Basta de persecución a los luchadores
El gobierno de Cavallo-De la Rúa ha desatado un nuevo golpe a los trabajadores, el plan “déficit cero”, al que cínicamente lo presentan como un ahorro para “vivir con lo nuestro”. En realidad, los que viven con lo nuestro son los banqueros y los grandes empresarios, que son los que tienen los papeles de la deuda que el pueblo trabajador paga con desocupación y salarios de hambre. Pero no son sólo recortes, ajustes, y desocupación. Para imponer estas medidas, el “democratico” De la Rúa es cada vez más antidemocrático y represivo. Con la “ley” en la mano y el garrote en la otra persigue, encarcela y llegó a asesinar (ya se cobró la vida de 5 jóvenes) por el “delito” de luchar por una vida más digna. Todo esto justificado con el argumento de que “los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro”.
El cinismo de los políticos y los jueces patronales no tiene límites. ¿Cuánto hace que el “derecho” del FMI a cobrar una deuda trucha avasalló el derecho de cobrar la jubilación, de estudiar o de curarse? ¿Cuánto hace que el “derecho” de los empresarios a buscar ganancias avasalló el derecho de un salario digno? ¿Cuánto hace que el derecho a trabajar ocho horas fue violado por los empresarios que desocupan y superexplotan? ¿Cuánto hace que fue violado el derecho a voto, ya que gana De la Rúa y gobierna Cavallo?
El gobierno quiere que los trabajadores luchen sin molestar a nadie. Si una lucha no molesta a nadie no es una lucha, es un paseo, y hace tiempo que el “derecho” de los empresarios a despedir y bajar sueldos terminó con el derecho al esparcimiento de los trabajadores y los sectores populares. No hay “derecho”; esta democracia es de y para los ricos. Sólo los trabajadores podemos imponer otra democracia, una democracia desde abajo controlado en forma directa por los trabajadores.
Basta del derecho del Gobierno capitalista a encarcelar a todos los que luchan contra el hambre que ellos nos imponen para su beneficio.
Toda lucha debe estar encabezada por el reclamo de libertad a todos los compañeros presos: Emilio Alí, Raúl Castells, José Barraza, Raineri, Gil, y a los 58 miembros del Movimiento Teresa Rodríguez encarcelados el 3 de agosto pasado (ver aparte)
Por el desprocesamiento de los más de 2800 presos por luchar y por el inmediato cese de persecuciones.
Presentamos una síntesis de la información brindada por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que junto a otras organizaciones de derechos humanos ha asumido la defensa legal.
El
viernes 3 de agosto varios centenares de integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez
(MTR) de Florencio Varela se concentraron frente al Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires para reclamar el pago de planes “Barrios
Bonaerenses” atrasados y otras cuestiones vinculadas a la supervivencia de los
desocupados. Luego de varias reuniones a lo largo de la mañana, finalmente
el ministro planteó a los desocupados que el lunes continuarían conversando y
les daría una solución, pidiendo como muestra de buena voluntad que se
retiraran del lugar sin divulgar los detalles del acuerdo para no “quemarse”
políticamente.
La
columna se dirigía hacia la estación de tren de La Plata cuando los compañeros
advirtieron la presencia entre ellos de individuos, armados con palos blancos y
varillas de hierro, que no pertenecían al Movimiento. Apenas tuvieron tiempo de
hacerlo notar a los jefes del operativo policial que los rodeaba, cuando estas
personas, de civil, provocaron incidentes destrozando elementos de la vía pública
y agrediendo manifestantes. En segundos, policías de uniforme y de civil
detuvieron a 58 compañeros, resultando muy evidente la forma en que un grupo de
no uniformados cayó sobre el “Negro” Martino, procediendo a su detención.
Participaron fuerzas de Caballería e Infantería de la policía, que dispararon
balas de goma y golpearon a los manifestantes, incluso a los niños que habían
ido con sus padres.
El fiscal interviniente requirió del juez de garantías la indagatoria de los 58 detenidos por los delitos de coacción agravada y atentado a la autoridad, este último supuestamente cometido en el momento de sus detenciones. La víctima de la coacción sería el ministro de Trabajo Aníbal Fernández, quien declaró en el ínterin (antes e inmediatamente después de las detenciones) que en ningún momento fue presionado ni amenazado, y que la conversación se manejó en términos amables.
Como primera muestra del perfil de la instrucción: Fernández, la presunta víctima, sólo formuló la denuncia a las 15.30, pero los manifestantes fueron arrestados a las 13 horas. La policía y el fiscal Leandro Heredia se muestran clarividentes: dos horas y media antes de que hubiera cualquier denuncia procedieron a detener a casi 60 personas. En un proceso plagado de aberraciones, el fiscal Leandro Heredia le preguntó, a cada uno de los detenidos, sistemáticamente, si había banderas rojas en la manifestación. Queda claro el papel que han asumido fiscales y jueces, avalando decretos y leyes de ajuste totalmente inconstitucionales y tomando el lugar de represores y no de garantes del ejercicio ciudadano del derecho consagrado por la Constitución y las convenciones internacionales. Acciones como éstas se enmarcan en una política represiva creciente, que implementan tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales decididos a asegurarles a los bancos, grandes empresas y agencias financieras internacionales la continuidad de las ganancias. La vía es criminalizar la protesta social y someter con el hambre y la desocupación a la mayoría del pueblo argentino.