Reconsideración del desarrollo de Latinoamérica y del Caribe para el siglo XXI

Por James Petras
La Haine, 04/09/09
Traducido por Felisa Sastre

En el último cuarto del siglo XX, Latinoamérica y el Caribe (LAC, en sus siglas inglesas) han experimentado un profundo proceso de delegación de poderes. LAC ha experimentado la restauración de las formas pre-nacionales de propiedad, y la transformación de las relaciones sociales de producción (capital- trabajo). (L.H.)

Introducción

Los métodos de la acumulación primitiva, caracterizados por el expolio de tierras urbanas y rurales por la fuerza y el masivo desplazamiento de poblaciones llevado a cabo por el Estado y, en algunas ocasiones por elites paramilitares, se han vuelto a implantar.

Los modernos sistemas de información, los mercados mundiales en expansión, las fusiones y compras a gran escala y a largo plazo que conducen a unos niveles sin precedentes de centralización y concentración de capital se han combinado, articulado y facilitado por la restauración de políticas y estructuras pre-nacionales.

Las consecuencias socio-económicas y políticas des este desarrollo combinado y desigual son la profundización de las desigualdades de clase, la creciente masa de campesinos semi-urbanos y obreros desarraigados, y la integración de la burguesía latinoamericana super-rica en los circuitos imperiales estadounidenses y de la Unión Europea. La emergencia en Latinoamérica de un capitalismo pre-nacional y controlado desde el exterior ha ocasionado un aumento de los enfrentamientos de clase y nacionales, con situaciones socio-económicas diversas, que implican a un amplio espectro de estratos sociales mediante la utilización de estrategias heterodoxas.

Las luchas sociales reflejan los intentos de contrarrestar los retrocesos socio-económicos y pre-nacionales, las primitivas formas de explotación y las modernas basadas en la explotación tecnológica. Las vagas advertencias provenientes de la izquierda y de la derecha para oponerse o defender la ‘globalización’ o el ‘neoliberalismo’ pasan por alto la histórica amalgama de las distintas formas de organizaciones capitalistas del pasado, el presente y de las emergentes en la actualidad. ‘Reconsiderar el desarrollo’ de Latinoamérica para el siglo XXI exige que comprendamos el proceso y estructuras que configuran la región.

Restauración y vueltas atrás:

Los últimos 25 años han sido testigo del desmantelamiento total de la estructura económica que había caracterizado la construcción de la nación-estado latinoamericana y la vuelta atrás a una economía pre-nacional. Desde finales del siglo XIX, y especialmente durante el periodo entre 1930 y 1975, Latinoamérica creó una economía y Estado nacionales: Inversiones a gran escala, en su mayoría públicas, en las industrias nacionales, infraestructuras, educación superior, alfabetización, sistema de salud pública, mercados locales e instituciones financieras y de crédito, establecieron las bases materiales para la nación-estado. El Estado, en distintas épocas y lugares, nacionalizó los sectores estratégicos: recursos naturales, petróleo, hierro, cobre, estaño, transporte terrestre y marítimo y servicios públicos (telecomunicaciones, agua, energía y electricidad). El capital extranjero estaba presente- pero en la mayoría de los casos regulado para complementar no para desplazar al capital nacional- de la misma manera que ocurría con el modelo de desarrollo normal en EEU, Europa y Japón. Al capital extranjero a gran escala se le prohibía la propiedad mayoritaria en muchos sectores; las fábricas de montaje estaban obligadas a cumplir con las leyes ‘nacionales’; la propiedad de la tierras en algunos países les estaba vedad o restringida. Las transferencias de beneficios estaban reguladas y también los préstamos de bancos locales. Es decir, Latinoamérica se transformó de una situación ‘pre-nacional pretoriana’ dependiente de las exportaciones en manos de empresas extranjeras en una nación-estado capaz de financiar y desarrollar las infraestructuras sociales de una sociedad moderna.

Comenzando con una serie de fracasos políticos históricos a mediados de los años 1970, que ha continuando hasta nuestros días (2007), la totalidad del entramado económico-social de la economía nacional moderna y del Estado fueron desmantelados para restaurar la economía política pre-nacional.

Bajo los lemas de la privatización, el libre mercado y las des-regularizaciones, los gobiernos restauracionistas reconvirtieron sus economías hacia enclaves de propiedad extranjera orientados a la exportación. El proceso de vuelta atrás, por lo general, implicó dos etapas: las empresas estatales privatizadas se vendían a las elites locales relacionadas con el Gobierno, quienes o bien volvían a vender las infraestructuras productivas a inversores extranjeros y grupos inversionistas o se convertían en socios minoritarios ( en fusiones con empresas multinacionales)

Las privatizaciones iban acompañadas del pillaje de los recursos naturales y la confiscación mediante la violencia de las tierras rurales y urbanas- bien a través de las políticas estatales, reclamaciones fraudulentas de tierras, utilizando los “mecanismos del mercado” impuestas por el ejército o bien vía contra-insurgencia y escuadrones de la muerte paramilitares que expoliaron a millones de pequeños agricultores y campesinos (Colombia). Los programas de contrainsurgencia, supuestamente impulsados por exigencias políticas, sirvieron para volver a concentra la propiedad de la tierra en manos de elites dedicadas a la exportación bio-agraria y vinculadas al régimen y al modelo pre-nacionales.

La reimplantación de las estructuras y políticas pre-nacionales tuvo lugar en el contexto de una relativamente definida estructura de clase urbano-industrial con programas sociales financiados públicamente (a diferencia de lo ocurrido en el siglo XIX). La reimplantación del modelo colonial produjo un inmenso daño en todo el tejido social- al convertir a los obreros modernos en trabajadores temporales, al obligar a los trabajadores cualificados a abandonar el país hacia países modernos o estados imperiales en el exterior. La emigración rural a la ciudad no se vio acompañada de la industrialización sino del cierre de industrias. En otras palabras, lo que se conoce como neoliberalismo’ es la restauración por la fuerza de anteriores formas de explotación capitalista (eliminando las redes económicas locales, socavando los mercados nacionales y la formación de trabajadores cualificados y de profesionales).

La más evidente expresión de la naturaleza restauradora de los regímenes contemporáneos es la expansión de la enseñanza y de los servicios de salud privados para círculos privilegiados que aseguran la reproducción de una estructura social rígida característica de las primeras sociedades basadas en la exportación agro-mineral.

Más aún, el asalto general a los empleados del sector público, a sus salarios, empleos y pensiones constituye una parte esencial de la sustitución de los servicios públicos profesionales por la “beneficencia” privada y paternalista de la situación pre-nacional.

La vuelta a los servicios privados dependientes de la “buena voluntad” de los ricos benefactores en sustitución de la obligación pública de atender a las necesidades básicas de los ciudadanos va acompañada por la usurpación del espacio privado por un nuevo sector devastador del capitalismo. El sector más lucrativo, el más dinámico del capital, se encuentra entre los capitalistas inmobiliarios, íntimamente relacionados con las instituciones financieras, las empresas constructoras y el Estado. Las inversiones inmobiliarias son el sector con mayores beneficios a escala mundial, al disfrutar del apoyo del Estado a través de créditos fáciles, bajos intereses, alta liquidez y leyes de uso del suelo favorables. Un estudio sobre los nuevos multimillonarios de Latinoamérica, Rusia, China e India demuestra que los beneficios inmobiliarios han sido un elemento clave para convertir a millonarios en poseedores de miles de millones.

El papel del Estado en la restauración de la economía pre-nacional

De la misma manera que en la época del capitalismo pre-nacional, el capitalismo inmobiliario se basa en la propiedad, en el arrendamiento de tierras y en la especulación, y no en los beneficios obtenidos por la producción de bienes y servicios. El Estado desempeña un papel clave en la expansión del capital inmobiliario al apropiarse de propiedades rurales y urbanas de gran valor, pertenecientes a los pobres de las zonas rurales y urbanas para transferirlas a las elites acaudaladas. Es decir, la fuerza política, los métodos del capitalismo inicial (‘la acumulación primitiva’) desplazan a las masas y permiten al capitalismo inmobiliario y a otras formas capitalistas- como las empresas agrícolas- explotar la tierra.

El Estado rentista concede subvenciones y rebajas fiscales a la exportación y realiza grandes inversiones en infraestructuras que unen las nuevas empresas, el comercio y los complejos de pisos a los mercados interior y exterior y al empleo.

El Estado terrateniente pre-nacional no ‘des-regula’, ni se ‘adelgaza’ ni ‘desaparece’ sino que establece nuevas leyes que dan prioridad a los inversores extranjeros y elimina las que promovían las empresas públicas nacionales y los programas sociales.

El Estado extiende su aparato policial y represivo y su intervención en la sociedad civil mientras que reduce el número y la calidad de los servicios sociales. Interviene activamente para absorber a las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y al mismo tiempo elimina las agencias de protección del medioambiente, salud y seguridad en el empleo, de las poblaciones indígenas y de los niños.

Nueva estructura de clases: Los cuatro estratos

La masiva vuelta del capital extranjero a los sectores estratégicos de la economía nacional personifica la vuelta a una economía pre-nacional o, más concretamente, a una organización colonial- aunque con instituciones políticas y organizaciones muy diferentes económica y socialmente. A diferencia del periodo colonial anterior, basado exclusivamente en las exportaciones agro-mineras, la recolonización contemporánea se introduce en todos los sectores, y en particular en el secundario [industria] y en el terciario[servicios]. Corporaciones multinacionales a gran escala se basan en las avanzadas tecnologías de la información y en una nueva variedad de instrumentos financieros para conseguir rentas, beneficios, royalties, y beneficios especulativos inesperados y para transferir riqueza a varios miles de multimillonarios en los centros imperiales y en las capitales colonizadas del mundo.

El sistema imperial tiene cuatro niveles de explotación interrelacionados. En el estrato más bajo, la nueva arquitectura imperial descansa sobre los cimientos de la fuerza de trabajo, sobre las reservas productivas explotadas y extraídas de Latinoamérica, Asia y África. En el nivel siguiente, los capitalistas de las industrias manufacturera y agro-minera sacan beneficios de la explotación del trabajo y de las reservas naturales. En el tercer nivel, los capitalistas del sector inmobiliario, comercial, de la banca y de las tecnologías de la información obtienen rentas, intereses y royalties. En la cima de la pirámide imperial se encuentran los fondos de inversión, de pensiones, de seguros y derivados, que se benefician de la compra y venta, de fusionar y adquirir empresas multinacionales y de la especulación en Bolsa. Esta jerarquización en cuatro niveles caracteriza la arquitectura del desarrollo latinoamericano en el siglo XXI.

En cada uno de los niveles, el valor producido en los estratos más bajos se transfiere al estrato superior, dando lugar una pirámide invertida de la riqueza: el 0,1% de los más ricos posee más activos que el 50% de los del nivel más bajo. Hablar de la ‘clase capitalista’ sin clarificar su posición en la arquitectura imperial contribuye a desdibujar la nueva configuración del poder. Los vínculos entre los diferentes niveles de la estructura de clases son fuertes debido a las inversiones inter-sectoriales y a sus comunes intereses en la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales. No existe una burguesía progresista a pesar de los conflictos que se producen entre ella y los sectores capitalistas más fuertes que tiene por encima.

Latinoamérica, en su actual regreso al estado pre-nacional, descansa sobre las prácticas sumamente predadoras de acumulación basadas en mecanismos políticos y económicos. La nueva relación entre el Estado y la economía, se inició con la demolición del Estado nacional y la restauración de estructuras coloniales, incrustadas por encima de la mano de obra moderna, de las instituciones nacionales y de la conciencia social. La construcción y expansión de una nueva economía basada en los sectores financiero, inmobiliario y extractivo depende en gran medida del control político. Las nuevas economías no son autónomas exclusivamente a través de los mecanismos del mercado y se enfrentan a numerosos y fuertes enemigos de clase que se han visto profundamente
alienados.

Contradicciones y transformación del estado pre-nacional

La vuelta atrás y la restauración del régimen pre-nacional y de estructura económica han ocasionado una gran variedad de enemigos y puntos vulnerables que pueden conducir a transformaciones profundas.

Los cambios son recientes, brutales y veloces, pero la ideología que los justifica no ha conseguido imponerse entre la gran mayoría, incluso aunque muchos de los nuevos gobiernos electos no han conseguido iniciar un nuevo proyecto político. En segundo lugar, las desigualdades, cada vez mayores, la concentración y centralización del capital que se manifiesta a través del crecimiento masivo de fusiones y compras (M&A, en sus siglas inglesas) y los ingresos multimillonarios de los super ricos han creado unas sociedades fuertemente polarizadas. En tercer lugar, las M&A han integrado las economías y han socializado la producción, incluso con crecientes beneficios, agravando las contradicciones entre la propiedad privada y la producción social. En cuarto lugar, la concentración de riqueza en sectores especulativos como el financiero, de seguros e inmobiliario hace que todo el edificio imperial sea más vulnerable. El sector financiero e inmobiliario, que acumulan rentas e interese sin producir valor, son los sectores más parásitos, desligados de la producción directa de bienes y servicios y expuestos a la máxima volatilidad y a un mayor riesgo de crisis económica. En quinto lugar, el boom a largo plazo y gran escala de las manufacturas en China, Asia Oriental y el Sudeste Asiático ha dado lugar a unos precios internacionales que han batido records para los metales básicos (cobre, plomo, estaño, níquel y cinc), productos agrarios (soja, trigo y azúcar) y energéticos (gas, petróleo y etanol), lo que ha supuesto ganancias enormes para las elites de la exportación, y un gran incremento de los ingresos para los gobiernos en Latinoamérica.

La "crisis" social en la Latinoamérica de hoy no representa el ‘estancamiento’ del capitalismo, sino un crecimiento basado en una mayor explotación de la mano de obra y en la concentración de los ingresos en la clase gobernante y en su elite política. Nunca en el pasado reciente se había acumulado tanta riqueza en Latinoamérica, y la clase gobernante jamás había destinado tanta riqueza al consumo desaforado, a las inversiones en ultramar y a la especulación inmobiliaria. Nunca se había visto en Latinoamérica la proliferación de tantos multimillonarios, ni la transformación de millonarios en poseedores de miles de millones que ha tenido lugar a lo largo de la década pasada, a pesar de la "crisis" de finales de los 90.

La combinación de privatización, saqueo y fusiones de los años 90, unida a los precios astronómicos en el mercado de los últimos 7 años, han producido enormes superávit presupuestarios y ingentes fortunas privadas.

Estos cambios en la estructura del capitalismo han establecido las condiciones objetivas para una movilización popular y a largo plazo para un conflicto de clases de gran envergadura. Todos los ingredientes básicos para una transformación estructural están presentes, como nunca antes había ocurrido. Varios cambios estratégicos son necesarios y factibles. La clave está en la re-nacionalización de los sectores de exportación agro-minera más dinámicos y lucrativos, que permitirán financiar un sector manufacturero diversificado, la producción de alimentos a gran escala, en granjas muy mecanizadas, e importantes inversiones públicas para restaurar los servicios sociales.

La segunda reforma necesaria y viable es el control público del dinámico sector del comercio exterior, que genera los beneficios más elevados y constituye la mayor fuente de ingresos públicos para las inversiones a largo plazo. Obviamente, el desarrollo orientado hacia la exportación es un motor de crecimiento para el desarrollo social si lo dirigen las clases populares, especialmente en un período de alza de los precios internacionales, La pregunta decisiva es qué clases sociales dirigen el Estado y controlan los beneficios, y cómo se invierten éstos en el mercado local. Los ingresos de la exportación, distribuidos equitativamente entre los productores locales, invertidos racionalmente entre los sectores del mercado interior y la exportación, unidos al control del capital, pueden convertirse en el vehículo que financie una transformación social.

El re-desarrollo urbano y rural popular requiere la devolución de la propiedad de la tierra, ahora en manos de las elites de las empresas agrarias y de la industria inmobiliaria, al sector público agrario, aliado con los campesinos, y a los urbanistas cercanos a los habitantes urbanos de bajos ingresos. La devolución de las tierras confiscadas ilegalmente exige cambios fundamentales en el Estado, en la ley de propiedad y, especialmente, en el sistema judicial. Las oficinas y apartamentos de lujo pueden reconvertirse en instalaciones públicas para servicios sociales, actividades culturales y viviendas de bajos alquileres. Las plantaciones a gran escala, cuyo origen se debe al desplazamiento violento, ilegal o arbitrario de granjeros y campesino, pueden convertirse en empresas públicas de trabajadores, de jornaleros rurales, que generen beneficios.

La paradoja moderna: la concentración capitalista y la socialización popular

La paradoja del actual sistema económico injusto es que ha establecido las condiciones necesarias para una transformación social, bien entendida. Las fusiones y compras de empresas han limitado las bases económicas de la clase gobernante. El crecimiento del capital especulativo ha minado todas las formas paternalistas y hegemónicas de explotación mediante la cual los capitalistas han manipulado históricamente la conciencia de los obreros y de los campesinos. La racionalización de la economía, basada en la introducción de nuevas tecnologías, facilita el flujo de información para la planificación pública. El crecimiento de una multitud de nuevos mercados (como los asiáticos), con su demanda de bienes estratégicos, debilita los boicots y bloqueos imperiales.

Desde una perspectiva histórica, los estrategas del desarrollo actual se benefician de las lecciones negativas de anteriores experiencias con el capitalismo neoliberal y el colectivismo burocrático. La privatización concentra los beneficios, financia la especulación inmobiliaria y la fuga de capital al extranjero. Los rendimientos desiguales de las inversiones dejan en paro a una enorme cantidad de fuerza laboral y hace que millones de profesionales y trabajadores cualificados abandonen el país.

El colectivismo burocrático no consiguió gestionar adecuadamente el equilibrio entre la producción de bienes del capital y el consumo privado, entre la disciplina del trabajo colectivo y la productividad. Unas estructuras políticas arbitrarias fomentaron la pasividad y desalentaron la innovación.

Reconsideración del desarrollo en Latinoamérica a la luz de la experiencia bolivariana

Las propuestas y las contradicciones de la experiencia bolivariana venezolana brindan experiencias y lecciones adicionales para reflexionar sobre el desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, a pesar de las diferencias de recursos disponibles y de las idiosincrasias históricas y culturales.

Estas características específicas indican, asimismo, que debemos ir con cautela porque, si bien se han producido profundos cambios, éstos no se han consolidado aún del todo. Sin embargo, podemos destacar varias características importantes que contribuyen a que reconsideremos los dogmas recientes del centro-izquierda.

Hagamos un resumen de la contribución del proceso bolivariano (PB) al debate público sobre el desarrollo.

En primer lugar, el PB ha demostrado que la propiedad privatizada se puede volver a nacionalizar con éxito. La privatización no es "irreversible", no es la ‘única’ vía para el desarrollo económico. En segundo lugar, la inserción a gran escala en la economía internacional no es incompatible con la creación de programas avanzados de asistencia social y de empresas públicas. En otras palabras, la ‘globalización’ no ‘requiere’ toda la parafernalia de una economía neoliberal. La inserción y la participación en la economía internacional son compatibles con la coexistencia de la propiedad privada y pública, con unos modelos más equitativos de distribución de los ingresos, así como un incremento del consumo público y privado.

En tercer lugar, el PB ha demostrado que los ingresos imprevistos debidos a los altos precios de las materias primas no producen inevitablemente unos islotes de riqueza en un mar de pobreza. En Venezuela, el Gobierno controla los ingresos del comercio y reasigna fondos que benefician a las clases populares en forma de programas masivos de educación, salud y alimentos subvencionados.

Por último, el PB demuestra que un presidente que impulsa un nacionalismo consecuente y el bienestar público puede llegar al poder en unas elecciones, pero sólo puede seguir en el poder con la ayuda de las movilizaciones populares masivas y el apoyo de sectores del ejército. La victoria electoral del Presidente Chávez ha estado sometida a pruebas difíciles: un golpe militar apoyado por el gobierno estadounidense (abril de 2002), un cierre patronal (diciembre de 2002 – febrero de 2003) que paralizó y saboteó la industria del petróleo, y un referéndum financiado por EEUU. En cada uno de los casos, el proceso electoral sobrevivió gracias a la intervención masiva de actuaciones extraparlamentarias: un millón de habitantes de las barriadas pobres urbanas se manifestaron contra los golpistas; un sector mayoritario de trabajadores del petróleo y una minoría de técnicos volvieron a poner en marcha la industria petrolera; la inmensa mayoría de las clases populares se movilizó, organizó y ganó el referéndum. El PB demuestra que, en determinadas circunstancias, la política electoral puede abrir importantes brechas para el cambio político, pero precisa de una acción directa masiva, independiente, que defienda el proceso, apoye al Gobierno y defienda las industrias estratégicas nacionalizadas.

Asimismo, el PB ha puesto de relieve la necesidad de profundos cambios estructurales en la naturaleza del aparato estatal. Importantes sectores del ejército y de la judicatura intervinieron en contra del proceso de cambio estructural. La actual burocracia civil y diplomática, en gran medida instalada por los anteriores regímenes neo-coloniales, no pone en práctica programas sociales, sabotea la tramitación de las asignaciones presupuestarias, y retrasa hasta el infinito la reforma agraria, los planes de vivienda, mientras continúa con prácticas corruptas y sobornos.

La nueva realidad de Latinoamérica, con sus florecientes economías de exportación y una estructura de clases muy polarizada, con sus gobiernos pre-nacionales y unos sistemas de información modernos, indica que los movimientos sociales y los partidos políticos cuentan con todas las ventajas a la hora de desafiar a los actuales gobiernos. Los movimientos populares de oposición han puesto el foco sobre la política distributiva de los gobiernos coloniales lo que facilita la politización de cada una de las reivindicaciones económicas, algo inevitable ya que el Estado desempeña un papel decisivo a la hora de sacar el mejor rendimiento de los beneficios del sector de la exportación y de denegar la asignación de recursos a los trabajadores de los servicios sociales en el sector público.

Hoy, más que en cualquier otro momento del pasado, los regímenes pre-nacionales basados en la exportación, que viven de rentas, royalties e ingresos de actividades económicas coloniales son políticamente vulnerables. La masiva transferencia de los ingresos públicos provenientes de la inversión pública, y de los servicios sociales al capital interior y extranjero va acompañada de importantes recortes en los salarios y jubilaciones de los empleados públicos, lo que da lugar a la existencia de un sector urbano militante y concentrado que se enfrenta al descenso social. La expansión de las multinacionales hacia el comercio minorista (centros comerciales) ha llevado a la bancarrota a los pequeños comerciantes urbanos. La expansión de las ‘zonas de libre comercio’ y del personal contratado ha socavado la legislación social y la seguridad de la clase trabajadora industrial urbana. No se trata de meros problemas económicos pasajeros, "sectoriales", sino de problemas políticos nacionales, relacionados con la centralidad y el poder del Estado.

Conclusión:

En la medida en que los procesos electorales varían la composición del aparato del Estado y su orientación, pueden ser útiles. Si se limitan a ‘insertar’ en el Estado a los funcionarios electos, lo que se produce es la continuidad del orden antiguo. Ningún movimiento electoral progresista puede llegar al poder a menos que sea el producto de unas intensas luchas de clase y nacionales, que aumenten la concienciación y creen organizaciones de masas extraparlamentarias capaces de apoyar al nuevo gobierno electo protegiéndolo de los inevitables golpes postelectorales y del sabotaje. En la mayoría de los casos, la clave del poder político no está en cuestiones electorales, sino en organizar el poder social y político fuera de los canales institucionales establecidos para garantizar un proceso continuo de transformación.

El poder social organizado es necesario, pues incluso la propiedad pública puede ocultar nuevas desigualdades de clase que perpetúen la injusticia y la alienación. Además, las decisiones en materia de inversión pública, el destino del superávit comercial y el equilibrio entre el consumo del capital y el consumo público/ privado requieren la participación de los productores directos y de la masa de consumidores.

Como punto de referencia, Venezuela proporciona algunas lecciones útiles, pero nadie debería construir un modelo basado en el PB y menos aún en las actuaciones de los gobiernos de centro-izquierda de Latinoamérica. En primer lugar, Venezuela ha sido y sigue siendo una economía que vive de las rentas a pesar de los esfuerzos del Presidente Chávez para transformarla. En segundo lugar, ninguno de los regímenes autodenominados de "centro-izquierda" (Lula en Brasil, la familia Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Vázquez-Astori en Uruguay) ha roto con el modelo elitista de exportación agro-mineral, ni ha recuperado los sectores económicos estratégicos privatizados. De hecho, Kirschner ha renovado una de las leyes de minería más regresivas de todo el hemisferio, con pagos de royalties que no superan el 2%, y Evo Morales ha entregado el Complejo Mutun de hierro-magnesio al cartel multinacional indio Jindel, en condiciones extremadamente favorables (y contrarias a los intereses nacionales).

La lección que se extrae de los 5 años de experiencia con la política económica de los gobiernos de "centro-izquierda" es que no son de "izquierdas" ni de "centro", sino que forman parte inequívocamente de la "tercera oleada" de regímenes neoliberales que llegaron al poder tras el colapso y la crisis de la segunda (Menem-De la Rua, Sánchez de Lozada-Mesa, etc.) y se han visto favorecidos y apoyados por los excepcionales precios mundiales y por la demanda Los ejemplos del fracaso de la reforma estructural progresista bajo los nuevos neoliberales nos enseñan que las antiguas etiquetas ideológicas, los orígenes sociales populares y la retórica anti-neoliberal no constituyen un buen indicador de la práctica político-económica actual y de las alianzas sociales en el poder político. Toda la clase política que se define a sí misma como de "centro-izquierda" está formada por profesionales que ascienden de clase social, funcionarios sociales y políticos de clase media baja y líderes de movimientos cuyo fin son las elecciones. Se sirven de sus antiguos vínculos con la lucha social para conseguir poder político, riqueza económica y aceptación social por parte de las clases dominantes y de sus homólogos extranjeros. Para evitar el repetido círculo vicioso de comenzar a la izquierda al lado de la gente, pasar al "centro-izquierda" con la clase media y abrazar luego la derecha y las grandes empresas, los movimientos de masas deben ejercer un control democrático directo sobre sus líderes, vigilar de cerca sus programas sociales y las tácticas y estrategias de sus dirigentes.

Las transformaciones estructurales (reforma agraria, nacionalizaciones, control popular directo) deben contar con las circunstancias políticas, estar basadas en movimientos populares de masas y disponer de la capacidad profesional para diseñar, administrar las finanzas y ejecutar las políticas. Los programas concretos que mejoran directamente las vidas de los ciudadanos tienen que ganarse el apoyo popular al proceso; pero resulta esencial establecer claramente las "reglas del juego" para los diferentes aliados estratégicos entre quienes tienen pequeñas y medianas empresas de servicios, manufacturas y agricultura para aislar a las elites financieras, inmobiliarias y agro minerales. Para la creación de una conciencia masiva anti-colonial es fundamental la difusión de una nueva cultura popular como alternativa a la propaganda de los medios de comunicación coloniales y pre-nacionales.

Los paquetes específicos de medidas transformadoras y el calendario deberían adaptarse a las particularidades de cada país; pero el objetivo inmediato es acelerar la transición de una economía pre-nacional a una nacional, de un mercado inmobiliario especulativo a un programa público de viviendas sociales, de una economía de rentas, intereses, royalties y transferencias de beneficios, basada en pagos en el extranjero, a un mercado nacional autofinanciado que vincula los recursos locales y las regiones. Las ganancias imprevistas del sector de la exportación deberían dar lugar a un fortalecimiento de la producción interna y a intercambios que expandan los sectores productivos y el consumo local, basados en normas igualitarias que igualen la participación política popular.