Descomposición del régimen dominante y
resistencia popular

Por Manuel Aguilar Mora (*)
Enviado por Correspondencia de Prensa
Septiembre de 2007

Un gobierno atrincherado

A más de un año de las elecciones del 2 de julio del 2006 y a nueve meses de la inauguración del segundo gobierno federal del PAN, ahora con Felipe Calderón, la pérdida de legitimidad y del apoyo popular al régimen dominante continúa agravándose. La única y mecánica respuesta del poder panista, aliado con el PRI, ha sido el recurso de profundizar la línea política represiva. A diferencia de los años del esplendor priísta en los que el bonapartismo mexicano reinaba con dosis de represión creciente adobadas, sin embargo, con políticas que mantenían un apoyo o por lo menos una amplia indiferencia de la mayoría de la población, en la actual situación de una presidencia completamente disminuida combinada con el dominio híbrido de los dos partidos políticos burgueses mayoritarios, el llamado PRIAN, es patente la cada vez más rápida erosión del apoyo ciudadano. El resultado natural ha sido la expansión consecuente del espacio que ocupan los cuerpos represivos. Simultáneamente la resistencia se extiende y se multiplican los brotes de protesta y descontento populares.

Así las elecciones presidenciales del 2006, en lugar de constituir una coyuntura en la cual la situación se estabilizara después de los torbellinescos años de crisis del salinismo y sus secuelas, fue el momento para que reemergiera la lenta pero rampante crisis política que se arrastra desde hace años, ascendiendo a una etapa aún más compleja.

Felipe Calderón se ha atrincherado en la mansión oficial de Los Pinos. En la ciudad de México en esos nueve meses que tiene ya como presidente no ha podido realizar un mitin al aire libre ni siquiera con acarreados. Las pocas veces que ha participado en actos en el Distrito Federal, lo ha hecho en locales cerrados, protegido por despliegues espectaculares de las fuerzas represivas militares y policíacas.

La oposición del PRD y más discretamente del PRI, a que Calderón diera su primer discurso político como presidente de la República en la tribuna del Congreso de la Unión el 1° de septiembre expresa con evidencia el desorden existente en las esferas oficiales que desde el 2 de julio del año pasado todavía no se ha podido superar.

El recurso elegido para hacerse de una base de apoyo popular masivo, en especial entre las clases medias, ha sido la campaña militar contra las bandas mafiosas de narcotraficantes que han proliferado desde hace más de diez años. Esta política apenas esconde el real objetivo que apunta: sacar a los militares de los cuarteles para controlar y reprimir a las protestas populares y en general intimidar a la población. Y en lo que respecta a los resultados de la campaña contra la violencia de los grupos de narcos, los números hablan más elocuentemente: en los nueve meses han sido más de 1500 los caídos en esta guerra de bandas con el ejército. Sólo en el mes de agosto que recién terminó fueron asesinados más de 300. La violencia interdelicuencial más que pararse se ha desencadenado con más fuerza.

Esta situación de enajenación creciente del régimen con respecto a la población se traduce en un estrechamiento mayor de los vínculos de las cúpulas dominantes con el gobierno y en general con las fuerzas imperialistas de Estados Unidos. Se prosigue así inexorablemente la ampliación y profundización de la brecha que separa al régimen político dominante del PRIAN con las grandes masas de la población y sus necesidades y aspiraciones elementales.

La represión como una constante

La represión es gemela de la corrupción. Apenas iniciado el gobierno calderonista, en marzo pasado, salió a relucir uno de los escándalos más espectaculares y grotescos, al mismo tiempo, de los últimos tiempos. El decomiso por parte de la policía del monto en efectivo más grande de la historia de México y del mundo: más de 200 millones de dólares amontonados en grandes sacos en los salones de una mansión del exclusivo fraccionamiento de las Lomas de Chapultepec. Pertenecían a un traficante de origen chino, recientemente nacionalizado mexicano, inmiscuido en negocios con altos funcionarios del gobierno panista, en especial su secretario del Trabajo, y autoridades hacendarias y cuyas declaraciones embarraron al propio partido del presidente, pues según él ese dinero estaba destinado a los planes de desestabilización en caso de una victoria de López Obrador (AMLO) el 2 de julio del 2006. El caso provocó incluso roces con el gobierno de Washington debido a la fuga del delincuente a Estados Unidos (EUA), donde ha sido encarcelado.

Calderón está destinado a profundizar la alianza como socio menor del gobierno de México con el de Washington. Uno de los eslabones estratégicos de esta vinculación es con los planes contra el terrorismo que definen hoy por hoy la política del gobierno de George W. Bush. Así Calderón ha refrendado el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad en América del Norte (ASPAN), firmado por su predecesor Fox con los gobiernos de EUA y Canadá en 2005. Este tratado es una consecuencia directa de la estrategia de Casa Blanca y el Pentágono posterior al 11.09.01 destinada a hacer de México no sólo el patio trasero del Coloso del Norte, sino el glacis fortificado que le asegure integralmente su vital flanco sur. Calderón está ratificando todos los vínculos estratégicos del gobierno de México con el imperialismo en sus “guerras contra las drogas y el terrorismo”. Las consecuencias son el fortalecimiento y la legitimación de un mayor involucramiento de los militares y los cuerpos policíacos especiales en los asuntos cotidianos de muchos estados de la república, en especial en los del sur y en las dos fronteras.

En los meses finales del gobierno foxista se constató un escalamiento de la represión. El curso de Calderón lo está continuando y profundizando. Los nombres de esta escalada se resumen ante todo en dos: Atenco y Oaxaca. En mayo del año pasado, la salvaje represión de los cuerpos especiales del Estado de México en Atenco tuvo un saldo de dos muertos, de maltratos y torturas de hombres y mujeres (algunas de éstas, incluso violadas) y decenas de heridos y encarcelados. En noviembre pasado, la represión del detestado gobernador Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca se abatió con cuerpos policíacos estatales y federales (la PFP) contra la movilización popular encabezada por la APPO. El saldo de esta represión, que no ha cesado aún, hasta el momento es de más de 20 muertos, un número desconocido de desaparecidos y decenas de presos políticos.

Es en la ciudad de Oaxaca precisamente en donde se ha producido una nueva escalada de la represión con motivo de la desaparición, desde el mes de mayo pasado, de dos militantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Este recurso creciente a los procedimientos represivos como forma de gobernar está teniendo repercusiones en todos los niveles. Por ejemplo, en una clara imitación del Acta Patriota de EUA, los dos partidos burgueses principales, el PAN y el PRI, preparan enmiendas al Código Penal para legalizar la criminalización de las protestas populares. Es un intento de resucitar el delito de “disolución social” contra el cual se lanzó el movimiento estudiantil popular de 1968 y que fue derogado posteriormente. Este es el único rasgo original del curso calderonista que en lo demás sólo es la continuación del de sus antecesores.

Lo sucedido en los últimos meses ha llevado al gobierno de Calderón a crear nuevas fuerzas represivas (aparte del ejército, naturalmente), no bastando con las actualmente existentes como la PFP (en realidad militares vestidos de civil), creada durante el último sexenio priísta y los innumerables cuerpos policíacos especiales creados por los gobernadores de los estados. En marzo pasado, Calderón y su secretario de Defensa Nacional, general Galván, firmaron un decreto por el cual se creaba un nuevo cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF). Así, Calderón está en una situación parecida a la de Hindenburg, el viejo presidente de la república de Weimar, quien según Trotsky “no había hecho, pero tampoco deshecho nada”.

Desorden del régimen político

La larga transición mexicana sigue inacabada. Es el propio Calderón quien lo acepta cuando declaró hace unos días que “se está acabando el tiempo para la transición”. Determinada a su vez por la también larguísima trayectoria del régimen bonapartista que duró más de siete décadas, su causa es la crisis de régimen que no acaba de resolverse en forma positiva. No se trata de una cuestión de voluntades personales sino de razones estructurales. Se trata de una cuestión política con profundas raíces históricas.

La evidente crisis y decadencia del viejo sistema de dominación bonapartista se ha querido superar por la capa dominante con fórmulas políticas legislativas emanadas desde la cumbre: reformas electorales que se suceden una tras otra, “transiciones pactadas” entre las cúpulas de los dos principales partidos burgueses como en el 2000, arreglos en “lo oscurito” con las direcciones del PRD, el partido neocardenista surgido de la escisión priista de 1987, ampliación del número de legisladores en las dos cámaras del Congreso de la Unión. En resumen con métodos que buscan acuerdos en la cúpula pero que dejan intocados los mecanismos de subordinación y de control popular. Con ello se han gastado sumas enormes del erario, con el único resultado del enriquecimiento colosal de los partidos “representantes” de un pueblo cada vez más marginado y empobrecido.

Así la larga transición mexicana no acaba por desmantelar el viejo sistema, manteniéndose la concentración enorme de poder en las manos presidenciales (el llamado “presidencialismo metaconstitucional”) sin que el fortalecimiento de la vida parlamentaria protagonizada por los tres partidos gobernantes logre imponerse definitivamente como el nuevo régimen de dominación.

La burguesía mexicana debe su fuerza y sus riquezas a dicho régimen bonapartista. Acostumbrada a que éste gobernara a favor de sus intereses, no se preocupó durante décadas por crear vínculos políticos con las masas populares, ante todo descuidó la formación de partidos. La cultura popular política mexicana, por tanto, durante casi todo el siglo XX, fue ante todo una cultura populista  y ella tuvo un nombre: priismo (por el PRI, el partido único de facto y antes de él, sus antecesores el PNR y el PRM). Cuando vino el neoliberalismo, este cambio de época que era la sentencia de muerte de los gobiernos populistas y bonapartistas, el proceso de cambio se dio con el personal salido del propio PRI en la época de los presidentes De la Madrid y Salinas. Hoy sabemos que su intento relativamente exitoso de “modernización económica” neoliberal tuvo, sin embargo, un altísimo costo, el caos político, cuya evolución sigue y se agrava: la insurrección del EZLN; los asesinatos políticos, en especial el del candidato presidencial priista en 1994, Donaldo Colosio; los escandalosos fraudes electorales y un movimiento de resistencia popular de alcance nacional, cada vez más fuerte y aguerrido contra las políticas neoliberales. Por eso en el sexenio de Salinas, la modernización económica se dio paralela a una represión que sólo al PRD le costó 600 asesinados por las fuerzas del orden. Esta movilización popular de la resistencia siguió en el gobierno de Zedillo. La transición pactada con el PAN en el 2000, con Fox a la cabeza, fue concebida para desviar esta resistencia. A pesar del enorme capital político logrado por el ranchero de Guanajuato, muy pronto la real naturaleza crudamente capitalista de su mandato enseñó el cobre. El prestigio de Fox no duró ni la mitad de su sexenio. Él también terminó recurriendo a la represión en el más típico estilo de sus antecesores priístas.

El proceso paralelo a este recrudecimiento de la represión por parte de un gobierno como el actual, con un escaso apoyo popular y una caída libre de su legitimidad ante amplísimos sectores sociales, es el caos político de los grupos y partidos que funcionan en el escenario oficial. Presenciamos así una descomposición creciente del orden existente, lo cual tiende a acelerar el surgimiento de un vacío de credibilidad política en la sociedad en su conjunto. Ciertamente este proceso es muy desigual, siendo más evidente en el Distrito Federal y en otros estados sureños, pero con diferentes graduaciones se expresa en el país en su conjunto.

Las elecciones del 2 de julio del 2006, el fraude conculcado a la candidatura de AMLO y la vasta e inaudita protesta popular que dichos actos propiciaron, llevaron a la crisis política a un nivel muy alto. Más de un año después de esos acontecimientos, no se ha podido estabilizar realmente la situación. Calderón hasta para pronunciar su mensaje político tradicional del 1° de septiembre estuvo dudando sobre el lugar donde emitirlo. Se consideró primero el Auditoria Nacional con su público panista y acarreado especialmente para aplaudirlo, para finalmente decidirse por el Palacio Nacional como lugar “más apropiado”. De este modo en una competencia atroz entre el poder y la oposición, los dos poderes legislativo y ejecutivo se aniquilan mutuamente. Queda el recurso de la militarización creciente, un peligroso recurso cuando lo desempeña un ejército que cada vez más se convierte en un factor de arbitraje decisivo del poder, sacado de los cuarteles en forma intempestiva por un presidente débil, con su legitimidad en un acelerado proceso de erosión.

El grado tan alto de desconfianza y antagonismos que reina en las cúpulas partidarias, que afectan directamente al poder establecido, se ha revelado cruda y patéticamente en el destino del Instituto Federal Electoral (IFE), una de las instituciones más caras de los gobiernos neoliberales (su presupuesto aprobado para el próximo periodo es de 80 mil millones de pesos). Pieza clave del fraude del 2006, el IFE va a desaparecer, eliminados todos sus consejeros, empezando por el nefasto consejero presidente Luis Carlos Ugalde, para dar paso a un nuevo Instituto Nacional Electoral. Ni el PAN, ni Calderón, principales beneficiarios de sus decisiones del 2006, salvaron a Ugalde y los suyos. El patético personaje, no obstante, antes de irse en una suerte de canto del cisne, hizo la declaración siguiente: “la desaparición del IFE puede ser una prueba de que sí hubo fraude en el 2006” (¡!).

El trasfondo político e histórico profundo de esta larga crisis es el carácter antidemocrático de todos los grupos capitalistas más poderosos, todos ellos vinculados estrechamente con los capitalistas y el gobierno del vecino norteño. Y mientras, por el otro lado, las masas populares no se erijan como las protagonistas estelares de la democratización del país, realizando una limpia revolucionaria del actual corrupto y represor sistema, esta situación se prolongara dando paso a soluciones aún más reaccionarias.

Los tres partidos burgueses principales se encuentran atravesados por profundas rupturas, las cuales en ocasiones se abren de tal forma que se convierten en colosales grietas de crisis.

La declinación del PRI y la debilidad del PAN

El PRI que sigue siendo el partido mayoritario considerando el número de estados en que gobierna y manteniéndose como la primera fuerza del Senado y la tercera en la Cámara de Diputados, es un partido perforado en lo más profundo por las divisiones de sus bloques internos. La derrota presidencial de Madrazo puso en evidencia que no se trata de un partido unificado en el sentido propio del término, sino de un conjunto de feudos estatales que se comportan como más les conviene a sus jefes, los gobernadores y los caciques regionales (los jefes donde no tiene la gubernatura del estado) y sindicales (v.gr. Elba Esther Gordillo, la líder magisterial, antes de su traición a Madrazo pasándose abiertamente con Calderón de 2006). Actúan de la manera más cruda sólo buscando las mayores posiciones posibles dentro de los aparatos tanto el federal como los estatales. Esto significa que su lealtad no está ni siquiera con sus candidatos, incluido el presidencial, tal y como Madrazo ha denunciado en sus acusaciones de traición de sus colegas de partido. Ellos van sólo por las prebendas de todo tipo que puedan conseguir del origen que sea. Sigue siendo el PRI el partido de estado por antonomasia, a pesar de que ya ha perdido dos veces la primera magistratura. En una dinámica de decadencia muy difícil de revertir, sus jefes nacionales, en especial los de las bancadas parlamentarias de San Lázaro, aspiran a volver a ganar en “la grande” en el lejano 2012. Pero esta perspectiva la basan más que en sus propios acervos, en la debilidad de sus competidores.

El PAN, el partido de Fox y Calderón, está muy lejos de haber llenado el vacío dejado por el PRI en el 2000. De los tres partidos más importantes, se podría decir que es el partido burgués más burgués. Por eso mismo el menos enraizado en las masas populares. Sigue siendo en los estados del norte, con un desarrollo más vigoroso de sus burguesías, en donde este partido dispone de una base ciudadana más amplia y consolidada. Pero aún allí no ha podido realmente plantarse firmemente. En Chihuahua y Nuevo León, posiblemente los dos estados en donde tradicionalmente ha sido más fuerte, las administraciones panistas han sido desastrosas, lo cual ha significado el regreso del PRI en ambos estados. En Sonora todavía no ha logrado ganar una sola vez la gubernatura, a pesar de su fuerza en los municipios. En Baja California, el desprestigiado hijo del Carlos Hank, como candidato priísta, estuvo a punto de derrotar a la hegemonía panista instaurada en ese estado desde 1989. En los últimos diez años, el PAN se ha fortalecido fuertemente en varios estados del centro y occidente con una tradición conservadora y reaccionaria más antigua: Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes, está por verse cuánto durará esta hegemonía. En el sur y el sureste, el PAN sólo cuenta en Yucatán, estado en el cual había ganado la gubernatura hace seis años, sólo para perderla recientemente ante la candidatura del PRI. Así al nivel nacional, el PAN no tiene la fuerza para una hegemonía realmente integral. Por eso el PRI es vital para el gobierno panista de Calderón, lo cual los dirigentes de aquél saben muy bien y lo cobran con creces. Esto es lo que explica el apoyo que Calderón ha dado a los dinosaurios que son los dos gobernadores priístas más desprestigiados de todo México, si cabe, el de Puebla, Mario Marín y el de Oaxaca, el aborrecido URO.

Las tensiones internas se aprecian también en el PAN, el cual a pesar de haber logrado la victoria el 2 de julio al precio altísimo que le ha costado, ve en sus filas el surgimiento de sectores más derechistas y reaccionarios opuestos a las posiciones de la ya de por si reaccionaria dirección partidaria de Espino.

La profunda crisis del PRD

Es el partido de AMLO el que constituye hoy la pieza más importante en el actual desorden partidario que distingue a la política oficial. La razón es muy simple: es a través del PRD que la candidatura de este líder populista se ha desarrollado como la expresión de descontento político masivo de la población.

El PRD atraviesa una profunda crisis provocada por la dinámica de dos políticas que, a pesar de los esfuerzos que se hacen de los dos lados por evitarlo, tienden a chocar irremisiblemente. Por un lado se encuentra el grupo ampliamente mayoritario de conciliadores, encabezados por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, René Arce y demás líderes corruptos y ultraoportunistas. Por el otro, en una heterogénea mezcolanza, los partidarios de AMLO y de un curso más beligerante. Estos últimos serían quienes favorecen la construcción de la Convención Nacional Democrática (CND) no sólo concebida como un informe movimiento sin estructura organizativa, como hasta hoy lo ha sido, sino como el cimiento de un futuro partido.

Los “chuchos”, es decir, el ala abiertamente conciliadora del PRD, no esconden sus objetivos. Para ellos de lo que se trata es de “constituir un régimen parlamentarista y no presidencialista”. ¿Qué significa esto? Su proyecto es abrirse hacia una alianza con los sectores priistas e inclusive panistas. Esta “nueva y moderna izquierda”, como se autodefinen sus líderes, se apresta a colaborar con el régimen para lograr la estabilidad del gobierno de Calderón. Todo lo demás, para ellos, son “barricadas y movilizaciones callejeras” que consideran superadas y letales para sus posiciones básicamente parlamentarias y electoreras.

Por su parte AMLO, sin que haya abandonado del todo su limitado programa de un radicalismo con reminiscencias del decimonónico liberalismo juarista que se lanza contra “una derecha” sin contenido de clase, se ha mantenido firme como opositor del gobierno de Calderón. Mantiene una agitación permanente contra el gobierno en su gira por todos los rincones del país, “puebleando” y movilizando a la gente en los lugares más apartados y jamás visitados por los candidatos o funcionarios gubernamentales con el objetivo de promover la CND. Este es su acervo que mantiene vivas las esperanzas y las acciones de miles y hasta millones de ciudadanos y ciudadanas del país.

Las contradicciones de la corriente de AMLO se harán cada vez más evidentes en la medida en que se profundice la crisis. Ha mantenido una postura firme con respecto a demandas fundamentales como son la oposición a las privatizaciones, en especial de la industria energética (PEMEX, CFE y LyFC). Pero se mantiene callado y no ha convocado a una alianza de la CND en la lucha de miles de trabajadores contra la Ley del ISSSTE que pone en manos de los banqueros los caudales multimillonarios de los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado, manteniéndose separado de un sector fundamental que votó por él en 2006. Más preocupante aún es su silencio total sobre el peligroso curso de militarización emprendido por Calderón y su estela de represión. Esta posición contradictoria fue una de las causas de su rotundo fracaso en Oaxaca, estado que visitó (aunque no lo hizo a la ciudad de Oaxaca) antes de las elecciones de agosto para convocar a un voto por el PRD. Su llamamiento no tuvo ningún efecto y el gran abstencionismo permitió que el PRI se llevara el carro completo: ganó todos los diputados de mayoría relativa. Así, los votantes y en general los ciudadanos de Oaxaca castigaron la actitud conciliadora (y en el caso de varios diputados, claramente colaboracionista) del PRD con URO en el conflicto del año pasado.

El movimiento popular alrededor de AMLO no es una simple repetición de la primera oleada cardenista del PRD encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas de 1988-1990. El hombre ha sido y lo sigue siendo más radical en los actos de lo que jamás fue el hijo de Lázaro Cárdenas, pero aún más importante son las condiciones sociales y políticas actuales, atravesadas por desgarramientos clasistas mucho más duros y profundos. Amplísimos sectores populares ven en AMLO la dirección de un movimiento contra el gobierno neoliberal de Calderón y se afilian a la Convención Nacional Democrática que ha convocado.

La impotencia política de “la Otra Campaña”

A mediados de 2005, la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona parecía anunciar un giro cualitativo en la situación política: el EZLN, sin duda el agrupamiento que en ese momento tenía la autoridad moral más alta entre los sectores populares independientes, en especial entre la juventud rebelde, salía de un largo silencio y se disponía a participar en el año político por excelencia que se avecinaba: 2006 año de las elecciones presidenciales. En la Sexta Declaración, el EZLN, por medio de su portavoz principal, el subcomandante Marcos, se lanzaba contra el electoralismo de los diferentes partidos “registrados”, en especial los tres principales partidos burgueses. Su propuesta de realizar “Otra Campaña” fue acogida con entusiasmo por los sectores más avanzados a la izquierda del PRD.

Cuando se inició la “Otra Campaña” con el periplo de Marcos por la república a principios de 2006, muy pronto se apreció las limitaciones enormes e incluso las gravísimas deficiencias de su política. En primer lugar, como auténtico caudillo militar, Marcos contradijo todas las expectativas de la Sexta Declaración, actuando antidemocrática y despóticamente. No era cierto que la “Otra Campaña” invitaba a las corrientes de izquierda independiente a realizar un movimiento popular contra los partidos y el gobierno capitalistas. Marcos decidía cómo, cuándo y dónde realizar mítines, declaraciones y todo tipo de medidas. Y la política que propuso más que propiciar una clarificación de lo que se estaba disputando en las elecciones presidenciales, que comenzaron a convertirse en el eje de la política nacional, contribuyó a la confusión y finalmente a un peligroso aislamiento del EZLN.

Como se sabe, al cretinismo parlamentario y electoralista corresponde en oposición exactamente equidistante un cretinismo antiparlamentario y antielectoralista. Así, la postura de Marcos en lugar de lograr que la “Otra Campaña” se convirtiera en una verdadera alternativa al reformismo y el electoralismo del PRD, acabó por alejarse de amplios sectores que la habían apoyado en un principio.

El sectarismo de Marcos se desplegó en dos fases, antes de las elecciones y después de ellas. Su crítica correcta al reformismo y electoralismo del PRD no se complementó con una posición ante las elecciones. Su política fue la que llaman de avestruz: las ignoró. Ni a favor, ni en contra, ni proponiendo la anulación de las boletas o incluso la abstención. Ante un gran abanico de sus seguidores se produjo un choque. Sin orientación de la “Otra campaña”, decenas de miles de ellos votaron por AMLO, otros se abstuvieron y seguramente muchos se desmoralizaron.

Pero después de las elecciones, su posición fue aún peor: ante el fraude de Fox y los panistas contra AMLO, no se pronunció en contra y se marginó completamente de las movilizaciones populares que siguieron. En julio y agosto del año pasado, Marcos, que se encontraba en la ciudad de México en la que se realizaban las manifestaciones antigubernamentales más grandes de la historia de México, no participó en ellas. Fue un acontecimiento trágico con matices un poco grotescos al mismo tiempo, pues cientos de miles de esos hombres y mujeres que se movilizaron contra el fraude, lo había hecho en otras ocasiones a favor y en defensa del movimiento cuyo dirigente principal se encontraba en esa misma ciudad, casi escondido, acompañado de unos cuantos seguidores.

Desde entonces la “Otra Campaña” ha recrudecido su tendencia sectaria. Sus posiciones han evolucionado hacia un movimiento con carácter étnico. Su interés se ha concentrado en la movilización de los sectores indígenas, los cuales ciertamente están entre los más explotados de la población mexicana, los cuales, sin embargo, constituyen una minoría de ésta. Es evidente que la victoria de sus demandas y la liberación de sus ancestrales yugos sólo tendrán lugar exitosamente en una alianza con la mayoría de los trabajadores mestizos de México. En la “Otra Campaña” sin embargo, se ha llegado a plantear que en la defensa de los presos políticos, sus miembros defienden primero o solamente a “sus propios” presos políticos.

La dilapidación del enorme capital político del EZLN por parte de su dirección encabezada por Marcos, es, sin duda, una de las causas más patentes del retraso en la construcción de una organización nacional democrática y revolucionaria necesaria para que los sectores populares encuentren la alternativa independiente que requieren para superar positivamente la crisis.

La prueba ácida de Oaxaca

Las elecciones locales de agosto pasado en Oaxaca han sido una prueba ácida que viene a ratificar la situación nacional extremadamente compleja, tal y como se refleja en el estado en donde la lucha de clases llegó al nivel más alto en los últimos meses.

El resultado del “carro completo” priista al ganar en todos los distritos electorales, arrojando al PRD a un lejano segundo lugar y al PAN a un irrisorio tercer lugar, fue una sorpresa para todos los partidos. Ninguno entendió el comportamiento de las masas populares, cuya abstención llegó al nivel record del 60 por ciento.

Los oportunistas del PRD en Oaxaca creyeron que el carácter represivo de URO, demostrado tantas terrible ocasiones, sería el factor necesario y suficiente para esperar el refrendo de la votación favorable que habían logrado en las elecciones presidenciales de julio de 2006, en las cuales la popularidad de AMLO les dio una amplia ventaja sobre los demás partidos.

Se equivocaron totalmente. Ni siquiera AMLO, quien hizo campaña por su partido en varias regiones de Oaxaca, logró convencer a los oaxaqueños y oaxaqueñas, quienes castigaron al PRD por su triste papel, incluido el colaboracionismo de sus diputados con URO, durante toda la crisis con la APPO.

Pero también a los priistas les cayó de sorpresa el “carro completo” que lograron. Por esa razón ninguno de sus candidatos de la lista de los “proporcionales”, en donde habían colocado a algunos de sus jefes políticos, fueron electos ante la magnitud de la victoria completa de la votación lograda en la lista de los de mayoría relativa.

Ni priistas, ni perredistas entendieron al pueblo de Oaxaca. Hubo un caso de un lugar en que los habitantes no dejaron que se instalaran las urnas pues argumentaban que la población no conocía a ninguno de los candidatos de los partidos.

La APPO y sus enseñanzas no han sido eliminadas con las represiones de URO, Fox y Calderón. En Oaxaca hoy continua produciéndose uno de los procesos más importantes de la lucha del pueblo mexicano para su liberación.

Oaxaca es un estado vecino a Chiapas y el de mayoría indígena relativa en todo México. Sin embargo, el papel de la “Otra Campaña” en la lucha de la APPO ha sido conspicuo por su ausencia. Al mismo tiempo, la ofensiva gubernamental contra las bases campesinas del EZLN en los Montes Azules de Chiapas se ha recrudecido en estos días. A la dirección encabezada por Marcos le esperan días cruciales en los que se pondrá a prueba su capacidad y sensibilidad políticas. Sólo un giro radical a su actual línea sectaria podrá estar a altura de los retos que le esperan.

Hacia la fundación del Frente Nacional contra la Represión

Amplios sectores políticos, sindicales, de las ONGs, así como personalidades e individuos particulares, preocupados por los niveles peligrosos a los que ha llegado la represión se han decidido a convocar a la fundación de un Frente Nacional contra la Represión (FNCR) el próximo 2 de octubre, la fecha del XXXIX aniversario de la noche de Tlatelolco. Este proyecto, como otros innumerables reagrupamientos sindicales y políticos que se están produciendo a lo largo y ancho de la República, anuncian que, como se señaló al inicio del texto, a un año de las grandes movilizaciones contra el fraude del PRIAN, la lucha por la democracia y por un México nuevo libre e independiente continua en un proceso de ascenso y profundización.

(*) Texto del informe político presentado al Comité Coordinador de la Liga de Unidad Socialista el 1° de septiembre de 2007.