El Movimiento al Socialismo (MAS) y el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) no concurrieron ni apoyaron la convocatoria de Blumberg a Tribunales. Ante el debate nacional iniciado sobre los problemas de seguridad, Socialismo o Barbarie (periódico) publicó los siguientes textos sobre el Plan de Seguridad de Kirchner y el movimiento encabezado por el Sr. Blumberg

* Plan Estratégico de Seguridad de Kirchner: La cuadratura del círculo

* Un grave error: PO, Castells y el MST apoyan y participan en la marcha de Blumberg

* La solución del MST: ¿Cambiará la policía con la elección de comisario?

Plan Estratégico de Seguridad de Kirchner

La cuadratura del círculo

Cómo lograr seguridad con miseria generalizada, comisarios corruptos, jueces coimeros e intendentes delincuentes

Por Fernando Beltrán
Socialismo o Barbarie, periódico, 22/04/04

El caso Axel Blumberg puso repentinamente en el centro de la escena política un problema mayor de la crisis social argentina. Con la movilización del 1° de abril al Congreso, convocada por Juan Carlos Blumberg y orientada políticamente por sectores de derecha, una parte de la clase media ganó la calle, encabezada por sectores de más alto copete. Ahora, Blumberg convocó una nueva concentración para el jueves 22 a Tribunales.

El escenario de crisis sigue abierto. Ha comenzado un debate nacional al respecto. Y en el problema están directamente comprometidos los dos principales poderes del país: la presidencia de la Nación y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Kirchner y Solá, después de tirarse la papa caliente uno al otro, parecen unir fuerzas para encontrar una “solución”. Esto se busca con el “Plan Estratégico de Justicia y Seguridad” presentado el lunes pasado en la Casa Rosada.

Días antes, en un clima de histeria –bajo la presión del “movimiento” de Blumberg y estimulado por medios de comunicación que tratan con la misma seriedad los chismes de Suller-Soldán-Rímolo y los más graves problemas sociales– el Parlamento de la democracia colonial se anticipó a aprobar el aumento de penas para una serie de delitos.

Pero si hay algo comprobado por las est00adísticas de Argentina y demás países del mundo es que el aumento de las penas no tiene incidencia alguna en las tasas de criminalidad. Este hecho se combina con otros dos:

1) Sólo el 3 por ciento de los delitos registrados oficialmente en la provincia de Buenos Aires lleva finalmente a alguna condena.

2) Las notorias conexiones de la delincuencia más “pesada” con muchos jefes y oficiales de la policía, con los aparatos políticos de la intendencias del Gran Buenos Aires y con la “justicia” determina que ese 3 por ciento de condenas incluya principalmente a los ladrones de gallinas.

El escaso efecto disuasivo que el aumento de penas tiene en sí mismo se ve, entonces, reforzado por la realidad de cómo funcionan no sólo la delincuencia sino también las cúpulas de la policía, la justicia y la política burguesas. ¿Es que los legisladores aún no se han enterado de que las cúpulas policiales son los principales gestores del “crimen organizado”? ¿Que el robo y desarme de automóviles se centraliza desde la División Automotores, que el tráfico de drogas lo regula el División Narcotráfico y que los secuestros importantes se hacen en combinación con los organismos de inteligencia y antisecuestros, como probó el mismo caso Blumberg? ¿Y que ambos “actores sociales”, los jefes policiales y los delincuentes, trabajan en íntimas relaciones con la horda de intendentes, punteros y manzaneras que administran los municipios del Gran Buenos Aires?

Por supuesto, están bien enterados de todo eso. Pero este absurdo tiene sus explicaciones racionales. Se trata de una respuesta formulada desde intereses de clase distintos y opuestos a los de la clase trabajadora y los sectores populares más pobres.

También aquí existen las clases sociales

Se nos dice que el problema de la inseguridad afecta por igual y de la misma forma a todas las clases de la sociedad argentina. Sería entonces un flagelo por encima de las clases. Sin embargo, no es así. Cada clase sufre y vive este problema de modos muy distintos, y la reacción de los medios y las “autoridades” es también muy diferente en cada ocasión.

El mismo caso Blumberg es una prueba. ¿Si Axel no hubiese sido un joven de la burguesía, los medios hubieran hecho el mismo escándalo, detonando así la actual crisis? ¿Habrían servido de tribuna para que su padre pudiera convocar a la movilización del 1° de abril e iniciar su campaña?

Recordamos un caso parecido, pero de un joven pobre: el de Diego Peralta, el chico de 17 años secuestrado cuando iba al colegio y hallado muerto el 12 de agosto del 2002 en una tosquera de Quilmes. Fue necesario que los vecinos se movilizaran y quemaran la comisaría de El Jagüel para que alguien se diera por enterado. ¿Cuántos miles de jóvenes de la edad de Axel, pero de otras clases sociales, han sido víctimas inocentes de la delincuencia y también del “gatillo fácil”, sin que los medios iniciaran campaña alguna?

Nosotros, como socialistas revolucionarios, somos humanistas, y luchamos por una sociedad donde no se produzcan atrocidades como la sufrida por el joven Blumberg. Pero precisamente por eso rechazamos el criterio que impera de hecho: que hay víctimas de primera y víctimas de segunda.

Y también, como en toda sociedad dividida en clases, hay delitos de primera (que afectan principalmente a la burguesía) y delitos de segunda (que perjudican ante todo a los trabajadores y los pobres). Sobre unos, se enfocan las luces del escenario mediático y político. Los otros son sólo materia prima para las truculencias de Crónica TV.

El secuestro extorsivo, un delito que desespera a la burguesía

El caso Axel ha sido tomado con especial apasionamiento por los medios no sólo por su carácter atroz y porque afecta a un joven de su clase, sino también porque se trata de la víctima de un secuestro extorsivo. Este es el delito que más desespera a la burguesía, después del robo de automotores y los asaltos a sus bancos, propiedades y mansiones. En la descomposición social de Argentina, el secuestro ha llegado a afectar a veces a gente de medio pelo. Pero las bandas suelen apuntar más alto. El mismo Axel compartió el encierro con un ejecutivo de Arcor. Y es reconocido que además de los denunciados hay muchos casos, como ése de Arcor, que ni siquiera se hacen públicos.

Esta desesperación de la burguesía se redobla por la evidencia de que en el negocio talla su propia policía. La asociación de las bandas de secuestradores con las cúpulas policiales (y los malandrines de las intendencias) parece ser la norma, como lo prueban dos hechos: 1) no existe secuestro importante que haya sido descubierto y donde no haya habido indicios de participación policial; 2) aunque se esclarezca la fechoría, jamás se recupera mucho de los rescates. El grueso se va hacia arriba.

Los capitalistas argentinos tienen la policía que supieron conseguir

La burguesía se halla, entonces, ante un problema social tan irresoluble como en matemáticas la cuadratura del círculo. Es que, en materia de seguridad, está ante el resultado de los desastres que ha perpetrado al frente de este país. El crecimiento del delito –aquí y en el resto del mundo– obedece a una combinación de causas, en las cuales los capitalistas tienen responsabilidad absoluta.

En primer lugar, en Argentina se ha verificado un fenómeno mundial. El crecimiento monstruoso de la pobreza, el desempleo y la exclusión, con la consiguiente descomposición social, se traducen inevitablemente en un aumento vertiginoso e incontenible de la delincuencia. Esto es lo que sucede en mayor o menor medida en todos los países latinoamericanos, en medio de la catástrofe económico-social de años de neoliberalismo y globalización. Los diagnósticos y propuestas de remedios que no partan de ese hecho son simplemente un fraude.

Los capitalistas argentinos –beneficiarios y co-responsables junto con el capital imperialista de este desastre– pensaban evitar las consecuencias encerrándose en sus countries y barrios cerrados... y que el pobrerío se matara entre ellos. Se equivocaron.

Pero no sólo generaron las bases económico-sociales de la inseguridad. En la superestructura, en las instituciones de su Estado, los comisarios corruptos, los jueces coimeros y los intendentes delincuentes son sus hijos legítimos.

¿Es que acaso los capitalistas argentinos han actuado en el país de manera muy distinta? Sus funcionarios policiales, judiciales y políticos no hacen más que imitarlos. En el espejo de los comisarios-secuestradores, de la “justicia” que se vende por moneditas y de los políticos chorros, la burguesía argentina no ve otra cosa que su propio rostro. Por eso está espantada y no tiene soluciones de fondo.

La división de la burguesía y el Plan de Seguridad de Kirchner

Está planteada toda una crisis institucional porque, al mismo tiempo que se incrementa el delito, las policías en general y la Bonaerense en particular (junto con el Servicio Penitenciario) aparecen como las principales formaciones del “crimen organizado” en Argentina. Este no es un lío coyuntural sino una cuestión de Estado, una crisis del Estado.

Qué hacer para remediarlo es un tema que divide a los capitalistas y a sus políticos. Las discusiones entre “garantistas” y “antigarantistas” reflejan esas diferencias.

Un ala derecha –en la cual claramente se encuadra Blumberg– hace total abstracción de la realidad social en la cual se da el crecimiento de la criminalidad. Lo que exige es eficiencia en la represión, sobre todo en los delitos que más afectan a su clase, como se evidencia en el petitorio presentado al Congreso. Como dice Blumberg, nosotros somos los “ciudadanos decentes” y simplemente reclamamos que se reprima. El porqué del incremento de la delincuencia no nos atañe. Aunque Blumberg se proclama “apolítico”, su postura ha sido instrumentada por los más siniestros personajes y medios de la derecha, como Ruckauf, Patti, Aldo Rico, Ámbito Financiero, InfoBAE, Radio 10, etc. Reclaman “mano dura” –aumento de penas y cheque en blanco a los organismos represivos– como un primer paso para orientar esa represión hacia las protestas sociales y así “poner orden” en el país. Pero este tradicional sector pro “mano dura” tiene una incoherencia insalvable en su discurso. El instrumento para aplicar “mano dura” –la policía– se da la mano con los delincuentes.

La otra ala del régimen reconoce, en cambio, que el problema es más complejo, tanto por sus raíces sociales como por el desastre de la misma policía. Plantea, entonces, diversas propuestas de reformas. Estas principalmente consisten en que la “sociedad civil” y sus organismos controlen a la policía. La “extrema izquierda” de estas soluciones en los marcos del régimen la sostiene el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), con sus propuestas de “democratizar” a la Bonaerense y demás policías mediante la elección de los comisarios.

El Plan de Seguridad lanzado por Kirchner es un intento de retomar la iniciativa en un tema que se le ha ido de las manos. Pero también, más que eso, es una tentativa de unificar a la burguesía en una política común, que a la vez cuente con el apoyo de la “opinión pública” (es decir, de las clases medias que salieron a la calle tras Blumberg).

El Plan es otra más del “estilo K”: “garantista” en la forma y los discursos, y de “derecha dura” en su contenido real. Salvando las distancias, se parece a lo que hace con la deuda externa: las arengas contra el FMI son la cobertura necesaria del pago religioso de los vencimientos.

En efecto, el plan pretende combinar duras medidas (como la rebaja de la imputabilidad penal a los 14 años) con “la participación cívica y el control ciudadano”. Eso quizás explica que le hayan dado la bienvenida desde el diario de derecha La Nación hasta el “progresista” Página 12. Por su parte, Blumberg ha manifestado su pleno apoyo.

Pero este plan de “mano dura” decorado de “garantismo” y de “control ciudadano” va a solucionar poco y nada, especialmente en relación a la inseguridad que perjudica a los más pobres. Todo apunta a poner los principales esfuerzos en enfrentar la criminalidad que afecta a los ricos, como los secuestros.

Uno de los remedios, según el Plan, sería crear una superpolicía que vigile y actúe por encima de la escandalosa Bonaerense (que sería dividida en tres o cuatro pedazos), de la Federal y otras policías provinciales. Será el FBI de Kirchner, que se encargaría de los secuestros y delitos parecidos. ¿Pero quién vigilará a los nuevos vigilantes? ¿Cómo lograr que estos santos varones (y mujeres) no terminen ingresando al rentable negocio del secuestro, la droga, el robo de automóviles, la piratería del asfalto, el cobro de coimas a los prostíbulos y demás rubros de los actuales “guardianes del orden”? ¿Por qué el FBI del Sr. K no se va a establecer por cuenta propia y va a rechazar las ofertas de un mercado tan floreciente? ¿Acaso no estamos en el reino de la “libre empresa”?

Otra perspectiva de clase para resolver el problema de la inseguridad

Las soluciones de fondo exigen otra perspectiva de clase, opuesta a la de los capitalistas que han llevado este país a una catástrofe económica, social y, por añadidura, moral.

En primer lugar, es una estafa hablar de soluciones a la inseguridad si no se van haciendo desaparecer sus bases sociales. Esto no es nada misterioso. Trabajo y salarios dignos para todos, especialmente para la juventud, es la primera medida en serio para acabar con la descomposición social donde se genera la delincuencia. Cualquier plan que no tenga este punto de partida es pura y simple charlatanería... o algo peor: un intento de utilizar la inseguridad como justificativo para reforzar el aparato represivo del Estado a fin de aplastar la protesta social.

Pero esto, por supuesto no basta. Son necesarias otras medidas. En Argentina (como en otros países con crisis sociales) estamos asistiendo no sólo al fracaso de tal o cual policía, sino del principio mismo de que la seguridad pública sólo puede y debe ser resguardada por un cuerpo especial de hombres armados (policía, ejército) separados del resto de la población desarmada y colocados por encima de ella.

Aquí y en muchos otros países se está viviendo la bancarrota de ese principio, que nos han inculcado como un dogma indiscutible. En verdad, esto no se hace principalmente para impedir la delincuencia, sino ante todo para sostener un sistema social injusto. Se confunden intencionalmente dos cosas distintas: la necesidad de seguridad pública (que a uno no lo asalten o lo maten) y el sostén de un sistema social de explotadores y explotados. Se usa lo primero (la necesidad de seguridad pública) como pretexto para sostener lo segundo.

Esa contradicción estalla cuando ese cuerpo especial (policía, ejército), que sostiene el sistema social, se asocia a la delincuencia y amenaza la seguridad pública, incluso de la misma clase dominante que lo contrata para “cuidar el orden”. Esta crisis no sólo se ve en Argentina: se da también en Brasil, México, Centroamérica). Aunque en distinto grado, éste es un rasgo común de los países que sufren la descomposición social provocada por la agudización de la miseria. La descomposición social también descompone a su Estado.

A eso se añade que el capitalismo actual ha ido asumiendo rasgos cada vez más podridos moralmente. Por supuesto, los explotadores nunca fueron ángeles. Pero hoy es un fenómeno mundial cada vez más notable la intrincada madeja de empresarios delincuentes, políticos coimeros y policías y jueces corruptos, que configuran un capitalismo cada vez más mafioso. Esta situación de “anomia” –de ausencia de normas morales– es un rasgo de la presente etapa degenerativa del capitalismo.

Por todos esos motivos, la solución de los problemas de seguridad debe partir de bases radicalmente distintas. En primer lugar, se impone la disolución de las policías que están funcionando de hecho como instituciones del crimen organizado; en primer lugar, la Bonaerense. Las “depuraciones” que, a veces, como en 1998, afectaron a casi la totalidad de los comisarios, han fracasado una tras otra. Después de cada “depuración”, las cosas quedaron peor que antes.

En segundo término, la solución de los problemas de seguridad debe partir del principio opuesto que hasta hoy impera. Este principio ha sido el de mantener al pueblo desarmado y darle el monopolio de las armas a la policía. Esto ha fracasado por completo. El punto de partida debe ser absolutamente diferente: el armamento general del pueblo, y su organización democrática para resguardar la seguridad.

Hay infinidad de experiencias que prueban que, para resolver el problema de la seguridad, no hay mejor remedio que la organización y movilización popular, lo que incluye y exige su armamento.

Un ejemplo cercano es el de la ciudad obrera e indígena de El Alto, en Bolivia, que fue el eje de la insurrección de octubre del año pasado. Su nivel de pobreza es mayor que el de las zonas pauperizadas del Gran Buenos Aires. Sin embargo, en sus barrios, la seguridad es muy superior. La clave está en la organización de las juntas vecinales, que controlan casa por casa a los habitantes, y que aplican la más dura “justicia comunitaria” a los delincuentes que pretenden operar allí. Ese alto grado de organización como comuna garantiza sin policía un buen nivel de seguridad, a pesar de la pobreza.  

A mayor escala, se puede comprobar cómo las grandes revoluciones, que implican la movilización, organización y armamento de las masas obreras y populares, resolvieron estos problemas, incluso cuando hubo en ellas un peso excesivo de aparatos burocráticos. La Revolución China de 1949 limpió Shangai, ciudad mundialmente legendaria por su delincuencia y sus mafias. China, que era el país del opio, acabó de inmediato con el narcotráfico. Y la criminalidad ha vuelto a China de la mano de la restauración capitalista. La Habana, antes de la Revolución Cubana de 1959, era un antro de las mafias norteamericanas.

Pero no necesitamos ir tan lejos. Los vecinos de cualquier barrio del Gran Buenos Aires, ¿acaso no saben quiénes son los malandras de la zona, y cómo actúan protegidos desde arriba por la comisaría y los “punteros” de la intendencia? ¿Qué sería más eficaz contra la delincuencia? ¿La organización masiva y democrática de esos vecinos convenientemente armados y dispuestos a aplicar las más severas medidas? ¿O el “FBI” de Kirchner y Béliz y la nueva Bonaerense de Solá y Arslanian?

Y esto sería no sólo más eficaz sino mucho más barato. En vez de gastar cientos de millones –como prevé el Plan K– en montar nuevas policías (que terminarán haciendo lo mismo), se podría financiar con mucho menos los turnos de vigilancia y otras tareas de seguridad de la organización democrática de la comunidad armada.

El armamento general del pueblo, como principio para resolver los problemas de seguridad, puede y debe asumir las más diversas formas. Esto incluiría contratar y organizar especialistas y técnicos que realicen tareas necesarias que hoy cumple la actual policía. Por ejemplo, labores de policía científica y otras tareas de expertos. De la misma manera que Trotsky, para poner en pie el Ejército Rojo, incorporó a miles de especialistas militares provenientes del antiguo ejército, la organización democrática del pueblo armado podrá servirse de expertos que hoy trabajan en la policía. Pero esas necesarias tareas especializadas se integrarían en un marco absolutamente distinto y opuesto al actual: en el marco de una “democracia de los trabajadores armados”.

Un grave error

PO, Castells y el MST apoyan y participan en la marcha de Blumberg

Si había alguna duda sobre el programa levantado por Blumberg, bajo el cual se realizó la concentración del 1° de abril, esta duda se ha despejado con su pleno apoyo al Plan de Seguridad de Kirchner.

El peculiar “movimiento” de Blumberg nació como una respuesta desde la derecha a los problemas de seguridad. La única solución que plantea es pedir más y mejor represión... a un Estado corrupto y delincuente Pero además este movimiento se insinuó como la aparición en la calle de una “derecha social”, montada sobre el problema de seguridad, de la misma forma que hoy existe una “izquierda social” (los piqueteros) que actúa en base al problema del desempleo. Si esta “derecha social”, aún inorgánica, se afirma en las movilizaciones callejeras, puede ser la base para una recomposición militante de la derecha “política”, hoy débil. Por eso, sus representantes se apresuraron a apoyar a Blumberg y varios a “operar” tras él.

El “movimiento” de Blumberg se ha anotado un primer triunfo: su presión ha sido decisiva para que se adopte el Plan de Seguridad presentado el lunes pasado. Naturalmente Blumberg aplaude ese Plan, que en gran medida asume su  propio programa.

Increíblemente, PO, Castells y el MST apoyan y van a participar en la nueva convocatoria que Blumberg hace para el jueves 22 frente a Tribunales. Esto es doblemente grave. No sólo están apoyando un acto de derecha, sino que también se solidarizan con una movilización cuyo convocante ha pasado a sostener el Plan Kirchner. Era de derecha y ahora es también oficialista. ¡A ese acto convocan PO, Castells y el MST! ¡Es difícil imaginar una forma de generar mayor confusión política!

Para justificar lo injustificable, Pitrola, dirigente del PO, argumenta en Clarín (20/04/02) que “no vamos a aceptar que una movilización de 150.000 es de derecha”, aludiendo al acto de Blumberg en Congreso. Que un populista como Castells dijera este disparate, vaya y pase. Pero Pitrola y el PO aún se dicen marxistas. ¿De dónde han sacado que una movilización, si lleva mucha gente, entonces no es de derecha? La más extrema de las derechas, el fascismo, movilizaba millones. Hoy la derecha golpista en Venezuela pone mucho más de 150.000 en las calles.

Semejante confusión no ayuda a dar un combate político serio para ganar a sectores de clase media e incluso trabajadores que honestamente ven con simpatía a Blumberg porque agita un tema que les toca a ellos, pero que no conocen sus propuestas o no miden su carácter y consecuencias. Al concurrir a Tribunales a la zaga de Blumberg, PO contribuye a borrar las insoslayables diferencias de clase y políticas con un programa burgués de derecha (y que ahora incluye el apoyo al Plan K). PO plantea, por ejemplo, la correcta consigna de disolución de la policía. ¿Qué tiene que ver eso con Blumberg, cuyo planteo esencial es policía, más policía y siempre policía?

La consecuencia inmediata de este grave error del trío PO-Castells-MST ha sido la división de la vanguardia de los movimientos sociales y la izquierda. Lógicamente, muchas corrientes y activistas –entre ellas el MAS y el FTC– rechazamos este disparate de apoyar y participar en una movilización de derecha. También Izquierda Unida se ha dividido. El PC y Patricia Walsh no apoyan la asistencia al acto de Blumberg.

Pero este error de los compañeros no sale de la nada. Aquí están llevando al extremo el hecho de que siguen sin decidirse a conformar una clara y terminante oposición clasista a Kirchner. Siguen estacionados en la política exclusivamente “piqueterista” de las presiones por bolsas y planes, sin pasar a una política de unidad de clase y de un programa común con los trabajadores ocupados contra el actual gobierno de los capitalistas y el FMI.

El 24 de marzo, esto se tradujo en que la marcha a Plaza de Mayo fue políticamente confusa, sin una clara oposición al gobierno y sin ninguna delimitación de sus maniobras “progres” (la ESMA) con las que tapa su política antiobrera y antipopular. Tanto el PO como el MST y Castells aceptaron expresamente que esa movilización no fuera opositora de Kirchner.

La política de estas direcciones ha sido, entonces, un obstáculo para que la vanguardia obrera y de los movimientos sociales pueda instalar un polo político de oposición a la izquierda de Kirchner. Este retraso ha favorecido que, con Blumberg, se pueda insinuar un polo opositor, pero desde la derecha, alrededor de los problemas de seguridad. En vez de enfrentar este peligro potencial, ayudando a establecer una clara oposición a la izquierda de Kirchner, corren al pie de Blumberg y su movimiento. ¡Es imposible hacer mayor confusión!

La solución del MST

¿Cambiará la policía con la elección de comisario?

La legisladora Vilma Ripoll (MST-Izquierda Unida) ha salido a competir con Pitrola en el arte de decir frases célebres que pasarán a la historia del socialismo.

“Para terminar con la inseguridad hacen falta cambios de fondo –afirma la compañera Vilma–, como elegir a los comisarios y jueces por voto popular. Así le rendirían cuentas a los vecinos y no al poder político" (Comunicado de Prensa, 14/04/04).

Con pocas palabras, la legisladora del MST ha logrado decir tantos despropósitos que ganan por varios cuerpos a los “150.000” de Pitrola.

¿De dónde, en base a qué realidad, ha sacado Vilma la idea de que si se elige a alguien “por voto popular”, entonces “rendirá cuentas a los vecinos”? Los intendentes del Gran Buenos Aires son elegidos por “voto popular”. ¿Y a qué vecinos “rinden cuentas” Cariglino de Polvorines, Quindimil de Lanús, Aldo Rico en San Miguel, Ishii en José C. Paz y el resto de la tenebrosa lista de intendentes del Gran Buenos Aires? ¿Si “por voto popular” se elige comisario en San Miguel, quién ganaría, con absoluta seguridad? ¿El candidato de Aldo Rico y su aparato de punteros o el del Izquierda Unida? Además de Rico intendente, tendríamos a Rico comisario. ¡Grande, Vilma!

El grado de idealización de esta “democracia” colonial y de los ricos que hace el MST supera al de los liberales y democrateros más vulgares. ¡Tanto para el Congreso como para la comisaría, el voto lo cura todo! Por supuesto, el voto se piensa sólo dentro de las instituciones del estado “democrático” de la burguesía colonial argentina, que el MST nunca cuestiona y a los que jamás contrapone los embriones de otra democracia y de otras instituciones. La democracia que apunte al poder de los trabajadores y el pueblo y a nuevos organismos que lo concreten. Sólo falta que Vilma Ripoll diga que con la democracia se come, se cura y se educa, como afirmaba Alfonsín.

Las instituciones “democráticas” (de la burguesía y el coloniaje) no terminan de superar la profunda crisis de legitimidad que destapó el Argentinazo. Los políticos e intelectuales más lúcidos de las clases dominantes consideran esto como un grave problema, que están debatiendo sin acertar a resolver. Los dirigentes del MST parecen no advertir este problema crucial de la dominación del capitalismo en Argentina. Si el rey Midas convertía en oro todo lo que tocaba, el MST piensa que el voto convierte cualquier cosa en legítima y beneficiosa para los trabajadores y el pueblo. Hasta la misma Bonaerense, redimida de sus pecados por el sacramento del voto al comisario, dejaría de asociarse a la delincuencia y pasaría a garantizar la seguridad de la población.

Si ése es el gran “cambio de fondo”, ya estamos en camino a él. Kirchner y Béliz han seguido en parte la línea de “democratización de la policía” sostenida por amplios sectores “progres”. El MST es el ala izquierda de esta “solución” dentro del régimen. Una de las medidas del Plan de Seguridad de Kirchner serán los concursos públicos de comisarios, subcomisarios e inspectores, donde van a hacer intervenir a la “sociedad civil”. No son las “elecciones” del MST, pero es parte de la misma concepción de “democratización”. Los hechos darán su veredicto sobre sus resultados.