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La política educativa de K y Filmus
Educación para bajar salarios y el costo laboral
Por Marina
y Primo
Socialismo o Barbarie, periódico, 25/02/06
A fines del 2005 el gobierno de Kirchner impulsó y logró la
sanción de dos leyes “educativas”: las llamadas Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Enseñanza Técnica.
Estas leyes se dictan en el marco del “corpus” educativo
moldeado a medida del Banco Mundial bajo el gobierno de Menem: las
repudiadas Ley de transferencia de escuelas, Ley Federal de Educación
y Ley Superior de Educación, que cambiaron drásticamente el sistema
educativo.
El gobierno de Kirchner, sin anular estas leyes que
conformaron la reforma menemista de la educación, ha impulsado
algunos cambios que tienen el doble objetivo de limar las aristas
que resultaron “ineficientes” para las necesidades de los
capitalistas, a la vez que darle continuidad a los aspectos de
fondo de esa reforma: acomodar la educación a los intereses de
la burguesía, reventar el salario y las condiciones de trabajo de los
docentes, y profundizar la elitización de la educación superior.
Una educación al servicio de “la Argentina”...
capitalista
Con el discurso de la
necesidad de “vincular la educación al mundo del trabajo” se
oculta que no todas las “vinculaciones” son iguales ni responden a
los intereses de los mismos sectores de la población. En realidad, lo
que estas leyes establecen es un tipo específico: vinculan las
instituciones educativas y las empresas de forma tal que la
dirección de la educación queda bajo el mando de los empresarios y
al servicio de sus necesidades particulares (es decir, de clase).
Luis
Pagani, presidente del grupo Arcor, en
una nota publicada en Clarín el 8-6-05 con el sugestivo título de
“Nuestro futuro depende de la inversión
en educación”, nos ilustra cuál es el proyecto educativo de la
“burguesía nacional”: “la educación es la fuente última de
nuestra competitividad como país... los niveles de productividad…
dependerán crucialmente de la inversión en educación (…) Por una
parte, hay que fortalecer la capacitación y la educación específica
para el trabajo por medio de la educación técnica, y articulando
el ámbito de las escuelas con el de las empresas…siguiendo
ejemplos de otros países en los que la vinculación de escuelas y
empresas es parte del sistema educativo. Por otra parte el sector
formal requiere… una ética personal del esfuerzo y la
responsabilidad”.
El gobierno no se hizo desear y al día siguiente el ministro
de Educación, Daniel Filmus, presentaba ante el Congreso la Ley de
Financiamiento Educativo. Así comentaba los objetivos de esta ley:
“el país debe… generar un proceso de desarrollo competitivo… Es
necesario dar un fuerte impulso a la educación superior, la ciencia y
la tecnología, las que deben transformarse en instrumentos eficaces
para... incorporar capacidad y conocimiento a los procesos productivos
y convertirse así, en factores centrales para desarrollar la
competitividad de nuestro país”
Asombrosa sintonía la del gobierno con los empresarios. Pero
veamos qué significan estas palabras devenidas en ley.
Elevar la “competitividad internacional de
la Argentina” es el caballito de batalla de estas leyes. Pero
para esta gente “la Argentina” es un concepto que sólo incluye a
los patrones. Cuando hablan de sacar adelante el país, en realidad
están viendo cómo beneficiar a los empresarios. La mejora en la
competitividad tiene como fin incrementar la inserción de las
empresas en los mercados internacionales y
el aumento de la rentabilidad. En pro de esta
“causa nacional” la educación tiene que cumplir estos objetivos:
1. Bajar los salarios de los trabajadores.
El
diario Clarín, en la nota a Pagani ya citada, da cuenta de la
gran preocupación del sector empresarial: “la falta de personal
especializado se convirtió en un peso para la actividad de
muchas empresas y en un factor de aumento de costos
(salarios)”. Para disminuir estos odiosos costos que restan
“competitividad” a la industria y hacen bajar la rentabilidad de
las empresas, se armó una extensa red que atenta contra el salario de
los trabajadores, que funciona por medio de las pasantías de
estudiantes en las empresas, haciendo que las escuelas funcionen también
como agencias de personal eventual y capacitando mano de obra barata y
obediente. Basada, por supuesto, en “una ética personal del
esfuerzo y la responsabilidad” (para amenazar o reemplazar a los
trabajadores calificados que encabezan la puja salarial).
2. Regimentar la “pertinencia” de los estudios.
Si
en algo se especializan los tecnócratas al hacer las leyes es en
utilizar un lenguaje que oculte lo que se está diciendo. La
“pertinencia” significa utilizar los fondos del Estado,
estructurar los planes educativos y programas de investigación al
exclusivo provecho de los capitalistas, poniendo la investigación al
servicio de desarrollar tecnologías y formas de organización y
control al servicio de la producción y de los empresarios. A la vez
que desfinanciar todo estudio-investigación “impertinente” o
“superflua”, es decir
todo conocimiento crítico y/o no ajustado al rol que le asigna a
nuestro país el capitalismo globalizado y por ende inútil para los
capitalistas. La libre investigación... bien, gracias.
Veamos cómo
plasmaron esto en las leyes
Ley de
Financiamiento Educativo
Art. 2 [objetivos]: “fortalecer la educación técnica y la
formación profesional impulsando la vinculación con la producción
(…) fortalecer los procesos de innovación y la pertinencia
de la educación brindada en el sistema educativo”.
Art. 11: el Ministerio de Educación realizará el “seguimiento
de las políticas educativas destinadas a cumplir con los
objetivos establecidos en el Art. 2... así como al mejoramiento
de las capacidades de administración y evaluación
y de la eficiencia del gasto sectorial”.
Ley de Enseñanza
Técnica
Art. 7 [propósitos específicos]: “formar técnicos medios
y superiores en áreas ocupacionales específicas”.
Art. 10: “generar proyectos educativos que
propicien...modalidades pedagógicas productivas”
Art.14: “las autoridades educativas promoverán convenios
que las instituciones de educación puedan suscribir con ONG o
empresas”.
Art.15: “el sector empresario... favorecerá la
realización de prácticas productivas en sus propios establecimientos”.
Art 16: “cuando las prácticas educativas se realicen en
las propias empresas, se garantizará la seguridad de los alumnos”(¡ni
siquiera los viáticos pagan!).
Art. 29: “El Ministerio de Educación
concertará programas... que promuevan la pertinencia social,
educativa y productiva de dichas instituciones”.
Art. 45: “adecuación permanente de la oferta educativa
a las demandas productivas” (!).
Art. 52: “podrá incorporar fondos de personas físicas o
jurídicas así como de otras fuentes de financiamiento de origen
nacional o internacional”.
De las
necesidades del pueblo trabajador; de investigar las consecuencias del
imperialismo en el ambiente (los efectos de los transgénicos,
pesticidas, papeleras); de fundar relaciones de solidaridad ( y no de
competencia) con los demás pueblos, de transformar la sociedad
partiendo de su desigualdad social… de eso ni una palabra.
A la carga contra los docentes
Bajo el paraguas de la “eficiencia”, estas leyes
constituyen un severo ataque al salario y a las condiciones
laborales de los docentes, a través de la caída del Estatuto del
docente, con la manifiesta intención de atar el sueldo docente a la
eficacia (?) y en desmedro de la antigüedad.
En su artículo 10, la Ley de Financiamiento Educativo dice:
“El Ministerio... y las entidades gremiales docentes con
representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá
pautas referidas a condiciones
laborales, calendario educativo, salario mínimo y carrera docente”,
que según las palabras del ministro en el Congreso, cuando presentaba
esta ley, deberá permitir
que una parte de las mejoras laborales docentes estén más vinculadas
al desempeño y la capacitación, violando el Estatuto del docente.
Finalmente, una serie de medidas como los exámenes finales
en el Polimodal, junto a una reforma del CBC que extendería a todas
las carreras de la UBA la necesaria aprobación de Matemáticas (la
materia que más alumnos filtra actualmente) como materia obligatoria
para ingresar a las facultades, constituyen elementos para profundizar
la tendencia hacia una elitización cada vez más infranqueable de
los segmentos superiores de la educación (grados y
postgrados universitarios).
¿Qué tiene de financiamiento la “Ley de Financiamiento
Educativo”?
El ministro Filmus reconoce en su discurso de presentación
del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo en el Congreso que el
objetivo de que el presupuesto educativo llegue al 6 % del PBI no es
ninguna novedad y que en realidad ya estaba fijado tal cual en la Ley
Federal de Educación (aunque nunca
se cumplió).
Recordemos que CTERA ya había traicionado la lucha contra la
Ley Federal con el argumento de que “venía con fondos”. Ahora
entrega nuevamente las condiciones laborales de los docentes por ¡la
misma promesa! Hay que reconocer que es una demostración magistral de
“economía en la política” que consiste en propinar dos mazazos
con la misma excusa. Kirchner y Filmus retribuyen los servicios
prestados dejando escrito en la ley que sólo podrán participar de
las paritarias los gremios con representación nacional
(es decir, CTERA).
Con esta ley, el gobierno se toman cuatro años para llegar
al objetivo que se había votado en 1995 (¡hace 10 años!). El presupuesto educativo queda atado al PBI (con su
consecuente subestimación inicial, subejecución total y “evaporación”
final) y también a su eventual disminución. Pero tanto o más
peligroso es el hecho que la mayor proporción de este presupuesto
(alrededor del 65%) saldría de las provincias por medio de la
coparticipación. Así, se deja lugar para que más que aumento de
presupuesto haya maniobras contables; donde lo que figuraba como gasto
provincial ahora figure engrosando el ¡presupuesto educativo
nacional!. Pero K. logra un nuevo sistema de premios y castigos sobre
los gobernadores, ya que la ley lo autoriza a retener coparticipación
a las provincias que no cumplan con la ley.
Junto con esto, y por omisión (ya que deja vigente la Ley
Federal de Educación) legaliza por completo la concepción
impuesta por la Ley Federal de que los
suculentos subsidios a la educación privada y
confesional sean computados como parte del presupuesto del Estado para
la educación.
Derrotemos las leyes de Kirchner
Con estas leyes Kirchner ha demostrado
que es un continuador de las políticas contra la educación
que ya había iniciado Menem en los 90. El gobierno intenta presentar
las leyes educativas como parte de una política destinada a mejorar
la educación y avanzar en el desarrollo productivo del país, pero en
realidad son un paso más hacia la estructuración de todo el sistema
educativo y científico-tecnológico a favor de los intereses de las
empresas. Las necesidades y problemas del pueblo trabajador no son
elementos que se tomen en cuenta. Es que no son problemas de “la
Argentina”. Esto no les preocupa a ellos. Esto es un problema
nuestro, y para poder encararlos vamos a tener que reventar
estas leyes e imponer una educación que responda y esté al servicio
de las necesidades del pueblo trabajador y sus luchas.
Las
reformas de los 90, el sistema educativo actual y ...
Todo
lo que el gobierno K no quiere tocar
Socialismo o Barbarie, periódico, 25/02/06
En la década del 90, el Banco Mundial impulsó una serie de
reformas educativas en el “Tercer Mundo” que en Argentina realizó
el gobierno de Menem (con el apoyo de PJ y UCR y la complicidad de
CTERA) y significaron un cambio profundo en el sistema educativo
argentino. Esta reforma se articuló básicamente alrededor de tres
leyes:
1) La Ley de Transferencia Educativa del 1991, por la
cual los colegios “nacionales” pasaban a depender de la
provincias. Se iniciaba la descentralización y se lograba un
“ministerio sin escuelas” (las escuelas técnicas eran nacionales
y con la transferencia fueron vaciadas), abriendo el camino al
desfinanciamiento del sistema educativo.
2) La
Ley Federal de Educación de 1993, fue
probablemente la más brutal de las tres. En su contenido significó
aniquilar la pretensión igualitaria de la ley 1420 instaurando un
nuevo principio, acorde a los tiempos de expoliación privatista,
desempleo de masas y superexplotación obrera que vendrían. ¿Qué
principio? La “equidad”, interpretada como que no todos los
alumnos necesitan lo mismo: algunos necesitan comer, otros contención,
otros aprender a hacer lavandina y mermelada, y unos pocos, ciencias,
artes e idiomas. Esta legislación profundiza, cualitativamente, el
modelo de circuitos diferenciados de escuelas para ricos y escuelas
para pobres. Fomenta el “boom de las escuelas privadas”, que crece
sostenido por el vaciamiento permanente de la educación estatal y de
los suculentos subsidios que le da el Estado.
La promoción obligatoria –ya no se puede repetir–, la
inscripción por radio geográfico (si tu barrio es pobre y no hay
ninguna escuela decente... perdiste), la liquidación de medidas
compensatorias, como plus salariales a los maestros de zonas
desfavorables, van haciendo el resto.
Esta cristalización de circuitos diferenciados se completa
con la primarización de 2 años de la secundaria y el cambio
conceptual de los bachilleratos, que pierden universalidad y se
descentralizan en orientaciones, planes y materias que pueden variar
¡hasta por escuela!
Este modelo educativo va abonando, en los hijos de los
trabajadores, un camino de fracaso o desaliento hacia la universidad.
Mientras tanto, los teóricos “progresistas”, todos amigos de la
CTERA, centran sus baterías en contener a los excluidos del sistema,
enseñándoles la cultura de la resignación.
3) La Ley de Educación Superior
de 1995. Esta ley,
entre otras cosas, impone el arancelamiento en la universidad pública
por la vía de achicar las carreras y arancelar los nuevos postgrados
(antes últimos años de la carrera) e instituye el financiamiento
alternativo, transformando a las universidades en empresas de
servicios y permitiendo la instalación de empresas como promotoras de
reformas de planes de estudio al servicio del gran capital. La Ley
Superior permite a cada facultad establecer los ingresos como le
parezca, abriendo el camino a los exámenes de ingreso y los cupos,
junto a otras medidas para dificultar la regularidad de las cursadas.
El gobierno de Kirchner, al no tocar ninguna de estas leyes,
se para sobre los hombros de la reforma menemista, modificando los
aspectos que no les sirvieron a los capitalistas y profundizando sus
lineamientos generales.
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