El británico Guillermo por supuesto que sí. El que se abstuvo fue el de Bahrein, Salman bin Hamad al Khalifa, uno de los 40 monarcas convidados: pretextó que la situación interna del país no le permitía asistir, aunque no aclaró que la ha creado él mismo. Lo cierto es que la pareja real padeció manifestaciones y la crítica de varios medios ingleses por invitar al príncipe bahreinita, vicecomandante supremo de las fuerzas armadas y maestro en reprimir a sus connacionales. Claro que, en este caso, como en el de Siria, difícilmente la ONU autorizará una intervención militar “para proteger a los civiles”.

Más de treinta han muerto desde que el 14 de febrero se iniciara en las calles el reclamo de democracia en Bahrein: la policía balea a mansalva a la multitud y la violencia se ha redoblado desde que el 16 de marzo entraron en la isla fuerzas armadas de otros países del Golfo al mando de militares saudíes. Hay varios miles de heridos, más de mil detenidos o “desaparecidos”, médicos, enfermeras, abogados, defensores de los derechos humanos, incluso blogueros como Faisal Hayat y sobre todo miembros de la mayoría chiíta, siempre acosada por la realeza sunnita. Cuatro personas fallecieron en la tortura, entre ellas Karim Kakhrawi, fundador de Al Wasat, el primer –y único– periódico independiente del reino (www.cpj.org, 12–4–11). Puede parecer poco a los afectos a los números, sólo que Bahrein tiene apenas 700 mil habitantes.

Los militares toman hospitales, golpean al personal, impiden la atención de los heridos y no vacilan en llevarse a los enfermos. Así ocurrió el martes en el centro de salud Aali sito en Manama, la capital. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU y organismos como Human Rights Watch y Médicos sin Fronteras condenaron estos crímenes con nulo resultado. No parece posible que Washington y Londres los ignoren: en Bahrein se asienta la Quinta Flota de EE.UU., encargada de asegurar la hegemonía geopolítica de Occidente en la petrolífera región.

La Casa Blanca y Downing Street no dicen una palabra sobre el tema y “lo más probable es que esos gobiernos hayan dado su aprobación para que se reprima al movimiento”, aventura Finian Cunningham, corresponsal de Global Research en Medio Oriente. Pocos días antes de la intervención militar dirigida por Arabia Saudita, el jefe del Pentágono, Robert Gates, y el principal asesor de seguridad de Gran Bretaña, Sir Peter Ri–cketts, mantuvieron reuniones por separado con el rey de Bahrein y con su hijo. Es natural: la base de la Quinta Flota no puede ni debe ser perturbada. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se suma a los argumentos y atribuye las demandas de la oposición bahreinita a “la injerencia iraní”.

El príncipe Salman al Khalifa confirmó de entrada su asistencia a la boda, pero las protestas de la prensa y la opinión pública británicas lo desinvitaron: “Esperaba que el Reino de Bahrein tuviera una representación de alto perfil en ese encantador acontecimiento, como reflejo de la amistad que une a nuestros países, pero la situación imperante en Bahrein me impide asistir”, explicó (www.bangkokpost.com, 25–4–11). La oficina de prensa del príncipe Guillermo emitió un comunicado para responder a los reproches recibidos: “Nos atuvimos al antiguo protocolo de invitar a todas las testas coronadas del mundo y a la opinión del Foreign Office” (www.middleest–online.com, 25–4–11). No todos se mostraron conformes con esta explicación.

Graham Smith, jefe del grupo apartidario y antimonárquico Republic, manifestó que la lista de invitados parecía el “Who is who de los tiranos y sus cómplices”: no sólo figuró la casa real de Bahrein sino también las de Arabia Saudita, Brunei, Qatar, Lesotho, Bhután, Kuwait, Omán y Swazilandia. “¿Qué ha sucedido con la presuntamente vigorosa conciencia social de Guillermo?”, preguntó al exigir que se las quitara de la lista. No sucedió, quién puede contra el protocolo.

Bahrein fue un protectorado británico desde 1820 hasta 1971, año en que Londres le otorgó una independencia más bien formal: muchos agentes de las fuerzas de seguridad instaladas por Gran Bretaña permanecieron en sus puestos, involucrándose en las políticas represivas del régimen. Su jefe, el coronel de policía Ian Henderson, ejerció el cargo de 1968 a 1998 y se ganó el título de “El carnicero de Bahrein”. Se estima que todavía influye en la materia como asesor del rey.

Una corte marcial condenó el jueves pasado a siete presuntos opositores, cuatro a muerte y tres a prisión perpetua, acusados de asesinar a dos policías “con fines terroristas”.

Es la primera vez que siete civiles son sometidos a la Justicia militar y aún se desconoce dónde y cómo fueron secuestrados, hace semanas ya. El gobierno prohibió que recibieran algún asesoramiento legal y que los visitaran sus familias (www.peacebahrain.com, 28–4–11). Es costumbre en ciertos invitados a la boda de la pareja real.

Recrudece el terrorismo de Estado en Bahrein

Redadas nocturnas, ataques a manifestantes pacíficos a plena luz del día, arrestos en masa, secuestros en vehículos sin identificación y una fuerte censura a los medios de prensa llevan rápidamente a Bahrein al abismo de la impunidad, alertaron analistas.

El régimen sunita del rey Hamad bin Issa Al Khalifa lleva adelante desde hace semanas una severa represión contra un movimiento opositor de mayoría chiita.

La población bahreiní ve de cerca el rostro siniestro de una monarquía desesperada por mantener el poder en el marco de la ola de levantamientos populares árabes. El Consejo de Cooperación del Golfo colaboró con el régimen enviando a más de 1.500 soldados para reprimir.

"Lo que estamos viendo hoy (en Bahrein) es como lo que vivió Estados Unidos durante los años 50 en el macartismo (caza de brujas anticomunista liderada por el entonces senador Joseph McCarthy)", dijo Muneera Fakhro, líder del partido izquierdista bahreiní Wa’ad, a periodistas, activistas y políticos reunidos en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, con sede en Washington.

Al hablar por teleconferencia el martes desde Bahrein, Fakhro –cuya casa fue atacada dos veces desde que comenzaron las protestas– informó que 30 personas han muerto, casi 500 están detenidas y cientos desaparecidas.

"Tenemos que detener de inmediato esas atrocidades con la ayuda de organizaciones internacionales", señaló.

Tras haber enviado a comienzos de este mes un grupo de expertos a Manama, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional indicó la semana pasada que la crisis en Bahrein había alcanzado un nivel de suma gravedad.

El grupo además instó a los gobiernos de Occidente, que intervinieron en el caso de Libia, a actuar rápidamente también en Bahrein si no querían ser acusados de selectividad política e hipocresía.

Mientras, en su informe Perspectiva Económica Regional para Medio Oriente y Asia Central (MECA) divulgado este miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó sus esperanzas de que la economía exportadora petrolera bahreiní creciera 4,9 por ciento este año.

Al presentar el informe en Dubai el martes, el director del Departamento del MECA del FMI, Masood Ahmed, opinó que, en el largo plazo, los levantamientos populares podrían "impulsar a las economías en la región al fijar una agenda de crecimiento más inclusiva, mejorando la gobernanza y proveyendo mayores y más igualitarias oportunidades para sus joven y creciente población".

Sin embargo, parece claro para la mayoría de los observadores que, a menos que el régimen bahreiní atienda las demandas más básicas de su impaciente población, hay pocas posibilidades de estabilidad o de crecimiento, particularmente a la luz de la última ola de represión.

Desde que las fuerzas del rey expulsaron a los manifestantes de la plaza Pearl –la equivalente bahreiní a la ya legendaria plaza Tahrir en El Cairo–, el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y a veces fuego real fue reemplazado por arrestos arbitrarios, persecución y la elaboración de una lista negra de opositores.

El rey declaró estado de emergencia el 14 de marzo, justo cuando Arabia Saudita enviaba tropas para colaborar. Desde entonces, los bahreiníes están expuestos a un poder arbitrario que incluso creó tribunales especiales para juzgar a "enemigos del Estado".

Grupos de derechos humanos advirtieron crecientes ataques contra trabajadores calificados y la clase media en general, no sólo activistas o estudiantes. Ahora también médicos, abogados, empresarios, académicos y periodistas son encarcelados o vigilados por el aparato de seguridad del régimen.

Un representante de la Federación General de Sindicatos de Bahrein señaló la semana pasada que de los 1.200 despidos de profesionales producidos en los últimos días, más de 920 eran por motivos políticos. No obstante, portavoces del régimen insisten en que los empleados en cuestión "no cumplían con sus deberes".

Según el periódico estadounidense The Washington Post, maestros han sido detenidos y encapuchados frente a sus propios estudiantes, y los que han sido interrogados sufrieron maltratos.

La organización Médicos para los Derechos Humanos documentó el arresto de más de 30 profesionales de la salud, mientras que Amnistía Internacional informó que, hasta el 12 de este mes, el Ministerio de Educación había despedido a casi 120 funcionarios.

"No compararía esto con el macartismo, que era más bien caza de brujas. Creo que (lo que estamos viendo en Bahrein) es una táctica política anticuada que es mucho peor", dijo a IPS el analista Gregory Gause, profesor de ciencia política en la Universidad de Vermont.

"Quizás la pérdida del empleo por convicciones políticas es lo que trae la comparación con el macartismo, pero me parece que esto va mas allá. ¿Cuántos objetivos de McCarthy terminaron en prisión?", preguntó Gause, autor del libro "The International Relations of the Persian Gulf" (Las relaciones internacionales del Golfo Pérsico).

Mientras, organizaciones de derechos humanos presionan a los gobiernos de Occidente para que pongan fin a la impunidad y defiendan a la población civil bahreiní.

El presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, Richard Trumka, le escribió la semana pasada al secretario de Defensa, Robert Gates, exigiendo una "urgente intervención política… para detener el descenso (de Bahrein) a una dictadura".

Trumka añadió que los sindicatos bahreiníes eran esenciales para una sociedad saludable y pluralista.

Considerando que ese país del Golfo es base de la Quinta Flota estadounidense, Trumka insistió en que Washington debería exhortar a Manama a que pusiera fin a la "represión extraordinaria que ocurre en el umbral de una de las más grandes instalaciones militares estadounidenses".

"Cualquier respuesta menor a esta crisis socava nuestra autoridad moral", alertó.