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Europa
en busca de un acuerdo comercial neoliberal con los países andinos
Bolpres / CEPRID, 01/07/07
Introducción del CEPRID
La
Unión Europea quiere convertir a América Latina en el referente de
su expansión económica. En el mes de mayo de 2006 se decidió en la
ciudad austriaca de Viena desarrollar una "alianza estratégica
con los países latinoamericanos" a través de los Tratados de
Libre Comercio. Un documento oficial elaborado tras la reunión de
Viena y conocido como "Europa Global, compitiendo en el
mundo" describió la estrategia de una forma tan sincera como
brutal: "los acuerdos con América Latina, así como con otros países
como la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) se
proponen alcanzar el más alto grado posible de liberalización del
comercio, incluyendo la liberalización de largo alcance para
servicios e inversiones". Como consecuencia de esa decisión político-económica,
la UE recuperó las relaciones con el Mercosur -paralizadas desde
2004- e inició una política de acercamiento a los países de América
Central y de la Comunidad Andina de Naciones (de la que forman parte
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y de la que se salió Venezuela no
hace mucho tiempo) que ahora se plasma en el intento de suscribir un
acuerdo comercial. Los acuerdos firmados con México y Chile, por
ejemplo, sirven para poner de manifiesto los impactos negativos de la
liberalización que preconizan los gobiernos de estos países y de la
UE y de los procesos de privatización, que han aumentado notablemente
la desigualdad social y precarizado la vida de millones de personas.
De ahí la importancia de los artículos que publicamos al respecto.
El 15 de diciembre de 2003, los países
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Unión Europea (UE)
acordaron en Roma dar mayor amplitud y equilibrio al Acuerdo Marco de
Cooperación que comenzaron a negociar en 1993, incorporando en las
negociaciones nuevos componentes como el diálogo político, acceso a
mercados y diálogo especializado en materia de lucha contra las
drogas.
Se buscaba un instrumento de
integración que equilibre el comercio y la cooperación y que, al
menos retóricamente, se diferencie de los tratados de libre comercio
y el ALCA de Estados Unidos. Y a pesar de todo ello, el comercio ocupa
otra vez el centro de la relación CAN-UE, según el formato de
acuerdo propuesto por la UE hace menos de dos meses.
El 24 de abril, el Consejo de
Ministros de la UE de Asuntos Generales y relaciones exteriores aprobó
en Luxemburgo el mandato de la Comisión Europea para negociar cinco
tratados de libre comercio (TLCs) con India, Corea del Sur, países
del ASEAN, América Central y los Países Andinos. El documento
plantea como prioridades la liberalización “progresiva” de los
intercambios comerciales” y la negociación de una zona de libre
comercio (ZLC) con los andinos.
Los europeos quieren negociar un
acuerdo comercial “único e indivisible que vaya más allá de las
obligaciones presentes y futuras de las partes con respecto a la OMC y
que establezca, después de un periodo de transición compatible con
los criterios de la OMC, una ZLC que, sin excluir ningún sector,
tenga en cuenta, de la manera menos restrictiva posible, la dimensión
de desarrollo y la sensibilidad específica de determinados
productos”.
Según sus directrices de
negociación, los objetivos de Europa serían “profundizar el
proceso de integración regional, ayudando a crear las condiciones
para reducir la pobreza, promover empleo digno y un acceso más
equitativo a los servicios sociales”. Los europeos insisten en
buscar una “asociación política basada en el respeto y la promoción
de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernabilidad”.
Pero esas declaraciones de buenas intenciones contradicen el espíritu
neoliberal del sobredimensionado componente comercial del acuerdo.
La UE dice explícitamente que
busca ir más allá de los Acuerdos de la OMC, incluyendo temas como
las Compras Estatales, Servicios y Políticas de Competencia
(conocidos como los temas de Singapur), los cuales fueron rechazados
por los países en desarrollo en la reunión de la OMC en Cancún en
2003 por ser políticas contrarias al desarrollo.
La Unión Europea reconoce las
asimetrías (reglas diferentes para economías diferentes), lo que sin
duda es un avance. Sin embargo, al mismo tiempo subraya que las
asimetrías tienen que ser “reducidas al mínimo”. En la concepción
europea, el reconocimiento de reglas diferentes significa conceder un
plazo de 10 años para desmantelar las tarifas y otras formas de
protección de la industria nacional, como si dentro de una década
los países andinos estarían listos para competir en igualdad de
condiciones con un bloque que tiene una economía 1000 veces más
grande que la de Bolivia.
Los europeos también aclaran que
las excepciones por productos o por sectores sensibles tienen que ser
“reducidas al mínimo”. La Unión Europea desea una liberalización
en las compras estatales de los sectores de agua, energía, transporte
y comunicación, que son muy sensibles después de la férrea lucha
popular por la recuperación de los recursos naturales y las empresas
privatizadas.
Lo peor de todo es que si un país
andino ha firmado un acuerdo de libre comercio con un tercer país,
como por ejemplo Estados Unidos, "los inversores de la UE deberán
recibir al menos un trato paritario como aquel brindado a los
inversores y proveedores de servicios de este tercer país". Esta
exigencia es especialmente peligrosa para Ecuador y Bolivia, que estarían
obligados a entregar a Europa lo que Colombia y Perú sirvieron en
bandeja de plata a los norteamericanos.
Se había pedido que no haya
desequilibrios. “Dada la asimetría entre las partes, Europa debía
hacer más esfuerzos en las inversiones, en la ayuda económica al
desarrollo que en el comercio en sentido estricto”, dijo el
eurodiputado socialista Yañez-Barnuevo, quien negoció con todos los
grupos políticos enmiendas que permitieran “disminuir el acento
neoliberal del informe”. Consiguió de alguna manera “matizar
algunos párrafos", pero sin lograr el suficiente equilibrio
entre los tres componentes: el diálogo político, la cooperación y
el comercio.
En el informe del Parlamento se
declara el respeto y defensa de los derechos humanos y la justicia
económica, pero todo esto suena a retórica. “Se ha perdido una
buena ocasión para alentar unas relaciones bi regionales con visión
multidimensional que garanticen un desarrollo humano sostenible de los
pueblos andino y centroamericano”, declaró el eurodiputado Raúl
Romera del Grupo Verde.
La política comercial de la UE en
América Latina debe entenderse en su real dimensión. Sudamérica es
de importancia estratégica tanto para Estados Unidos como para la UE.
EE.UU. busca afianzar su hegemonía en la región y los mercados de
ALC son importantísimos para las transnacionales europeas. Los
crecientes vínculos de América Latina con Asia, en especial con
China, la convierten en un mercado de aún mayor importancia estratégica
para la UE.
Nueva etapa
de negociación
La Comisión Mixta de la CAN –
UE, un mecanismo establecido en 1993 en virtud del Acuerdo de
Cooperación– se reunió en su IX sesión en La Paz el 29 y 30 de
mayo para avanzar en las negociaciones. Hasta ahora se han realizado
ocho Comisiones Mixtas en diferentes países de la subregión y de la
UE, la última en Lima en 2004, oportunidad en la cual se dio inicio
al “Proceso de Valoración Conjunta” de ambos bloques.
El documento de valoración fue
aprobado en julio pasado en Bruselas, y tiene por objetivo hacer un análisis
fotográfico del proceso de integración andino en los ámbitos de
comercio de bienes y servicios, asuntos aduaneros, transporte y
arancel externo común andino. La UE exige que los países andinos
armonicen sus procesos, pero no hay ni una sola recomendación de los
andinos a los europeos.
Los países andinos presentaron un
documento explicando las bases de negociación que desearían: El
reconocimiento de las asimetrías entre los dos bloques (CAN-UE) y al
interior de la CAN, el respeto de los diferentes enfoques y modelos
económicos de los países de la CAN y mayor flexibilidad y trato
especial para Bolivia, permitiéndole dejar fuera de la negociación
comercial los servicios públicos, las inversiones, las compras públicas
y la propiedad intelectual.
Antes de esa reunión, el 5 y 6 de
marzo de 2007, se llevó a cabo en Lima una reunión informativa sobre
los avances internos en cada uno de los bloques. En esa oportunidad,
los países miembros expresaron la importancia de adelantar un proceso
de negociación que contemple la protección y utilización
sustentable de los recursos naturales y la consideración del cambio
climático y disposiciones laborales.
Los andinos reclamaron que se
parta de la consolidación de las preferencias arancelarias otorgadas
en el marco del SGP Plus. Ecuador solicitó un tratamiento especial en
lo referente a la cooperación.
Optimismo en
el norte, pesimismo en el sur
A pesar del marcado sesgo
neoliberal de las directrices de negociación de la UE, las redes
europeas que monitorean las negociaciones CAN-UE identifican algunas
recomendaciones importantes que se mantienen en el Informe del
Parlamento que son fruto del trabajo de los grupos ALOP y 11.11.11.
Según estas redes, en las
directrices de negociación de Europa se observan señales claras de
apoyo al proceso de integración en todos los ámbitos, privilegiando
el Acuerdo entre bloques, sin dejar de lado el tratamiento
diferenciado al interior de la CAN. También destacan el deseo
manifiesto de promover la participación estructurada de la sociedad
civil y la inclusión de la Cláusula Democrática y otras de carácter
social como el Convenio 169 de la OIT, incorporando una referencia
expresa a los mecanismos que aseguren su operatividad.
Los activistas europeos destacan
también la búsqueda del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas
a favor del desarrollo y el reconocimiento de que el objetivo
prioritario de un acuerdo de asociación es la erradicación de la
pobreza.
Las organizaciones sociales de la
región andina son más bien pesimistas en cuanto al desarrollo de las
negociaciones CAN - Europa. Para ellos, es un mito que los europeos
son más “civilizados” y “humanistas” que los norteamericanos,
pues en realidad están buscando un tratado de libre comercio cuyo
centro es el lucro y la ganancia.
Para
los movimientos sociales de los andes, las formulaciones sobre diálogo
político y cooperación pueden convertirse en un instrumento de
interferencia en los asuntos internos. En esos términos, no hay
posibilidades de un Acuerdo de Asociación “más humano y
equitativo”.
El Movimiento Boliviano por la
Integración y contra el TLC denunció que el acuerdo planteado por
Europa no le conviene a Bolivia porque reproduce la ideología
neoliberal de los tratados comerciales propuestos por Estados Unidos.
Los gremios nacionales recuerdan
que la liberalización comercial y el achicamiento del Estado
aplicados en Bolivia en los últimos 20 años han ocasionado la pérdida
de ingresos y de fuentes de empleo, y el aumento de las desigualdades
sociales. El proyectado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
fue rechazado por casi todos los movimientos sociales, en el entendido
de que profundiza este modelo que beneficia a reducidos sectores
privilegiados. Esta mala experiencia ha permitido clarificar que el
“libre comercio”, tal y como lo entienden las potencias
occidentales, buscan ante todo proteger sobredimensionadamente las
inversiones extranjeras, supuesto motor del desarrollo, aún a costa
de perjudicar a la gran mayoría de la gente.
“Vemos con mucha preocupación
la resolución del Parlamento Europeo en la que se pide el
establecimiento de una Zona de Libre Comercio porque sabemos
exactamente a lo que se refieren. Se leen bonitas palabras y
expresiones sobre derechos humanos, reconocimiento de asimetrías,
etc., pero el lenguaje es una cosa y la presión de las
transnacionales en Europa para conseguir ventajas máximas durante las
negociaciones es otra. Por experiencia propia sabemos que estos
acuerdos basados en una visión de desarrollo liberal se constituyen
en una maquinaria que luego es difícil parar. La inclusión de temas
como servicios públicos, propiedad intelectual y otros bajo una zona
de libre comercio seguiría, entonces, una lógica neoliberal, y eso
es preocupante”, indica una declaración del Movimiento Boliviano.
El movimiento popular boliviano es
enfático al afirmar que no aceptará un Acuerdo basado en principios
de “libre comercio” que restrinja la capacidad de los Estados para
defender los servicios públicos, regular las inversiones y proteger
la biodiversidad. Las organizaciones sociales esperan un acuerdo
solidario entre los pueblos europeos y andinos, basado en principios
de complementaridad y más que todo “con reglas desiguales para
realidades desiguales”.
La propuesta comercial europea
acentúa la división en la CAN
La IX Comimisión Mixta UE-CAN, de
la que hablábamos antes, terminó sin conclusiones y con la CAN
partida en dos. Los gobiernos de Perú y Colombia están dispuestos a
firmar el acuerdo propuesto por Europa de inmediato, en tanto que
Bolivia y Ecuador manifiestan sus reparos. Diversas organizaciones
sociales de los dos países alertan que la UE ofrece esencialmente un
tratado de libre comercio aún más peligroso que los pactos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), e instan a sus gobiernos a
no negociar apresuradamente y sin consultar a la gente.
Aunque la Cancillería boliviana
no ha dado un informe oficial, se sabe por los diplomáticos europeos
que existen “desacuerdos fuertes” entre los andinos que firmaron
tlcs con Estados Unidos y los gobiernos populares de Bolivia y Ecuador
que anticiparon que no negociarán instrumentos de libre comercio de
corte neoliberal. Se suponía que la CAN y la UE estaban buscando un
acuerdo de asociación diferente a los tlcs norteamericanos al incluir
en sus charlas, además del comercio, componentes de diálogo político,
cooperación y debate antidroga. Sin embargo, en el formato presentado
por la UE el comercio ocupa otra vez el centro de la discusión.
Europa considera prioritario liberalizar “progresivamente” los
intercambios comerciales” y negociar una zona de libre comercio (ZLC).
Sugiere explícitamente ir más allá de los Acuerdos de la OMC,
liberalizando las Compras Estatales y los Servicios (agua, energía,
transporte y comunicación), una política que ya fue rechazada por
los países en desarrollo en la reunión de la OMC en Cancún en 2003
por considerarla contraria al desarrollo. La UE desea un acuerdo
comercial “único e indivisible que vaya más allá de las
obligaciones presentes y futuras de las partes con respecto a la OMC y
que establezca, después de un periodo de transición compatible con
los criterios de la OMC, una ZLC que, sin excluir ningún sector,
tenga en cuenta, de la manera menos restrictiva posible, la dimensión
de desarrollo y la sensibilidad específica de determinados
productos”, los cuales “se reducirían al mínimo”. La izquierda
europea consiguió “disminuir el acento neoliberal” de las
directrices de negociación “matizando” algunos párrafos, pero
sin lograr el suficiente equilibrio entre los tres componentes: diálogo
político, cooperación y comercio. Esto ha dado lugar a un
planteamiento europeo con abundante retórica. [1]
Preocupa a Bolivia la aplicación
de lo que en la jerga comercial se denomina cláusula “nación más
favorecida”, la cual obliga a los andinos que han firmado tlcs con
un tercer país a conceder a los inversores de la UE los mismos
beneficios entregados a los inversores y proveedores de servicios de
ese tercer país. Esta exigencia es especialmente peligrosa para
Ecuador y Bolivia, que estarían obligados a entregar a Europa lo que
Colombia y Perú comprometieron a los norteamericanos.
Al mando de Bolivia en la secretaría
pro témpore, los andinos presentaron algunos principios de negociación:
Reconocimiento de las asimetrías entre los dos bloques (CAN-UE) y al
interior de la CAN; respeto de los diferentes enfoques y modelos económicos
de los países andinos y mayor flexibilidad y trato especial para
Bolivia, permitiéndole dejar fuera de las conversaciones los
servicios públicos, las inversiones, las compras públicas y la
propiedad intelectual. La Unión Europea reconoce las asimetrías
(reglas diferentes para economías diferentes) y concede un plazo de
10 años para el desmantelamiento de las tarifas y otras formas de
protección de la industria nacional, previendo que en una década los
países andinos estarían listos para competir en igualdad de
condiciones con el gigante europeo. Muchos activistas de América y
Europa opinan que es inútil esperar un acuerdo beneficioso para los
pueblos andinos, ya que la política comercial de la UE en América
Latina tiene un solo norte: conquistar mercados y fuentes de recursos
naturales para provecho de las empresas europeas, y disputar la
hegemonía a Estados Unidos y China. Es un mito eso de que los
europeos son más “civilizados” y “humanistas” que los
norteamericanos, pues en realidad están buscando un tratado de libre
comercio cuyo centro es el lucro y la ganancia, advierten.
Por qué
rechazan el libre comercio
La oposición de derecha cree que
Evo Morales sigue una política exterior “errática y
aislacionista” que pone en riesgo los mercados de Estados Unidos y
Europa. Un ex funcionario negociador de TLCs criticó la “ambigua”
posición del gobierno. Los movimientos y organizaciones sociales de
Bolivia están preocupados porque Europa está intentando imponer un
acuerdo de corte neoliberal, muy parecido a los TLCs de Estados Unidos
y su proyecto hegemónico del Área de Libre Comercio en las Américas
(ALCA).
En su propuesta, los europeos
siguen apostando por la privatización de la salud, la educación, los
servicios públicos, la agricultura, el conocimiento, la cultura y
tradiciones de las comunidades indígenas. Muchos líderes se sienten
contrariados no solo porque Europa demuestra haber aprendido muy poco
del proceso de cambio que vive Latinoamérica, donde amplios sectores
sociales e incluso algunos gobiernos han rechazado de manera categórica
la avanzada comercial neoliberal, sino también porque los analistas
de la derecha siguen pregonando que el libre comercio es sinónimo de
desarrollo.
Este viernes (en referencia al 1
de junio), las organizaciones nucleadas en el Movimiento Boliviano por
la Soberanía y la Integración de los Pueblos – Contra el TLC y
ALCA concluyeron en un seminario internacional que los acuerdos con
los países desarrollados, ya sea Europa o Estados Unidos, favorecen más
a las corporaciones que a las personas. La prueba es que tras 14 años
de TLC con Estados Unidos, lo único que ha obtenido México es un
enorme muro en su frontera para impedir que millones de campesinos
arruinados por la competencia de las transnacionales escapen al norte.
El neoliberalismo hace aguas en
toda la región andina. La liberalización comercial y el achicamiento
del Estado de las últimas dos décadas han ocasionado la pérdida de
ingresos y de fuentes de empleo, y aumentaron las desigualdades
sociales. El “libre comercio”, tal y como lo entienden las
potencias occidentales, busca proteger sobredimensionadamente las
inversiones extranjeras, supuesto motor del desarrollo, perjudicando a
la gran mayoría de la gente. Los gremios recordaron que el libre
flujo de mercancías no necesariamente mejora la vida de las personas,
porque ese tráfico generalmente se da en un solo sentido: desde el
norte rico hacia el sur pobre y no a la inversa.
Para estas organizaciones, el TLC
está diseñado para profundizar, consolidar e institucionalizar el
modelo neoliberal en la esferas económica, social y política. Más
que una política económica comercial, los TLCs pretenden
“contractualizar” la convivencia social en función a las reglas
del mercado. “Para nosotros, nuevas propuestas que plantean
profundizar el libre comercio solamente pueden provocar un retroceso
en países que se han propuesto cambiar las reglas y el modelo para
asegurar la dignidad de nuestros pueblos y el derecho a la soberanía.
Esto puede provocar profundos impactos negativos tal como lo hicieron
en la aplicación de un modelo que está pensado para beneficiar a las
transnacionales.
En la región andina, amplios
sectores sociales han rechazado de manera categórica el ALCA, el TLC
y toda propuesta que otorgue beneficios para las grandes
transnacionales e implique enormes perjuicios para los pueblos. Esas
recetas ya las hemos vivido y sabemos de sus consecuencias. No las
queremos más”, indica el manifiesto emitido por organizaciones de
la región andina y de Europa a la conclusión del seminario. El
Movimiento Boliviano declaró que no está en contra de entablar
relaciones comerciales con Europa, “siempre y cuando sea sobre la
base del equilibrio y la reciprocidad. Exigimos que las voces y las
propuestas de nuestros pueblos sean consideradas a la hora de
establecer las nuevas reglas de la integración y del comercio.
Creemos firmemente que un acuerdo tiene que estar inspirado en
principios de solidaridad, justicia, complementariedad y armonía con
la Pachamama, la Naturaleza”.
[1] Cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, garantizar la coherencia de
las políticas a favor del desarrollo, reconocimiento de que el
objetivo prioritario de un acuerdo de asociación es la erradicación
de la pobreza, promover la participación estructurada de la sociedad
civil y la inclusión de la Cláusula Democrática y otras de carácter
social como el Convenio 169 de la OIT, con mecanismos que aseguren su
operatividad.
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