Que el gobierno cumpla – I

Educación gratuita para todos los nicaragüenses

Por Aquiles Izaguirre
El Socialista Centroamericano Nº 61, febrero 2007

El gobierno sandinista proclamó con bombos y platillos que matricularía a dos millones de alumnos en educación básica. En el año 2006, la cifra de estudiantes matriculados fue de 1,631,630. Esta cantidad supone que el 19 % de los niños en edad escolar quedó fuera del sistema educativo el año pasado (La Prensa 22/01/07).

El mito de la educación gratuita

Para lograr mayor afluencia de estudiantes, el gobierno sandinista anuncio el “fin de la autonomía escolar”, la que obligaba a los padres de familia a dar dinero para cubrir los gastos que el Estado “no podía asumir” en las escuelas. En los hechos la educación no era gratuita, a pesar de la Constitución.

Menos de 15 días después de las matriculas, el Ministro de Educación, Miguel de Castilla, chocó con la triste realidad del sistema educativo y afirmó: “Esperamos dos millones, pero esa es la esperanza, esa es la utopía. Vamos a ver si los dos millones se acercan. Ahorita estamos con dudas porque (llevamos) un millón trescientos mil, llegar al millón 600 mil era el piso del cual íbamos a partir y parece que nos va a costar porque está muy lenta la llegada de la información” (La Prensa 01/02/07).

Poco a poco las metas del MED se fueron reduciendo a “logros” cada vez mas pequeño, como lo reconoció el mismo De Castillo: “Queremos que sea lo más exacto posible, para decirle al mundo que ya sabemos cuántos alumnos tenemos” (La Prensa 01/02/07). La nueva meta ya no fue matricular 2 millones de alumnos, sino que se redujo a “obtener datos exactos” de cuantos estudiantes se matriculan en Nicaragua, y el MED terminó aceptando que la cifra de de 800.000 estudiantes fuera del sistema escolar en el 2006 estaba inflada.

¿Realmente es el fin de la autonomía escolar?

A través de la resolución ministerial 018–2007, el ministro Castilla puso fin a la “autonomía escolar”, por que hacia mas difícil la inserción de miles de estudiantes al sistema educativo. Con el cobro de 10 córdobas mensuales por cada estudiante, el MED financiaba el mantenimiento de muchas escuelas.

Aparentemente, la resolución ministerial 018–2007 eliminó la carga económica para los padres de familia, pero la realidad es muy distinta. La circular emitida el pasado 11 de enero por el MED estableció una disposición obligatoria de “Delegar en los padres y madres de familia la responsabilidad de administrar las actividades que generen recursos económicos a los centros educativos públicos” (La Prensa 16/01/07). El gobierno sandinista borró con la mano derecha, lo luego reconstruyó con la izquierda.

El colapso del sistema educativo

Ha quedado al descubierto lo frágil y descuidada que está la educación básica en Nicaragua. La infraestructura de las escuelas está deteriorada y ni siquiera logran cubrir la demanda de la población estudiantil que puede matricularse. Es obvio que se necesitan nuevas escuelas, mas maestros con mejores salarios; y no la compra de toldos para que los estudiantes reciban clases, como lo está haciendo el MED.

Aun sin cumplir las metas establecidas por el MED, el sistema ha colapsado. Se necesitan más profesores capacitados para impartir clases, actualmente la cantidad de profesores es muy inferior a la necesaria.

El problema fundamental de la educación es tal que, aun cubriendo la cantidad de maestros y construyendo escuelas, no se termina de dar solución al caos; se requiere de nuevo mobiliario (pupitres, papelería, computadoras, etc.) para las escuelas primarias, secundarias y técnicas.

Que el Estado asuma la educación básica gratuita

No es delegando en los padres las responsabilidades del Estado, que se van a solucionar los problemas en la educación. Eso es lo que ha hecho el gobierno sandinista de Daniel Ortega, al pedir a los padres de familia que busquen fondos para hacerle frente a los problemas del sistema educativo. El dinero existe, pero está en otras manos.

El gobierno no desea asumir los 80 millones de córdobas que cuesta el fin de la “autonomía escolar”. Están actuando igual que cualquier gobierno liberal anterior. Debemos oponernos a que sean los trabajadores y los pobres los que paguen por la educación. El gobierno debe cumplir sus promesas electorales, debe imponerles mayores impuestos a las grandes empresas, sean nacionales o extranjeras. Los que más ganan deben pagar la educación de los pobres. El gobierno sandinista debe ponerles fin a las grandes exenciones fiscales para la burguesía nacional y extranjera.

Llamamos a los sindicatos de maestros a luchar unidos por hacer realidad la educación para todos, al mismo tiempo que luchamos por un mejor nivel de vida para el gremio magisterial.

Que el gobierno cumpla – II

Estabilidad laboral para todos los trabajadores

Por Maximiliano Cavalera
El Socialista Centroamericano Nº 61, febrero 2007

Cada vez que hay un cambio de gobierno, se producen las inicuas barridas de los trabajadores no vinculados al nuevo partido en el poder. A pesar que el FSLN prometió no realizar despidos, es importante desnudar las políticas laborales de la nueva administración liderada por el presidente Daniel Ortega Saavedra.

Despidos y eliminación de conquistas

El gobierno sandinista prometió que habría estabilidad laboral para los trabajadores del Estado, es por esto que Rosario Murillo, Coordinadora del poderoso Consejo de Comunicación, insistía que: “… No queremos... porque ¡no debemos! porque es un compromiso... despedir a nadie. Estamos hablando de un Gobierno de Reconciliación, un Gobierno de Unidad Nacional, un Gobierno con sensibilidad y, un Gobierno con inteligencia; por lo tanto, cada uno de esos casos (...) tienen que ser analizados; tienen que ser ubicados de acuerdo con su capacidad, con su profesión, donde corresponda cuando no vayan a permanecer en la función que actualmente tienen...” (La Prensa 10/02/07). El actuar del nuevo gobierno es otro, a inicios de febrero comenzaron los despidos en muchos Ministerios y entes del Estado (Ministerio de Salud, Ministerio de Familia, ENACAL y la Asamblea Nacional).

Pocos dirigentes sindicales denunciaron el actuar del gobierno. Miembros del Frente Sandinista, sin cargo alguno o función en el estado, rondan las oficinas supervisando el trabajo y la vinculación política de los trabajadores. Tal es el caso de Nestor Moncada Lau, quien fue denunciado de coaccionar a trabajadores para que renunciaran a su puesto en el ministerio de la familia (MIFAMILIA). Moncada les decía: “Yo trabajo con el comandante (…) no tengo por qué darle explicaciones a nadie de qué cargo tengo yo” (La Prensa 12/02/07).

En ENACAL también hubo despidos, peor aún se recortaron viáticos y horas extras. La presidenta ejecutiva de ENACAL, Ruth Selma Herrera, anunció que los trabajadores realizarían jornadas laborales extras sin derecho a recibir pago hasta revisar la “situación de cada empleado”. Asimismo, el 15 de enero, suspendió las negociaciones del convenio colectivo, ya que necesitaba analizar los acuerdos.

El gobierno sandinista no ha cumplido con las promesas de estabilidad, por el contrario no solo despiden a trabajadores, sino que comienza a golpear las pequeñas conquistas laborales conseguidas por los empleados públicos. En muchas instituciones, debido a los bajos salarios, los trabajadores que tienen que laborar horas extras, para mejorar sus ingresos.

La división facilita los despidos

Un gran problema es la división política que existe entre los trabajadores del Estado, separados en “sindicatos independientes” casi siempre vinculados a los partidos de derecha, PLC o ALN; y los sindicatos vinculados al FSLN.

Los “sindicatos independientes” son los que han estado denunciando los despidos. Los dirigentes de los sindicatos sandinistas han avalado y justificado los despidos. Domingo Pérez, dirigente de la Unión Nacional de Empleados (UNE), declaró que: “¿Cuál es el problema? Si ellos estuvieron vinculados directamente con Bolaños, pues por supuesto no les van a tener confianza… entonces a esos trabajadores la ley le deja libre la mano al empleador para que los liquide”, (La Prensa 11/02/07). Para insistir días después: “La patronal tiene su derecho de conformidad con la ley, entonces, aquí se van los cargos de confianza, los directores, los asesores y no tenemos nada que hacer. Nosotros vamos a defender a todos aquellos trabajadores que realmente se les aplicará la ley” (La Prensa 13/02/07).

El grueso de los despidos es a los trabajadores o empleados públicos y no los llamados “trabajadores de confianza” que ganan megas salarios. Y son a esta mayoría de trabajadores humildes, independientemente ya sean liberales o sandinistas, a los que hay que garantizar estabilidad.

Unidad de todos los trabajadores para luchar por la estabilidad

No se puede permitir que dirigentes sindicales apoyen despidos masivos que son unilaterales y sin justificación, como lo ha estado haciendo la burocracia sindical vinculada al sandinismo. Todos los trabajadores tienen derecho a un trabajo digno que les permita solventar sus necesidades económicas.

Los empleados del Estado tienen derecho a poder subsistir y mantener a sus familias, su condición política no debe ser ningún impedimento para mantener un trabajo o para lograr optar al mismo. La estabilidad laboral debe ser garantizada por el gobierno.