A diez años del "Acuerdo de Paz Firme y Duradera"

Por Armando Tezucún
El Socialista Centroamericano, Nº 60, enero 2007

Guatemala.– El 29 de diciembre recién pasado se cumplieron diez años de la firma del último de los acuerdos entre la guerrilla de la URNG y el Estado guatemalteco para poner fin al conflicto armado que duró 36 años. Este acuerdo culminó un proceso de diez años de negociaciones que dio vida a diferentes documentos tendientes a solucionar las causas que provocaron el surgimiento de la guerrilla.

Con ocasión del aniversario se produjo una lluvia de pronunciamientos de toda clase de organizaciones e instituciones opinando sobre el acontecimiento. Desde los auto elogios del gobierno por supuestos logros en el cumplimiento de los acuerdos, hasta ONGs y partidos de izquierda (incluyendo por supuesto a la URNG), que reclaman la falta de voluntad de los gobiernos que se han sucedido desde 1996 y de las clases dominantes, para cumplir los compromisos.

La naturaleza de los acuerdos de paz

En términos generales, el contenido de los acuerdos pretende resolver la situación de miseria, extrema pobreza, de exclusión de las decisiones políticas, discriminación y falta de democracia que sufren las clases oprimidas del país; esto se lograría mediante una modernización del capitalismo y una reforma del Estado burgués. Para ponerlo en palabras de la URNG: "URNG siempre comprendió que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz significaba un período de transición política, económica, social y cultural, y este período al cual se arribaba como consecuencia de los aportes del propio proceso de la lucha armada, se consideraba: por muchos años como el período de la construcción de la democracia plena con justicia y bienestar social, con toda la riqueza y el contenido que seamos capaces de impulsar".

La línea de los acuerdos y de la propia concepción política de la URNG pretende retomar los logros y expectativas de la revolución democrática de 1944–1954, en especial el período del presidente Jacobo Arbenz. "Por lo tanto (los acuerdos) constituyen otra oportunidad para retomar el rumbo de la democracia y el desarrollo perdido en 1954...". Esta revolución pretendía desarrollar el capitalismo en Guatemala mediante el fortalecimiento del mercado nacional a través de la reforma agraria y así lograr el surgimiento de un sector industrial fuerte.

La actitud extremadamente reaccionaria de la incipiente burguesía de ese entonces, desde esa época ligada a los terratenientes, temerosa de la potente movilización popular generada por el proceso revolucionario, debería ser suficiente lección histórica para erradicar toda expectativa de que en Guatemala se pueda dar una reforma de la economía de mercado y del Estado burgués que signifique el bienestar de las clases populares.

El carácter reaccionario y reacio a cualquier tipo de reforma de la burguesía guatemalteca radica en que tiene su origen en la oligarquía terrateniente. Sectores de esta misma oligarquía modernizaron la economía capitalista diversificando sus inversiones bajo la protección de los gobiernos militares brutalmente represivos de los años 60s, 70s y la mitad de los 80s. Las familias que controlan la riqueza del país a través de poderosas corporaciones hunden sus raíces en la gran propiedad agraria, no constituyen una burguesía progresista, tal burguesía no existe en Guatemala.

Con aparente ingenuidad, la URNG lamenta que "la burguesía guatemalteca, habiendo ratificado con su actuación en la posguerra, el mismo papel histórico que no quiso asumir en el período 1944–54, no ha querido liderar el proceso de reformas democráticas, políticas, económicas, sociales y culturales para asegurar la viabilidad del país como un todo".

No se requería mucha astucia para prever que los acuerdos de paz, con sus reivindicaciones democráticas, serían incumplidos y tirados a un lado por los gobiernos de la burguesía.

El primer intento de hacer reformas constitucionales para implementar los acuerdos, en mayo de 1999, mediante una consulta popular, fue un fracaso en gran parte debido a la campaña de desinformación y confusión que crearon los partidos burgueses y la derecha recalcitrante. Ingenuamente, la URNG pensó que el gobierno de Álvaro Arzú (firmante de la paz) asumiría junto con la ex guerrilla responsabilidades iguales en un proyecto de construcción nacional. El resultado fue que "...el gobierno de Arzú, despreciando los preciados años de paz social en su gobierno, más bien los aprovechó para implementar una agenda política y económica de corte neoliberal...".

El proyecto de contrarrevolución democrática

Una visión retrospectiva nos permite explicarnos la falta de visión histórica e ingenuidad política de la URNG. El derrocamiento de la dictadura somocista en Nicaragua en 1979 abrió una situación revolucionaria en el área centroamericana que se acentuó sostenidamente a pesar de la contraofensiva imperialista del gobierno de Reagan entre 1981–1985.

Esta contraofensiva reaccionaria pretendía contener la revolución nicaragüense y evitar un nuevo triunfo revolucionario en El Salvador. Ante incapacidad de la contrarrevolución de derrotar a las masas trabajadoras nicaragüenses ni a las guerrillas del FMLN y URNG, los gobiernos burgueses centroamericanos y el imperialismo optaron por la estrategia de lograr una "paz social" a corto plazo para evitar el derrumbe del orden semicolonial en el área.

Así surgió, en la segunda mitad de los 80s, el proyecto de "contrarrevolución democrática", cuya intención era frenar el proceso revolucionario abierto, mediante el espejismo de la democracia burguesa, con la colaboración de las dirigencias guerrilleras y del sandinismo. Así, las fuerzas reaccionarias recurrieron a la legitimación del gobierno sandinista en Nicaragua a través su compromiso de celebrar elecciones en 1990 y de negociar la paz con el ejército de la Contra. Igualmente, se abrieron procesos de negociaciones con las guerrillas del FMLN y la guatemalteca URNG.

El frente contrarrevolucionario que pretendía frenar la revolución centroamericana estaba formado no sólo por Estados Unidos y las burguesías de la región, sino también por el gobierno de la burocracia soviética, que dando prioridad a su propia agenda de acuerdos con el imperialismo, presionó manipulando la ayuda que daba a los sandinistas y a las guerrillas izquierdistas, para obligarlos a negociar la paz. La dirección sandinista, del FMLN y la URNG cayeron en el juego de la contrarrevolución democrática e hicieron a un lado los objetivos revolucionarios de lucha.

Después de la derrota electoral del sandinismo en 1990 y la firma de la paz entre el FMLN y el gobierno salvadoreño en 1992, sólo faltaba la claudicación de la URNG en Guatemala. La guerrilla guatemalteca fue severamente golpeada por la ofensiva iniciada en 1981 por el ejército, con su política de tierra arrasada en la que murieron decenas de miles de campesinos indígenas.

Con una URNG que no pudo recuperar sus fuerzas después de estos golpes y falta de apoyo internacional, hacia 1995 el conflicto armado se había reducido a escaramuzas. Sin mayores opciones y sin una estrategia política revolucionaria, la dirección de la URNG claudicó y se incorporó a la institucionalidad burguesa, en aras de un proyecto de reformas que era harto evidente que los gobiernos burgueses no cumplirían.

Por un proyecto verdaderamente revolucionario

En estos días hemos escuchado repetidamente la falacia de que los acuerdos de paz son el logro del esfuerzo y sacrificio de los miles de combatientes y ciudadanos caídos en el conflicto armado. Nada más lejos de la verdad. La gran mayoría de campesinos indígenas asesinados por el ejército fueron víctimas que no pertenecían a ningún bando.

En cuanto a los combatientes, baste citar las palabras del recién fallecido ex guerrillero Mario Robles: "...Estamos peor que cuando iniciamos la guerra, que era para cambiar todo esto... la guerra sólo tenía sentido si conmovíamos sobre la necesidad del cambio... nuestro esfuerzo, nuestra sangre, nuestra vida se consumieron en esta ruina que es ahora el país".

Las reivindicaciones expresadas en los acuerdos de paz son ciertamente parte de los anhelos democrático revolucionarios de las clases oprimidas guatemaltecas. Pero la conquista de tales reivindicaciones no se alcanzará mediante la reforma del capitalismo, aunque se le llame con eufemismos como "democracia plena con equidad social", "Estado social y democrático de derecho", "Economía distributiva" y demás palabrería de los reformistas.

Las justas demandas democráticas de los trabajadores y el pueblo, sólo serán alcanzadas por un gobierno revolucionario de obreros, campesinos y capas empobrecidas de la población. Este gobierno, por su propia naturaleza generará una dinámica permanente que conducirá a transformaciones socialistas, tal es la perspectiva general de la futura revolución guatemalteca. Nuestra tarea actual es luchar por la formación del partido socialista revolucionario que, íntimamente unido a las clases trabajadoras, las guíe y oriente hacia la toma del poder.