Israel autoriza deportaciones masivas de Cisjordania

No es ciencia ficción, sino la nueva realidad a la que se enfrentan los 2,5 millones de palestinos de la Cisjordania ocupada. A partir de ahora todos ellos necesitarán un permiso israelí para poder residir en Cisjordania, incluso aquellos que nacieron allí o cuyas familias llevan siglos asentadas en el territorio. De otro modo, se exponen a ser deportados o a purgar entre tres y siete años de cárcel. Así lo estipulan dos nuevas órdenes emitidas por el Ejército israelí que entraron ayer en vigor. Según la Autoridad Palestina, «son más propias de un Estado del apartheid».

Las nuevas ordenanzas cambian la definición del término «infiltrado», vigente desde 1969, dos años después del inicio de la ocupación militar. A partir de ahora cualquiera que no cuente con el mencionado permiso podrá ser acusado como tal y deportado en 72 horas. Pero la ley es tan ambigua, según los expertos, que se desconoce a qué permiso se refiere. Ni siquiera las organizaciones de derechos humanos israelís saben si servirán la tarjetas de identidad cisjordana emitidas por la ANP para validar la residencia.

«No sabemos si lo van a hacer, pero la ley es tan abierta que da pie a deportaciones masivas», asegura la abogada del Centro de la Defensa del Individuo (Hamoked), Alba Kolan. En los Acuerdos de Oslo, Israel reconoció la unidad territorial palestina, pero todas sus políticas están dirigidas a romperla. En los últimos años el Ejército ha intentado expulsar de Cisjordania a cientos de palestinios de Gaza, pero los tribunales civiles israelís han frenando la mayoría de casos. «Tuvimos mucho éxito hasta ahora, pero esta orden dificultará la defensa legal de los afectados», explica Kolan.

Israel también ha logrado separar de facto Cisjordania de Jerusalén Este, donde es necesario un permiso especial para entrar, y reducir así la población árabe de la ciudad. Casi 5.000 palestinos fueron deportados de Jerusalén en el 2008, como parte de una lenta y silenciosa campaña de limpieza étnica.

Palestinos afrontan deportaciones masivas y
encarcelamiento en virtud de nueva orden israelí

Las Fuerzas Armadas israelíes están promulgando una nueva orden esta semana que podría provocar la expulsión o el encarcelamiento de decenas de miles de palestinos en el territorio ocupado de Cisjordania.

En virtud de esta orden, cualquier palestino o extranjero que se encuentre en Cisjordania sin un documento de identidad emitido por Israel podría ser deportado o encarcelado por hasta siete años.

Se prevé que, de imponerse esta orden, entre los primeros blancos se encontrarían los palestinos que viven en Gaza o los cónyuges de los mismos nacidos en el extranjero.

En una declaración, una coalición de diez grupos de derechos humanos israelíes, entre ellos B’Tselem y Rabbis for Human Rights (Rabinos por los Derechos Humanos, en español), exigió que se revocara esta política, alegando que “Las órdenes (…) están redactadas en términos tan generales que teóricamente permitirían que las Fuerzas Armadas sacaran de Cisjordania a prácticamente todos sus habitantes palestinos”.

Entra en vigor en Israel una ley que permite
deportaciones en masa en Cisjordania

Jerusalén (Agencias).– Una ley militar israelí cuya vaga formulación abre la puerta a deportaciones masivas en el territorio ocupado de Cisjordania ha entrado hoy en vigor, a pesar entró hoy en vigor, pese a las protestas de dirigentes palestinos y de oenegés locales. Aprobado hace seis meses, el texto legal flexibiliza la definición de "infiltrado" en Cisjordania y permite al Ejército israelí expulsar a todos los residentes que no tengan "permisos válidos" emitidos por las autoridades del Estado hebreo.

El enunciado es tan genérico que, según alertan diversas oenegés, convierte en potencial delincuente a todo residente en Cisjordania, a excepción de los colonos judíos, que en su inmensa mayoría tienen ciudadanía israelí. "La nueva definición de infiltrado es tan genérica que convierte virtualmente a cualquier persona presente en Cisjordania en un posible delincuente candidato a la deportación", ha denunciado el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR).

El Ejército israelí se ha apresurado a aclarar que "evidentemente la norma no se aplica a los residentes legales en la zona, que están inscritos en el censo", sino a quienes "entren o se queden en ella sin permiso". Además ha asegurado que se trata solo de una enmienda para incorporar una "revisión judicial" a una ley que permite "la repatriación de residentes ilegales bajo un proceso administrativo que no requiere supervisión judicial".

De acuerdo a su definición desde 1969, los "infiltrados" eran las personas que permanecían ilegalmente en territorio israelí tras pasar por alguno de los países entonces considerados enemigos: Jordania, Egipto, Siria y Líbano (los dos últimos lo siguen siendo). El nuevo enunciado da luz verde al encarcelamiento durante un máximo de siete años o a la deportación de aquellas personas residentes en Cisjordania sin permiso, que se estiman en decenas de miles.

En este supuesto se encontrarían, por ejemplo, de aquellos habitantes de Cisjordania, donde viven unos dos millones y medio de palestinos, en cuyo documento de identidad figure como lugar de residencia la franja de Gaza. También es el caso de palestinos nacidos en Cisjordania pero que por diversas razones perdieron su residencia o de las esposas de palestinos que nacieron en el extranjero. Así, y según las estimaciones del PCHR, miles de palestinos corren el riesgo de ser expulsados de sus hogares.

Advertencia de Erekat

Otro de los elementos polémicos de la ley es que, pese a que según el Ejército trata de introducir protección jurídica, en la práctica los plazos pueden imposibilitar la comparecencia del afectado ante un juez antes de la deportación. Mientras que la expulsión puede efectuarse apenas tres días después de su aprobación, la audiencia sobre el caso puede retrasarse hasta ocho días después de la orden, cuando ya sería demasiado tarde.

El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, ha asegurado hoy en una entrevista que la nueva norma militar supone una "declaración oficial de la transformación de la ocupación (israelí) en un régimen de apartheid". Erekat, uno de los principales asesores del presidente palestino, Mahmud Abbás, ha advertido de que este tipo de medidas "empujan a los palestinos a la violencia, el extremismo y el derramamiento de sangre" y "sabotean los esfuerzos" por reactivar el proceso de paz en Oriente Medio, interrumpido desde hace 10 meses.

Prohibido informar sobre asesinatos selectivos

Ramalah.– Una periodista israelí continúa bajo arresto domiciliario y otro se ve obligado a vivir en el exterior tras informar que unidades encubiertas de su país llevaban a cabo asesinatos selectivos de oponentes políticos no combatientes.

Anat Kam, de 23 años, quien trabajaba para el sitio web de noticias Walla, fue arrestada en diciembre por supuestamente haber copiado documentos secretos de las Fuerzas de Defensa Israelíes cuando cumplía servicio militar obligatorio.

Esos documentos revelaban cómo escuadrones israelíes planeaban asesinar a combatientes y a líderes políticos civiles palestinos, y luego hacer pasar sus muertes como "percances" durante "fracasados" intentos de arresto.

Uri Blau, del diario Haaretz, escribió entonces un artículo sobre los documentos. Ahora permanece en Gran Bretaña y se niega regresar a Israel por temor a que lo arreste la agencia de inteligencia de su país, la Shin Bet.

Por orden militar, las noticias sobre este caso han sido suprimidas en los medios, a pesar de iniciativas de periodistas ante la justicia para que se revierta la medida.

El tema fue cubierto también días atrás por el periodista Donald McIntyre, del diario británico Independent.

Esto volvió a generar controversia sobre las ejecuciones extrajudiciales realizadas por Israel, que violan el derecho internacional y han causado la muerte o herido a miles de civiles palestinos.

El sistema judicial israelí ha aprobado los "asesinatos selectivos" pero sólo contra combatientes involucrados en la planificación de ataques armados contra soldados o civiles de Israel.

El Centro Palestino para los Derechos Humanos en Gaza (PCHR) señaló que, entre septiembre de 2000 y marzo de 2008, fueron ejecutados 500 palestinos acusados de estar involucrados en acciones de resistencia contra la ocupación.

El "daño colateral" durante esos asesinatos fue la muerte de otros 228 transeúntes civiles, 77 de los cuales eran niños y niñas. Once palestinos han sido asesinados en los últimos dos años.

"Israel usa una fuerza desproporcionada. Civiles están pagando el precio. En la abrumadora mayoría de los casos, los individuos elegidos como objetivo pudieron haber sido arrestados o llevados a juicio sin ser asesinados. Muchos de ellos han sido ejecutados a sangre fría", dijo a IPS

"El derecho a la vida en la ley internacional indica que las autoridades estatales están obligadas a seguir el debido proceso cuando están en posición de arrestar a individuos", dijo Michael Kerney, de la organización Al Haq, con sede en Ramalah, que investigó y documentó muchos de los asesinatos.

"Todos tienen derecho a un juicio justo, y ningún Estado puede ignorar eso", dijo Kerney a IPS.

Algunos de los ejecutados eran individuos que habían sido "perdonados" por los israelíes tras haber aceptado renunciar a la lucha armada contra la ocupación.

En diciembre pasado, tres disidentes de las Brigadas de Mártires de Al Aqsa fueron asesinados a tiros en la norteña localidad cisjordana de Naplusa tras la muerte de un colono judío.

Según sus familias y las investigaciones de organizaciones por los derechos humanos, ya se habían rendido y estaban desarmados a pesar de las afirmaciones israelíes de que se resistían al arresto.

"Al no poder presentar ninguna evidencia que vincule a los individuos con ataques supuestamente cometidos por miembros de la resistencia palestina, así como no utilizar medios pacíficos para detener a sospechosos, los soldados han asumido el papel de jueces y de verdugos", señaló Al Haq.

Semanas atrás, cuatro adolescentes palestinos murieron bajo circunstancias poco claras en dos incidentes separados, en las aldeas de Awarta e Iraq Burin, cerca de Naplusa.

Fueron asesinados a tiros después de que se produjeran combates entre jóvenes palestinos y soldados israelíes. De acuerdo con informes médicos, recibieron los disparos a corta distancia.

Sin embargo, no habían participado de los enfrentamientos, según investigaciones realizadas por Al Haq, el PCHR y el grupo israelí defensor de los derechos humanos B’tselem.

Uno recibió disparos en la espalda y otro en la nuca, a pesar de que los soldados israelíes afirmaron haber usado munición no letal.

Después de que los soldados involucrados dieran testimonios contradictorios, la policía militar israelí anunció que investigaría el caso.

Cuando IPS visitó hace una semana uno de los escenarios de los incidentes pudo encontrar aún en el suelo unos 20 cartuchos de bala usados, guantes de latex con sangre, un botiquín con solución salina y otros elementos de evidencia.

Nada de esto es nuevo. Israel tiene antecedentes en el asesinato de oponentes políticos

En 1944, la organización terrorista israelí Leji conocida como "la banda de Stern" por su fundador, Abraham Stern, asesinó a Lord Moyne, ministro de Gran Bretaña para Medio Oriente y gobernador militar de Egipto, acusándolo de interferir con la migración de judíos a Palestina.

En 1948, el conde Folke Bernadotte, diplomático sueco que permitió la liberación de 15.000 prisioneros de guerra en campos se concentración nazis cuando se desempeñaba como vicepresidente de la Cruz Roja de su país, fue también asesinado por Leji.

Los miembros del grupo de Stern creían que Bernadotte, como mediador de la Organización de las Naciones Unidas en el conflicto de Medio Oriente, simpatizaba con los árabes. Isaac Shamir, quien luego se convertiría en primer ministro de Israel (1983–1984 y 1986–1992), fue uno de los líderes de Leji.