El "control de la inflación"

Paso a paso, se viene el tarifazo

Por Marcelo Yunes
Socialismo o Barbarie, periódico, 04/05/06

Salió la nueva ley: el gobierno va a hacer lo que le parezca con las tarifas de servicios públicos. Basta de negociaciones interminables con las privatizadas y de conflictos con las asociaciones de usuarios. Kirchner resolvió el asunto con la llamada Ley De Vido: está autorizado a crear cargos tarifarios adicionales en las boletas (por ahora de luz y gas, pero ya seguirán otras), supuestamente para “inversiones de infraestructura”.

El texto de la ley tiene tantas trampas que hay que abarajarlas de a una. Por empezar, se supone que los cargos adicionales son sólo para industrias, comercios y consumidores medianos y grandes. Primera trampa: hasta ahora, los aumentos de tarifas autorizados por el gobierno en los nuevos contratos excluían a todas las casas de familia, lo que significa que ahora empieza a avanzar en ese terreno. Segunda trampa: en ninguna parte se aclara cuál es el criterio para ser considerado consumidor “mediano” o “pequeño”. Tercera trampa, la mayor de todas: querer hacer creer que al que no le toque el aumento está salvado. La realidad es que el gobierno, poco a poco, está estimulando la inflación, porque no hay duda de que “industrias y comercios” trasladarán sus mayores costos a los precios. De hecho, parte del aumento del costo de vida bajo Kirchner se debe a ese proceso invisible y que evita costos políticos, pero muy real.

Más trampas: a diferencia de cualquier negociación de contrato de concesión, no se prevé ninguna intervención de las asociaciones de usuarios. Por poco eficaces que sean, representaban cierto margen de límite que ahora estará ausente. Y va a haber que acostumbrarse a esto, porque la ley no pone ninguna fecha de término a este sistema de cargos extras. Cuando paguemos la boleta de la luz en el 2011 nos vamos a acordar de Kirchner, como hoy nos acordamos de Menem.

Hablando de Roma, queda al desnudo otra gran mentira de este gobierno: que viene a arreglar las privatizaciones desastrosas de los 90. La realidad es que gracias a este esquema, las privatizadas mantendrán su concesión, con la ventaja de que no tendrán que poner un peso de inversión real. Esa plata la vamos a poner nosotros, gracias a este esquema de fondos fiduciarios inventado no en 2006 por Kirchner ni De Vido, sino en 1994 por… sí, por Menem.

La crisis de infraestructura

El problema de fondo es muy simple: la infraestructura energética y de servicios de la Argentina no da para mucho más. Lo cual es lógico, si se tiene en cuenta que las empresas encargadas de brindar el servicio sólo se encargaron de llenarse los bolsillos –sin invertir– durante los 90, con el 1 a 1, y de hacerle juicio al Estado con el 3 a 1. Entonces, hay tres días seguidos de calor y se corta la luz, hay tres días seguidos de frío y falta gas, se rompe un caño y queda medio Jujuy sin agua, se cae un puente y queda aislado el norte de Salta, que después se inunda, y todo así…

Por supuesto, las privatizadas no van a devolver nada de todo lo que se llevaron ni poner recursos propios. Van a seguir embolsando jugosas ganancias por administrar la infraestructura heredada del Estado. Las imprescindibles inversiones que les toque hacer, las pagarán del bolsillo del Estado. Es decir, el nuestro, vía las nuevas tarifas extra. Y no es poca plata: sólo en generación eléctrica y gasoductos, se estima una inversión de 4.000 millones de dólares. Esto es, más de la mitad del “superávit fiscal récord”, que da para mucho pero no alcanza para todo. Por eso, los dineros adicionales saldrán no de las arcas de Edenor, Edesur o Metrogas, sino de nuestro salario.

El colmo de lo escandaloso es que estos cargos se pueden empezar a cobrar no cuando empiecen las obras, sino incluso sólo con el proyecto aprobado de la obra (artículo 9 de la ley). Es como si Menem hubiera podido empezar a cobrar tarifas extra para las obras de saneamiento del Riachuelo…

El que parte y reparte…

… se queda con la mejor parte. Ése es el caso del gobierno, que a través del Ministerio de Planeamiento tendrá todas estas atribuciones: a) definirá el monto del cargo tarifario extra; b) podrá modificar ese monto como mejor le parezca; c) no está obligado a interrumpir el cobro de la tarifa extra; d) podrá decidir si los recursos se gastan vía obra pública directa o vía empresas, y la lista sigue. La pusilánime oposición burguesa llora por los rincones clamando contra los “superpoderes” de De Vido, presentado por la prensa como una especie de “monje negro”. Una pavada, porque esa mediocridad insigne no es más que el otro yo del Dr. Kirchner.

En realidad, como ya hemos dicho en estas páginas, el nuevo esquema oficial es tener bajo control el funcionamiento de los servicios a través de diversas formas de subsidio. Algo así como tener todas las desventajas de la privatización (ganancias ajenas) y de la estatización (gasto público), sin ninguna de las eventuales “ventajas”. Pero de esta manera el gobierno se asegura de que no haya sorpresas en el manejo del cuadro tarifario. Como se ve, todos los caminos conducen a Kirchner 2007…

Para el postre, una frutilla bien gorda: según la nueva ley, resulta que los excedentes “temporarios” –es decir, los que el gobierno considere como tales– de los fondos creados con los cargos extra pueden ser destinados a financiar al Estado, con tasas favorables (Clarín, 29–4–06). Una forma muy oportuna de poder recurrir a una caja adicional si surgen gastillos no previstos. Por ejemplo, para campañas electorales. Porque de mecanismo de control, mejor ni hablar: el uso de los fondos va a ser, en los hechos, discrecional, y no habrá que rendirle cuentas a nadie

En conclusión, también en este terreno Kirchner se muestra como la consolidación –con los cambios necesarios– de la estructura montada en los 90. El supuesto “estatismo” tiene patas cortas, y las carencias de infraestructura no serán resueltas mediante este esquema mezquino, pensado para un “largo plazo” que se agota en la reelección. La única solución realista es la nacionalización de todos los servicios públicos sin indemnización, bajo control de trabajadores y usuarios, en el marco de un plan serio de obras públicas imprescindibles de infraestructura, financiado con los fondos que hoy se destinan a la deuda con los usureros internacionales y locales. Es decir, lo contrario del capitalismo “semi–regulado” de Kirchner.