Kichner cacarea contra Shell, mientras Lavagna toma medidas contra los asalariados

Es posible quebrar el techo salarial

Editorial de Socialismo o Barbarie, periódico, 08/05/03

En las últimas semanas (contra la voluntad del gobierno) se ha instalado como tema el regreso de la inflación. Ya va un 2,5% para el primer bimestre. Y Ecolatina (consultora ligada al propio Lavagna), estima que en marzo será del 1,1%. La proyección para el año da la friolera de un 15%, casi el doble que la estimación del Presupuesto 2005. Mientras la población constata cómo todo sube (la carne, el pescado, etc., muchísimo más del 1%), Kirchner se puso a hacer demagogia llamando al “boicot” contra Shell. Todo verso: simplemente, el gobierno pretende cubrir su responsabilidad por los aumentos generalizados de los precios (Kirchner sabe que en octubre “se plebiscita la gestión”), y por eso trata de tapar las malas noticias con anuncios tan estridentes como vacíos. O, mejor dicho, tan característico en el comportamiento de este gobierno de poner el grito en un lado y los huevos en el otro.

Porque es mentira que el gobierno va a hacer algo efectivo para evitar el brote inflacionario. El “boicot” es una bravuconada para los medios, pero Kirchner se cuida muy bien de implementar medidas efectivas contra la  inflación, como podría ser un mecanismo que incluso muchos gobiernos capitalistas han utilizado: el control de precios. Claro, eso sería una intromisión del Estado en las sacrosantas leyes del mercado. Boquear para la TV, perfecto, pero tomar medidas que muestren que la cosa va mínimamente en serio, eso no.

La inflación nace de la política económica del gobierno

En Argentina, cada vez que asoma un proceso inflacionario, se oyen las explicaciones más diversas sobre su origen. Esta vez, el tradicional verso liberal de que la culpa la tienen los malvados obreros que pretenden aumentos salariales desmedidos está en problemas: es sabido que hace años que los salarios vienen sistemáticamente detrás de la inflación, y en los últimos tres meses no hubo aumento. En consecuencia, los escribas a sueldo de los capitalistas hablan ahora de “factores estacionales”, de que llueve poco aquí, mucho allá, de que el petróleo sube, etc. Pongamos un poco de seriedad.

En primer lugar, hay una lluvia de pesos, que viene del negoción que fue el canje de deuda para muchos especuladores. En segundo lugar, comienza a faltar oferta porque la producción interna se estanca por falta de nuevas inversiones (industria) o se destina a la exportación (carne).

Justamente, el gran reclamo de EEUU, el FMI y las privatizadas para atraer nuevas inversiones es que el gobierno haga esfuerzos por “mejorar el clima de negocios”, esto es, garantizar la explotación de los trabajadores y el saqueo del país. En concreto, para el G7 esto significa: a) atender la situación de los especuladores que quedaron fuera del canje; b) resolver la renegociación de los contratos con las privatizadas (lo que por supuesto incluye tarifazos); c) continuar el ajuste del gasto público, es decir, minga de aumentos para los salarios estatales, y d) controlar la incipiente inflación con recetas bien recesivas: subir las tasas de interés para absorber circulante y restringir el consumo. Curiosamente, lo mismo que recomendaron nuestros viejos conocidos Juan Llach, Ricardo López Murphy y Miguel Angel Broda (La Nación, 11–3–05).

En ese paquete hay medidas que al gobierno le gustan y otras que no, pero para negarse tiene un problema: no alcanza la plata para pagar los vencimientos de deuda con el FMI. Esos pagos, por tanto, deberán renegociarse, y el Fondo pondrá sus condiciones. ¿Cuáles? Las de siempre: hace días, el vocero del FMI, Tom Dawson, “descartó totalmente la posibilidad de que el nuevo acuerdo no incluya metas de tipo estructural, como las tarifas. Y recordó que Rato había mencionado como una de las más importantes la normalización de la relación con las privatizadas” (Clarín, 7–3–05).

El gobierno lo sabe y ya está dando señales de comprensión hacia las necesidades de las pobrecitas concesionarias.. El panorama de las transportistas de energía eléctrica es revelador. A Transnoa y Transnea, el gobierno les ofreció un aumento del 25%, que las empresas rechazaron por insuficiente. A Distrocuyo, el gobierno le ofreció un 31%, y con Transener y Transeba se cerró el acuerdo con subas tarifarías de entre un 25 y un 31% (Clarín, 7–3–05). Para Edenor y Edesur la oferta del 23% de  aumento ya fue rechazada  por las empresas, y a Metrogas le tiraron un 15%. Después dirán que estos aumentos “no son para casas de familia”. Verso. Y recordemos que por cada 5% que aumenta el conjunto de las tarifas de servicios públicos, sube un 1% el índice de inflación.

De modo que el manejo está muy claro: se alienta la inflación con tarifazos, y se la reprime con ajuste del gasto público y restricción del consumo popular. Según los analistas, “se vislumbra una receta clásica: enfriar un poco la actividad con un apretón fiscal (...) frenar cualquier aumento salarial por decreto, reducir las transferencias de dinero a las provincias o, lisa y llanamente, recortar los pagos a proveedores del Estado” (Clarín, 15–3–05). Nada nuevo bajo el sol desde los días de Cavallo...

“La inflación en ascensor y los salarios por la escalera”

Hace años, cuando el mecanismo inflacionario era uno de los principales instrumentos de los capitalistas para garantizar la explotación obrera, se repetía esa frase: la inflación iba galopando al son de las remarcaciones de precios, mientras que el aumento de los salarios de los trabajadores requería de la salida a la lucha, la pelea contra las trampas de la burocracia y los ministerios, etc. Cuando los aumentos salariales al fin se obtenían, había que salir nuevamente porque la remarcación de precios empresaria siempre era mucho más rápida.

Luego, en los 90, vino el mecanismo del “uno a uno”: una paridad peso / dólar congelada, una inflación muy baja, por lo cual la diferencia de la patronal fue hecha a costa de la tremenda flexibilización laboral, el aumento de los ritmos de trabajo, la polivalencia funcional, la precarizacion de los contratos, etc. Kirchner ha heredado y mantenido estas condiciones de esclavitud laboral de los 90, agregando ahora de su cosecha el recomienzo del mecanismo inflacionario.

Con respecto a esto, al gobierno le preocupa una sola cosa: evitar que los índices se desboquen antes de las elecciones de octubre. Por eso propicia un acuerdo con el FMI “corto” y limitado, y en lo posible bien separado de las elecciones. Por eso busca cómo escalonar los aumentos para que no traigan problemas electorales (o sacudir el tarifazo después de las elecciones).

De ahí que la sanata del combate a la inflación y la “defensa del ingreso de los argentinos” son pura campaña electoral. De hecho, una inflación moderada y controlable le viene muy bien a Kirchner para conformar a varios poderosos: al FMI, porque la revaluación del peso ayuda a comprar los dólares para pagar la deuda; a las privatizadas, por la misma razón (se abaratan los dólares para mandar a las casas matrices), y a las grandes empresas, porque sus precios suben más que los salarios que pagan.

Justamente, el salario es la variable que está quedando afuera de las discusiones. Así, a pesar de “un crecimiento anual superior al 8% del PBI por dos años consecutivos, el salario real del conjunto de los trabajadores se encuentra todavía un 20% por debajo de 2001. La peor parte se la llevan los estatales, ya que el superávit fiscal se destina al FMI y otros acreedores institucionales. Le siguen los trabajadores en negro, que ascienden al 48% de la fuerza de trabajo, sin derechos sociales y jubilatorios y en su inmensa mayoría abandonados por las cúpulas sindicales, y los desocupados, que siguen recibiendo la miseria de 150 pesos, mientras los índices de desempleo no bajan del 18%”   (Jorge Sanmartino, “Resonante triunfo de la huelga de subterráneos”).

Un estudio de la Fundación Mediterránea (la misma de donde salió Cavallo, y por tanto insospechable de simpatía alguna por los trabajadores), basado en datos oficiales del INDEC, proporciona datos absolutamente lapidarios. Los desocupados que consiguieron trabajo en blanco (segundo trimestre de 2004) tuvieron un sueldo promedio de 403 pesos. Pero fueron sólo el 14%. El 53% de los desocupados sólo consiguió trabajo en negro, con un sueldo promedio de 200 pesos. Y el 33% restante consiguió trabajo como cuentapropista. Ingreso promedio: 236 pesos.

Hay más: los desocupados que venían cobrando planes sociales y consiguieron trabajo cobraron un promedio de 449 pesos (trabajo en blanco), 144 pesos (en negro) y 193 pesos (cuentapropista). Ése es el piso sobre el cual el gobierno quiere congelar salarios, reducir gasto público y subir las tarifas.  Es en ese marco que el gobierno y la patronal le esquivan el bulto a ajustar los salarios por la inflación creciente, porque de ninguna manera quieren perder el colchón conquistado con la devaluación.

Taym muestra que se puede ganar

Hace sólo unas semanas estuvo el resonante triunfo de los compañeros del subte: trabajando seis horas, han pasado a ganar un promedio de 1500 pesos por mes. Pero esto no ha sido todo. Los compañeros de limpieza de Metrovias, que ejecutan su trabajo en la empresa Taym, salieron a la pelea para hacerse valer a partir del ejemplo del subte. Y a pesar del corsé burocrático del SOM (Sindicatos de Obreros de Maestranza), la empresa se vio obligada a triplicar los sueldos de los compañeros, que pasaron de ganar 400 pesos promedio a 1200 pesos. Un aumento fabuloso, que muestra que incluso entre los sectores obreros más explotados y desorganizados se puede pelear y ganar. Inmediatamente después, los trabajadores de limpieza de la ex línea Urquiza (también bajo el control de Metrovías) salieron a reclamar un sueldo igual al de sus compañeros de Taym bajo la consigna de “a igual tarea, igual salario”. Y el ejemplo se empezó a discutir entre los trabajadores de maestranza en el Gran Buenos Aires.

En la mayoría de los lugares de trabajo las condiciones de organización, democracia de base, solidaridad e independencia de la patronal no son iguales a las del subte, por supuesto. Domina la burocracia de la CGT y la CTA, ambas comprometidas con el gobierno de Kirchner y con mantener del techo salarial a gusto de los empresarios y las necesidades de superávit fiscal del Estado. Y esto se puede ver en el SUTEBA, donde Baradel pasó un acuerdo con Solá que busca fragmentar a los docentes, evitando la lucha común por un aumento general de los salarios.

Esto no quita que en varias provincias estén en curso luchas de los docentes. Tampoco que estén parados varios hospitales de la Capital. O que en distintos gremios se planteen reclamos salariales. Incluso en determinados lugares, aun manteniendo el techo salarial general, la burocracia se ve obligada a dejar correr o “encabezar” luchas (controladas burocráticamente) por salario, pero presentadas bajo la forma de la disputa por el “encuadramiento” de los compañeros. Es el caso reciente de la disputa entre Camioneros y Comercio en Coto, y que se podría dar también en otros gremios.

En estas condiciones, la tarea del momento es apoyar, sostener y generalizar la lucha salarial por romper el techo del gobierno (en ocupados pero también en desocupados, que siguen con la miseria de los 150 pesos), buscando para esto la manera de coordinar las distintas luchas y sectores. En este sentido, el Encuentro Obrero del próximo 2 de abril, así como las tareas recientemente votadas en el exitoso encuentro de las 6 horas, pueden ser una oportunidad de llevar adelante estas tareas prácticas. Entre  ellas, poner en pie una tendencia o pro–tendencia antiburocrática y clasista al interior de la clase obrera, en la perspectiva de romper el monopolio de la representación “sindical” por parte de la burocracia.

Finalmente, en ningún caso se debe perder de vista la necesaria combinación de la pelea por el salario y la reducción de la jornada laboral a 6 horas, única llave para unir a ocupados y desocupados (tarea que la mayoría de la izquierda considera algo meramente propagandístico). Esto es, apuntando a una gran batalla política por liquidar el lastre que significa para la clase como un todo la permanencia de un inmenso ejército industrial de reserva de más de 4 millones de desempleados o subempleados.

Bolivia desenmascara a Kirchner

Es absurdo decir que Kirchner tenga una pelea particular con las petroleras, o con las petroleras yanquis. No hay que ser ingenuo: la principal misión de política exterior de Kirchner después del canje es cuidar la relación con EEUU. La aceptación definitiva del canje depende del FMI, pero ese organismo, a su vez, no es más que un auditor financiero al servicio del Grupo de los Siete (G–7), es decir, las siete potencias capitalistas principales, incluido EEUU.

Es por eso que Kirchner cumple, durante la crisis boliviana, el papel de principal sostenedor de Carlos Mesa, siervo de las empresas petroleras que saquean Bolivia. El argumento de que lo que le interesa a Kirchner es garantizar el suministro de gas boliviano para el invierno preelectoral es demasiado superficial. Ese factor existe –y de paso, muestra cuánto cotizan los “principios” del presidente, que hace poco andaba a los abrazos con Evo Morales–, pero el centro de la explicación es que Kirchner actúa como bombero regional del incendio en Bolivia como gesto de buena voluntad hacia EEUU, porque la venia yanqui es decisiva para que el FMI y el G7 den por terminado el capítulo del canje de deuda.

Como resume el periodista E. van der Kooy, “para el Departamento de Estado [yanqui] resulta clave el papel de Argentina y Brasil a fin de evitar que el precarísimo equilibrio institucional de Bolivia se rompa. El interés tiene que ver con la situación de una región inestable (...). Un tropezón de Carlos Mesa abriría carriles peligrosos, según Washington, para el protagonismo de Felipe Quispe o Evo Morales. Buenos Aires y Brasilia apostaron (...) por la continuidad de Mesa. Y hubo, desde ambas ciudades, gestiones intensas para que Morales depusiera la virulencia de sus acciones de rebelión” (Clarín, 9–3–05). No hace falta decir que las principales amenazadas por la ruptura del “equilibrio institucional” son las petroleras, incluidas en primer lugar las yanquis. Y, por supuesto, este rol lamebotas y enemigo de los trabajadores y movimientos sociales de Kirchner y Lula no sale en las tapas de los diarios ni en los noticieros de TV, que pasan a toda hora la estupidez del falso “boicot” a Shell.