Crisis y confrontaciones en el Partido Justicialista

¿Qué hay detrás de la pelea Kirchner-Solá-Duhalde?

Por Marcelo Yunes
Socialismo o Barbarie, periódico, 23/06/04

En las últimas semanas se ha dedicado un extraordinario número de minutos de radio y TV y páginas de diarios a las discusiones, marchas y contramarchas entre el presidente, el gobernador bonaerense y Duhalde. Sin embargo, con su habitual superficialidad, los medios sólo dejan la impresión de que se trata de una vaga “pelea por el poder entre políticos”. Por supuesto que ese elemento existe, pero el trasfondo del problema es mucho más serio: tiene que ver con qué clase de país se está buscando configurar. En particular, dos problemas están sobre la mesa: qué relación tendrá la Argentina con el imperialismo y qué rol van a jugar las provincias.

La palabra clave es ajuste

Evidentemente, Kirchner, Duhalde y los gobernadores se pelean por la plata. Lo que no suele quedar tan claro es que en realidad es una discusión para ver quién administra mejor las exigencias del FMI en provecho de los acreedores y de sus carreras políticas, y en perjuicio del conjunto de los trabajadores y el pueblo.

El marco de la pelea es el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). ¿Qué es eso? Se trata ni más ni menos que de la versión 2004 de la célebre “ley de convertibilidad fiscal” de 1999, cuyo objetivo era el mismo que hoy se reafirma: poner un límite legal a la capacidad de gasto de las provincias y de la Nación con el fin de asegurar un excedente destinado a aumentar los pagos de la deuda.

Es casi innecesario aclarar que esta ley es una exigencia del FMI y una de las condiciones para que la misión imperialista que llegó al país apruebe su “revisión” del comportamiento fiscal de la Argentina y se mantenga el acuerdo firmado. De hecho, otra de las condiciones era que estuviera aprobada la nueva ley de coparticipación federal, que regirá la manera de distribuir ingresos públicos a las provincias. Eso no va a poder ser cumplido por el momento, de modo que Kirchner espera aplacar las iras del Fondo con este proyecto marco de Responsabilidad Fiscal.

¿Qué propone la LRF? Básicamente, que la Nación y las provincias se comprometan cada año a no gastar un solo peso más que el año anterior, a menos que haya habido crecimiento del Producto Bruto Interno (que mide el tamaño de la economía). Por ejemplo, si el PBI crece 5%, el gasto sólo puede aumentar hasta 5%, nunca más.

Esto, que parece una norma sencilla e inocua, tiene consecuencias terribles, gravísimas.

En primer lugar, esto significa que queda congelada la relación entre el gasto público y el tamaño de la economía. En la Argentina, el gasto público equivale hoy al 23% del PBI. Es este número el que se piensa anclar, dado que para que ese porcentaje suba, habría que gastar más de lo que aumente el PBI (que es precisamente lo que la ley va a prohibir). Para tener una idea: los países imperialistas tienen un gasto público de entre el 35 y el 45% del PBI (los países escandinavos llegan al 55%), y la propia Argentina, en el año 2001 (el año del default, nada menos) tenía un gasto público del 30% del PBI.

Dicho en criollo: esta ley busca congelar el gasto público en un nivel mucho más bajo que el promedio histórico, y que no resiste comparación con lo que gastan los países desarrollados. Es la admisión de la penuria financiera para la educación, para la salud, para la obra pública y para los sueldos estatales. Los estados nacional y provinciales se someten así a un ajuste permanente y legalizado.

Que esto no es un invento argentino, sino una política del FMI, se demuestra en que en Brasil se aprobó una ley similar, con el agregado de que si algún funcionario nacional o local se atrevía a, por ejemplo, dar aumentos salariales que subieran el gasto por encima del tope, debía responder con su propio patrimonio. Por supuesto, nuestros patrióticos diputados, senadores y gobernadores bramaron que esa medida era una inaceptable violación de “soberanía”, de modo que en Argentina este ajustazo será exactamente igual que en Brasil, con la diferencia de que las mansiones, yates, campos y cuentas bancarias de estos entreguistas no correrán peligro...

El FMI aconseja: nada de endeudarse... salvo conmigo

Otro punto del proyecto de ley es que las provincias tendrán prohibido dedicar más de un 15% de sus ingresos al servicio de deuda (recordemos que las provincias tienen deudas propias, distintas de las del Estado nacional). Si superan ese tope, no pueden endeudarse... salvo con los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial), que a su vez exigirán garantías de la Nación. La penalización por no cumplir este ajuste salvaje incluye medidas como que la Nación podrá retener a la provincia “rebelde” su cuota de coparticipación.

Esto constituye una verdadera asfixia financiera para la mayoría de las provincias. ¿Qué recursos tienen las provincias para funcionar? Las fuentes son cuatro: la recaudación propia (que nunca cubre el total de los gastos); las regalías (que sólo cobran las provincias con recursos naturales como petróleo o gas, casi exclusivamente las patagónicas); los créditos externos (ya vimos por qué ventanilla son invitadas a pasar) y la coparticipación de impuestos que les da la Nación. Para más de la mitad de las provincias, la coparticipación supera la mitad de sus ingresos totales, con extremos como Formosa, que depende de la coparticipación en un 90% de su ingreso.

El resultado de todo esto es una dependencia financiera cada vez más marcada de las provincias con respecto a la Nación (¡la que, a su vez, está cada vez más controlada por los acuerdos con el FMI!). Esto es: para que las provincias puedan funcionar(y para que los políticos locales puedan preservar sus puestos), deberán someterse a las reglas que les dicte el Ministerio de Economía en Buenos Aires... es decir, el brazo ejecutor de la regulación financiera “soberana” que el FMI reclama y obtiene.

¿Gastar menos para pagar la deuda o atender a las necesidades populares?

En el fondo, la política hacia las provincias que adopta el gobierno de Kirchner no es sino un aspecto de la continuidad de un esquema económico típicamente liberal (ni siquiera capitalista “progresista”). Se trata de poner el acento siempre en lo que se gasta (de modo que el resultado es siempre proponer ajustes) en vez de apuntar a las fuentes de recaudación.

Claro que esto nos conduce a uno de los nudos de cualquier política económica: quién paga impuestos. En la Argentina, los ingresos del Estado dependieron siempre esencialmente de impuestos al consumo (como el IVA, que pagamos todos los trabajadores cuando compramos cualquier artículo) y no de impuestos al capital y a sus beneficios (como el impuesto a las ganancias). Otra vez, lo contrario de los países desarrollados.

La única excepción reciente a esa norma ha sido las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque (no casualmente posteriores al Argentinazo). Pero son justamente estos impuestos, que están en la base de la famosa “recaudación fiscal récord”, los que Kirchner se comprometió con el FMI a ir eliminando.

Esto significa que el imperialismo exige, y Kirchner acepta, “normalizar” la estructura impositiva y de recaudación fiscal. ¡Nada de poner impuestos a los capitalistas: al contrario, bajarlos o eliminarlos! ¡Nada de perseguir a los grandes evasores, que todos sabemos quiénes son, sino apuntar contra los cuentapropistas (eso anunció Lavagna en estos días)!

Esa es la clave de las medidas económicas que se vienen, todas ellas contenidas en el acuerdo con el Fondo Monetario: desde la renegociación de los contratos con las privatizadas hasta el ajuste en la banca pública (ya se anunció un programa de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y cierre de sucursales), y desde la Ley de Responsabilidad Fiscal hasta los tarifazos en los servicios, que ya se están negociando.

En resumen: ¡nada de rozar los intereses de los capitalistas, sino volver al viejo programa de ajuste sobre ajuste para pagar y seguir pagando la deuda!

Los gobernadores como Solá no defienden “a su provincia”, sino que sólo buscan negociar un margen de subsistencia política en el marco de que se viene una ofensiva de la Nación para exprimir a las provincias. Ofensiva planeada y comandada entre bastidores por los técnicos del FMI

con el único y exclusivo fin de exprimir tanto a las provincias como a la Nación para sacarle todos los dólares posibles.

La conclusión es clara: los trabajadores que luchan por su salario, los desocupados que quieren volver al trabajo, los millones de trabajadores en negro y jubilados que dependen para atender su salud del hospital público, los jóvenes que quieren conservar su derecho a una educación pública gratuita y de calidad, los sectores populares sumergidos en provincias cada vez más pobres y postergadas, tienen sólo dos caminos. O aceptan la creciente sumisión al imperialismo y sus dictados que viene llevando a cabo Kirchner, o adoptan como primera bandera de supervivencia de su futuro la del no pago de la deuda y la ruptura de todos los acuerdos con el FMI.