Los “acuerdos de precios” vienen con trampa

El gobierno contra los salarios

Por Marcelo Yunes
Socialismo o Barbarie, periódico, 10/02/06

El escenario ya está planteado: la gran pelea de 2006 va a ser por quién es el principal sostén del súper-superávit fiscal: si los trabajadores perderán poder de compra del salario frente a la inflación o si la clase capitalista va a ser obligada a resignar parte de sus súper ganancias. El gobierno, por supuesto, ya dejó bien clara su postura: la gran amenaza inflacionaria son los aumentos de sueldos, por lo que Kirchner salió a decir que el objetivo es que sean lo más bajos posible.

En el pérfido lenguaje K, la expresión “todos tenemos que hacer sacrificios” significa “ustedes, trabajadores, desocupados y jubilados, tienen que sacrificarse para que las ganancias récord de la patronal y los acreedores de la deuda no estén en peligro”

La patronal ha cambiado ligeramente de enfoque: si el año pasado decía que sólo podía haber aumentos basados en la productividad, ahora dice que todo ajuste salarial debe tener como referencia el índice de inflación. Ya citamos hace unos números que la Sociedad Rural, por ejemplo, sugería que el porcentaje de aumento debía ser el mismo que la inflación pautada en el Presupuesto 2006.

La propuesta del gobierno no es muy distinta: pide “un piso de un 10% y un techo del 20%”. Los “gordos” de la CGT, modelo de “prudencia” al servicio de la paz social, reclama un poco más: piso de 15% y techo de 35%. Pero ya sabemos que los muchachos tiran eso para negociar por menos…

La trampa está en marzo

Mientras tanto, el gobierno festeja como un triunfo el índice de inflación de enero: 1,3%. Pero cuidado: los famosos “acuerdos de precios” encierran engaños que hay que desentrañar.

Primero, el gobierno hace los acuerdos con la lista del INDEC en la mano. Es decir, se concentra en aquellos artículos que pueden mover la medición que hace el instituto oficial, donde el peso de cada producto en el total de la canasta “estadística” no es igual que en la canasta real. Así, los productos que tienen mucho consumo popular pero una ponderación menor en la canasta del INDEC no recibirán particular atención. Al gobierno le interesa el número estadístico final, no el verdadero impacto sobre el bolsillo de la población. Por eso los acuerdos son “quirúrgicos”: no buscan controlar el conjunto de la canasta, sino los que mide el INDEC. Así se genera un índice de precios “virtual”.

Esto es más importante de lo que parece. Desde la devaluación hasta ahora, los salarios, que aumentaron nominalmente un 68%,  pierden “por puntos” contra la inflación, que aumentó un 74%. Pero si consideramos los rubros de más consumo popular (alimentación y artículos de limpieza), se transforma en una derrota por nocaut, ya que esos rubros aumentaron un 103 y un 105%, respectivamente.

Segundo y principal elemento de trampa: tanto el gobierno como las empresas saben que esos acuerdos son de corto alcance (dos o tres meses a lo sumo) y que como estrategia para contener los precios es totalmente insuficiente. Pero cumplen una función muy importante: “dibujar” un índice relativamente bajo para el primer trimestre.

¿Para qué? Pues para que cuando se hagan las paritarias de los gremios “testigo” –en marzo o abril–, se tome como referencia ese índice de inflación trimestral dibujado, contenido artificialmente y listo para desbocarse. Lo que los economistas llaman “inflación subyacente” no va a estar presente en las negociaciones colectivas. Y entonces, todos chochos: la burocracia sindical va a decir que logró aumentos “por encima de la inflación” (virtual), la patronal elogiará la “responsabilidad” de la CGT y el gobierno saldrá a decir que “las variables económicas están bajo control”. ¿Todos chochos? No: los trabajadores van a tener que lidiar el resto del año con la inflación real, y para evitar seguir siendo el pato de la boda, tendrán que salir a la pelea.

Para no hablar de los sectores de trabajadores que están fuera de todo este esquema. Como señala Claudio Katz en su último trabajo sobre la economía argentina, el mercado laboral está fragmentado en tres franjas bien diferenciadas: trabajadores privados en blanco, trabajadores estatales y trabajadores en negro (sobre todo, pero no exclusivamente, en la actividad privada). Los únicos que han logrado cierta recomposición en los dos últimos años son los de la primera franja, incluida en las paritarias. Pero tanto estatales –agobiados por la política de austeridad fiscal al servicio del superávit– como trabajadores en negro (un 47% del total de la fuerza de trabajo) han visto desplomarse sus ingresos en un 28%. [1]

Precios, salarios, tarifas, impuestos

A todo esto, las compañías que entraron en los acuerdos de precios ya empezaron el chantaje: “nosotros ya hicimos el esfuerzo, así que no vengan a pedir grandes aumentos salariales”. Es una advertencia bastante explícita a Kirchner de que si el gobierno no cumple su papel para moderar los reclamos salariales, los acuerdos no se renovarán y volarán por los aires. Y viceversa: las empresas van a usar esos mismos acuerdos –y la “inflación controlada” para el período en que tienen vigencia– como argumento para reclamar “prudencia salarial”.

Ya el especialista en explotación laboral de la Unión Industrial, Funes de Rioja, hizo saber que la entidad espera “firmeza del Gobierno para encauzar la discusión”. Y en la propia CTA reconocen que “los acuerdos de precios serán una clara restricción para la negociación colectiva”. [2]

Mientras tanto, el gobierno bate el parche de que la economía sigue creciendo, junto con el empleo. Pero incluso un consultor cercano al gobierno como Artemio López reconoce que “los nuevos empleos no están bien remunerados por la presión del desempleo y el empleo en negro” y que “el crecimiento económico no introdujo un cambio sustancial en la matriz distributiva” (Clarín, 5-2-06). Enseguida nos referiremos a la “redistribución” kirchnerista.

Parte de la “inflación subyacente” o reprimida son las tarifas de servicios, que tienen a las compañías privatizadas en lista de espera. Se trata de un rubro delicado, ya que movería el índice de inflación inmediatamente. ¿Cuál es la política del gobierno? Paró la renegociación que estaba en curso hasta nuevo aviso. ¿Esto significa que no habrá aumentos? Para nada, sino que ahora, con el gobierno lanzado a “frenar las “expectativas” (es decir, a dibujar la inflación de enero-marzo), el horno no está para esos bollos. Voceros de Edesur y Edenor cuentan en voz baja que “nos dicen que eso [los ajustes de tarifas] va a salir, pero no ahora, que hay que esperar (…) Este tipo de aumentos saldrán cuando la cosa esté más controlada” (Clarín, 5-2-06).

Más claro, agua: tarifazo va a haber, pero “no ahora” –eso le daría argumentos a los negociadores paritarios– sino “cuando la cosa esté más controlada”, es decir, cuando los trabajadores ya hayan caído en la trampa y firmado los convenios con cifras convenientes para el gobierno y la patronal.

Lo que es evidente es que toda la política económica del gobierno –desde el pago al FMI hasta el control de la inflación– tiene una llave maestra que es el superávit fiscal. Como dicen los economistas, la caja del Estado rebosante de plata es el ancla que permite manejar el resto de las variables.

Por eso mismo, este gobierno que se llena la boca con la “redistribución” mantiene una de las estructuras impositivas más regresivas del planeta. Cuando se trata de impuestos –es decir, las arcas fiscales–, se acabó todo “progresismo redistributivo”.

Un estudio reciente muestra que los asalariados obtienen sólo un 25% del ingreso global generado en la Argentina (en otras épocas llegó a ser más del 50%), pero, sin embargo, sus  contribuciones representan el 50% de la recaudación impositiva (Clarín, 7-2-06). Esto es: de cada 4 pesos que se generan de riqueza en este país, los patrones se quedan con tres y los trabajadores sólo con uno, pero de cada 4 pesos que se pagan de impuestos, dos ponen los patrones y dos ponen los asalariados.

¿Cómo es posible? Simple: el impuesto más importante es el IVA, que grava el consumo. Cuando un trabajador gasta su sueldo, paga un 21% de impuestos por casi todo lo que compra. Mientras que los ricos consumen proporcionalmente mucho menos, y muchas de sus formas de atesoramiento (acciones, plazos fijos, cuentas corrientes) no pagan impuestos.

El colmo de esto es que el impuesto a las ganancias –el principal impuesto a la renta– está afectando cada vez más a los asalariados, mientras que los patrones y los ricos conocen mil y una trampas para no pagarlo.

Los petroleros de Santa Cruz muestran el camino

Ya decíamos en el número anterior que la escandalosa política de hacerles pagar impuesto a las ganancias a los asalariados iba a traer cola. Justamente, el detonante del reclamo de los petroleros de Santa Cruz fue el rechazo a la idea de que los trabajadores tributen como si fueran patrones.

Ése es el cóctel infernal que Kirchner les propone a los trabajadores: baja inflación “virtual” para negociar salarios, precios en escalada, tarifas esperando su turno y recortes del salario vía impuestos; todo para engordar el superávit fiscal, madre de todas las batallas de este gobierno. Continuando y profundizando el camino recorrido el año pasado, los conflictos que ya despuntan en 2006 y, en particular, la lucha de los petroleros de Santa Cruz, muestran cuál es la manera de frenar esta política tramposa y antiobrera.

Notas:

1. Claudio Katz, “Las tendencias de la economía argentina”, 30-12-05.

2. Declaraciones del asesor legal de la CTA, Horacio Meguira. Lo mismo observa el periodista especializado Alcadio Oña: “con los actuales acuerdos de precios, el Gobierno pretende contornear –limitar, si se prefiere– las demandas en las discusiones paritarias que se vienen” (Clarín, 4-2-06).