que saber qué impacto tendrá
sobre las bajas y lo destinado a pagarlas (5.799 millones) los
cambios de la reforma laboral, que permiten despedir con más
facilidad si hay acumulación de bajas. El antiguo secretario
de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, cree que
este cálculo es muy bajo. En los últimos años, esta partida
se ha reducido a marchas forzadas. En 2011, el desembolso por
incapacidad temporal cayó un 9,3%, pero Granado duda de que
se pueda mantener este ritmo mucho tiempo. Sí que lo cree
Conde–Ruiz, de Fedea, entidad patrocinada por las grandes
empresas cotizadas, porque la destrucción de empleo favorece
esta previsión.
Conde–Ruiz, en
cambio, sí que ve una previsión de gasto en pensiones muy
baja. Aunque piensa que el discurso oficial puede encontrar
argumentos en la mala situación del mercado laboral y los
mercados: “La jubilación anticipada de forma voluntaria
caerá. Está demostrado que cuando la Bolsa o la rentabilidad
de los planes de pensiones caen, los trabajadores posponen su
jubilación. Además, si un padre tiene a sus hijos en paro,
es probable que aplace sus planes de jubilación”.
Por el otro lado
de la moneda, los ingresos, también las cuentas del sistema
de pensiones presentan alguna laguna. La agudización de la
crisis y la vuelta de la recesión hundieron las cotizaciones
en la segunda mitad de 2011 y el sistema de pensiones acabó
con un déficit de unos 2.500 millones. La perspectiva no ha
mejorado para 2012, sino que el cuadro macroeconómico prevé
un hundimiento del empleo del 3,7%.
El Gobierno toma
el mismo porcentaje para calcular la bajada de ingresos por
cuotas, un 3,7%, aunque podría haberlo reducido si hubiera
descontado lo que pronostica que va a aumentar la remuneración
por asalariado (0,25). En cambio, el punto de partida no es lo
recaudado en 2011 (105.354 millones) sino lo presupuestado
(110.447 millones). De esta forma, se explica que el Gobierno
prevea que en 2012 va a cobrar más dinero por cuotas
(106.322) que el pasado ejercicio pese a que vaya a haber
630.000 empleos menos. Si hubiera partido de la ejecución
presupuestaria, el resultado hubiera sido 101.455 millones.
La secretaría
de Estado de Presupuestos aduce que si estima un aumento de
ingresos de 850 millones es porque prevén una caída de 1.900
millones por el menor número de cotizantes, que se compensará
con 949 millones por el aumento de las bases de cotización y
1.801 de la campaña de control de fraude.
“Este
presupuesto se ha hecho como si estuviéramos en septiembre
[cuando se suelen elaborar] y no en marzo, que ya hay una
ejecución presupuestaria. Y es que en 2010, ya nos
equivocamos”, ataca Granado.
Analizadas las
grandes partidas en pensiones por el lado de los gastos
(contributivas) y de los ingresos (cotizaciones), el desvío
final podría situarse en unos 6.800 millones (casi un 0,7%
del PIB), aunque esta cifra, si la inflación quedara en el
1,5% y se aplica el aumento salarial previsto por el Gobierno
podría quedar en unos 5.500 millones.
La otra amenaza
del paro
El gran otro
pilar de las cuentas de la Seguridad Social en la contabilidad
nacional es la protección frente al paro. En 2010 se tocó
techo en esta partida, 32.200 millones, y el año pasado cayó
hasta los 29.578. El Gobierno prevé que esta tendencia se
mantenga este año al esperar un gasto de 28.503 millones en
pagar prestaciones y subsidios por desempleo.
“La minoración
responde a la disminución del gasto en desempleo que ya se
inició en 2011 y es coherente con ella”, explican en
Hacienda, donde aclaran que la rebaja no responden no viene de
recortes en las prestaciones individuales concedidas o
acumuladas.
A pesar del
argumento del Gobierno, los datos de los Servicios Públicos
de Empleo muestran que desde abril de 2011 la caída del gasto
en prestaciones se iba frenando. En enero volvió a repuntar
(0,5%) respecto al mismo mes del año anterior y en febrero,
un 3,4%. Por si esto fuera poco, el mejor indicador adelantado
de cómo puede evolucionar este gasto, las solicitudes de
prestaciones contributivas, no ofrece señales alentadoras: en
febrero de 2012 hubo un 18% más.
Con estas
cifras, García, de CC OO, cree que se mantendrá el gasto de
2011. Opina que la tendencia de gasto de los primeros meses
del año se atenuará porque, según sus cálculos, se agotarán
un número muy significativo de prestaciones contributivas.
Aunque hay vaticinios más pesimistas, como el de Ángel
Laborda, director del panel de Coyuntura de Funcas, que cifra
la desviación en unos 3.000 millones.
Amnistía o
brindis al sol
Lo llaman
“proceso de regularización extraordinaria” y es una
amnistía fiscal. El Gobierno ofrece a los evasores fiscales
blanquear el dinero —bienes o derechos— de forma
confidencial a cambio de pagar un gravamen del 10% (el tipo máximo
del IRPF llega al 52%), con lo que espera que afloren 25.000
millones y, por tanto, se recauden 2.500 millones. ¿Cuál es
el criterio para estimar esa cifra? No se explica.
“Intentar
captar activos opacos es muy difícil y quienes han optado por
esta experiencia han tenido poco éxito”, apunta el catedrático
Juan José Rubio. Otros expertos coinciden en el impacto
limitado de estos procesos: la mayor parte de países ingresa
menos de lo esperado. Un ejemplo es Alemania en 2003. Trató
de repatriar 100.000 millones, pero finalmente quedaron en
20.000 y les aplicó un recargo muy superior al español: 25%.
El caso más reciente es el de Italia en 2010: con multas del
5% al 7%, permitió aflorar 104.500 millones evadidos (y
recaudar más de 5.000 millones).
El Gobierno español
decidió introducirlo en los presupuestos en el último
momento. La medida se completa con otra ventana para que las
empresas repatrien sus fondos de paraísos fiscales tributando
al 8%, con lo que espera recaudar 750 millones.
“Así como el
resto de apartados están muy explicados, aquí es difícil
saber por qué creen que se van a aflorar esos 25.000
millones, no hay forma de extrapolar los resultados de otras
amnistías”, explica Luis del Amo.
Hacienda admite
que es difícil sentar un criterio para la previsión en este
apartado, al tratarse de economía sumergida, y remite a las
últimas experiencias internacionales. El viernes hubo otro
anuncio del Gobierno para seguir combatiendo déficit, un plan
antifraude para recaudar más de 8.000 millones.
47.000
millones en IVA... ¿sin subir los tipos?
El ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha anotado por el momento la
victoria, dentro del Gobierno, al no haber subido el IVA. Pero
las previsiones del Ejecutivo sobre los que piensa recaudar
por este impuesto este año (47.691 millones de euros, un 3,3%
menos que lo recaudado en el ejercicio anterior) parecen difíciles
de sostener con la economía de nuevo en barrena.
En 2011, los
ingresos por IVA apenas mejoraron un 0,4%, pero gracias al
aumento de los tipos del ejercicio anterior —en julio de
2010 el general aumentó del 16% al 18%— y con un
crecimiento económico —magro, pero crecimiento— del 0,7%
en el año. Este año, en cambio, no cuenta con la repercusión
de la subida de tipos y se estima una bajada del PIB del 1,7%.
La caída del consumo final nacional se agudiza: hay que
comparar el retroceso del 0,7% del año pasado con el del 3,1%
previsto para este. Y con todo este cambio de panorama la caída
de ingresos por IVA que ha calculado Rajoy son esos 2.300
millones menos. ¿Cuadrará? “Con el empeoramiento del
mercado de trabajo, la reducción del consumo y de la compra
de vivienda esa de reducción de IVA tan mínima prevista no
tiene sentido”, apunta Rubio.
¿Dará para
tanto la subida en impuesto de Sociedades?
El Gobierno
espera embolsar 19.564 millones por el impuesto de sociedades.
Son 2.953 más que el año pasado, un aumento del 17,8%. ¿De
dónde salen? La reforma de este impuesto —limita las
deducciones de gastos financieros, elimina la libertad de
amortización— supone una inyección de 5.350 millones,
explican los presupuestos. Los ingresos por sociedades, sin
esta subida, quedarían en 14.214, 2.3397 millones menos que
en 2011. Para Del Amo, esta expectativa de recaudación sí es
realista porque prevé esta reducción excluyendo el efecto de
la subida fiscal.
Pero los
ingresos por Sociedades subieron en 2011 después de tres años
a la baja y ese aumento, de 413 millones (un 2,5%), se debió
exclusivamente a cambios normativos. “Hay una previsión de
caída de real, pero el escenario es mucho peor que en 2011,
dadas las circunstancias la estimación es alta”, apunta
Juan José Rubio. Además, advierte de que la base imponible
se va a verse muy afectada por las provisiones de la banca,
que la reforma financiera sitúa en unos 50.000 millones,
“que van a dejar de tributar”.
Difícil ajuste
en las comunidades autónomas
Todas las
miradas se vuelven hacia —más bien en contra— las
comunidades autónomas. Las de Bruselas y las del mercado. Son
las que más se desviaron del objetivo de déficit en 2011. Y
en ellas reside una de las grandes incertidumbres de las
cuentas de 2012, elaboradas además cuando la práctica
totalidad de los presupuestos autonómicos ya estaban hechos y
aprobados. Así que, tendrán que rehacerse.
La Comisión
Europea, de hecho, pide explicaciones sobre las
administraciones autonómicas antes de su análisis detallado
de las cuentas. En el Consejo de Política Fiscal y financiera
de mayo, por tanto, donde se reúnen los 17 gobiernos autónomos
con el central, se juega buena parte del éxito de este capítulo.
Y no es nada fácil un acuerdo.
Juan Rubio–Ramírez,
de la Universidad de Duke, pone como ejemplo de duda uno de
los datos: Las transferencias de capital del estado a las
autonomías bajarán un 61%, “cuando los que han
presupuestado las comunidades en sus ingresos de capital
representan de media una caída de solo el 12%”. En este
apartado de las cuentas autonómicas también figuran las
transferencias de Bruselas, pero tienen un peso específico
muy limitado.
La inversión
del Estado baja un 24,9% y las transferencias para políticas
concretas (empleo, sanidad o educación) se derrumban un
44,5%. Los Gobiernos autónomos no tienen fácil, al menos políticamente
fácil, aplicar la tijera: seis de cada 10 euros de su gasto público
se van en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Para
Castells, “el discurso político de culpar a las comunidades
autónomas del déficit es absolutamente desproporcionado, es
un discurso erróneo e injusto en función de los gastos que
les corresponden”.
Hacienda apela a
que “no se puede alcanzar un objetivo de estabilidad
presupuestaria a nivel nacional sin tener en cuenta que más
de la mitad del gasto público se gestiona por las
administraciones territoriales”. Y asegura que medidas como
la subida del IRPF o del IBI ayudarán ayuntamientos y
comunidades. Además, la entrada en vigor de la normativa de
estabilidad presupuestaria, que busca controlar la disciplina
fiscal autonómica y prevé castigar a las comunidades
incumplidoras.
Dudas sobre los
gastos financieros
A España se le
irán este año en intereses de la deuda unos 28.848 millones
de euros, lo que equivale al 2,75% del PIB y un 5,3% más que
el año pasado. Para José Luis Martínez Campuzano, estratega
de Citi, “es un incremento razonable, habrá pocas
desviaciones porque se calcula sobre el tipo de medio de las
emisiones que vencen en 2012”. Este tipo queda en el 3,47%.
La incertidumbre
en este capítulo tiene que ver con la volatilidad de los
mercados y la deuda a corto plazo. Cuando el Gobierno aprobó
los presupuestos, la prima de riesgo española (el sobreprecio
que pagan los bonos a 10 años respecto a los alemanes) estaba
en 355 puntos básicos (o 3,5 puntos porcentuales), pero esta
semana tocó hasta los 433, y el interés rozó el 6%. Si sube
el interés en el mercado tiende a encarecerse la subasta de
deuda del Tesoro, algo que se paga en ejercicios futuros
cuando se trata de bonos a partir de 12 meses, pero afecta a
las letras de muy corto plazo. Aun así, Marisa Mazo, de
Ahorro Corporación, apunta que la subida en esas subastas no
deja de ser “el chocolate del oro en el total del gasto”.
“Son
unos presupuestos de guerra”. El ministro de Exteriores,
García Margallo, recurrió al drama para explicar el ajuste más
duro de la democracia: 27.300 millones. Más o menos bélicos,
con más o menos lagunas, el problema de estas cuentas es que
las de 2013 tendrán que abordar el mismo reto, o mayor, si
los de 2012, al final, no cuadran.
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