No a la “Ley Marco”

La Constitución debe decidirla el pueblo

Por Aquiles Izaguirre
El Socialista Centroamericano (*) Nº 60, enero 2007

A comienzos de enero del año 2005, el PLC y FSLN aprobaron legislatura las reformas constitucionales que disminuían asignadas al Poder Ejecutivo, representado en ese momento Bolaños, transfiriendo nuevas facultades a la Asamblea Nacional, controlada por el pacto entre el PLC y el FSLN.

El sandinismo siempre manejó un plan alternativo, previendo una posible perdida de las elecciones presidenciales de noviembre del 2006, promoviendo la reforma constitucional del año 2005 con el objetivo de mantener y aumentar sus cuotas de poder a través de su inmutable cantidad de diputados en el poder legislativo. Así podría nombrar funcionarios, que antes eran nombrados por la Presidencia de la Republica, además de presionar al gobierno de turno por medio de la ratificación del gabinete así como interpelando y destituyendo a los ministros y altos funcionarios cuando la Asamblea Nacional lo deseare.

El PLC, por su parte, necesitaba darse un respiro ante la embestida Imperial contra el grupo de Arnoldo Alemán y sus allegados, y esto solo lo podía lograr acuartelándose en las instituciones cuya repartición negoció con el sandinismo. Arnoldo Alemán, máximo líder del PLC, aprobó las reformas constitucionales para obtener recursos de las instituciones, brindándole trabajo a sus cuadros, alimentado a su clientela política. Y por supuesto, nunca dejo de soñar en el sentido que cediendo espacios y cutas de poder ante el Frente Sandinista, este permitiría pasar de la libertad condicional en el departamento de Managua a su liberación definitiva Las reformas aprobadas por sandinistas y liberales, originaron una crisis política, ya que el presidente Enrique Bolaños se opuso rotundamente a los cambios a la Constitución. Su principal argumento fue que las reformas constituían un "golpe de estado técnico", debido a que cambiaban el régimen político del país y lo convertía en un sistema semi–parlamentario. En estas condiciones, Bolaños no quiso apoyarse en las masas y resistió un corto periodo, apoyándose en la solidaridad del imperialismo norteamericano, en la Unión Europea y la OEA. Al final, como era previsible, Bolaños sea arrodilló, abandonó las aspiraciones democráticas de las masas que se oponían al pacto FSLN–PLC, firmó la Ley Marco, y las reformas constitucionales fueron suspendidas hasta el 20 de Enero de 2007.

El cambio en la relación de fuerzas

En las elecciones del 4 de Noviembre, Daniel Ortega Saavedra resultó electo presidente de Nicaragua. Antes los resultados, resultó curioso que Daniel Ortega declarara en conferencia de prensa "que su gobierno mantendrá las reformas constitucionales que reducen los poderes del presidente y que obligan al Ejecutivo a consultar al Legislativo para el nombramiento de funcionarios y la regulación de los servicios básicos" (El Nuevo Diario 08/11/06).

Sin embargo, como era de esperarse, el FSLN realizó un acostumbrado giro político, negándose a automutilarse las cuotas de poder político del Presidente de la Republica.

Resulta obvio que el panorama ha cambiado drásticamente a favor del sandinismo. Ahora que es Presidente de la republica, Daniel Ortega no esta dispuesto a gobernar con una Constitución que le resta facultades y poderes.

Debido a que el Presidente Daniel Ortega fue electo solo por un 38% de los votos validos y un 23 % del padrón electoral, encabeza un gobierno relativamente débil, por que las dos facciones liberales (PLC y ALN) son mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora resulta que el FSLN aspira a gobernar con un régimen político que le otorgue más poderes al Presidente de la republica, sin ningún obstáculo o control de los otros poderes del estado, muchos menos de la ciudadanía que mayoritariamente voto en contra, a favor de otras opciones.

Estas son las verdaderas causas por las cuales Daniel Ortega y el FSLN decidieron dar marcha atrás, y no es como declaró el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez "con el objetivo de crear condiciones positivas para abrir un dialogo que se necesita sobre las reformas" (El Nuevo Diario 17/01/07).

Intereses en juego

¿Que ha pasado desde entonces? El FSLN inicio negociaciones secretas con Eduardo Montealegre y ALN y para la sesión del día viernes 19 de Enero, la bancada sandinista, junto a los diputados de ALN, votaron a favor de la postergación de la entrada en vigencia de las reformas constitucionales del año 2005, aprobando una nueva Ley Marco.

La bancada de ALN representa políticamente a un sector de la burguesía financiera que necesita estabilidad en las instituciones del Estado burgués, sus diputados persiguen la seguridad y estabilidad macroeconómica, aunque esto signifique cederle espacios políticos al sandinismo. Así vemos a un Eduardo Montealegre declarando que: "lo importante es que nos sentemos a discutir aquellas reformas que este país necesita (...) Es importante que haya una prórroga para que no entren en vigencia, tanto las reformas constitucionales como las diferentes instituciones que fueron congeladas con la Ley Marco" (La Prensa 19/01/07).

Lo significativo de ALN es su deseo de darle gobernabilidad al Estado burgués, sobre todo porque esta gobernabilidad, significa la estabilización del clima financiero que tanto necesita el sector burgués vinculado a Montealegre.

El caso del PLC es diferente al de sus "hermanos liberales"

En primer lugar, porque dejo de ser la fuerza mayoritaria y, aunque tiene algunos diputados mas que ALN, a nivel presidencial quedó en tercer lugar. Sus diputados se redujeron a la mitad. En segundo lugar, sus necesidades difieren de las de ALN, porque el PLC depende más del saqueo directo al Estado, necesitan de los jugosos salarios de los puestos públicos, la veta del clientelismo político que les permite mantener la fidelidad del grupo de allegados incondicionales a su partido.

La entrada en vigencia de las reformas constitucionales, significa para los Liberales Constitucionalistas, obtener cuantiosos ingresos de los puestos que ya habían negociado con el FSLN, con anterioridad a las elecciones.

Ante este nuevo escenario político, donde la ALN vota al FSLN para prorrogar la entrada en vigencia de las reformas constitucionales, observamos la formación de bloques antidemocráticos que deciden los destinos del país por una negociación de cúpulas partidarias, sin tomar en cuenta el sentimiento de la mayoría de la población.

Comisión especial para las reformas

La nueva Ley Marco mando a crear una Comisión Especial para discutir las nuevas reformas constitucionales, la cual se encuentra presidida por Edwin Castro del FSLN y la integran los diputados Wálmaro Gutiérrez, Wilfredo Navarro, Maximino Rodríguez, Eduardo Gómez, Jorge Matamoros y Juan Ramón Jiménez.

Como podemos observar, la intención de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, es discutir entre ellos las futuras reformas constitucionales. Ninguno ha planteado la necesidad de consultar al pueblo sobre los cambios que deben realizarse a la Constitución. Wilfredo Navarro del PLC nos dice: "los intereses del PLC en unas futuras reformas constitucionales serían juntar las elecciones municipales con las presidenciales, reducir el período presidencial, reducir las estructuras del Estado, el número de diputados y eliminar la figura de los diputados nacionales" (El Nuevo Diario 26/01/06).

Las declaraciones de Navarro, reflejan el sentir y actuar de todos los partidos burgueses. Siempre privilegian el beneficio de su partido sobre los intereses de la población trabajadora, para ellos no es necesario someterse a la voluntad populares.

Por una Asamblea Constituyente que reorganice al país

Las reformas constitucionales suspensas por las dos Leyes Marco, son producto del pacto en la superestructura entre el PLC y el FSLN, nunca fueron consultadas con la población, por tanto son antidemocráticas y solo representan los intereses de los partidos burgueses.

Una nueva Constitución debe ser discutida por toda la población, y solo el pueblo es el único facultado para aprobarla o rechazarla.

Nicaragua requiere una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente debe ser libre y soberana.

Todas las fuerzas políticas y sociales del país deben estar representadas, a través del voto democrático. Para evitar que caiga en manos de los grupos económicos de la burguesía, se requiere garantizar la participación de las organizaciones obreras y las que se reclamen del socialismo, de aquellos que luchamos contra el capitalismo que ha adquirido la nueva variante de "neoliberalismo social". (ver articulo) Para convocar a una Asamblea Constituyente es necesario reformar las leyes e instituciones con el objetivo de garantizar la amplia participación democrática de la población, especialmente de los trabajadores y los pobres.

Se debe reformar la actual Ley Electoral por que es antidemocrática y no permite la participación de otros actores que no sean los partidos del pacto entre el FSLN y el PLC.

En la actualidad, la Ley Electoral esta diseñada para que solo los partidos con enormes recursos económicos puedan participar en las elecciones, haciendo virtualmente imposible que cualquier partido independiente pueda entrar en el juego electoral. Este esquema es el que ha provocado que las organizaciones y partidos deban sus votos e independencia al grupo económico que los patrocina para su inscripción en los comicios.

La nueva ley electoral debe permitir la inscripción en los procesos electorales los candidatos de suscripción popular, para que los ciudadanos puedan postularse libremente para optar a un cargo público.

(*) Publicación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Nicaragua.