argentinazo

El canje de bonos de la deuda en default continúa su marcha. Los medios se dedican, como si se tratara de una competencia deportiva, a ir anunciando cómo el canje pasa barreras sucesivas: arranca con un 20% de canje hecho, siguió hasta el 30, ahora arrima al 40%... El gran objetivo es, se dice, alcanzar el 70 u 80%. Pero en este juego no hay ningún premio para los trabajadores y el pueblo. Y lo que pocos dicen (y casi nadie se molesta en pensar) es cómo va a quedar el escenario, ya sea que el gobierno “saque la sortija” del 70% de deuda canjeada o no. A plantear ese panorama dedicamos este artículo.

Como se ha dicho aquí muchas veces, estamos hablando de la deuda en default, que es aproximadamente la mitad de la deuda total. El plan del gobierno es canjear esos bonos por casi 100.000 millones de dólares en otros cuyo valor de mercado real sería de unos 43.000 millones (de paso: eso no da el “inamovible” 75% de quita. ¿Por qué será que nadie volvió a mencionar el número mágico?).

Los analistas, los bonistas, el FMI y el gobierno tienen previsiones distintas. De todos modos, supongamos que el gobierno logra un canje del 70%. Eso sería, sin duda, un éxito político para el gobierno. ¿Pero cuál va a ser el beneficio para los trabajadores y para la estructura económica dependiente de la Argentina?

Vayamos por orden. En primer lugar, y siempre suponiendo que el canje es un éxito total, la deuda pública total va a rondar los U$S 125.000 / 130.000 millones. Comparados con los 180.000 millones de la deuda actual, parece una quita grande. Pero habría que efectuar la comparación con la situación inmediata predefault, cuando la deuda era de U$S 145.000 millones (de paso: ¿cómo es posible que en sólo tres años, y en pleno default, la deuda subiera nada menos que U$S 35.000 millones? Respuesta: porque, sigilosamente, Kirchner y Lavagna reconocieron los intereses caídos como parte de la política de “mejorar las condiciones de Dubai”...).[i]

También se ha dicho en estas páginas, hace un año, que el indicador más real del peso de la deuda es su relación con el Producto Bruto Interno, o PBI (esto es, el tamaño de la economía). Esa relación era de un ya insostenible 57% en 2001. ¿De cuánto va a ser ahora? Del 85%. Es decir, el monto de la deuda es casi tan grande como la economía. ¿Cómo va a hacer Kirchner para honrar una deuda relativamente más grande y a la que se agregan nuevas exigencias (las de los nuevos bonos)? Ese es el nudo de la discusión sobre la “sustentabilidad” del cronograma de pagos y de las exigencias de los acreedores de modelar la economía nacional en función de mantener durante muchos años un drenaje de divisas inédito en la historia económica argentina.

Seguimos siempre con la hipótesis más favorable al gobierno: se canjea casi todo, no hay juicios de los bonistas, todo marcha viento en popa. En ese caso, el esquema de deuda queda como sigue: hasta el 2009, hay que pagar U$S 65.000 millones; hasta el 2007, unos U$S 38.000 millones. Sólo este año, hay que pagar unos U$S 13.000 millones: para la consultora Goldman Sachs (Clarín, 13-2-05), son U$S 12.200 millones; para Economía, U$S 13.400 millones (La Nación, 10-2-05). En general, en los próximos 5 años hay vencimientos anuales por un promedio de U$S 12.500 / 13.000 millones.

¿Y todo eso, cómo se paga? Aviso: asalariados y jubilados, vayan agregando agujeros al cinturón.

Semejante tributo equivale a un 7% del PBI. Si en condiciones extremadamente favorables y excepcionales que no van a repetirse –precios récord de la soja, bajas tasas internacionales, recuperación gracias al respiro del default– el gobierno logró un superávit fiscal del 4 - 4,5%, ¿cómo se llega a pagar esa enormidad? La respuesta es sencillísima: no se puede. Según la economista liberal Andrea Broda, “esa cifra parece lo máximo tolerable política y socialmente”.[ii]

¿Entonces? Queda un solo camino: pagar todo lo posible y pedir permiso al Fondo para refinanciar el resto; en concreto, el gobierno buscará patear para adelante los pagos a los “organismos multilaterales” (FMI, Banco Mundial, BID), que suman U$S 4.700 millones este año. De ese modo, los vencimientos a cancelar en 2005 serían “sólo” de U$S 7.500 millones, esto es, un 4,5% del PBI.[iii]

Esto es lo primero: el camino de superávit fiscal con fórceps, inaugurado por Duhalde y redoblado por Kirchner, va a continuar por largos años. El famoso 3% de superávit se revela como lo que era: un piso a partir del cual el gobierno se compromete a poner todos los gastos del Estado en la morsa. El destino de ese superávit fiscal será pagar la deuda, como hasta ahora pero mucho peor. El mecanismo presupuesto fiscal-ajuste-pagos es una rueda infernal. Por ejemplo, el gobierno estimó en el presupuesto 2004 ingresos por $ 86.500 millones, pero recaudó $ 105.000 millones. Sin embargo, ese ingreso adicional no se tradujo en gasto adicional: así el superávit pautado en $ 10.000 millones saltó a $ 17.300 millones, esto es, un 4% del PBI.[iv] ¿Cuál fue el generoso “derrame” de esta masa de dinero adicional a los sectores populares? Para los jubilados, $ 1430 millones; para los que cobran planes Jefe/Jefa de Hogar, $ 300 millones. En cambio, para el Departamento de Economía del Banco Río, “nuestras estimaciones indican que un 70% del superávit financiero fue asignado al pago de obligaciones de capital con organismos internacionales”.[v] Ése fue el verdadero destino de esa enorme masa de ingresos excepcionales: los usureros internacionales.

Segundo: el centro del superávit fiscal no es el aumento de recursos vía los impuestos, sino la reducción del gasto del Estado, al más puro y duro estilo neoliberal. El propio Ministerio de Economía reveló que la “recaudación récord” se asienta sobre una brutal reducción del gasto: en moneda constante, el gasto fiscal primario –es decir, sin contar pagos de la deuda– fue, en el período 2002-2004, un 23% inferior al de 1999-2001. En 2004, aunque se recaudó en términos reales un 10% más que en 2001, el gasto primario fue un 15% inferior al de 2001.[vi] ¡El supuesto “estatista” Kirchner es más austero que De la Rúa!

Justamente, a pesar de los bombos y platillos por la “recaudación récord”, la realidad es lo contrario de lo que parece. Aun con la recesión post default, los impuestos especiales creados tras la devaluación (sobre todo las retenciones a las exportaciones) debían haber mejorado sustancialmente los ingresos. Sin embargo, ya se ha dicho que el aumento real fue de sólo un 10%. Por eso, un estudio del CEB sobre el tema estima que “la contribución al superávit se debió en mayor medida por el ajuste en las erogaciones... queda relativizada la buena performance de la recaudación, tomando más relevancia el ajuste” en el gasto estatal.[vii] Exactamente lo mismo reconoce el Ministerio de Economía: a valores de 2003, la devaluación y la inflación generaron un ajuste fiscal de $ 34.700 millones, siendo ese ajuste, no el aumento de la recaudación, el origen del “superávit récord”.[viii]

Uno de los mecanismos típicos para asegurar el superávit / superajuste es la manipulación de las cuentas del Presupuesto, en particular calcular para abajo los ingresos y sobreestimar los gastos. Ya es marca registrada del estilo Kirchner de gestión la subejecución de partidas presupuestarias (es decir, gastar menos de lo previsto). Así se logra que el superávit “teórico” del 3% pautado para 2004 fuera del 4,5% (y algunos lo suben hasta el 6% computando el superávit provincial). Y según la Ley de Responsabilidad Fiscal, votada a instancias del FMI, el gasto público no puede aumentar más que el PBI. Pero como ese aumento del PBI se tira hacia abajo artificialmente tirado para abajo, el gasto sube el 4% pero el PBI termina subiendo el 8%. Resultado: el Estado contrae incesantemente sus gastos, es decir, ajusta. Sube la inflación, sube el PBI, sube el superávit, suben los pagos de deuda. Pero cuando al secretario de Hacienda, Carlos Mosse, le preguntaron si se preveían aumentos de salarios a estatales y a jubilados en el Presupuesto 2005, la respuesta fue contundente: “No. Las previsiones son cero” (Clarín, 26-9-04). ¿Se entiende cómo es la cosa?.

Tercero: si el FMI resuelve refinanciar los vencimientos de capital que el gobierno no puede pagar este año, esa decisión va a conllevar una renovada presión del Fondo para imponer condiciones que son las mismas de siempre: las “reformas estructurales”. Ya están en la agenda de negociación temas como coparticipación y responsabilidad fiscal de las provincias –en plena marcha–, el ajuste a la banca estatal y, sobre todo, los ajustes tarifarios en favor de las privatizadas. El gobierno tiene pendientes de renegociación unos 50 contratos. En los que ya se cerraron, en todos los casos el gobierno autorizó aumentos que van entre el 15 y el 28%, y todo indica que en los demás contratos la tónica va a ser la misma (Edelap, Aguas Argentinas, distribuidoras de gas). Por otra parte, las privatizadas tienen una carta bien pesada en la manga: se trata de los juicios ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el CIADI. Hay 32 juicios iniciados, otras 30 denuncias y potencial para 140 demandas más, según el procurador general de la Nación, Osvaldo Guglielmino.

¿De cuánto hablamos? De nada menos que U$S 80.000 millones, esto es, casi el monto de la deuda en proceso de canje.[ix] Ya se espera el primer dictamen: CMS, accionista de Transportadora de Gas del Sur, reclama U$S 265 milloncitos, y el fallo sale este año, junto, probablemente, con el de Siemens, la empresa alemana que iba a confeccionar los DNI. Digamos que sólo las compañías españolas reclaman U$S 5.000 millones. ¿Cómo? ¿No era que Rodríguez Zapatero era el mejor amigo de Argentina y que les iba a pegar unos gritos a Telefónica y las otras para que no molesten? ¡Despiértate, Kirchner!. Después de las palmaditas públicas, el jefe de gobierno español se reunió con los capos de las privatizadas españolas. ¿Qué dijeron? Esto: “hay que dejar algo en claro: Rodríguez Zapatero no nos presionó ni mucho menos. Nos sentimos muy comprendidos por él en los reclamos que sostenemos contra el gobierno argentino” (Clarín, 13-2-05).

Al margen de estas armas de presión que no son nada retóricas, una cosa cae de madura: este año va a haber tarifazos. Que nadie tenga duda.

La inflación sube por el ascensor, los salarios por la escalera... y las ganancias patronales en avión

Uno de los méritos de la gran lucha de los trabajadores de subtes es haber obligado al gobierno, la patronal y la burocracia sindical a tratar de encaminar el panorama salarial antes que otros actores “incontrolables” lo hagan por ellos. Las tensiones salariales son más que comprensibles: desde la devaluación, el salario perdió la carrera contra todos los otros indicadores: creció menos que el PBI, que el índice de precios y que las ganancias patronales. Es por eso que Kirchner se anota otro récord: la retribución del sector asalariado equivale a sólo el 19% del total de los ingresos del país, el índice más bajo de la historia reciente.

Para tener una idea, hace 40 años esa participación era del 45%, y en los primeros gobiernos de Perón llegó a ser del 55%. ¡Hasta con Menem era superior a la actual, ya que alcanzaba el 25%! La burguesía argentina y extranjera se están llevando una porción inédita del fruto del trabajo asalariado, esto es, la explotación ha aumentado salvajemente.

Esto lo reconocen ellos mismos. Un cráneo liberal, Daniel Artana, de FIEL, anota con preocupación “el retraso de salarios y jubilaciones”.[x] Otra fuente insospechable, la fundación orientada por Francisco de Narváez –el mismo que hubiera sido ministro de Economía si Menem ganaba en el 2003– calcula que las empresas radicadas en Argentina tuvieron una mejora promedio de un 41% en sus resultados. A la vez, calculan el deterioro del salario desde enero de 2002 en un 17% para los trabajadores en blanco y un 28% para los trabajadores en negro.[xi] El mismo Banco Central afirma que las industrias tienen un margen de rentabilidad tan grande que podrían dar aumentos de salarios sin trasladarlos a los precios (Clarín, 14-2-05). Para no hablar de peces gordos como Repsol-YPF, por ejemplo, que ganó, sólo en los primeros nueve meses de 2004, la bonita suma de U$S 2187 millones, esto es, un 5,5% más que en 2003. Un indicador adicional de que a “nuestra” burguesía le va mejor que nunca es el hecho de que la fuga de capitales, si bien bajó con relación a la estampida de 2001-2002, sigue gozando de excelente salud.

Es este estado de cosas el que luchas como la de subtes vienen a cuestionar, y el que la patronal, el gobierno y la burocracia sindical quieren defender contra los trabajadores.[xii] A pesar de que la inflación ya da signos de levantar cabeza (1,5% en enero, cuando la previsión del gobierno para todo el año es del 8%), Lavagna y la Unión Industrial ya salieron a decir que los salarios no deben tomar como referencia el índice de precios. Esto significa que los asalariados deben soportar sin chistar aumentos de los alimentos básicos de un 80% desde enero de 2002, muy por encima del índice promedio. La patronal reclama que todo aumento debe estar atado a la productividad; el gobierno ya anunció que no habrá nuevos aumentos generales por decreto, ni siquiera las miserias de 50 ó 100 pesos como los del año pasado, y la burocracia pide que le tiren un hueso para tener con qué calmar a las fieras. Todos ellos saben que este año estará cruzado por una escalada de conflictos salariales, y los rumores de “pacto social” entre gobierno, patronal y burocracia no expresan otra cosa que su voluntad de hacer frente de manera mancomunada a una situación indeseada pero inevitable.

No puede ser de otra manera cuando el 43% de la población en condiciones de trabajar, nada menos que 6,4 millones de personas, tienen un ingreso inferior a la canasta de pura subsistencia (335 pesos), esto es, son indigentes. Y no se crea que son todos desocupados: 3,8 millones (casi el 60%) cobran un salario, que es inferior a la suma antedicha.[xiii]

La cuestión de fondo es, en último análisis, bastante sencilla: Kirchner vuelve al viejo esquema deuda-ajuste porque no hay ningún otro proyecto que ningún sector de la clase capitalista argentina esté dispuesto a liderar. Las fracciones de la burguesía se distinguen en que unas medran alegre y gustosamente con el papel subordinado de Argentina en el mercado mundial, y otras suspiran, se quejan, pero aceptan con resignación ese papel subordinado, sabiendo que la globalización no les ofrece nada mejor. Por supuesto, hubo, hay y seguirá habiendo peleas por el reparto de la torta de plusvalía extraída a los trabajadores, que es hoy, como hemos visto, más jugosa que nunca. Puede haber quejas, incluso, respecto de la calidad de las instituciones políticas; por ejemplo, la Capital Federal no tiene representación política burguesa digna de ese nombre, y en la provincia de Buenos Aires ese rol lo acapara la mafia duhaldista. Pero no hay diferencias en cuanto al rumbo esencial de la política económica. Kirchner goza de respaldo casi unánime en ese sentido, porque todos concuerdan en que la única estrategia posible y deseable es superávit fiscal, pagar afuera y ajustar adentro. La prioridad es salir del default, recuperar “crédito” político y económico, y gozar de las temporarias ventajas de una coyuntura inusualmente favorable. ¿Después? No hay después; para un gobierno sin proyecto orgánico que representa a una burguesía sin proyecto orgánico, el largo plazo son las elecciones de 2007.

No hay exageración: es una constante nacional. El estallido de la convertibilidad fue el más anunciado del planeta: durante años los especialistas serios –no los plumíferos a sueldo– alertaron sobre la inviabilidad del esquema. Pero ni el gobierno ni la mayoría numérica de la burguesía fueron capaces de hacer nada. Los únicos previsores fueron los peces gordos, que fugaron decenas de miles de millones de dólares. En ese sentido, la “resolución de la crisis” de 2001 repitió la “salida de la crisis” de 1989, conforme a un mecanismo clásico del capitalismo: la destrucción de valor.[xiv]

En términos estructurales, nada o muy poco ha cambiado respecto de 2001. Las cuentas públicas están en función del servicio de deuda, que es el alfa y omega de la política económica. El comercio exterior sigue siendo dependiente de unos pocos rubros primarios de bajo valor agregado. La tasa de inversión interna es ahora del 17% del PBI, mayor al 13% de años atrás pero lejos del 23-25% que se calcula imprescindible para un desarrollo más o menos sostenido. La gran “recuperación” se llevó a cabo esencialmente con la misma capacidad industrial instalada desde los 90, antes ociosa y ahora más activa. Sectores clave, como el energético y el metalmecánico, ya están trabajando a un 90% de su capacidad. Un nuevo ciclo económico de desarrollo exigiría o bien inversiones externas, que hoy no se avizoran,[xv] o bien un aumento de importaciones de bienes de capital. Si eso no ocurre, quizá tenga razón el presidente del Banco Central, Martín Redrado, en que “el estímulo monetario que arrancó en 2002 llegó a su fin” y que se puede venir “una suba de precios” por ahogo de la producción (Clarín, 17-2-05). En cuanto a la situación social (empleo, pobreza, distribución del ingreso, etc.), hemos señalado repetidas veces que los “logros” de este gobierno son puramente negativos.

No obstante, el principal frente de problemas estructurales , a mediano plazo, es el sector externo. En el fondo, Argentina sigue siendo un país no sustentable en términos de su cuenta corriente externa, esto es, el saldo de divisas que entran y salen del país. Cuando en la época menemista había déficit de la balanza comercial (exportaciones vs. exportaciones) y déficit de la cuenta financiera (los pagos de la deuda), la diferencia se cubría... con más deuda. Este mecanismo fue lo que explotó en 2001. La combinación de default (dejar de pagar parte de la deuda) y devaluación (que mejoró el saldo comercial) le dio al gobierno de Kirchner el respiro en el sector externo de cuyos beneficios se aprovechó hasta hoy.

Pues bien, el fin del canje no significa otra cosa que volver a poner en marcha el viejo mecanismo. En el período 2002-2004, Argentina tuvo un saldo comercial favorable de U$S 44.000 millones (regalo del cielo que no se repetirá, como ya dijimos). ¿Qué se hizo con todo eso? Una parte muy pequeña, el 10%, fue a engrosar las reservas del Banco Central, que subieron sólo de U$S 15.000 a U$S 19.500 millones. El resto se fue en pagos de la deuda (¡y eso que más de la mitad estaba en default!) y remesas privadas al exterior, ya fuere como dividendos de las empresas o como fuga de capitales.

El asunto es lo que viene ahora. Ese superávit comercial récord no volverá: primero porque bajaron los precios, y segundo porque el mismo crecimiento económico, para sostenerse, exige un aumento de las importaciones, sobre todo en bienes de capital. Así las cosas, el superávit comercial se reducirá o incluso se revertirá. El CEFIM (Centro de Estudios Financieros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) advierte que “una reducción en los precios de las exportaciones puede llevar rápidamente a un déficit comercial, que se resuelve con endeudamiento o con baja de reservas. Por eso, los U$S 19.000 millones de reservas hay que cerrarlos con siete llaves, puesto que es muy probable que la dinámica económica lleve a un estrangulamiento exterior en el corto plazo”, mientras que para el economista Alejandro Vanoli “el actual superávit comercial puede revertirse a déficit el año que viene, dado el impacto [de] la recuperación económica”.[xvi]

Al menor superávit comercial se le sumará el enorme aumento de los pagos de la deuda tras el canje, que, como ya vimos, promedian U$S 13.000 millones para los próximos cinco años. Por más ajuste que se haga, las cuentas no dan, y eso significa ir al pie del FMI a aceptar las condiciones que ellos pongan para que accedan a refinanciar los vencimientos impagables. El círculo se cierra: hemos vuelto al mecanismo de financiamiento de Menem y De la Rúa. Y también a su vulnerabilidad estructural: al estar el sector externo atado con el alambre del megasuperávit, el megaajuste, los megapagos y los créditos leoninos del Fondo, sin flujo de inversión directa real y con un perfil exportador basado en materias primas, el menor cimbronazo externo amenaza destartalar todo. Baste que bajen los precios de las materias primas, que suban las tasas internacionales, que asome alguna crisis financiera en los “mercados emergentes”... o que, en el orden interno, la lucha de los trabajadores ponga en cuestión el esquema de ajuste perpetuo.

¿Se abrirá esa crisis a lo largo de 2005? Es posible, pero todavía no es lo más probable.

¿Cambiará Kirchner, de la mano de algún sector capitalista vernáculo, la estructura económica y financiera dependiente, el perfil no industrial, la distribución de ingresos más desigual de la historia, la pobreza obscena y la desocupación orgánica? No hay ninguna posibilidad.

¿Se están acumulando en el plano económico estructural contradicciones similares a las que llevaron al colapso de la convertibilidad, cuyos efectos se empezarán a sentir ya este año y que se harán cada vez más candentes sobre todo después de las elecciones? Para ese escenario hay que prepararse.

[i] Por lo general, la prensa argentina, tomando datos de Economía, habla de un monto en default de U$S 82.000 millones y de una deuda total de U$S 167.000 millones. En estas páginas hemos reproducido esas cifras más de una vez. Sin embargo, acaso valga la pena tener en cuenta la estimación que hace Goldman Sachs, siendo que esa honorable consultora imperialista ha hecho negocios financieros con el estado argentino, fue su asesora y conoce el proceso de endeudamiento como pocos. Por otra parte, ya en septiembre de 2004 Economía ajustaba el monto de la deuda a U$S 181.200 millones, considerando, entre otros rubros, justamente los intereses que, según se ladraba en Dubai, “de ninguna manera reconoceremos”.

[ii] La Nación, 10-2-05.

[iii] En esta cifra coinciden tanto Goldman Sachs Economic Research como el Ministerio de Economía.

[iv] Así lo explica un estudio del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), sobre datos oficiales.

[v] Clarín Económico, 6-2-05.

[vi] Datos de un informe del Ministerio de Economía reproducido en Clarín, 15-2-05.

[vii] Centro de Estudios Bonaerenses (CEB), citado en Clarín Económico, 16-1-05.

[viii] Datos del trabajo “Sector Público Argentino No Financiero 1961-2003”. Ver Clarín, 31-12-04 y 16-1-05.

[ix] Este regalito se debe a que en los 90 Argentina firmó tratados de “protección recíproca de inversiones” (¡imagínense, yanquis y europeos protegiendo las cuantiosas inversiones argentinas allá!), en virtud de los cuales se aceptaba que, en caso de litigios, los tribunales competentes no serían los de la justicia argentina sino los del Banco Mundial (es decir, los de ellos). Es algo así como si Boca aceptara jugar de local contra el Milan... en Roma.

[x] La Nación, 10-2-05.

[xi] “La mejora de los ingresos de las empresas sigue siendo superior al incremento de costos”, dijo Martín Loustau, de la Fundación Unidos del Sud. Calcula el incremento de la facturación en un 90%, contra un aumento en los costos del 75%.

[xii] Así lo dice con todas las letras un análisis reciente: “lo que dispara esta nueva iniciativa entre el gobierno, la UIA y la CGT es el conflicto del subte... los delegados que condujeron la protesta se movieron por fuera de las tradicionales estructuras sindicales (...) Eso también les preocupa a los empresarios” (Silvia Naishtat, Clarín, 14-2-05). Lo mismo señala el especialista en explotación de trabajadores de la UIA –aunque lo presentan como “laboralista”-, Daniel Funes de Rioja: “el conflicto de los subtes funcionó como un caso espejo” y vaticinó para este año “más corridas salariales” (idem).

[xiii] Datos del INDEC procesados por Consultora Equis, febrero 2005.

[xiv] Que el capitalismo “resuelve” provisionalmente sus crisis mediante aniquilación de valor no es una locura “ideológica” de los marxistas, sino una realidad admitida por fuentes tan dignas como el propio Ministerio de Economía, que explica que Argentina tuvo “una gran destrucción de valor, que comenzó antes de la crisis y que alcanzó su pico con la caída del régimen de convertibilidad 2001/2002”. El periodista económico Ismael Bermúdez, citando un trabajo del Centro de Estudios Bonaerenses, afirma que “la destrucción de valor (...) y la desvalorización del gasto público y privado... fueron el basamento para la recuperación económica posterior. Más aún, este proceso permitió la valorización posterior de la deuda pública, que en 2001 fue declarada en default y cotizaba a una ínfima parte de su valor” (Clarín Económico, 16-1-05).

[xv] Pablo Rojo, ex presidente del Banco Hipotecario y economista allegado a Menem, calcula que el 95% de la inversión extranjera en el Mercosur se orienta a Brasil, cuando hace unos años la relación era 60% Brasil, 40% Argentina.

[xvi] Clarín Económico, 23-1-05