Caso Cromagnon: juicio político a Aníbal Ibarra

¿Un paso adelante o una nueva trampa?

Socialismo o Barbarie, periódico, 02/12/05

La masacre de Cromagnon tiñó de luto el fin del 2004. Miles de jóvenes y familiares salieron a las calles, otros lloraron de impotencia y dolor. Mientras K paseaba en El Calafate, Aníbal Ibarra le echaba la culpa a los bomberos.

Muchos participaron de las marchas de repudio. Todo el mundo opinaba sobre quiénes eran los responsables. Si Chabán, Ibarra, los inspectores del gobierno de la Ciudad, la banda Callejeros, los pibes que iban a escuchar a sus bandas preferidas en lugares inseguros, los padres que permitían semejante cosa...

Hoy, a casi un año de la masacre, con Chabán otra vez preso y con el jefe de gobierno Aníbal Ibarra en el banquillo de los acusados, ¿hemos avanzado hacia el juicio y castigo a los responsables de la masacre?

La responsabilidad del gobierno nacional y de la Ciudad

Como lo hemos señalado, para nosotros la responsabilidad es del gobierno nacional y de la Ciudad, y de los empresarios que lucran con el negocio de la noche. Los empresarios inescrupulosos que hacinan pibes en un recital no son ajenos a un gobierno que les permite funcionar en esos lugares, con inspecciones municipales que “no se dieron cuenta” de que estaba vencida la habilitación y las puertas de emergencia cerradas. No son casualidades ni tragedias naturales. Todo esto nadie lo vio hasta que murieron 198 pibes y muchos más quedaron afectados en su salud física y psíquica.

La movilización desarrollada planteó en sus inicios la renuncia de Ibarra y el castigo a los responsables. Esta más adelante se dispersó en distintas convocatorias y se mantuvo en términos generales encerrada dentro de las paredes “legalistas” [1] porque el núcleo central que la orientó tomó ese camino. Que creemos equivocado porque la alejó del resto de los jóvenes y trabajadores y la llamó a confiar en los mecanismos de la Justicia tal cual funciona hoy, que no es verdadera justicia para los trabajadores y los oprimidos. Lamentablemente, muchos de los familiares que se oponían a la presencia de los “partidos políticos” (que éramos los de izquierda que acompañábamos las movilizaciones) cayeron presos de los políticos patronales, que hasta llegaron a echarlos del salón de la Legislatura porque les molestaba su presión.

Estos legisladores en su mayoría trataron de impedir que se votara el juicio político y “cocinar” todo a espaldas de los directamente afectados, familiares y sobrevivientes. La presencia activa y la oposición de éstos logró destrabar la maniobra y provocar un escándalo político, por el cual Ibarra no pudo zafar. Una vez más, fue la presencia firme de los afectados y no la “sana reflexión” de la Legislatura lo que inclinó la balanza a favor del juicio político.

Logro que no desmerecemos, y compartimos la alegría de los familiares y muchos jóvenes y trabajadores en el sentido de haberle infligido una importante derrota al ex jefe de gobierno y sus seguidores (incluidos, lamentablemente, también algunos familiares de víctimas de Cromagnon que lo apoyan). Pero también somos conscientes de que al mismo tiempo, caemos en una nueva encerrona del sistema institucional.

¿Qué significa este juicio político?

La Constitución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice: “Artículo 92. La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de Incapaces; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución establece.

“Artículo 93. Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea contra el Gobernador o el Vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el presidente del Tribunal Superior. (...)

“La sala de juzgamiento debate el caso respetando la contradicción y la defensa. La condena se dicta por mayoría de dos tercios de sus miembros y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años.  Si la sala de juzgamiento no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos”.

Por este mecanismo se ha desatado una verdadera pelea a brazo partido... entre los legisladores. Como la Sala Juzgadora tendría mayoría ibarrista si actúa antes del 10 de diciembre (fecha de la asunción de los nuevos legisladores), Ibarra y su bloque quieren apurar el trámite. Lo contrario beneficia a la oposición (macristas, Carrió y la izquierda) y lo dilatan. La discusión y la obsesión de estos señores no es buscar las pruebas o fundamentar la defensa, sino el recuento de los votos a favor o en contra de Ibarra. Si ya están contando los votos, ¿de qué clase de juicio y presentación de pruebas objetivas en el mismo se trata?

A todo esto, no se sabe a ciencia cierta quién es oposición a Ibarra o no. Porque todos votan divididos con respecto a su bloque. Si no pregúntenle a. K, que después que convenció a Borocotó para que abandone a Macri... le votó en contra.

Pero esto es lo anecdótico del hecho, que transcurre en una Legislatura de la Ciudad donde no funcionan partidos, donde todos han estallado o no actúan con disciplina de bloque. Lo sustancial es que se le abre juicio político a Ibarra (y, en el mejor de los casos, puede ser condenado) con un procedimiento, como vimos en los artículos de la Constitución, donde lo juzga la misma Legislatura que tardó un año en abrirle juicio político y donde van a decidir exclusivamente los legisladores, sin ninguna injerencia de los familiares y los afectados por la tragedia.

Ibarra, por supuesto, ha contraatacado y puesto en funcionamiento su máquina de defender su puesto cueste lo que cueste. Está presionando con la instrumentación del juicio con esta composición de la Legislatura, que le es más favorable, mientras busca apoyo político a diestra y siniestra. Su destitución no está asegurada si no continúa la movilización hasta que no caiga definitivamente.

Y además, Ibarra “al banco” (por ahora) y sube Jorge Telerman, el vicejefe de Gobierno, y aunque en el mejor de los casos Ibarra se vaya para siempre, ¿qué garantías tenemos con la asunción de Telerman de avanzar en la investigación y terminar con los acuerdos comerciales con los empresarios de la noche en desmedro de la vida de los jóvenes? Para que no queden dudas, secundó al jefe de gobierno suspendido en la marcha convocada en su apoyo.

El juicio-trampa es la impunidad del sistema

El juicio que pone en la picota a algunos para salvar el funcionamiento institucional es el escape de este sistema capitalista cuando la movilización o la magnitud del caso lo acorrala. Fue así con el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas o de la joven María Soledad Morales en Catamarca. Importantísimas movilizaciones pusieron presos a los autores materiales de los asesinatos, pero, además de que la mayoría de éstos recuperaron su libertad más adelante, no metieron entre rejas a los culpables desde el poder de turno, los responsables políticos e institucionales.

Por eso creemos que para avanzar en el castigo a todos los responsables de la masacre de Cromagnon debemos seguir un camino independiente, donde no se juzguen entre ellos en medio de conciliábulos secretos, a espaldas de los afectados, sino desarrollar la movilización para avanzar en el castigo efectivo a todos los responsables.

Como paso en esa perspectiva, nos parece que el 30 de diciembre, a un año de la masacre, es una oportunidad para realizar una marcha unitaria y multitudinaria convocando a todos los sectores sociales, políticos, de jóvenes y de trabajadores que se quieran sumar tras la exigencia de:

- No a la impunidad

- Condena a Chabán y castigo efectivo a Ibarra y a todos los responsables políticos de la masacre de Cromagnón

En este camino iremos formando la organización independiente que permita dar una pelea consecuente y hasta el final contra la impunidad del sistema que mata jóvenes en los recitales, en las calles, en los laburos, que intenta silenciar a palos su voz y su rebeldía.

Notas:

1. Queremos decir que no rechazamos todos los instrumentos legales que están en manos de los trabajadores como recurrir a la Justicia, al Ministerio de Trabajo, al Congreso, a la Legislatura, presentar escritos, petitorios y todo lo que esté a nuestro alcance, pero siempre alertando que es una llave para abrir una puerta que no es la del Cielo, sino una rendija que nos permite filtrarnos dentro del sistema, poder lograr conquistas democráticas, como meter preso a Chabán o echar a los patovicas de Crónica, pero nunca bajando la guardia con la movilización.