Liberaron a los detenidos en Pico Truncado

La Vaca, 30/06/05

Cámara sorpresa: La presentación de un video en donde se ve al intendente conversando relajadamente con las mujeres que protagonizaron el reclamo salarial desbarató la acusación de privación ilegítima de la libertad y coacción agravada que mantuvo siete días en prisión a seis representantes gremiales. En esta entrevista, Pilar –una de las liberadas– cuenta cómo es la trama de excusas –que mezcla desde el FMI hasta los jueces– para detener tras las rejas a quienes reclaman 50 pesos de aumento en un municipio con superávit.

Pilar habla por teléfono con la música de fondo de una sinfonía de bombas y gritos de alegría. Está en la puerta de la Municipalidad de Pico Truncado, en Santa Cruz, festejando haber sido liberada, junto a los otros cinco detenidos y una multitud de compañeros y vecinos, que a los gritos prometen: “no vamos a aflojar”.

Mientras, Pilar narra los que significaron para ella estos siete días presa:

–Tengo 36 años, cuatro hijos y soy mamá sola. El domingo mi hija cumplió 15 años y yo estaba en un calabozo, incomunicada. Cuando, al fin, la pude ver le dije: lo único que te puedo regalar son mis convicciones.

El viernes pasado, poco después del mediodía, la policía la había ido a buscar a su lugar de trabajo con una orden judicial. “Yo no soy ninguna subversiva, ninguna guerrillera, no ando con armas ni apretando gente. Soy una empleada municipal que reclamó, junto a sus compañeros, un aumento de salario. Y una militante del PJ que participó de la agrupación que llevó al poder al actual gobernador, mire qué paradoja. Sin embargo, el viernes, me agarraron de las orejas y me metieron en la cárcel, incomunicada, acusándome de privación ilegítima de la libertad y coacción agravada”.

La causa se había iniciado por una denuncia del intendente local, Rubén Maimo, quien aseguró que había sido amenazado de muerte y obligado a firmar un acta en el que se le otorgaba un aumento de 50$ al sueldo básico de los empleados municipales. Con esa firma, se había puesto fin a un conflicto de más de 45 días que incluyó la toma del edificio municipal. Cuando todos habían regresado a trabajar, el intendente presentó la denuncia –primero ante los medios y luego, ante la justicia– y sin mediar más trámite, la jueza ordenó allanamientos y detenciones. Así fueron tomados prisioneros e incomunicados Alejandro Garzón, secretario del gremio de empleados estatales de Santa Cruz y los delegados gremiales del municipio de Pico Truncado, David Esteré, Belisario Segel, Julio Pesolano, Pedro Pallagulla y Pilar Peralta. Al secretario gremial, de ATE, Alejandro Barriga, no pudieron llevarlo a la comisaría porque los vecinos de Río Turbio corrieron a los gritos al móvil policial.

El lunes, la jueza Graciela Roarte de Leone denegó la excarcelación de los seis detenidos. El jueves al mediodía, se las otorgó. El cambio de actitud tuvo su origen en la presentación de una prueba contundente: un video casero que una vecina filmó durante la reunión con el intendente. Allí se lo ve relajado, rodeado principalmente por las mujeres que participaron del reclamo y que le planteaban firme, pero sin amenazas, exigencias e información. “Es que nosotros la tenemos clara, porque sabemos muy bien cuáles son los números del municipio –cuenta Pilar– La municipalidad tiene superávit, no es deficitaria. Cuando se fue la anterior gestión dejó una caja de dos millones de dólares. Y estábamos en plena crisis. Este es un municipio que administra la compañía telefónica y la energética, por ejemplo. El 60 por ciento de la energía que se utiliza en Pico Truncado es aeólica y solo el 40 lo compramos. Plata hay. Eso lo sabemos. Y por eso pedíamos un aumento: porque lo pueden dar”.

–¿Y con qué argumento se los negaban?

–Nos dicen que por exigencia del FMI.

–¿Cómo es eso?

–La exigencia del FMI fue lo que obligó a firmar la Ley de Déficit fiscal que tiene una cláusula que obliga a no modificar el presupuesto de las provincias. Pero nosotros no pedíamos que se modifique ningún presupuesto. Para darnos un aumento no es necesario, porque la municipalidad de Pico Truncado tiene superávit. Y cuando se lo demostramos, con los números en la mano, nos dijeron que el problema es que si lo daban acá tenían que hacerlo en otros lados... y ahí sí el presupuesto se tenía que modificar.

–¿A que le atribuye que toda esta negociación haya terminado con las detenciones?

–A que el intendente no soportó la presión. Y a un problema político. A la trama que se arma entre gobernador, intendentes y jueces, por ejemplo. Acá es clarito porque nos conocemos todos. El Tribunal Superior, por ejemplo, tiene jueces que son socios de estudios de abogados que trabajan con los intendentes o la gobernación. Ese Tribunal declaró nulo el acuerdo que firmamos, basándose en la denuncia penal que nos hicieron. Por eso ahora tenemos que luchar por sacarnos de encima las imputaciones penales para que ese argumento no invalide el aumento. Y ahí vamos a ver de qué se van a disfrazar.

–¿Por qué no presentaron antes el video?

–Porque todo el mundo se mandó a guardar, apenas empezaron los allanamientos. Se corrió la voz de que había 60 órdenes de detención y ese viernes comenzó la cacería acá en Truncado, en Caleta, en Río Turbio. Recién cuando empezó a verse que no estábamos solos, que había gente dispuesta a reclamar por nosotros, se pudo organizar algo. Cuando llegó el video, hasta que no se hicieron suficientes copias para garantizar que no iba a “perderse” no se presentó. Ahora lo repartimos por todos lados.

–¿Cómo la trataron durante la detención?

–La policía no lo podía creer. A mí me conocen todos. En la gestión anterior yo estaba en la oficina de la secretaría privada y, por mi función, trataba todo el tiempo con esa comisaría. Pero la incomunicación me la tuve que comer igual y los cargos, también. Se lo dije a mi hija: no soy ninguna delincuente. Espero que entiendas esto como una forma de defender tus derechos, por estar convencida de que la dignidad no tiene precio. Aunque a veces nos obligan a pagarla así.