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Se impide a manifestantes realizar la
Guelaguetza Popular: varios vehículos fueron incendiados. La refriega
deja 40 personas heridas de ambos bandos; dos fueron reportadas graves
Vuelve la lucha a Oaxaca: se enfrentan appistas
y policías
La Jornada, 17/07/07
Oaxaca, Oax., 16 de julio. Durante más de tres
horas, miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con policías municipales y estatales;
el violento choque dejó por lo menos 40 personas heridas de ambos
bandos (15 de ellas agentes policíacos), dos de gravedad, y 60
detenidos.
En la refriega, los appistas secuestraron seis
autobuses del servicio urbano de pasaje, para utilizarlos como escudo,
y posteriormente les prendieron fuego. Asimismo, cinco vehículos
particulares y una pipa también fueron incendiados.
La trifulca se originó cuando una manifestación
de alrededor de 10 mil integrantes y seguidores de la APPO, junto con
algunas delegaciones participantes de la Guelaguetza Popular, pretendían
llegar al auditorio del cerro del Fortín.
Los elementos policiacos que se encontraban en
las inmediaciones del lugar les impidieron el paso y lanzaron gases
lacrimógenos para intentar disolver la protesta. Por su parte, los
manifestantes respondieron arrojando piedras y en ese momento dio
inicio el enfrentamiento.
Los simpatizantes de la Asamblea Popular
salieron en marcha, tanto del zócalo como de la Plaza de la Danza,
rumbo al auditorio del cerro del Fortín para solicitar a las
autoridades estatales ingresar y realizar en ese sitio su presentación,
ante el insuficiente espacio en la mencionada plaza, donde se había
programado.
Sin embargo, el contingente appista se detuvo a
unos dos kilómetros del auditorio, en la calzada Héroes de
Chapultepec, al toparse con un retén instalado por cientos de policías
preventivos, auxiliares y municipales de Oaxaca de Juárez.
Los inconformes integraron una comisión en la
que se encontraba Alma Delia Santiago, secretaria técnica de la sección
22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
para solicitar el paso a los policías, pero no hubo contestación de
éstos.
Otros marchistas requirieron lo mismo al
coordinador general de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito
Municipal, Aristeo López Martínez, mientras fotógrafos y camarógrafos
de la corporación ''fichaban'' a los manifestantes, quienes
reclamaron el hecho y en respuesta fueron golpeados con los escudos y
toletes que portaban los demás agentes policiacos.
Los integrantes y simpatizantes de la APPO
respondieron lanzando botellas con agua y piedras, aunque uno de
ellos, quien traía una rueda catarina (artefacto explosivo usado en
las fiestas populares), la encendió y arrojó a los policías,
quienes lanzaron gases lacrimógenos dando inicio a una trifulca que
se extendió por varias calles.
El choque alcanzó a un hotel de cuatro
estrellas que recibió gases lacrimógenos y piedras lanzadas por los
uniformados, porque supuestamente ahí se encontraban varios de los
manifestantes. A unas cuantas calles de la Plaza de la Danza, donde
finalmente se presentó la Guelaguetza Popular, también hubo
refriega.
Escudos
Varios autobuses del servicio urbano de pasaje
fueron secuestrados por seguidores de la APPO para utilizarlos como
escudo ante la arremetida policial; después fueron incendiados. Además,
a vehículos particulares y una pipa cargada con agua también les
prendieron fuego.
Un autotanque del Cuerpo de Bomberos que llegó
a apagar las llamas en autobuses y demás vehículos también fue
retenido por los manifestantes. Los seguidores de la APPO prendieron
fuego a la bomba del vehículo y repelieron con chorros de agua el
avance de los agentes de la policía.
Durante el enfrentamiento, los uniformados
agredieron a los fotógrafos Luis Cruz y Jorge Luis Plata, de los
diarios Milenio y Reforma, respectivamente, así como a Carlos Román
Velasco, del diario local Noticias.
Asimismo fueron agredidos Humberto Cruz,
conductor de un noticiero de radio local, y el reportero y el camarógrafo
de Canal 9, propiedad del gobierno de Oaxaca, Roberto Velásquez y
Abelardo García.
Después de más de tres horas, los elementos
policiacos avanzaron hacia los manifestantes dispersándolos por
varias calles, aunque detuvieron a muchos, entre éstos profesores de
la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). Hombres vestidos de civil a bordo de camionetas sin placas y
motocicletas participaron también en las aprehensiones.
Los detenidos fueron golpeados, vendados de los
ojos, se les cortó el cabello y después fueron trasladados a
diferentes penales. Al menos dos personas resultaron heridas de
gravedad y debieron ser internadas en hospitales: Emeterio Merino Cruz
y Raymundo Torres Velasco, simpatizantes de la Asamblea Popular; el
segundo presenta estallamiento de vísceras y fracturas múltiples en
el cráneo.
En un comunicado, el gobierno estatal informó
que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público
del fuero común, acusados de daños, lesiones, robo específico y
ataques a las vías generales de comunicación, ''más los que
resulten''.
El portavoz de la APPO, Florentino López Martínez,
culpó de la violencia al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, porque, dijo,
la manifestación ''fue totalmente pacífica''.
También responsabilizó al presidente Felipe
Calderón por la participación del Ejército, la Policía Federal
Preventiva y la Agencia Federal de Investigación en el llamado
operativo Guelaguetza 2007.
Dijo que la marcha hacia el auditorio del cerro
del Fortín se realizó sólo ''para evidenciar el estado de sitio y
de represión'' en Oaxaca, ''no para tomar'' el mencionado espacio.
Por su parte, el secretario de Protección
Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, atribuyó el inicio del
enfrentamiento a la APPO. ''Estábamos conteniéndolos (a los
manifestantes) cuando hubo una agresión directa hacia nosotros y
tuvimos que repelerla'', señaló.
Mencionó que la policía no permitió el paso
a los appistas al Fortín para presentar la Guelaguetza Popular, ''por
no estar autorizado el uso a ningún grupo''.
A su vez, el secretario de Organización de la
sección 22 del SNTE, Ezequiel Rosales, condenó lo sucedido y se
deslindó de los ''actos porriles de provocadores para generar
corrientes adversas al movimiento''.
A pesar de ello, el dirigente subrayó que el
movimiento magisterial y popular realizará concentraciones masivas
los próximos 21, 22 y 23 de julio, así como los días 28, 29 y 30,
para boicotear la Guelaguetza organizada por la administración
estatal. Por la noche, elementos del Ejército y policías federales y
estatales comenzaron un patrullaje por las calles de la capital
oaxaqueña.
¡Provocación!
Víctor Manuel Gómez Ramírez
(*)
El Grito del Pueblo, 17/07/07
Oaxaca, 16 de julio de
2007.– La decisión de desgobierno de Ulises Ruiz de negar el acceso
para la realización de la Guelaguetza popular fue una provocación
planeada. Nadie debe llamarse a engaños pues es evidente que los
planes de guerra contrainsurgente son elaborados en las oficinas
gubernamentales, y que en estos no solo esta inmiscuido URO, también
Felipe Calderón está interesado en apagar con gasolina el conflicto
oaxaqueño.
Cualquier persona sensata
comprende que la realización de un evento cultural una semana antes
de las fechas en que tradicionalmente se celebran los lunes del cerro,
no ponían en riesgo o profundizaban de alguna forma la crisis política
que vive nuestro Estado, al contrario, el aceptar su realización en
el Auditorio Guelaguetza podía significar alguna inteligencia en los
asesores de URO, No fue así y continúan buscando con ello provocar
al movimiento, infiltrar agentes para generar actos vandálicos y con
ello justificar de nueva cuenta la represión.
Esta receta no es parte de la
asesoría de los centros de inteligencia política nacional que hoy se
encuentra en bancarrota, es evidente que, como ya lo han mencionado
algunos medios nacionales, quienes están metiendo mano en las
acciones de guerra sucia gubernamental son grupos policiacos
extranjeros, con seguridad de los gobiernos de EEUU e Israel
caracterizados como expertos en acciones contrainsurgentes.
Pudiera parecer extraño
tanta parafernalia para evitar la realización de la Guelaguetza
popular, pero lo que está en el fondo es buscar la derrota de un
movimiento popular producto de un profundo descontento generado por el
despojo, saqueo, miseria y humillación de cientos de miles de
paisanos en Oaxaca. Ulises Ruiz Tiene la encomienda de intentar
destruir o al menos mediatizar el conflicto, sin importar más
muertes, torturas o detenciones inconstitucionales, una vez logrado
este objetivo, URO puede ser removido de su cargo a través de la Cámara
de Senadores, para dar paso a otro pillo que intente parecer más
abierto al diálogo o la concertación, pero sin que pierdan el
control de la administración estatal.
A Calderón esto le interesa
sobremanera porque los panistas, al igual que el PRI, le conviene
continuar imponiendo el antipopular negocio llamado Plan Puebla Panamá,
de hecho ya tienen compromisos hechos con el gobierno gringo y el español
para garantizar la seguridad de los miles de millones de dólares que
ya están invirtiendo en sus proyectos de rapiña. Para los gobiernos
títeres de México y a los grandes inversionistas, las organizaciones
populares, sindicales o políticas independientes y democráticas, son
un obstáculo para lograr sus propósitos por ello su afán de
destruirlas.
La provocación y
enfrentamiento que se dio el día de ayer lunes en las faldas del Fortín
fue planeado y este plan era conocido únicamente por los altos
mandos, pues lo que se hace evidente es que los mismos policías
desconocían lo que estaba preparado. Fue evidente su desconcierto
cuando hizo explosión un cuete trazador, salido del Hotel Fortín
Plaza, y que hizo explosión entre sus filas, aún en el desconcierto
respondieron lanzando disparos cartuchos de gas directamente hacía
las personas que se encontraban al frente del contingente.
Al escribir este texto se
habla de razzias y levantones con un sin número de detenidos, además
no sabemos cuantos fueron heridos a causa de los golpes con las bombas
de gas. Seguramente el discurso de una Oaxaca en paz solo es para los
medios, pues estos hechos comprueban que ni Ulises Ruiz, ni quien le
pueda suceder en el cargo, están interesados en resuelver los
problemas de fondo de nuestros pueblos, y mientras ello no suceda
nunca habrá paz en nuestro Estado.
Por su parte el pueblo digno
sigue demostrando que esta dispuesto a seguir luchando por un Oaxaca
democrático. La marcha festiva y pacífica de miles de hombres y
mujeres que subieron hacía el Cerro del Fortín, es un ejemplo cívico
de valor, dignidad y lucha. Así también, la Guelaguetza popular
realizada en la Plaza de la Danza nos muestra que la cultura y el arte
es raíz y orgullo de los pueblos, y que no existe ninguna justificación
para que los grandes empresarios y el gobierno se enriquezcan a costa
de ellos.
Ante la situación que no
presagia mejores tiempos, es necesario continuar organizándonos
democráticamente desde abajo, desde nuestras casas, colonias, centros
de trabajo, escuelas, sindicatos, comunidades, confiando en la fuerza
de la propia comunidad, pues no deja de llamar la atención que ante
la violencia y brutalidad mostrada por el desgobierno, ningún
candidato electorero abre la boca para exigir un cese a la violación
de los derechos constitucionales y la libertad de los presos políticos.
El pueblo trabajador y todos
sus aliados solo derrocaran a sus verdugos cuando se reconozcan
concientemente como el sujeto histórico responsable del futuro de las
nuevas generaciones, poco podremos avanzar mientras sigamos confiando
en direcciones oportunistas y traidoras. Así que a continuar
organizando el porvenir, pues a pesar de todas las dificultades, el
futuro es de los pueblos dignos y trabajadores.
(*) Miembro del Movimiento Al
Socialismo (antes Partido Obrero Socialista), organización integrante
de la APPO.
Boletin de Prensa de la APPO
A los medios de comunicación – A la opinión
publica nacional e internacional
Oaxaca, 16/07/07.– El día de hoy 16 de
julio, habíamos anunciado la realización de la Guelaguetza popular
en el auditorio Guelaguetza, ubicada en el cerro del fortín, sin
embargo desde hace dos días, diversos cuerpos policíacos, tanto
municipal, estatal y el ejercito, se posesionaron del cerro del fortín,
para iniciar la ofensiva general en contra del pueblo de Oaxaca.
El día de hoy con la finalidad de iniciar las
festividades del lunes del cerro, iniciamos la actividad con una
calenda hacia las calles del centro histórico de la ciudad, con una
ruta que pasaba cerca del cerro del fortín, en concreto en las
afueras del hotel fortín plaza, en donde los diversos cuerpos policíacos,
tenían sitiado el cerro, nuestro contingente se acerco para estar
gritando las consignas de repudio en contra de este estado de sitio.
Los cuerpos policíacos habían con antelación
preparado una provocación nuevamente, la agresión inicio con el
lanzamiento de gases lacrimógenos, de los diversos cuartos del hotel
fortín plaza, y continuaron con la agresión los policías apostados
al frente nuestros contingentes lanzando gases lacrimógenos, piedras
y divisos objetos en contra del contingente de la APPO.
Hasta el momento hemos registrado la orden de
continuar la ofensiva general, en diversos puntos de la ciudad, por lo
que:
Denunciamos, esta agresión que esta desarrollándose
en contra del pueblo de Oaxaca, y han iniciado nuevamente las
detenciones de compañeros, que hasta el momento reportamos como
desaparecidos, hay movimiento de unidades militares en diversos
puntos de la ciudad, y teneos conocimiento de que se ha dado la orden
de que se puedan lanzar los cuerpos hacia el lugar donde se esta
desarrollando la Guelaguetza popular. Exigimos:
• Alto a la represión. Alto a la
persecución.
• Libertad a todos los presos políticos.
• Fuera URO de Oaxaca y castigo a todos
los responsables de la represión.
• Alertamos a la comunidad nacional e
internacional a desarrollar la más amplia solidaridad, para parar la
masacre en contra del pueblos de Oaxaca.
Fraternalmente, todo el poder al pueblo...
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
Oaxaca, conflicto vivo
Editorial de La Jornada, 17/07/07
Los enfrentamientos que tuvieron lugar ayer en
la capital oaxaqueña entre elementos de la policía estatal y
simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
que pretendían ingresar al Auditorio Guelaguetza, en el Cerro del
Fortín, son prueba fehaciente de que el conflicto político–social
de la entidad está vigente y dista mucho de haber sido
"resuelto", como ha afirmado en numerosas ocasiones el
gobernador Ulises Ruiz Ortiz y como pretende aparentar, por omisión y
con su silencio, el gobierno federal.
Desde hace más de un año, las autoridades
estatales y federales apostaron al desgaste de los inconformes,
primero, y a la represión violenta, después, para acabar con la
inconformidad en Oaxaca. El gobierno de la entidad ensayó incluso tácticas
cercanas a la guerra sucia, como el asesinato de más de una decena de
militantes y simpatizantes de la APPO. La presidencia foxista hizo
otro tanto y llenó las cárceles con presos que bien pueden ser
calificados de políticos, y las fuerzas federales enviadas a sofocar
el descontento incurrieron en graves violaciones a los derechos
humanos de los detenidos. El calderonismo se estrenó enviando a
prisiones de máxima seguridad a dirigentes de la organización
popular. Tras esas "soluciones" a sangre y fuego las
protestas amainaron y los gobernantes dieron por concluido el
episodio.
Sin embargo, Oaxaca sigue recorrida por la
exasperación, y las medidas represivas no han cesado. Por el
contrario, en semanas recientes se ha llegado al extremo de las
desapariciones forzosas, práctica que representa una regresión de
tres décadas y que introduce un factor que pone la legalidad entre
paréntesis y que descompone severamente la relación entre
gobernantes y gobernados.
En tanto, las causas del conflicto oaxaqueño
siguen intactas: marginación, pobreza, falta de democracia política
y sindical, corrupción y cacicazgos. Lejos de afrontar estos
problemas, los gobernantes persisten en agraviar a un amplio sector de
la sociedad oaxaqueña haciendo como si no hubiera pasado nada, como
si la insurrección civil de la APPO no hubiese ocurrido nunca, como
si no hubiera homicidios y otros delitos graves pendientes de
investigar y sancionar, como si los problemas de fondo hubiesen sido
atendidos.
Gobernar significa atender y resolver
problemas, no aplastarlos con la fuerza del Estado para aparentar que
han desaparecido. Si los gobiernos local y federal continúan actuando
de esa manera, ahondarán irreparablemente la ruptura entre el México
cupular y el real, en el que proliferan los descontentos políticos,
sociales y económicos. Oaxaca es un ejemplo incontestable de esa
ruptura: mientras que el discurso oficial habla de una entidad en
armonía, paz y prosperidad, los sucesos de ayer refieren, en cambio,
una sociedad polarizada y la persistencia de una situación explosiva.
A raíz de la crisis de legitimidad que
arrastra de origen, el calderonismo ha refrendado alianzas con
personajes que han tenido un papel preponderante en la gestación del
conflicto oaxaqueño, como Elba Esther Gordillo, recientemente
consagrada como dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, y el propio Ruiz Ortiz, con quien el
Ejecutivo federal parece haber intercambiado respaldos: impunidad para
las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la entidad
y permanencia del gobernador en el cargo a cambio de reconocimiento
político a una Presidencia impugnada.
Por último, la participación del Ejército en
el cerco al Auditorio Guelaguetza es por demás preocupante, en la
medida en que indica una utilización de las fuerzas armadas ya no sólo
en funciones de policía, sino también en tareas propias de cuerpos
antimotines, es decir, para reprimir movimientos sociales. Resulta
imperativo que el gobierno federal cambie de táctica, deje de
criminalizar la protesta política y social, libere a los detenidos de
la APPO, aplique sus promesas –hasta ahora cuestionables– de
compromiso con la legalidad y empiece por sancionar a los funcionarios
públicos que han cometido atropellos contra los opositores oaxaqueños.
La APPO sigue viva y actuando
Oaxaca: un año después
Por Luis Hernández Navarro
La Jornada, México, 18/06/07
Este 14 de junio se cumplió un año del
intento de desalojo del plantón magisterial en Oaxaca. La acción
policial ordenada por el gobernador Ulises Ruiz dio un vuelco a la
lucha de los integrantes de la sección 22 del sindicato magisterial.
A partir de ese momento, una movilización de carácter gremial por la
rezonificación salarial se transformó en lucha política de amplios
sectores de la sociedad oaxaqueña para destituir al mandatario
estatal.
La protesta oaxaqueña ha sido una de las
expresiones de descontento social más radicales y profundas que se
han vivido en México en años recientes. Entre el 14 junio y el 29 de
noviembre de 2006 se vivió en la entidad una severa crisis del modelo
de mando, en la que se generaron formas de autoorganización popular
inéditas y se vivieron protestas novedosas.
Tan sólo en junio se efectuaron en la capital
cuatro megamarchas masivas. En un estado con poco más de 3 millones
de habitantes, el 2 de junio –según los organizadores– tomaron
las calles 150 mil personas. El día 7 lo hicieron 250 mil, exigiendo,
por primera vez, la renuncia de Ulises Ruiz. El día 16 marcharon 500
mil. El 28 de ese mes protestaron 800 mil almas.
La golpiza a los maestros el 14 de junio fue
repelida. Los policías tuvieron que replegarse y ceder la plaza ante
una multitud enardecida. Sin embargo, las fuerzas del orden
destruyeron Radio Plantón, que había funcionado como la voz del
movimiento. En respuesta, grupos de universitarios tomaron Radio
Universidad y comenzaron a transmitir desde sus instalaciones.
El primero de agosto una comisión de mujeres
que buscaban un espacio para difundir la realidad del movimiento en el
canal de la televisión pública del estado se hizo del control de la
estación. Durante 22 días transmitieron una programación
alternativa. Sin embargo, las emisiones se suspendieron cuando un
grupo de pistoleros al servicio del gobernador destruyó a balazos
antenas y consolas de transmisión.
La sociedad oaxaqueña respondió tomando las
14 radiodifusoras de la entidad para divulgar su verdad. La radio se
convirtió en el instrumento que enlazó a los barrios organizados,
convocó y movilizó a la población.
El 20 de junio de 2006 se fundó la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La naciente agrupación retomó
y desarrolló las formas organizativas presentes en las comunidades
del estado: las asambleas como espacios de encuentro, comunicación,
información, análisis, reflexión y toma de acuerdos. Los consejos
(de ancianos, caracterizados o principales) como fuente de autoridad y
orientación política. Y las comisiones como mecanismo asociativo
para cumplir tareas específicas.
Durante cinco meses la población insubordinada
hizo imposible que el gobierno local funcionara. Bloqueó el Congreso
y el palacio de gobierno, las secretarías de Finanzas y Economía y
el Poder Judicial. La APPO se encargó de mantener el orden de la
ciudad. En varios municipios los pueblos tomaron las alcaldías.
Ante la represión de policías vestidos de
civil, de paramilitares y de pistoleros contra los ciudadanos en
lucha, y las caravanas de la muerte, formadas por convoyes motorizados
desde los que se disparaban armas de fuego contra civiles, los barrios
respondieron levantando barricadas nocturnas. Su objetivo inicial era
garantizar la seguridad de los vecinos, pero con el paso de los días
se convirtieron en espacios de encuentro, educación y discusión política.
Esta primavera de la autoorganización popular
en pleno verano se explica, en parte, como producto de la conjunción
de varios factores: el enorme descontento ante el fraude electoral que
hizo gobernador a Ulises Ruiz. La ruptura en el bloque dominante y los
pleitos entre el mandatario estatal entrante y el saliente. La
intolerancia en el trato del gobierno local hacia los alcaldes
nombrados por usos y costumbres no afines al PRI. La destrucción del
patrimonio histórico de la ciudad de Oaxaca para realizar obras públicas
innecesarias que justificaran el desvío de recursos públicos hacia
la candidatura presidencial de Roberto Madrazo. La cerrazón
gubernamental para atender demandas sociales. La emergencia de los
barrios organizados de la capital y zonas conurbadas con graves
problemas de urbanización, y una cultura asociativa de origen indígena.
La cancelación de espacios democráticos y la intensificación de la
represión.
A finales de octubre y durante noviembre, ante
la cercanía del cambio de poderes en el país, se puso en marcha un
operativo para desmantelar la insumisión popular de manera violenta.
El 26 de octubre Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección
22 del magisterio, anunció el regreso a clases de los maestros en
huelga. El 27 se desató un ataque contra las barricadas en el cual
fue asesinado por pistoleros, entre otros, el camarógrafo
estadunidense Brad Will.
El 27 de octubre se trasladó a la ciudad de
Oaxaca a la Policía Federal Preventiva (PFP). El 2 de noviembre la
población rechazó el intento policiaco por remover las barricadas
que resguardaban la universidad. Sin embargo, el 25 de ese mes la
represión se cebó sobre los ciudadanos en lucha, mientras se prendía
fuego a edificios públicos en los se encontraba documentación
comprometedora para Ulises Ruiz. Felipe Calderón tomó posesión como
presidente de la República con un movimiento a la defensiva por la
violencia en su contra: muertos, desaparecidos, encarcelados,
golpeados y más de 500 órdenes de aprehensión.
Sin embargo, a pesar de la política de terror
y la persecución contra dirigentes, el movimiento mantiene una
vitalidad sorprendente. El pasado primero de mayo miles de ciudadanos
volvieron a tomar las calles y, desde el 15 de ese mismo mes, los
maestros han vuelto a realizar paros. La represión en Oaxaca ha sido
conocida y documentada en todo el mundo de los derechos humanos. Se ha
convertido en un elemento de desprestigio hacia el gobierno de Felipe
Calderón. La APPO sigue viva y actuando.
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