Romina Tejerina condenada a 14 años
Cuando la violencia se hace drama

Socialismo o Barbarie, periódico, 19/06/05

En una muestra más de la barbarie y la descomposición capitalista expresada en la violencia ejercida sobre las mujeres, los jueces Antonio Llermanos, Héctor Carrillos y Alfredo Frías (Sala II en lo penal de San Salvador de Jujuy), el viernes 10 de junio, condenaron a Romina Tejerina a 14 años de prisión por el delito de homicidio calificado agravado por el vínculo. [Sobre el caso Romina ver http://www.socialismo-o-barbarie.org/argentinazo/050529_a_rominajuicio.htm

En la presente nota nos proponemos reflexionar sobre la problemática de fondo que descarnadamente abrió en la sociedad, el debate a favor o en contra de Romina Tejerina. Un debate marcado por una creciente politización de la causa, donde tallaron distintas cuestiones como la violencia hacia la mujer, la justicia de clase y el rol del Estado, la legalización del aborto, la Iglesia, etc.

También creemos necesario aclarar algunos detalles de la causa hasta ahora, así como dar cuenta de la campaña por la libertad de Romina y las conclusiones políticas de lo actuado hasta hoy. Como venimos planteando en notas anteriores, casos como el de la compañera Romina (si bien éste tiene características excepcionales) no dejan de ser hechos sistemáticos y estructurales en la sociedad capitalista: es la opresión de género ejercida sobre la mujer por esta sociedad patriarcal y sexista, la cual además se acrecienta sobre las mujeres trabajadoras y pobres por la opresión de clase.

La víctima al estrado

Básicamente, los sucesos del caso son conocidos por todos, pero creemos que hay que destacar numerosos puntos oscuros y obstáculos presentados en el transcurso de la causa a la defensa, que por otra parte intentó siempre probar sus dichos fehacientemente con pruebas científicas.

Romina fue violada por Emilio Vargas, un vecino 20 años mayor que ella cuando tenía 18 años, que la amenazó y la persiguió para que no lo denunciara. Quedó embarazada y ocultó su embarazo a su familia, intentando abortar sola varias veces con métodos caseros. Fue la falta de educación sexual científica, de medios y de información, así como el entorno social y familiar hostil a estas prácticas, lo que la llevó a esos métodos. Afectada por el “estrés pos-traumático” producto de la violación, al quinto mes, en medio de un intento de aborto, se indujo el parto y al ver en el feto “la cara del violador”, en lo que constituye un episodio psicótico, lo hirió mortalmente. A partir de ahí se descubre el hecho y Romina queda a disposición de la justicia, iniciando el proceso de 2 años y 4 meses que dura hasta hoy.

Como se sabe, una violación es un delito muy difícil de probar, ya que en general las víctimas, por lo traumático del hecho, no concurren inmediatamente a la policía. La violación debe comprobarse en el momento, lo que somete a la víctima a una doble violencia al tener que exponerse ante la autoridad policial. Por eso, sólo una de cada diez mujeres violadas hace la denuncia. Por otra parte, como la misma Dra. Mariana Vargas decía a un medio local, ”son muy pocos los abogados defensores que parten de creerle a la víctima de una violación; en general tienden a culpabilizarla”.

En este caso, como Romina sólo varios meses después pudo denunciar el hecho, la violación no pudo comprobarse y “Pocho” Vargas quedó en libertad.

El violador adujo que la relación había sido con consentimiento, pero se contradijo en distintas oportunidades, reconociendo primero su paternidad y luego tratando de incluir una tercera persona que, según él, sería el verdadero padre. Sin embargo, jamás aceptó hacerse la prueba del ADN para comprobar o desmentir científicamente su paternidad, a pesar del reiterado pedido de la defensa para realizar ese estudio.

Otra de las supuestas “pruebas” para negar la paternidad de Vargas es el tiempo de gestación del feto: 34 a 35 semanas. Si la violación se produce el 1° de agosto, no coincidirían las 34/35 semanas con el momento del hecho y la detención de Romina (23 de febrero). Pero, lo que ningún medio dice es que la prueba fue realizada con un método poco exacto y algo obsoleto: el “método Capurro”. Con lo cual la diferencia podría perfectamente aclararse si se hubiera hecho lugar al pedido de la defensa de realizar una nueva autopsia al feto, a fin de determinar fehacientemente su tiempo de gestación.

Sumados a estas irregularidades estuvieron los testimonios de allegados a Romina, que en algunas declaraciones pudieron describir en detalle a Emilio Vargas y que en posteriores declaraciones dijeron desconocerlo. Esto evidencia claros aprietes y prácticas matoneriles que están en consonancia con las amenazas telefónicas y anónimos que recibieron en todo este tiempo los familiares de Romina y los integrantes de la defensa.

Párrafo aparte merecen las más de 20 indagatorias a las que Romina fue sometida (no siempre a cargo de personal calificado), todas de corte claramente incriminatorio con preguntas en relación a “¿cómo se vestía? ¿iba a bailar siempre? ¿cómo bailaba? ¿con quién salía?”, etc.; como si alguno de estos datos totalmente anecdóticos pudieran justificar la violencia contra Romina.

Para terminar con el repaso de la causa, hacemos mención a la negativa a otorgarle la excarcelación, derecho constitucional que indica que una persona no puede estar sin sentencia y seguir detenida más de 2 años. Aún cuando estos plazos estaban cumplidos, le fue denegada y las autoridades provinciales (como la secretaria de Derechos Humanos  Aizenberg) no hicieron ningún esfuerzo por garantizarle este derecho a Romina.

Pero así como la Iglesia rápidamente puso el grito en el cielo y el Estado jujeño se encargó de hacerlo cumplir en tierra, surgió la campaña por la libertad de Romina, encabezada por las mujeres de la Corriente Clasista y Combativa y llevada a adelante junto con mujeres de otros movimientos de trabajadores desocupados (Polo Obrero, MTR-CUBa, FTC) y por organizaciones de mujeres, de minorías sexuales y de izquierda en todo el país. Si bien la campaña fue pequeña y poco coordinada, se mantuvo constante la lucha a lo largo del tiempo. Y fue la campaña la que consiguió con un escrache popular lo que la justicia patronal ni siquiera intentó hacer: mandar a la cárcel al violador, que quedó más de 20 días detenido. Fue así, mediante movilizaciones y escraches de los luchadores populares desde abajo, y declaraciones y lobby de la Iglesia, los medios de comunicación y el Estado jujeño por arriba, como el caso fue tomando la dimensión política que terminó en las tapas de diarios nacionales y movilizaciones en las principales ciudades del país y en San Salvador en la semana del juicio, el 2, 3, 9 y 10 de junio.

Una condena de escarmiento

En un demorado pronunciamiento, el tribunal de la Sala II condenó a Romina a 14 años de prisión. La defensa, a cargo de los abogados Mariana Vargas y Fernando Molinas, había solicitado la absolución por inimputabilidad, mientras que la fiscal Liliana Fernández de Montiel, en una muestra de ensañamiento sin límites, insistió con el pedido de cadena perpetua al no reconocer las pericias psiquiátricas que certificaban como “episodio psicótico”  el momento en que Romina se deshace del producto de la violación.

Los jueces no hicieron lugar al pedido de perpetua de la fiscal y consideraron una serie de “atenuantes” aún no informados para dictar la sentencia, por lo cual puede suponerse que tampoco hicieron lugar al episodio psicótico como atenuante. De todos modos, el cabildeo y la demora en dar a conocer el fallo, que llegó un día después, dan cuenta del espesor político que tomó la causa, merced a la movilización popular, el repudio y, a la vez, la instalación del tema en los medios de comunicación,  en general de forma amarillista y derechizante.

Creemos que todos estos elementos: los testimonios fraguados, la negativa a realizar las pruebas que corroboraran la veracidad de las palabras de Romina y la actuación de las autoridades provinciales siguen la misma lógica: el escarmiento. Es decir, castigar y culpabilizar a la víctima para que sirva de “ejemplo” a todas las mujeres pobres para que vean qué les va a pasar si intentan abortar o si lo logran. Pero veamos en qué contexto se da el caso de Romina.

Argentinazo, aborto e Iglesia

El caso de Romina tiene que ser entendido en el contexto marcado por el Argentinazo, por esa nueva relación de fuerzas entre opresores y oprimidos que el 19 y 20 de diciembre y las luchas consiguientes establecieron, y que está caracterizado por la polarización de la lucha de clases. Es en este marco que el presidente Kirchner se juega a engañar al pueblo con discursos y gestos “progres”, mientras pasa en limpio las reformas menemistas. Pero la situación es tan inestable que incluso esta política “gestual” tiene límites. Cuando el ministro de Salud Ginés salió a blandir una postura no tan antiabortista como la que preconiza la Iglesia, la Curia corrió a ubicar al presidente, a la Primera Dama y al ministro. Kirchner tuvo que salir a decir que estaba contra la legalización del aborto, quedando muy poco “progre” frente a su estimada “opinión pública”.

Fue uno de los principales actores del Argentinazo, los movimientos de trabajadores desocupados, el que tomó en sus manos la defensa de Romina Tejerina, y dentro de los movimientos piqueteros, el creciente sector de mujeres que se están organizando en ellos, que también acudieron masivamente a los últimos Encuentros de Mujeres. También el “empuje democrático” que surgió con el Argentinazo (que tiene reflejos distorsionados en la política del gobierno hacia los derechos humanos) es el que hace escandalizar a buena parte del pueblo y los trabajadores con la dureza de la condena a Romina, y es causa de que los jueces no hayan podido darle a Romina cadena perpetua. Pero la otra cara de la polarización es una Iglesia Católica que giró a la derecha, profundizando su política reaccionaria con la asunción de Benedicto XVI, y que en la Argentina se pronuncia cada vez con más fuerza contra la movilización de las mujeres, de las minorías sexuales y de los trabajadores desocupados.

El ministro Ginés no es un reformador de las conservadoras prácticas de salud pública en la Argentina, sino que en su papel de responsable político del área de salud del gobierno de Kirchner tiene que dar cuenta de que el problema del aborto en la Argentina se torna día a día una cuestión más acuciante. Sin volver a mencionar las cifras alarmantes que mencionábamos en SoB 50 (por ejemplo, alrededor de 400 mujeres mueren por año en el país a causa de abortos mal practicados), es el estado actual de putrefacción capitalista el que pone sobre la mesa la legalización del aborto, y que hace que cada vez sea menos popular defender su penalización. Pero frente a este estado de necesidad de las mujeres, especialmente las trabajadoras y las pobres, grupos liderados en el país por la Iglesia Católica vienen haciendo desde hace tiempo campaña contra cualquier tipo de despenalización, por tibia que sea. [1]

¿De qué derecho a la vida hablan los asesinos?

El eje central de su discurso es considerar al aborto como un asesinato. No podemos hacer en este artículo un breve resumen del prontuario de asesinatos y genocidios que la Iglesia ha causado directamente o respaldado en sus siglos de historia, que la convierten en uno de los pilares más sólidos de la dominación burguesa, porque requeriría todo un periódico número doble. Lo que sí vamos a dejar en claro es que “el derecho a la vida” que dice la Iglesia defender es el derecho a la propiedad por parte del hombre, y en última instancia, del garante del sistema, el Estado, sobre el cuerpo de la mujer, de su útero y de su producción, la prole, la descendencia. Este derecho es elemental a la hora de la constitución de una clase “proletaria”, de una clase que sólo sea fuerza, capacidad de trabajo. Frente a la violación de este sagrado derecho de propiedad, la Iglesia propone la condena eterna del infierno, y, en casos más concretos como el de Romina, la cadena perpetua.

Entonces, la mentira de la Iglesia de convertirse en el adalid del “derecho a la vida” tiene patas cortas. La Iglesia es una institución clave, el soporte ideológico básico de esta esclavitud del cuerpo, y por consiguiente, del deseo, de la sexualidad de las mujeres, denigrándolas a ser “la costilla” de algún hombre, a llevar una vida de sometimiento, violencia y muerte (ya sea por la ilegalidad del aborto o por la violencia doméstica). Por supuesto, esta violencia de género que la Iglesia defiende como vida se profundiza al cruzarse con la opresión de clase, la explotación capitalista: no padece lo mismo un ama de casa que va de compras al shopping que una que sostiene con su trabajo doméstico a la familia trabajadora.

Pero la Iglesia, como institución de clase (patronal), no está sola: el Estado capitalista y los grandes medios de comunicación ejecutan y difunden su mandato. Por su parte, esta Justicia ejercida por y para los ricos hace lo suyo: en la misma semana en que Omar Chabán es liberado y a pocos días de soltar a María Julia Alsogaray, Romina es condenada. Aunque en este último caso, también se trate de una mujer, es “una Alsogaray”, claro y esto hace esta “pequeña” diferencia: la libertad.

Vociferan los cómplices: ¡Asesina!

Los medios en el caso de Romina jugaron un rol importante, ya que se hicieron eco, ampliaron y difundieron la perspectiva de la Iglesia. Dejaron de la lado cualquier mención a la violación, que nos lleva a plantear la situación de violencia estructural que sufren las mujeres, e hicieron una odiosa campaña contra “la asesina”, “la que mató a su beba con veintipico de puñaladas”. Toda una campaña de condena contra la mujer que se atrevió a no ser madre, que “no supo aguantarse nueve meses para darlo en adopción”, contra ese útero con patas que se rebeló y dijo no a su manera. Y encima una mujer pobre, el sujeto por excelencia de producción de laburantes y de “tareas domésticas” (más técnicamente, reproducción y reposición de la fuerza de trabajo). El Grupo Clarín, que posee participación en La Nación y Página 12, hizo una campaña repugnante, mientras que Página 12, que capitaliza el nicho “progre” del mercado, fue un poco más delicado.

Pero no tenemos ni teníamos ninguna esperanza en los medios. Ningún instrumento patronal, llámese Estado, medios de comunicación masivos o Iglesia, va a denunciar la violencia de género, porque va contra sus intereses de clase ¿Qué quiere decir esto? Que el sometimiento y violencia cotidianas que sufren las mujeres de forma permanente en todos los ámbitos de la sociedad (el “dulce hogar”, el trabajo o la falta del mismo, la calle, la vida afectiva) son funcionales y necesarios para el funcionamiento y supervivencia del régimen de explotación capitalista, son los que reaseguran el lugar que este sistema le asigna a la mujer.

Éste es el marco para entender el caso de Romina. El suyo es un síntoma, un ejemplo de cómo la violencia de género recrudece cada vez más en situaciones donde la barbarie capitalista avanza. Es un ejemplo dramático, y no único, de una violencia que lleva siglos destruyendo a las mujeres del mundo. Es un caso que ejemplifica con extrema crueldad la violencia de género.

Lástima no. Lucha sí

Es por eso que frente al caso de Romina Tejerina no podemos adoptar una actitud, menos aún una política, de compasión o de lástima, sino entender cómo se enmarca este caso en la violencia de género y develar su relación con ella. No podemos dejar de denunciar la violación, ya que es allí concretamente donde comienza todo. Tenemos que adoptar una política de lucha, de resaltar nuestra indignación por la bestial condena que le otorgaron, y no la actitud de ganar el favor de la gente con la lástima. Una política de lucha que tome ese sentimiento genuino de bronca, que se expresó en los comentarios de compañeras del laburo, de estudios y del barrio frente a la sentencia, y lo transforme en movilización por la libertad inmediata de Romina.

Al mismo tiempo, no podemos desligar el caso de Romina de la campaña por el derecho al aborto libre, legal y gratuito. Tomar el caso de Romina sin tener en cuenta esa campaña implica recortarle en parte la perspectiva de la violencia de género, que se expresa tanto en la violación como en la imposibilidad que tuvo de abortar. Porque si el aborto fuese libre, legal y gratuito, Romina hubiese abortado el monstruoso producto de la violación y estas líneas no tendrían existencia. Por otro lado, plantear la campaña sin tener en cuenta el caso de Romina es abstraerse, no hacer eco de la realidad que nos toca a vivir: la Iglesia y el Estado han hecho un escarmiento público y brutal de Romina por su aborto. Hoy, luchar por el derecho al aborto libre, legal y gratuito es luchar por la libertad de Romina.

Es necesario que aprovechemos este momento de bronca, de indignación popular legítima, para dejar en claro que no permitiremos que Romina pase un día más presa. Vamos a continuar y profundizar la campaña, lo más unitaria, contundente y masiva posible para conseguir su libertad.

* ¡Ni un día más en la cárcel!

* ¡Por el aborto libre, legal y gratuito!

* ¡Por una educación sexual científica en las escuelas!

* ¡Cárcel al violador y sus encubridores!

* ¡Impugnación de la causa y libertad inmediata a Romina Tejerina!

Agrupación Carne Clasista –Contra la Opresión Sexual y Social

Notas:

1. Ya en 1995, bajo la presión eclesial, fueron derogados del Código Penal la figura de “infanticidio” (que establecía una pena mínima de hasta tres años) y la posibilidad del otorgamiento de la “pastilla del día después” por parte del Estado en caso de violación. Hoy sólo establece dos excepciones para el aborto: en caso de violación de una mujer débil mental (idiota) o que se compruebe bajo junta médica que el embarazo represente un peligro de vida para la mujer.