La historia “no oficial”

Las verdaderas razones del golpe de 1976

Por Guillermo Pessoa
Socialismo o Barbarie, periódico, 10/03/06

Paradójicamente, bajo el gobierno de los “muchachos de la JP”, los motivos del golpe de Videla quedan no más claros, sino más ocultos. Los ex “peronistas combativos” devenidos administradores del capitalismo quieren transformar el 24 de marzo en un canto a la “democracia” colonial. Los marxistas revolucionarios argentinos, en cambio, ponemos el acento en lo que los progres no dicen: el lugar que estaba ocupando la clase obrera, y el terror que ésta le infundía a la clase capitalista, amenazando con una crisis de dominación. Conocer la verdadera historia del golpe ayuda a entender por qué los partidos y políticos del régimen lo repudian a los gritos en las tribunas mientras trabajan, silenciosamente, para consolidar su nefasto legado.

A treinta años del golpe más sangriento de la historia argentina, el gobierno nacional –acompañado lamentablemente por la mayoría de los organismos defensores de los derechos humanos y el llamado “arco centroizquierdista”– se apresta a recordarlo con decenas de actos y espectáculos artísticos. Los ejes claros de dicha celebración son condenar el terrorismo de estado sin indagar, o mejor dicho, difuminando, las motivaciones que llevaron a éste y contra quiénes centralmente se realizó; junto a la validación de la democracia burguesa como régimen suprahistórico al cual no hay forma alguna de superar. Algo así como el final de la historia, pero en clave progresista.

Sobre este último aspecto no avanzaremos en este artículo, ya que merece un desarrollo más in extenso. Digamos solamente que muchos intelectuales y ex militantes de organizaciones armadas hacen suya esta caracterización y ejercen un mea culpa de su accionar pasado, sin separar la metodología empleada de la crítica al sistema capitalista y sus instituciones, que acompañaba aquélla (Beatriz Sarlo, Pilar Calveiro, Oscar del Barco y Héctor Schmucler, entre otros expresan dicha posición).

Para poder comprender el golpe de 1976 hay que insertarlo en una coyuntura nacional que abre el Cordobazo y que éste precisamente viene a cerrar. La existencia de una crisis –incipiente, es verdad– de dominación política y social es su principal característica. En uno de los trabajos que más investigó dicho proceso se lee: “Lo nuevo para la burguesía como clase es que ve peligrar como tendencia su existencia social. Sus hijos empiezan a implementar una práctica política que pone en peligro y vulnera las condiciones que hacen posible su poder social. Entra en peligro el proceso mismo de reproducción social. Se ha cerrado un ciclo histórico de luchas económico-político-sociales, y en donde este enfrentamiento expresa esa ruptura y lo nuevo que emerge”.[1] Eso nuevo que emerge se manifiesta en corrientes clasistas y antiburocráticas, radicalización de la juventud y acercamiento de ésta a los sectores obreros, en donde se intenta una “lectura” en clave socialista del peronismo, la irrupción de organizaciones armadas y la emergencia de semi insurreciones populares como el citado Cordobazo de 1969, que se reiterará hacia 1971 junto a otros “azos” provinciales. El último gobierno peronista fue el intento de contener y desviar este proceso, antes de recurrir a la “salida pinochetista”.

¿Sobre qué bases económico sociales la burguesía argentina en su conjunto podía frenar este estado de cosas? La crisis del petróleo desatada hacia 1974, junto a una cada vez mayor pérdida de ubicación del país en el mercado mundial, planteaban un escenario en donde cualquier atisbo de reformismo, e incluso de Pacto Social, estaba totalmente cerrado. Como muy bien dice un sociólogo: “En definitiva, lo que nos ofrece el proyecto actual de la burguesía dependiente actualmente en el poder puede resumirse en: estancamiento relativo, desarrollo distorsionado, desempleo permanente o creciente, y mayor subordinación al capital extranjero. Para no ser injusto debe señalarse que todo esto tendría lugar, con suerte, en un contexto de precios estables y tipos de cambio fijos”.[2]

Si tenemos en cuenta este sucinto marco explicatorio, la emergencia del golpe se presentará como necesario e imperioso para la clase dominante y en especial su sector más fuerte. Ya volveremos sobre esto.

La irrupción del Rodrigazo en junio de 1975, ese “plan Martinez de Hoz en dosis homeopáticas”, como supo decir otro investigador [3], provoca un hecho inédito: la primera huelga general contra un gobierno peronista, acompañado del surgimiento de las Coordinadoras de Gremios en Lucha del Gran Buenos Aires (ver SoB Nº 60). La expulsión tanto del ministro de Economía autor del plan como de López Rega (mandamás del poder isabelista) reaviva todas las contradicciones existentes. El gobierno peronista es ya un desgobierno y sus días parecen estar contados. Videla, comandante en jefe del Ejército, le pone fecha precisa: noventa días, según señala por la cadena de radio y televisión en la navidad de ese año.

La lectura atenta de los principales diarios del país en ese período nos permite develar las principales motivaciones del golpe, que son dejadas de lado por la “explicación oficial”. Veamos: el 4 de marzo de 1976, el presidente provisional del Senado (el justicialista Luder) declara inconstitucional la posibilidad de convocar una Asamblea Legislativa para juzgar la labor de la presidenta y poder parar un posible golpe. “Impotencia parlamentaria” es el calificativo que la prensa utiliza para graficar la situación. Una publicación de la época relata un diálogo entre Isabel y el entonces intendente de Avellaneda, Herminio Iglesias, en el cual ésta afirma que la llegada de Mondelli al Palacio de Hacienda en reemplazo de Cafiero tenía como fin hacer “la tarea sucia”de implementar el plan económico que reclamaban las FFAA y los sectores más concentrados de la burguesía local e internacional: “La conclusión de Isabel era: el golpe va a quedar frenado y, si ganamos un mes, entonces llegamos a las elecciones, previstas para fines de año”.[4]

El 5 de marzo es el anuncio de las medidas del nuevo ministro: subas de servicios públicos y combustibles, tregua social y un escuálido 12 por ciento de aumento salarial. Uno de los primeros “logros” del plan es que parece haber aglutinado un sólido polo opositor: empresariado nacional, sectores financieros, prensa internacional que habla de “fuerte escepticismo”, dirigencia sindical, bases obreras a lo largo y ancho del país, partidos y tendencias políticas tanto con representación parlamentaria como sin ella y por supuesto aquellas organizaciones que actúan en la clandestinidad. Paralelamente la APEGE (gremiales empresarias que agrupan al comercio, la industria y el agro), que ya había realizado un lock out en febrero, convoca a un plenario para analizar la situación y anuncia que “este nuevo intento de cargar sobre la comunidad nacional el peso de la crisis que tiene responsables concretos, y que no son precisamente los empresarios descapitalizados ni los obreros empobrecidos, ya no tiene margen de aplicabilidad: la paciencia de los argentinos está agotada” (Clarín, 7-3-76, subrayado nuestro).

La semana tal cual se anunciaba, comenzó con varias medidas de fuerza con centro en los principales puntos productivos industriales del país, algunas por tiempo indeterminado, y son acompañadas por pronunciamientos de repudio a la política económica. Expresión clara de esto es el paro con asambleas que llevan a cabo los trabajadores de Mercedes Benz en González Catán. Sus delegados señalaron: “la situación no podía mantenerse dentro de la normalidad por mucho tiempo y si las conducciones gremiales no exigían inmediatamente un replanteo salarial, las bases actuarán por su cuenta, permaneciendo en asamblea permanente para estudiar nuevas medidas en repudio del plan Mondelli” (Clarín, 10-3-76, subrayado nuestro). Como un reguero de pólvora se va extendiendo la conflictividad obrera: Salta, Jujuy, ciudades del interior de Santa Fe y Córdoba se suman a las ya existentes. En esta última provincia, la Mesa de Gremios en Lucha realiza el 11 un paro con abandono de tareas, con el siguiente planteo: “Contra el plan Mondelli, el gobierno, su política; contra el golpe de estado y la inmediata libertad de Rafael Flores, dirigente del caucho, Luján y Pedro Flores, de Perkins, y demás desaparecidos” (Clarín, 12-3-76, subrayado nuestro).

Como se observa, hay un salto en cuanto al tipo de reivindicación: además del planteo sindical-económico, existe un enunciado político claro: no es sólo un ministro de Hacienda el problema, sino el gobierno en su conjunto quien al instrumentar su política obliga a la lucha y pone como eje estructurador también la cercanía de un posible golpe, uniendo en su proclama dos términos que acompañarán ineluctablemente el lustro que viene: militares y desaparecidos.

La Nación titulará su edición del día con la sentencia: “Advertencia del estado ante rebeldía sindical: protestas metalúrgicas y mecánicas en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal ante el llamativo silencio de la central obrera”, y no dejará de expresar su preocupación ante la “evidencia” de que los gremios rebeldes no acatan a los cuerpos orgánicos. Por ejemplo: “En el campo laboral se ahonda la fractura... los enemigos de los dirigentes obreros se han multiplicado y la lucha... adquiere características muy arduas para los gremialistas, porque prácticamente les es imposible sofocar a tales agresores como los personeros marxistas” (La Nación, 14-3-76, subrayado nuestro). Los días subsiguientes marcan un alza en la conflictividad obrera, en especial en el interior del país. Buenos Aires parece vivir una “pausa” en la lucha, junto con la aparición de amenazas y hostigamiento a dirigentes de base identificados como contrarios a las cúpulas de sus gremios. Por su parte, la APEGE publica una solicitada en La Nación en la cual llaman a un paro para el 18, con la precisa consigna de “queremos paz y orden”.

En el plano político sobresalen dos hechos: uno, el discurso transmitido por cadena nacional del máximo líder del partido de oposición, Ricardo Balbín (UCR). Confiesa “no tener soluciones”, a la vez que denuncia a comisiones internas antiburocráticas bajo el epíteto de “guerrilla fabril”. El otro es la parálisis que vive un órgano fundamental del régimen democrático constitucional: el Parlamento: cuesta reunir a los cuerpos legislativos e inclusive algunos legisladores deciden renunciar a sus cargos. El más resonante es el del diputado del Frejuli Sobrino Aranda quien fundamenta su decisión aseverando que “el proceso político está agotado” ; casi al unísono la gran prensa afirma que dicho diagnóstico es opinión generalizada en vastos sectores de la ciudadanía, lo que motiva la acusación de golpistas por parte de las cúpulas gremiales. El 18, la primera plana de los diarios la ocupa las declaraciones del ministro del Interior, Roberto Ares, negándole vigencia al plan Mondelli; y vaticinando que “en un mes como máximo el gobierno pondrá en marcha un plan económico definitivo, en profundidad” al mismo tiempo que advierte que “cierto recrudecimiento de la guerrilla provocaría un golpe de estado” y se suma a los elogios generales que las fuerzas parlamentarias dieron al discurso de Balbín.

El mismo día, la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (ACARA) publica una solicitada en donde luego de la queja por el conflicto planteado por los trabajadores mecánicos le “exige” al Ministerio de Trabajo que “actúe”: “debe poner fin a este estado de cosas y declarar fuera de la ley al SMATA, para que esta declaración de ilegalidad surta sus efectos: despido de los instigadores, aplicación de la ley antisubversiva y procesamiento penal de los culpables” (Clarín y La Nación, 18-3-76, subrayado nuestro).

El último fin de semana previo al golpe encuentra a varios sectores de la producción dispuestos a vencer la “parálisis gubernativa” y actuar en consecuencia. Jorge Aguado, de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa) exalta la “acción gremial cívica”, eufemismo para alentar el desabastecimiento, y la solidaridad contra la “insurgencia fabril”.

Gigantescas solicitadas firmadas por una no identificada “Liga pro comportamiento humano” aparecen en absolutamente todos los diarios del país, con eslóganes sugestivos como el de “Blanca y celeste aunque nos cueste” y aquella que muestra la imagen de un soldado mientras se lee: “No estás solo... tu pueblo te respalda... Tu guerra es limpia... Porque empuñas la verdad con tu mano”. Ningún sector salió a criticar o responder. Es más, las propias 62 organizaciones, en otra solicitada redactada el 23 de marzo y aparecida tardíamente, afirman: “El movimiento obrero siente un profundo respeto por sus [¡sus!] FFAA ... Ha sentido como propia las heridas que la guerrilla asesina infligiera a sus soldados. Sabe de sus valores y de la conciencia de Patria que las anima” (Clarín, 24-3-76, subrayado nuestro).

Como afirma un editorialista en Clarín del lunes 22, se acercaba “una semana decisiva”, al mismo tiempo que enjuicia y le pasa factura a representantes del cuerpo político y sindical: “Mientras los hombres de las FFAA, de seguridad y policiales caen todos los días víctimas de la delincuencia subversiva, los senadores se mostraron reticentes en aprobar un proyecto que contemplaba la aplicación del Código de Justicia Militar en las zonas que sean declaradas de emergencia... La debilidad de la dirigencia gremial quedó evidenciada recientemente cuando dio su apoyo al llamado Plan Mondelli. En el Gran Buenos Aires y en los principales centros industriales del interior del país se efectuaron paros, manifestaciones y asambleas, convocadas, en gran parte, por comisiones de lucha al margen de los dirigentes de los sindicatos”.

Llegaba de esa manera el “día D”, y serán nuevamente los dos mayores periódicos del país los que en sus editoriales luego del golpe mejor expresen la nueva relación de fuerzas establecida y sus propósitos inmediatos. Con un tono más épico, uno dirá: “Desde este y otros medios de prensa se alzaron voces que señalaban la necesidad de una urgente rectificación en los métodos de gobierno, al tiempo que reclamaban una acción efectiva para superar la crisis que amenazaba destruir las bases materiales del país y disgregar de manera irreparable el ser nacional. La Argentina necesita de la virilidad, la lucidez y el trabajo de sus habitantes, y por sobre todas las cosas, de la inteligencia, el coraje y la determinación de sus gobernantes” (Clarín, 25-3-76, subrayado nuestro).

Por su parte, La Nación se deshacía en elogios hacia la Junta de Gobierno pero dejaba para el final un saludable deseo: “En el campo laboral concluyó una época... es preciso restringir la declaración de huelgas... El país requiere una legión de trabajadores disciplinados, los necesita también provistos de una sólida cobertura contra influencias malsanas, contra halagos cargados de veneno oculto que intoxica cuando no mata las virtudes del hombre, su dignidad su independencia para actuar libremente sin riesgos ni amenazas” (La Nación, 25-3-76, subrayado nuestro).

La importancia de estudiar el golpe se halla en que debe ser visto como el instrumento “preventivo” de un posible pasaje a posiciones más radicales y proto revolucionarias de sectores importantes de las clases subalternas y en especial de la clase obrera como caudillo de éstas. La preocupación por “cortar la víbora insurgente” recorre todo el arco de actores sociales y políticos de la clase dominante. No es casualidad que términos como “orden” y “paz” están en boca de todos ellos, y en definitiva el dejar caer al gobierno radica en la comprobación de que éste da muestras de no poder garantizar dichos objetivos.

Por otro lado, el ciclo de “reactivación económica” que el capitalismo mundial había vivido desde la finalización de la Segunda Guerra, y que en cierta forma fue el presupuesto de los llamados “populismos” o “estados keynesianos” del período, estaba tocando a su fin. Por eso Martínez de Hoz, en el discurso del 2 de abril de 1976 al presentar su proyecto económico podrá decir que “hay una Argentina que muere: la del estado elefantiásico que subsidia empresas ineficientes y cobija tanto a empresarios indolentes como a sindicalistas inescrupulosos” (La Nación y Clarín, 3-4-76).

Las consecuencias de ello llegan hasta hoy, década del 90 y globalización mediante: una estructura social concentrada y que amplía la brecha de desigualdades sociales, sin espacio alguno para reflotar algún tipo de burguesía nacional o proyecto medianamente reformista dentro de los marcos del capitalismo. El Argentinazo de 2001, en forma aún muy inconsciente, fue un intento por revertir esta situación. Si la historia debe servir para algo es precisamente para aprender de ella.

La tarea que quedó pendiente en 1976 es la estrategia que sigue vigente hoy: la clase trabajadora con sus organismos liderando a los demás sectores explotados e iniciando el camino a la toma del poder y el socialismo como verdadera superación de la democracia burguesa, que siempre será preferible a cualquier tipo de fascismo, pero que no resuelve sino que encubre en su “cielo laico” la más cruda desigualdad y alienación humanas. Reafirmar nuestro compromiso con estas banderas será la mejor manera de recordar y saldar cuentas con aquel fatídico 24 de marzo.

Notas:

1. Balve, B: El 69, huelga politica de masas. Contrapunto, 1989

2. Braun, Oscar (comp): El capitalismo argentino en crisis. Siglo XXI, 1973

3. Horowicz, Alejandro: Los cuatro peronismos. Hyspamérica, 1984

4. Citado en Torre, Juan C: Los sindicatos en el gobierno: 1973-1976.  CEAL, 1983.