Un año de desgobierno aprista

Por Gustavo Espinoza M. (*)
rodelu.net, 21/07/07

Lima.– Luego de doce meses de gestión las encuestas de opinión le otorgan al Presidente García un magro 24% de aceptación ciudadana. Estruendosa caída acelerada vertiginosamente cual jet en la pista de aterrizaje de Sao Paulo, si se considera que sólo en mayo de este año su nivel de aprobación aún bordeaba el 51%. Y preocupante por cierto porque en las condiciones del país, con la profundidad de la crisis y con la debilidad de las fuerzas de izquierda, el camino de “salida” puede ser aún peor.

Un sutil cambio en los mecanismos destinados a evaluar la estadística permite al régimen aprista asegurar ahora que en sus doce meses de gestión la pobreza ha disminuido en el Perú en un 4.2%, cifra que recusa la anterior gestión del Instituto Nacional de estadística arguyendo que responde a un artificio burocrático.

Pero independientemente de la anécdota, lo real es que la pobreza en Ayacucho –la región más lacerantemente golpeada por la violencia en las últimas décadas del siglo XX– subió del 77.3% al 78.4%, en tanto que en Huancavelica –reducto minero de riqueza excepcional– decayó apenas del 90.3% a fines del 2005 a un 88.7% a comienzo de este año.

El manejo de las cifras puede mucho, por cierto. Pero permite también advertir que, en efecto, una cierta disminución de la pobreza se dio en el área urbana de Lima e incluso un poco en la costa; pero en la sierra ella alcanzó un estimado global del 63.4% en tanto que en la selva llegó al 56%. Departamentos claves de nuestro país reflejan cifras sencillamente dramáticas: en Puno, por ejemplo, el 76.3% de la población vive bajo el límite de la pobreza; en Apurimac esa realidad afecta al el 74.8% de los habitantes; en Huanuco al 74.6%; en Pasco al 71.2%; en Loreto el 66.3% y en Cajamarca el 63.8% no obstante que allí –y en Ancash– operan las minas de oro más ricas de América. Y es que, en realidad, es cierta la afirmación del economista Humberto Campodonico: aumenta la pobreza en la sierra rural, y la desigualad.

Los expertos anotan –en este cuadro– que la pobreza supera el 50% en 12 de los 24 departamentos y regiones del país y alcanza niveles situados por encima del 70% en cinco de ellos, donde hoy se viven dramas agravados por el “friaje” y la política autoritaria y represiva del gobierno.

Si consideramos que en la orilla opuesta, las empresas mineras tuvieron en el periodo una sobre ganancia estimada pálidamente en unos 10,200 millones de soles (alrededor de 3,900 millones de dólares); y que los exportadores textiles acumularon una cifra en ningún caso inferior a los 800 millones de dólares de ganancia en el periodo, tendremos una idea del abismo social, que generó el neo liberalismo y que el gobierno del señor García alienta con alegre irresponsabilidad.

A eso puede atribuirse el hecho que en los dos últimos meses el régimen aprista se vio afectado por un vigoroso descontento social que debió reprimir con un costo muy alto: 20 muertos, 350 detenidos, 269 procesados y pérdidas materiales que se sitúan por encima de los 200 millones de dólares.

Hoy, los mineros de Casapalca han vuelto a su trabajo en la mina ubicada a 4 mil metros de altura, pero saben que lo poco que lograron fue el resultado de su vigorosa lucha. Los maestros se han visto forzados a levantar su huelga quebrados por las maniobras divisionistas del oficialismo, y retornan a sus aulas mordiendo el polvo de la frustración y de la rabia. Los comuneros de Andahuaylas arrancaron con sangre la rebaja de impuestos a los fertilizantes y subsidios para los insumos alimenticios. Y en Arequipa se pudo asegurar que en lugar de comprar 5 panes por un sol, el gobierno aceptara entregar 8 por esa suma.

El territorio nacional, luego de doce meses de gestión aprista se ha convertido en un verdadero escenario de confrontación y lucha, pero también de “toma y daca”, avance y retroceso, victoria o derrota para un pueblo esquilmado que no sabe aún cómo hacer para quitarse de encima a una clase que hace escarnio de la miseria y el atraso de millones para convertirlo en capital que le permita perpetuar su poder sobre la sociedad entera.

Hoy también el gobierno promulga decretos que reflejan su impotencia: dispone arancel cero para la importación de harina de trigo y procura proteger también los precios de la gasolina “barata” –la de 84 octanos– el kerosene y el diésel; pero sobre todo un modo de proteger el precio del pan, los pasajes y los combustibles. Habría que preguntarse, sin embargo, si ya no es tarde. Si a doce meses de gestión esa política –como las anteriores– no está simplemente condenada al fracaso.

Y es que hoy también otras poblaciones exigen lo mismo que acaba de concederse a los pobladores de Andahuaylas. Y el gobierno se sitúa en una disyuntiva terrible: si cede, se le cae el “modelo”, y si no, se termina de caer él mismo.

Si en febrero de este año se perdieron alrededor de 20 mil horas hombre por huelgas y paros; sólo en junio de este año la cifra subió por encima de las 300 mil, en una circunstancia en la que la agudización de los conflictos sindicales se parece como una gota de agua a otra con lo que ocurría bajo el gobierno de Toledo. Por eso hoy una buena parte de los peruanos sostiene que, en definitiva, el gobierno de García no es mejor que el de su servil predecesor.

El horizonte no resulta tampoco alentador. Por primera vez en 64 meses ha caído el PBI. Luego de un largo periodo de crisis, en el 2005 se sitió en un 6.4% y en el 2006 subió al 8.0%, pero hoy bajó el 7.5% que si se mantiene implicará el primer retroceso ostensible de los indicadores macro económicos, hasta hoy la imbatible fortaleza del oficialismo.

Algo similar puede advertirse considerando los ingresos corrientes del gobierno central. Si en el 2004 llegaron a un 11.6% y subieron a un 14.9% en el 2005 alcanzando un 25.6% en el 2006, cómo se explica que se proyecten apenas al 15.0% para el 2007 sino es por la ineficiencia de la gestión gubernativa?

García no registra una personalidad estable. Puede emprender una ofensiva liquidadora contra maestros, mineros, pobladores, o trabajadores en general acusándolos de renegones o “comechados”, pero puede también concentrar su ira contra sus ministros, colaboradores o funcionarios. No le importa. Sólo le interesa que nadie piense que el responsable de la crisis que se avecina, es él.

Y eso es lo que la gente está percibiendo de manera creciente. Y claro que no lo admite sólo a partir de las características personales del mandatario, sino también como consecuencia de un rumbo realmente incompatible con los intereses nacionales.

En política no hay “situaciones sin salida”. Si el pueblo avanza, se organiza y lucha, podrá cambiar la realidad para mejor. Pero si eso no ocurre, cambiará para peor.

Doce meses de gestión aprista colocan al país ante una disyuntiva ciertamente dramática de la que va tomando conciencia incluso una parte del pueblo aprista. No a otra cosa se puede atribuir el hecho que incluso altos dirigentes de ese Partido, como el Secretario Nacional de Organización hayan sido sorpresivamente “destituidos” de sus funciones por considerar que “han perdido la confianza” de los gobernantes. Ese camino es conocido. Y todos sabemos a dónde conduce.

El desgobierno aprista, a los doce meses de gestión, se ha tornado una realidad inocultable.

(*) Srio. General de la Asociación Amigos de Mariátegui (Casa Mariátegui).