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Resumen: La etapa depresiva ha sido reemplazada por un ciclo de crecimiento, pero la regresividad distributiva se afianza como un rasgo del modelo. Los salarios se mantienen deprimidos, la desocupación baja lentamente y la pobreza persiste en un marco de gran desigualdad. El dogma del superávit fiscal, la inequidad impositiva y la privatización del sistema previsional acentúan la desigualdad social.

El problema de la deuda subsiste porque el canje no redujo significativamente el pasivo. El pago anticipado al FMI legitima un fraude e impone mayores ajustes a la población. A pesar del fracaso de las privatizaciones, el gobierno renueva las concesiones, otorga mayores subsidios y negocia incrementos de tarifas. Frente a la crisis energética amplía los privilegios de las compañías y disuade a escala regional la reestatizacion de los hidrocarburos. El sistema financiero se ha reconstruido con el auxilio oficial, pero se otorgan pocos préstamos y predomina la especulación con títulos públicos.

El rebote de la inflación es el desequilibrio más visible de un modelo exportador muy especializado, que propicia el crecimiento segmentado y atrae poca inversión. Los intereses de los agroexportadores marcan el paso de la integración regional.

En la nueva etapa la clase dominante ha recuperado ganancias a costa de los trabajadores. Han cambiado los instrumentos, la retórica y las hegemonías, pero los dueños del poder económico mantienen sus privilegios. La heterodoxia cuestiona formalmente el ajuste ortodoxo, pero en la práctica rechaza la redistribución, porque favorece el proyecto estratégico de la burguesía local. La vitalidad del movimiento social es el dato clave del período en curso.

El colapso económico del 2001 superó en Argentina todos los antecedentes de crisis recientes en los países periféricos. Fue un descalabro que reprodujo todos los rasgos de la gran depresión: expropiación de pequeños ahorristas, quiebras de fábricas, cierres de comercios, desaparición de la moneda, empobrecimiento masivo, desempleo generalizado, desesperación de la clase media y emigración de profesionales. Un derrumbe de esta magnitud nunca se había registrado en el pasado.

Un país forjado con la inmigración que mantuvo índices históricos de desarrollo social más próximos a Europa que a Latinoamérica se hundió en la miseria. La desnutrición se generalizó en el quinto exportador mundial de alimentos y las grandes urbes fueron invadidas por desamparados que se alimentaban revolviendo la basura.

Esta crisis tocó fondo a mitad del 2002 y un rebote cíclico inauguró la actual reactivación. Se ha estabilizado la economía con altas tasas de crecimiento, récord de exportaciones y elevadas ganancias, en un marco de menor pobreza, desempleo y degradación salarial.

Los bancos funcionan, desapareció el trueque, se reestableció la moneda y la actividad comercial ha recuperado su ritmo tradicional. Las clases dominantes respiran con alivio, porque existe un gobierno que ha reinstaurado la autoridad política y logró reducir la explosividad (aunque no la continuidad) de la protesta social.

La última crisis y la reactivación actual han coincidido con la preeminencia de dos ministros (Cavallo y Lavagna) y con el pasaje de un contexto internacional negativo a otro más favorable. La política económica varió sustancialmente. El tipo de cambio alto reemplazó a la convertibilidad, el superávit fiscal ocupó el lugar del déficit y una sustitución inicial de importaciones revirtió la apertura comercial.

La diferencia entre las dos etapas es muy nítida, pero resulta controvertido dilucidar si el modelo ha cambiado. Como existen numerosos elementos continuidad y ruptura entre los dos períodos, todo depende de la acepción que se le asigne a ese término. Pero lo más importante es clarificar si la política oficial tiende a modificar o a consolidar la regresión distributiva. La agenda económica actual no se reduce a definir cuánto producir o dónde invertir. Lo que nos interesa indagar son las tendencias del ingreso popular luego de la devastación provocado por la crisis.

Desde nuestra perspectiva la recomposición del salario, la creación de empleo genuino y la erradicación de la pobreza son incompatibles con el esquema económico prevaleciente. Entendemos que la miseria no es una rémora de los 90, ni un mal pasajero que desaparecerá con el derrame del crecimiento. Es un dato estructural de un modelo basado en tres instrumentos regresivos (superávit fiscal, inequidad impositiva, jubilación privada) y tres estrategias (canje y precancelación de la deuda, renegociación de contratos de servicios públicos y salvataje de bancos). Pero este rumbo enfrenta también desequilibrios (inflación, vulnerabilidad exportadora, baja inversión) que erosionan los proyectos estratégicos de las clases dominantes.

Partiendo de los conceptos elaborados en otros textos analizamos el escenario actual de la coyuntura, el modelo y la distribución[2].

Al cabo de tres años de reactivación el PBI ya alcanzó el nivel previo a la crisis, pero los salarios se mantienen un 10% por debajo del promedio de 1998. Los funcionarios argumentan que este “inevitable retraso” ha sido compensado con decretos que incrementaron los sueldos. Pero en realidad ha sido la resistencia social lo que impuso un piso a la degradación de los salarios, en un país que presenta los mayores porcentajes de sindicalización de Latinoamérica.

Cierto repunte de los salarios se verificó en todas las reactivaciones anteriores y lo llamativo es la escasa envergadura del ascenso actual. La recuperación salarial solo alcanza por ejemplo un tercio del nivel predominante en el ciclo de 1991–94.

La otra novedad es la fragmentación del mercado laboral en tres sectores (asalariados privados formales, estatales e informales). En el primer segmento (20 % de la fuerza laboral), el salario real ya supera en un 7% el promedio previo a la crisis. Pero en esta franja se concentran las empresas prósperas que demandan asalariados calificados. En comparación a las ganancias (que superan los picos de la convertibilidad), al ascenso de la productividad (que acumula en tres años un incremento del 14,6%) y a la caída del costo laboral (que se ubica un 17% por debajo del promedio previo a la crisis), la mejora salarial es muy reducida. Quiénes presentan a los asalariados formales como un segmento privilegiado contrastan su situación con las franjas populares más empobrecidas y no con la opulencia de los empresarios.

En el sector estatal el deterioro de los sueldos promedia 28%. Como este segmento depende directamente de las decisiones oficiales, aquí se verifica la verdadera política salarial del gobierno. El discurso menemista –que presentaba al empleado público como un parásito eximido de la flexibilización laboral– ha decaído, pero el ajuste continúa en silencio.

El sector informal –que aglutina a 47,5% del total de asalariados– sufre un desplome salarial del 27%. Este segmento se ha convertido en un reservorio de mano de obra barata que concentra el empobrecimiento estructural. Solo un tercio de los precarizados retoma en algún momento el empleo estable. La mayoría soporta trabajos mal remunerados, carentes de protección sindical y cobertura social.

Si se computa a los afectados por la desocupación abierta (14,1%) y el subempleo (13%), el problema del empleo afecta a un cuarto de la población. El primer índice ha decaído desde el pico de la crisis (21,4% a mitad del 2002), pero esta disminución tiende a frenarse. En el debut de la reactivación (2002–2003) cada punto de aumento del PBI se traducía en un porcentaje equivalente de incremento del empleo, pero esta relación se redujo al 0,46% (2004) y luego al 0,25% (2005). El ritmo de creación de puestos laborales es semejante al prevaleciente durante la convertibilidad, es decir el período de gestación de la desocupación masiva.

Aunque la caída del costo laboral ha sido fulminante, la contratación de mano de obra es baja como consecuencia de la mayor productividad. En el estrecho mercado que ofrece Argentina, la fuerza de trabajo no se abarató lo suficiente para inducir una ampliación significativa de las líneas de producción.

La altísima desocupación coexiste con un extendido sobre empleo. Por eso las jornadas de trabajo (2100 horas anuales) superan en promedio las medias de los países desarrollados (Alemania–1460, Suecia–1580, Francia–1550) y de muchos países latinoamericanos (México y Chile 1900, Brasil–1800). Esta degradación explica porqué la tasa de accidentes laborales se ha incrementado junto a la reactivación (aumento del 19,4% durante el 2004 y 20% durante el 2003).

La pobreza y la indigencia decayeron del 54 % y 27,7% en el primer semestre del 2002, al 38,5% y 13,6% actual, respectivamente. Pero mientras que el PBI ya alcanzó los niveles previos a la crisis, el porcentaje de empobrecidos supera al predominante en ese momento. También aquí cabe una comparación con lo ocurrido después de la hiperinflación. Mientras que en 1991–93 la recuperación económica redujo a la mitad la pobreza creada por ese estallido, en la reactivación del 2003–05 esta disminución solo alcanza la cuarta parte.

Los datos de la miseria son más escalofriantes en la niñez, el conurbano bonaerense y las provincias del noroeste. La pauperización actual es perdurable porque no se limita a los desocupados, sino que afecta también a los trabajadores precarizados. Por eso el problema no se resuelve únicamente creando empleo, ya que la mitad de los asalariados trabajan con sueldos inferiores al umbral de la pobreza (809 pesos).

Los pauperizados sufren, además, el recorte del programa asistencial introducido durante la catástrofe social. El monto de esa cobertura (150 pesos) no se ha modificado a pesar de la creciente carestía. Por eso equivale a un quinto de lo necesario para alcanzar el status de pobre. Además, la reducción compulsiva de planes empuja a los oprimidos a aceptar trabajos de extrema explotación. El gobierno convalida este tormento al bloquear la generalización del subsidio y promover su fragmentación en programas focalizados.

La baja recuperación del salario, la persistencia del desempleo y la magnitud del empobrecimiento son consecuencia de un modelo estructuralmente adverso a la redistribución. La brecha entre el 10% más rico y más pobre de la población se sitúa en 26–28 veces, es decir varias veces el promedio de las últimas décadas. Cualquiera sea la reducción reciente de esta polarización, la desigualdad se afirma como un rasgo estructural del modelo actual.

El esquema en curso requiere generar excedentes fiscales inéditos. Este superávit se gesta elaborando presupuestos que subestiman la recaudación. Pero solo una porción del sobrante proviene del excedente impositivo. Lo más significativo es el recorte de las erogaciones. La relación gasto público–PBI se encuentra en un nivel insólitamente bajo, porque cayó del 35,6% (2001) al 29,4% (2003).

Por primera vez en décadas un gobierno no puede justificar el deterioro social en la ausencia de dinero. Las cajas del estado están desbordadas de fondos, pero las leyes de emergencia se renuevan para ampliar ese sobrante y los funcionarios presentan ese ahorro como un sano ejercicio de “disciplina fiscal”.

El destino principal del excedente es el pago de la deuda, que absorbe el grueso del adicional presupuestario y a partir del 2006 este atesoramiento quedará oficializado a través del fondo anticíclico. Una porción del superávit se utiliza también para subsidiar a los capitalistas locales, mediante un manejo discrecional que realiza el Ejecutivo aprovechando la delegación de atribuciones que le transfirió el Parlamento.

Algunos oficialistas argumentan que el gobierno ha limitado el excedente al 3% del PBI, como si esa cifra se alcanzara sin sacrificios populares. La nueva Biblia del superávit es una doctrina que carece de precedentes nacionales e internacionales.

El modelo presupuestario actual se asienta también en un significativo incremento de la presión fiscal. Este indicador aumentó del 16% del PBI (2002) al 19% (2003) y luego saltó al 22,5% (2004) y al 26% (2005). El gobierno promueve la crítica mediática a la evasión con la intención de reforzar la cobranza de impuestos y recomponer la autoridad del estado. Particularmente los acreedores favorecen esta disciplina impositiva y reclaman una legislación que impida cualquier tipo de moratorias.

El repunte de la tributación es cíclico porque se apoya en la intensidad de la recuperación. No incluye ninguna modificación en la estructura regresiva de los gravámenes. Los impuestos al consumo –que en Europa representan entre el 25 % y el 35% de la recaudación– en Argentina superan el 45%. El esquema prevaleciente penaliza a los pobres, otorga poderes discrecionales a los recaudadores e impone mayores obligaciones a las provincias.

Todos los funcionarios hablan de cambiar un sistema regresivo, pero ninguno lo modifica. Reconocen su carácter in equitativo, pero argumentan que “no es el momento” para transformarlo. Este inmovilismo ha caracterizado a todos los gobiernos. Cuándo hay recesión alertan contra el efecto contractivo de la reforma y cuando hay reactivación vislumbran que frenará el crecimiento. Por eso al final, solo prevalecen las iniciativas que propician la desgravación de las grandes empresas (ofertismo).

Siguiendo este criterio de inequidad, las intimaciones oficiales afectan los pequeños contribuyentes incumplidores y perdonan a las compañías poderosas. La evasión institucionalizada de los peces gordos siempre es tolerada.

La bonanza tributaria actual es frágil, ya que depende de la reactivación y de las exportaciones. Los grupos capitalistas que exigen mayores exenciones son concientes de esta inconsistencia. Particularmente el lobby agro exportador reclama reducir los gravámenes “distorsivos” (retenciones), como si fuera un pecado redistribuir la renta natural del campo. También los bancos presionan para anular el impuesto al cheque que se introdujo durante la depresión.

Muchos economistas heterodoxos cuestionan la regresividad impositiva predominante. Pero otros estiman que la política tributaria se ha vuelto espontáneamente progresiva. Afirman que la carga fiscal afecta a los poderosos por el peso alcanzado por las retenciones y el impuesto al cheque. Pero la continuada centralidad de los gravámenes indirectos (45% del total frente a 33 % en la Unión Europea) refuta categóricamente esta impresión.

El punto de partida de cualquier programa económico popular es una drástica reforma impositiva, que no se limite a corregir los grandes abusos de la regresividad (exenciones a las operaciones financieras o a la herencia). Lo importante es instaurar el predominio de los impuestos directos y adoptar medidas contra la previsible resistencia de las clases dominantes.

Los jubilados son las principales víctimas del superávit fiscal. El gobierno solo dispuso aumentos a cuentagotas del haber mínimo, achatando la pirámide de estas remuneraciones.

El 63% de los jubilados cobra un ingreso que está situado por debajo del nivel de indigencia (390 pesos) y otro 15% percibe un haber que no llega al umbral de la pobreza (de 350 a 500 pesos). Para la minoría restante los aumentos han sido insignificantes. El gobierno aprovecha la baja capacidad de protesta que tienen los jubilados para descargar sobre ellos el grueso del ajuste.

Este atropello se implementa con las arcas repletas de dinero. Desde fines del 2001 la recaudación previsional (Anses) mejoró en un 70%, mientras que los gastos solo aumentaron un 40%. Los padecimientos de tres millones de jubilados no constituyen un olvido del gobierno. Son un dato necesario para preservar el sistema privado de pensión, que Kirchner cuestionó al comienzo de su mandato y convalidó posteriormente.

Como consecuencia de los bajos sueldos y el trabajo en negro solo un cuarto de los afiliados aporta a los fondos de pensión (AFJP). El gobierno mantiene achatados los haberes, porque sabe que el estado deberá hacerse cargo del sostenimiento asistencial de un gran número de jubilados.

Pero el problema no afecta solo a los marginados de cualquier protección. La perspectiva que enfrentan los aportistas es también sombría. Con sus contribuciones actuales solo cobrarían entre el 30% y el 40% del salario en actividad. El sistema privado de pensiones que introdujo el menemismo garantiza un futuro de pauperización.

Este régimen de capitalización individual fue financiado con la reducción de los aportes patronales que generó pérdidas descomunales al fisco. Kirchner legitima este fraude al oponerse a reconstituir un sistema universal y solidario. Además, prepara una reforma que segmentará las jubilaciones en dos instancias: la básica solventada por el estado y el complemento dependiente de las AFJP. Con ese parche busca compensar la falta de cobertura que padece la mayoría de la población. Sólo reimplantando los aportes patronales y recreando un sistema único y autofinanciado podrá evitarse el tenebroso porvenir de jubilaciones paupérrimas.

Para salir del default el gobierno instrumentó primero un canje que no redujo significativamente la deuda. Lavagna recibió (en números redondos), un pasivo de 150.000 millones que incrementó a 180.000. Luego rebajó esta carga a 125.000, pero sin resolver demandas por 25.000. Si se suman las dos últimas cifras, la deuda actual se asemeja a la heredada de la gestión anterior.

Posteriormente Kirchner dispuso la cancelación total de las obligaciones con el FMI. Presentó esta operación como un acto soberano, resaltando que el país se desembarazaba de los controles del Fondo. Pero en los hechos bendijo a un acreedor privilegiado, que ya había sido eximido de la poda aplicada al resto de los bonistas.

Argentina no adoptó una decisión exclusiva. En los últimos tres años y medio el FMI cobró 45.000 millones de dólares de sus grandes deudores. Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó el 40%, México transfirió grandes sumas y Brasil canceló todos sus pasivos. Esta simultaneidad obedeció a la presión ejercida por el Fondo para reducir su exposición financiera. Las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del endeudamiento por medidas de protección de su capital.

No era necesario pagarle a los banqueros para liberar la política económica de sus controles. Las supervisiones del FMI estaban suspendidas desde que el organismo comenzó a cobrar los vencimientos. La simple continuidad de esos pagos garantizaba la misma autonomía que se logra adelantando las cuotas.

Para sostener el pago anticipado de 9.810 millones de dólares el estado deberá aumentar su solvencia fiscal con más ahorro forzoso. Los oficialistas encubren este ajuste presentándolo como un dato natural de la economía o como un remedio indispensable para curar la indisciplina de los argentinos.

Los pasivos cancelados con el FMI representan apenas el 9% de la deuda total. Por eso la hipoteca total continuará pesando como una carga insoportable, con o sin auditoria del FMI.

El gobierno precanceló la deuda con el FMI para favorecer a los exportadores, industriales y banqueros locales, en su conflicto con los acreedores externos y las empresas privatizadas. El Fondo actuaba como agente del segundo grupo contra el primero.

Desde la devaluación el choque entre ambas fracciones ha dominado el escenario económico. El FMI exigía reducir el tipo de cambio para aumentar el excedente en divisas girado al exterior, en contraposición a los exportadores que prefieren mantener alta la cotización del dólar para recibir más pesos por los bienes que venden fuera del país. El Fondo reclamaba incrementos de tarifas inmediatos, en oposición a los grupos industriales que han lucrado con el abaratamiento relativo de los servicios públicos. El FMI exigía negociar con los acreedores foráneos que no ingresaron al canje (holdouts), contrariando a los bancos locales que ocupan la primera fila de cobro del Tesoro. Frente a esta pugna Kirchner resolvió bloquear las presiones revaluacionistas del FMI.

En el conflicto entre grupos capitalistas no está en juego ningún interés popular. El discurso oficial identifica “autonomía nacional” con las conveniencias de los banqueros, industriales y agro exportadores, como si el grueso de la sociedad perteneciera a este grupo.

El pago al FMI repite la norma inequitativa que prevaleció durante el canje. Se relegó a los pequeños acreedores (bonistas, jubilados, ahorristas) a favor de los grandes banqueros. La cancelación con el FMI confirma que no existe la menor intención oficial de mejorar el nivel de vida de la población.

Los 9.810 millones de dólares que se destinan al FMI son añadidos a los montos ya pagados a ese organismo. Estas sumas superaron ampliamente lo desembolsado durante los gobiernos de Duhalde, De la Rúa, Menen y Alfonsín. Si se suma, además, lo abonado al BID y al Banco Mundial, Kirchner terminará girando a esas entidades unos 25.000 millones de dólares. ¿Cuántas mejoras populares, gastos sociales y emprendimientos de inversión pública podrían financiarse con esa monumental cifra?

La deuda abonada al FMI formó parte de los cuestionables préstamos que precedieron al colapso del 2001(blindaje y megacanje). En lugar de borrar las huellas de estos créditos (que encubrieron fugas de capital) habría que investigar su origen y distribución. Kirchner acusa al FMI, pero al mismo tiempo lo premia. Mantiene una actitud esquizofrénica de crítica y gratificación al principal responsable del desastre padecido por el país.

Lo que permite sostener esta hipocresía es la duplicidad de los políticos oficialistas y de muchos progresistas que encubren las maniobras del presidente. Antes demostraban la imposibilidad de “pagar la deuda con dignidad” y luego se convirtieron en abogados del “desendeudamiento con dignidad”. Ahora explican que la cancelación de pasivos con el FMI es un acto supremo de patriotismo.

La decisión de Kirchner recibió los esperados elogios de Lula, que está embarcado en la misma operación. Pero también Chávez ha proclamado su apoyo y prometió adquirir más títulos públicos de Argentina. Ya absorbió 1000 millones de dólares y podría suscribir otros 3000 millones. La compra de estos bonos no es un acto de solidaridad con el pueblo argentino. Colabora con un gobierno que gira esos recursos al FMI y de esta forma Venezuela participa en una triangulación que mantiene el endeudamiento del país.

El FMI solía prestar con garantías de ajuste fiscal antipopular que Venezuela no exige pero tampoco objeta. El valor de mercado de los bonos que compra depende implícitamente de la continuidad del superávit. Estos préstamos no facilitan ninguna medida de redistribución en Argentina y abren serios interrogantes para Venezuela. ¿Son acaso la inversión más acertada y prioritaria? ¿Favorecen las transformaciones sociales que profundizarían el proceso bolivariano?

La triangulación financiera en marcha es contraria a la formación de un frente de deudores contra el FMI. Chávez igualmente considera que se avanza hacia la constitución de un banco regional (Bansur) que aglutinaría todas las reservas de Sudamérica y le disputaría al FMI el rol de prestamista estratégico en la zona. Pero estos propósitos contradicen el trato privilegiado que recibe el Fondo.

La política del gobierno frente a las empresas privatizadas combina confrontaciones retóricas y amoldamiento práctico a las exigencias de las compañías. Con mensajes de regulación estatal a favor de los usuarios se están convalidando los privilegios de los concesionarios. El gobierno abandonó su proyecto inicial de renegociar los contratos a partir de un nuevo marco regulatorio y se ha embarcado en las tratativas caso por caso, que propician las empresas.

El punto más conflictivo son las tarifas. La negociación excluye tanto la continuidad del congelamiento como los incrementos inmediatos y generalizados. Se están acordando cronogramas de aumentos parciales que inicialmente pesan sobre los grandes usuarios industriales. El gobierno espera que estas firmas absorban el nuevo costo sin trasladarlo a sus precios. Pero en el marco actual de baja concurrencia y altos niveles de rentabilidad, el logro de este objetivo es muy improbable.

Al discutir cual será el incremento de tarifas trasladado a la población, los funcionarios buscan evitar cualquier debate sobre el carácter injustificado de cualquier aumento. Durante la convertibilidad las compañías acumularon enormes ganancias y transfirieron a sus casas matrices los beneficios obtenidos con tarifas dolarizadas. Este nivel de rentabilidad se mantuvo elevado luego de la devaluación por el efecto de la reactivación.

Los contratos se negocian preservando una división neoliberal de tareas, entre segmentos lucrativos manejados por las compañías y sectores poco rentables a cargo del sector público. Los efectos nefastos de este esquema alimentan los mitos privatistas del neoliberalismo. Pero mantener las privatizaciones es una decisión estratégica del gobierno, frente al generalizado descontento de la población y las demandas de reestatizar las actividades más colapsadas.

Los funcionarios suelen distinguir entre privatizaciones exitosas y fracasadas, atribuyendo a cada concesionario uno u otro resultado. Esta evaluación oculta que todos los contratos gozaron de alta rentabilidad con bajo nivel de inversión. Pero lo determinante ha sido el estado previo de las compañías. Esta diferencia explica porque algunas empresas funcionan con cierta normalidad (electricidad, telefonía) y otras profundizaron su imparable deterioro (aguas, trenes).

La distinción entre “buenas y malas privatizaciones” no impide que la renegociación de todos los contratos se desenvuelva a un ritmo semejante. En general, el gobierno evita publicitar los compromisos que asume el estado. Los nuevos convenios no resucitan tampoco la competencia en la estructura altamente segmentada que predomina en los servicios públicos.

La irritación popular se concentra en las privatizaciones más colapsadas como por ejemplo el agua. La empresa viola desde 1995 sus compromisos y los cortes de suministros son constantes, en un cuadro siniestro. Pozos contaminados, inundaciones de aguas servidas, baja presión, un millón de usuarios carentes de cloacas y otros 800.000 sin agua potable. En este marco la concesionaria resolvió retirarse del país porque sus prioridades se localizan en otras partes del mundo.

Los trenes constituyen son otro ejemplo del descalabro privatizador. El propio Kirchner reconoció este desastre, pero solo adoptó medidas simbólicas para justificar la continuidad de los subsidios a los concesionarios. Mientras que el monto de estas subvenciones es escandaloso y la rehabilitación de trenes, vías o ramales brilla por su ausencia. De los 35.000 kilómetros existentes antes de la privatización solo quedan 8.000 y en precario funcionamiento. En lugar de restaurar el sistema estatal integrado, el gobierno preserva el modelo de concesiones segmentadas que estableció Menem.

El área más crítica de las privatizaciones es la energía porque el abastecimiento es insuficiente. Mientras que el PBI recuperó el promedio de 1998 el consumo de energía aumentó un 20% por encima de ese nivel.

La caída de las reservas ilustra la magnitud de la crisis. A comienzo de los 90 estos recursos aseguraban 35 años de consumo, pero en la actualidad solo cubren 9,7 años. Los concesionarios depredaron los pozos descubiertos por YPF sin incorporar nuevas áreas. Es probable que luego de 15 años de euforia exportadora, el país vuelva a convertirse en importador de combustible. A pesar de la amenaza que sufre el abastecimiento interno, las ventas al exterior continúan.

El modelo energético actual preserva el manejo oligopólico de los precios por parte de cinco compañías. La renta energética que absorben estas firmas se triplicó entre 1999 y 2004 y las compañías se embolsaron entre 28.800 y 31.300 millones de dólares. En cambio, la participación del estado en este excedente cayó del 44,6% al 36% y se ubica 30 puntos por debajo del nivel capturado por el sector público de Ecuador o Venezuela. En el país se cobran regalías particularmente reducidas y las declaraciones juradas que exhiben las empresas constituyen la única información sobre los recursos existentes.

El eje de la política oficial es un vínculo privilegiado con Repsol. Esta compañía ha globalizado su gestión y no tiene al país como su centro de acción. Por eso suscribió un reciente acuerdo con Pdevsa y Enarsa para proveer crudo en Argentina a estos socios, a cambio de operar en el Orinoco venezolano. Kirchner exhibe la carta latinoamericana como alternativa frente al colapso provocado por la privatización, pero en los hechos actúa de mediador de Repsol en los negocios con Venezuela.

Más significativa es la intervención del presidente en Bolivia. Desde que la importación de gas quedó amenazada por una gran rebelión popular en el Altiplano, Kirchner ha hecho lo imposible para disuadir la nacionalización de los hidrocarburos. Busca evitar que esa medida se convierta en un planteo para toda la región. Lula fue aún más lejos y amenazó con duras represalias frente a cualquier perturbación de los negocios de Petrobras.

La política energética oficial emparcha el modelo privatista con ciertas medidas de control. La formación de Enarsa, por ejemplo, carece hasta ahora de efectos prácticos. No reedita YPF, no maneja recursos financieros, no regula el mercado y no administra los pozos.

Recuperar la propiedad estatal de los hidrocarburos es una medida insoslayable para gestar un modelo energético que beneficie a los pueblos de la región. No basta incrementar el control sobre la gestión privada, ni aumentar la renta apropiada por el estado. La reestatización es vital para enlazar compañías con poder real en los distintos países. Los acuerdos entre Enarasa y Pedevesa serán pura ficción, mientras Repsol sea el jugador dominante de Argentina.

Hay muchos caminos para avanzar en acuerdos regionales, pero en Bolivia y Argentina el gas y el petróleo deben volver a manos del estado. La misma prioridad tiene recuperar el control de compañías estatales gestionadas en los hechos por grupos privados (Brasil).

La reactivación, la emisión de bonos y la salida del corralito han generado una lenta recomposición del sistema financiero. A mitad del 2005 el total de los depósitos (108.300 millones de pesos) ya superaba el nivel previo a la crisis. Pero la masa de los fondos se encuentra colocada a corto plazo por el shock que dejó la confiscación de los ahorristas.

La recuperación económica se sostiene en una “economía de caja, pero no de crédito”. Los préstamos al sector privado equivalen al 8% del PBI, frente al 30% vigente en 1997 o el 23% promedio durante los 90. Por eso los negocios de los bancos están centrados en la revalorización especulativa de los activos o el manejo de la deuda pública. Otorgan pocos préstamos nuevos a las empresas y a los particulares, en un marco de elevada concentración financiera.

Las operaciones en moneda extranjera prácticamente han desaparecido, pero esta pesificación no indica mayor estabilidad bancaria. Es un efecto de tres procesos: fin de la convertibilidad, agotamiento de la liberalización y financiamiento local del estado.

Se ha registrado también un declive de las entidades extranjeras que ha sido parcialmente cubierto por los bancos privados nacionales. Este sector aumentó sus depósitos en el sistema bancario del 13 al 17%. Este bajo porcentaje indica que la influencia de la burguesía local sobre las finanzas del país es más política que económica. Sus representantes rodean al presidente y aconsejan a los funcionarios. Pero sin el auxilio del estado no pueden competir con los extranjeros, cuya presencia financiera refleja la creciente implantación foránea en la producción y los servicios.

Una consecuencia de la crisis ha sido la recuperación del rol protagónico de la banca pública. Los depósitos de este segmento saltaron del 33 % (diciembre del 2001) al 50% (junio 2004) cuándo los ahorristas buscaron protección masiva en el estado. Los ensayos de privatización de los bancos públicos han quedado detenidos, porque ya nadie puede justificar ese traspaso con argumentos de eficiencia, solvencia o confiabilidad.

El gobierno busca igualmente reactivar la banca privada aflojando los controles impuestos durante la crisis. Promueve la amnesia colectiva, para que se olvide como la población solventó el rescate de los bancos. Las entidades que no arriesgan su patrimonio cuándo los negocios florecen, sobreviven gracias al auxilio oficial en los momentos de crisis. La cuenta final de los redescuentos, bonos y compensaciones ha sido descomunal y esa factura se paga con superávit fiscal. Por eso no hay dinero para los jubilados o los desocupados.

Con la apoyo de la Corte Suprema el gobierno está sepultando, además, las últimas demandas de los pequeños ahorristas confiscados. Este operativo de busca transmitir un mensaje de seguridad jurídica a los banqueros para que reinicien a pleno sus actividades. En lugar de reconstruir un sistema financiero único, centralizado y estatal se vuelve a repetir el rumbo que desembocó en el crack del 2001.

Los principales desequilibrios que afectan al modelo actual no son contradicciones heredadas de la convertibilidad, ni desajustes naturales de cualquier recuperación. Son contradicciones intrínsecas de un esquema económico vulnerable y socialmente regresivo.

El desajuste más visible es la inflación. El índice mensual del 1 % tiene efectos dramáticos, porque cada punto de carestía sin compensación salarial empuja a nuevos sectores desamparados a cruzar el umbral de la pobreza. Desde el gobierno propagan un clima de advertencia contra las demandas populares, olvidando que las mejoras de salarios no provocan incrementos de precios. Esos aumentos siempre suceden y nunca anteceden a la inflación.

La tesis oficial también atribuye el rebrote inflacionario a la recuperación del consumo. Pero en un contexto de gran empobrecimiento, la escalada de los precios básicos de los alimentos no proviene del recalentamiento de la demanda.

Los funcionarios buscan contener la carestía negociando acuerdos con los grandes formadores de precios. Estas tratativas confirman cuál es el ámbito de las remarcaciones. Lavagna discutió varias alternativas, pero no logró ninguna solución y ese fracaso precipitó su desplazamiento. Micelli ensaya la misma concertación con mayor sostén presidencial y sugiere que la batalla por redistribuir se ha desplazado a ese terreno. Es una tesis que justifica el congelamiento de los sueldos y la estabilización de la miseria.

La contención de la inflación choca con el modelo exportador. Desde la devaluación, el aumento de los precios acompaña el ascenso de las cotizaciones (y el volumen) de las agroexportaciones. Particularmente en el último año la carestía se intensificó porque comenzó a cerrarse la brecha entre precios mayoristas (que se dispararon con el fin del uno a uno) y minoristas (que se retrasaron por el desplome del consumo). Micelli afronta otra dificultad con las restricciones de la oferta. Hay cuellos de botella en la provisión de muchos productos, cuya fabricación requiere largos procesos de inversión.

En las actuales condiciones de superávit fiscal, el peso de otros factores inflacionarios –como el gasto público– tiene baja gravitación. Los componentes financieros –como la indexación de la deuda pública pesificada– solo inciden en perspectiva. No propagan por el momento la inflación.

Algunos economistas son partidarios de tolerar cierta carestía y otros de promover un corte drástico del flagelo. Discuten ambas alternativas como si no existiera otra posibilidad. Unos proponen enfriar la economía, subir la tasa de interés y apreciar el dólar, pero otros aceptan cierto incremento de los precios para asegurar la reactivación exportadora. Ambos enfoques desconocen que existen otras opciones antiinflacionarias. Se podrían aplicar distintas leyes vigentes que penalizan a los remarcadores y también habría que transparentar los niveles de ganancias, asegurando los abastecimientos con formas de control social. Además, los precios locales podrían quedar desvinculados de las exportaciones a través de mecanismos impositivos.

Las altas tasas de crecimiento recientes (8,8% en el 2003, 9 % en el 2004, entre 8 y 9% en el 2005) aseguran un piso elevado para el 2006. La reactivación comenzó como un rebote de la depresión, pero ha sido posteriormente impulsada por la sustitución de importaciones, el consumo de altos y medios ingresos y el empuje exportador.

La reactivación es una reacción cíclica frente al derrumbe precedente, que se inscribe en el serrucho de crisis violentas y recuperaciones intensas que ha caracterizado a la economía argentina. Lo específico del repunte actual es su empalme con una coyuntura internacional particularmente favorable. Si este viento de cola no es ocasional, el ascenso en curso podría perdurar. Si por el contrario la demanda externa declina tenderán a reaparecer los tradicionales temblores.

El recuerdo fresco del 2001 ha creado un clima de desahogo que induce a sobrevaluar la recuperación. Pocos registran que un modelo de crecimiento socialmente segmentado y económicamente especializado no genera aumentos de la producción, asociados a la mejora popular del poder adquisitivo. El gobierno afianza este desequilibrio cuando auspicia “cuidar la tasa de crecimiento” rechazando los incrementos de salarios.

Los funcionarios asimilan cualquier dificultad actual a malestares positivos del crecimiento. Afirman que es mejor padecer los problemas de la recuperación que las tragedias de la crisis. Pero esta constatación es una verdad a medias, porque el capitalismo siempre combina ambas desventuras. Es falso presentar a la reactivación como un momento de plenitud y a la depresión como un mal inevitable. En ambas situaciones los capitalistas lucran y los oprimidos sufren.

La tasa de inversión salió del pozo con la reactivación y saltó del 11% al 19%. Pero este porcentaje todavía no alcanzó los niveles de 1998 y es un 0,7% inferior al promedio de la convertibilidad. Es indudable que la economía tenderá a frenarse si esta variable no sube al 23 o 24% en los próximos años. La crisis energética y el sobre–uso de la capacidad instalada son claras advertencias del impacto de la sub–inversión.

Pero el problema no se limita a las magnitudes, sino que también involucra la dirección de la inversión. El enorme salto registrado en la cosecha de cereales revela que el modelo agro exportador ha retomado su vieja preeminencia. Esta centralidad actualmente incluye un costo ecológico del complejo de la soja que es poco estudiado. Ya existen síntomas de erosión de la fertilidad natural del suelo y deterioro de la autosuficiencia alimenticia. Tampoco se discuten los efectos de la concentración de la propiedad rural y de la expulsión de los pequeños productores.

En la composición de la inversión tiene gran preeminencia el sector de la construcción, en desmedro de los bienes manufacturados. Buenos Aires concentra un boom de oficinas y departamentos de lujo, que acompaña el auge inmobiliario internacional. La devaluación abarató relativamente las propiedades locales y ha incentivado un negocio muy sensible a las burbujas financieras. La especulación se está desplazando a este sector luego del crack bancario del 2001.

El dogma del superávit fiscal impide que la inversión pública compense la baja de la inversión privada. El gobierno mantiene planchada esa variable esperando que los capitalistas tomen la iniciativa. Pero los empresarios exigen grandes incentivos fiscales que afectarían el excedente de las finanzas estatales. Por lo tanto la continuidad del crecimiento depende de las decisiones de un conjunto de empresarios muy conservadores.

La frecuencia de las turbulencias que ha caracterizado a la economía argentina ha inducido a los capitalistas a invertir sobre ganancias seguras. Algunas razones coyunturales explican la persistencia de esta actitud (secuela del default, incertidumbre energética, inflación). Pero también pesa cierta conciencia del carácter empobrecido, achicado y reprimarizado de un mercado alejado de los centros mundiales.

La sucesión de eclosiones empujó en las últimas décadas a los capitalistas locales a expatriar parte de sus patrimonios y a crear un fluido mecanismo de ingreso y salida de fondos. Actualmente se verifica una corriente de repatriación, pero la proporción de inversiones liquidas que mantiene la clase dominante argentina en el exterior supera ampliamente a sus pares de la región.

Para asegurar la rentabilidad de las exportaciones el gobierno sostiene la paridad cambiaria en tres a uno. Defiende esta relación con el mismo fanatismo que Cavallo apostó al uno a uno. El fracaso de la convertibilidad ha generalizado la impresión que sobrevaluar el tipo de cambio es un pecado y subvaluarlo es una bendición.

Pero este enfoque oculta el costo del operativo. En condiciones de afluencia de capitales, superávit exportador y depreciación internacional del dólar, las adquisiciones de moneda extranjera con excedentes fiscales obligan a instrumentar mecanismos potencialmente especulativos. Para sostener el dólar se ha buscado sin mucho éxito restringir el ingreso de capitales de corto plazo con penalidades impositivas. Estas decisiones ilustran cuánto espacio ha recuperado el lobby exportador.

Otro indicador de esta influencia es el choque con Estados Unidos en torno a los subsidios agrícolas. Kirchner ha retomado la postura tradicional de la clase dominante argentina, que siempre rivalizó con sus competidores del norte. El presidente condiciona todas las negociaciones del ALCA a un compromiso norteamericano de reducción de los subsidios. Su postura no es antiimperialista, sino afín a los intereses de la burguesía local. En este terreno reafirma la postura que mantuvieron sus antecesores. Conviene no olvidar que para preservar un gran cliente de cereales y carne, Videla violó en 1979–80 el embargo comercial norteamericano a la ex URSS. El entusiasmo de Menem por el ALCA (y la OTAN) ha sido una excepción en esta norma de conflicto comercial con Estados Unidos.

La defensa de los agroexportadores unifica a Kirchner con Lula, pero esta alianza no asegura un renacimiento del MERCOSUR. Esta asociación continúa estancada, porque Brasil y Argentina no avanzan en la conformación de un área monetaria y en la resolución de sus divergencias arancelarias. De hecho la unión aduanera no funciona porque Argentina implementó una drástica apertura sin acompañamiento de Brasil.

El intercambio comercial entre ambos países se encuentra, además, periódicamente afectado por políticas de subsidios divergentes y por la ausencia de sistemas de arbitrajes para dirimir conflictos. Sin moneda común, ni políticas macroeconómicas conjuntas, el MERCOSUR no podrá afianzarse.

El gobierno presenta la controversia ALCA–MERCOSUR como el único debate posible de comercio exterior. Omite aclarar en qué medida una u otra alternativa mejoraría los ingresos populares. Todas las explicaciones en boga incluyen alguna versión de la teoría del derrame. Se discute si ingresar a un ALCA con menores subsidios agrícolas generará más inversiones que expandir el MERCOSUR, como si estas opciones implicaran mayor salario y más empleo para la población. En realidad se presupone que los trabajadores resignarán sus reivindicaciones para esperar los frutos de esos convenios. Las dos variantes desechan la redistribución, presuponen mayor flexibilidad laboral y la preeminencia de la exportación sobre el mercado interno.

Todas las negociaciones se desarrollan, además, aceptando normas del libre comercio, que alejan la posibilidad de aumentar las retenciones para contrarrestar la inflación o la perspectiva de reciclar la renta agro–energética hacia proyectos de reindustrialización.

Un proceso de integración popular de la región basado en principios de solidaridad, estabilidad laboral y mejora de los niveles de vida de la población es incompatible no solo con el ALCA, sino también con el MERCOSUR actual. Por esos los economistas críticos de América Latina ya discuten los lineamientos de otra alternativa, en los movimientos sociales de la región.

La economía ha ingresado en una nueva etapa y las políticas predominantes son muy diferentes a las vigentes en los años 90. Especialmente el superávit fiscal ocupa el lugar que anteriormente se asignaba a la disciplina cambiaria. Quiénes contraponen ambas orientaciones como dos proyectos radicalmente opuestos sugieren que el primer enfoque es siempre preferible al segundo. Olvidan que el déficit público financiado con endeudamiento inflacionario es tan nocivo como un tipo de cambio alto sin contrapesos tributarios.

En la nueva etapa se ha consumado un cambio de hegemonía dentro del mismo bloque de poder. Los privilegios que antes acaparaban los bancos extranjeros, los importadores y las empresas privatizadas ahora son detentados por los exportadores, los industriales y los acreedores locales. Pero como en la coyuntura actual florecen todos los negocios hay pocas quejas y mucho beneplácito entre las clases dominantes.

La retórica del nuevo período se caracteriza por el cuestionamiento de la privatización extrema y la difusión de un mensaje crítico hacia el neoliberalismo y el populismo. Pero este equilibrio ideológico disfraza la persistencia de políticas regresivas. El hilo conductor que une a Lavagna–Micelli con Cavallo es el aprovechamiento de una coyuntura económica favorable para recomponer las ganancias empresarias a costa de los trabajadores. Por eso el modelo actual presenta más rasgos de continuidad que de ruptura con el esquema precedente.

A diferencia de la preeminencia financiera que mantuvo Lula en Brasil, Kirchner recurre a una variedad de políticas económicas. Esta multiplicidad obedece a la necesidad de reconstituir la acumulación al cabo de una depresión descomunal. La salida de esa crisis ha obligado también a un ejercicio de arbitraje más activo por parte de los Ministros de Economía. Recurren a la intervención creciente y a la belicosidad verbal para restaurar el funcionamiento de la reproducción capitalista.

La discusión sobre la crisis ha quedado sustituida por interpretaciones de la reactivación. Los ortodoxos (Fiel, Cema) atribuyeron el derrumbe del 2001 al shock externo, al gasto público y a la insuficiencia de las reformas. Ahora explican la recuperación por la excelente coyuntura internacional, la conversión del déficit presupuestario en superávit y el legado de inversiones que dejó el neoliberalismo.

Pero olvidan que el excedente fiscal no ha sido nunca una condición de la reactivación y que el tipo de inversiones realizadas en los 90 define el perfil regresivo de la recuperación. La convertibilidad coronó la demolición de una vieja estructura industrial, sin generar alternativas más sustentables. Se ha probado que el aluvión neoliberal resulta devastador cuando golpea a una economía de frágil industrialización mediana.

Los heterodoxos (Plan Fénix) atribuyeron la crisis a la convertibilidad, el retiro del estado y la financiarización. Por eso explican la reactivación por la devaluación, la multiplicación de políticas activas y el resurgimiento industrial.

Pero estos tres cambios provocaron una enorme transferencia de ingresos a favor de la clase capitalista. El secreto de la reactivación no radica en ningún milagro heterodoxo, sino en una cruda recuperación de la tasa de ganancia que solventaron los trabajadores. Este carácter regresivo de la devaluación y de la intervención estatal a favor de los industriales es rigurosamente enmascarado.

La discusión entre ortodoxos y heterodoxos se concentra en los instrumentos de la macroeconomía (tipo de cambio, financiamiento público), en la gestión ministerial (poca o mucha presencia) y en las reglamentaciones aduaneras e impositivas. El debate evita cualquier análisis de la economía capitalista como un proceso social controlado por las clases dominante. Por eso también se ignoran las contradicciones de este sistema.

Los términos ortodoxia y heterodoxia son a veces utilizados para caracterizar las medidas en pugna entre el bloque acreedores externos –privatizadas– y el alineamiento de exportadores–industriales. Lavagna buscó el equilibrio. Propició paquetes antiinflacionarios con subas de los encajes bancarios (ortodoxia) y penalizaciones de los carteles (heterodoxia) y negoció la deuda con pagos al FMI (ortodoxia) y quitas a los restantes bonistas (heterodoxia). Su sucesora Micelli parece acentuar la heterodoxia en ciertos planos (por ejemplo el control de precios) y la ortodoxia en las definiciones claves de la política económica (superávit fiscal).

Pero no hay que perder de vista el carácter antidistribucionista de la orientación prevaleciente. Las mixturas de monetarismo y keynesianismo que aplica el gobierno son tan variadas como la combinación de regulación y mercado en las medidas que adopta. Pero lo que no figura en la agenda gubernamental es la mejora del ingreso popular.

La redistribución no es una “deuda pendiente” que se resolverá con el paso del tiempo. Es una decisión política que requiere afectar los intereses de las clases dominantes. Como el gobierno defiende a este sector preserva el modelo regresivo.

El discurso oficial convoca a reconstruir la burguesía nacional. Pero no intenta rehabilitar a los capitalistas de los años 50, ni resucitar un modelo de mercado interno, acumulación endógena y políticas financieras autónomas. Este proyecto quedó enterrado con las crisis que remodelaron la estructura industrial. El programa actual es afín al nuevo grupo de empresas asociadas con el capital extranjero, volcadas hacia la exportación y especializadas en bienes primarios o insumos industriales. Este sector constituye una burguesía local, pero ya no nacional

Kirchner busca reforzar a este segmento bajo el impacto de la crisis del 2001. De esta experiencia ha deducido la necesidad de contar con interlocutores más arraigados en el país y menos predispuestos a la fuga de capital.

Pero su proyecto choca con el alto grado de extranjerización que caracteriza a la economía. El control foráneo pasó del 50,5% (1993) al 80,2% (2003) del valor agregado de las principales 1000 compañías. Las compañías locales no solo han perdido peso frente a los grupos extranjeros norteamericanos y europeos, sino también ante las firmas latinoamericanas. Entre las mayores compañías de la región solo figuran dos argentinas, frente a 23 mexicanas y 20 brasileñas.

Pero los grandes grupos locales –Techint, Bago, Impsa, Molinos, Bulgheroni– no son insignificantes y están embarcados en un intenso programa de reconversión. Buscan compensar con negocios en el exterior la pérdida de mercados que provocó la pauperización local.

Este sector capitalista es fanático de la flexibilización laboral, hostil a los aumentos de salarios y enemigo de las conquistas sociales. No es afín a la redistribución y es una ilusión suponer que podría ser integrado a un proyecto popular. Quiénes sólo conciben el porvenir del país en términos de futuro burgués evitan registrar este dato y prefieren elucubrar opciones de capitalismo imaginario.

El curso de la economía está condicionado por el creciente impacto de las demandas sociales. Los trabajadores organizados perciben que existe un amplio espacio para lograr conquistas y mayores salarios. Han recuperado visibilidad y protagonismo. Su intervención refuta el mito de la pasividad de los asalariados frente a los sujetos sociales que dominaron el escenario de la rebelión del 2001 (desocupados, ahorristas).

Se está demostrando que el alto desempleo no impone un obstáculo infranqueable a la lucha salarial. En un marco de recuperación de las tradiciones combativas resulta posible la confluencia de los excluidos con los incluidos. Una nueva generación que no carga con las frustraciones de los 90 encabeza la resistencia social.

El resurgimiento de esta lucha desconcierta al gobierno, irrita a la derecha y desespera a los capitalistas. Todos esperaban la desaparición de cualquier vestigio del 2001 y por eso observan con fastidio la continuidad de la protesta. En lugar de discutir la validez de los reclamos, Kirchner objeta su oportunidad y las formas de la petición. Propicia, campañas mediáticas para inducir el aislamiento, la división y el debilitamiento de la lucha social. Pero esta acción persiste y es el factor clave del nuevo período, porque condiciona todos los proyectos de la clase dominante. No es sencillo estabilizar un modelo regresivo en un contexto de movilización.

La etapa cambió, pero la combatividad persiste. La ocupación callejera permanente ha sido reemplazada por secuencias de protestas. Las huelgas y las manifestaciones sustituyen a los piquetes y a las cacerolas. Se refuerza la sindicalización, subsiste el movimiento organizado de los desocupados y se multiplican distintas formas de acción barrial y juvenil. La reacción inmediata frente a la injusticia se mantiene como un rasgo dominante, en un clima de repudio al neoliberalismo y al imperialismo norteamericano.

Los protagonistas de la resistencia son los sujetos potencialmente capacitados para desenvolver un programa económico popular. La aplicación de un conjunto de medidas impositivas y financieras permitiría inaugurar un proceso real de redistribución del ingreso. Pero este proyecto requiere construir nuevas alternativas políticas.

Cada economista puede definir qué lugar ocupará en este escenario. Una opción es ubicarse en el campo de los dominadores y utilizar los conocimientos acumulados para facilitar los negocios y la buena vida de los privilegiados. La otra posibilidad es colocarse en el terreno de la mayoría popular. En este ámbito la realización profesional y el desarrollo intelectual se ensamblan con el compromiso político y el aprendizaje militante. Este sendero ofrece una inédita posibilidad de elaboración teórica y experimentación práctica. La oportunidad para actuar en este terreno existe y hay que aprovecharla.

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[1] Economista, profesor de la UBA, investigador del Conicet. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página Web es: www.netforsys.com/claudiokatz

[2] Notas al final