Argentina

 

Ley Nacional de Educación K

¡La culpa la tienen los maestros!

Por Marina Alonso [1]
Socialismo o Barbarie, periódico, 06/07/06

El gobierno K ha presentado la  “nueva” ley educativa. La CTERA y el SUTEBA –como ocurrió con las leyes en los 90– han salido a apoyar; lo propio están haciendo los “especialistas en educación” que ayer redactaron las leyes que hoy critican y que son, precisamente, los redactores de la nueva ley. Incluso los mismos  empresarios y la iglesia que ayer aplaudieron... hoy vuelven a aplaudir. La “nueva” ley, que de nueva tiene poco, es más bien un intento continuista y legitimador de la estructura educativa heredada de la década pasada.

Las reformas impulsadas por el Banco Mundial en los 90 transformaron el sistema educativo nacional en un “mercado persa” con ofertas de todo tipo, precio y calidad, logrando lo que buscaban: que cada sector reciba una “educación” que refuerce su condición social de origen; un sistema educativo que acompañe y reproduzca la atomización social de la nueva argentina con millones de desocupados, trabajadores en negro y salarios miserables.

Las armas para lograrlo tuvieron 5 ejes:

– La descentralización de los “servicios” educativos.

– La sanción por ley de subsidios para salarios en la escuela privada como manera de fomentar la expansión de la educación como un negocio privado.

– El cambio del principio de “igualdad” (muy socavado ya, por cierto) por el de “equidad”, afirmando que no todos tenían necesidad de una igual educación, sino que ésta debía  adaptarse a las necesidades “de origen”. [2]

– La libertad para cualquier empresario de abrir una escuela privada a su antojo.

– La estratificación y pauperización de los salarios de los trabajadores de la educación junto con un brutal ataque a las condiciones de trabajo.

Está claro que luego de más de una década de aplicación de la Ley Federal de Educación el resultado ha sido tan evidentemente desastroso que ahora, luego de que las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 evidenciaron el quiebre de la Argentina de los 90, el gobierno se apresta a un vasto operativo continuista de relegitimación de los criterios más de fondo de la estructura educativa heredada de la década pasada, introduciendo cambios superficiales que en nada van a revertir la actual situación de destrucción educativa.

Parámetros de la nueva “Ley Nacional de Educación”

La ley que está presentando el gobierno y que ha despertado cierta expectativa entre sectores de los docentes y de la población en general, hay que decirlo, es un trampa de frente y de perfil. ¿Por qué? Porque es una estafa que no retrotrae ninguno de los efectos de las leyes “menemistas” que dieron origen al actual sistema educativo que la mayoría de la población critica.

Veamos un poco más de cerca la cosa:

– Fija a través de la nueva LFE (Ley de Financiamiento Educativo) un “compromiso” prácticamente igual al de la LFE (Ley Federal de Educación) de aumento al 6 % del PBI anual a destinar a educación, pero para... una década más tarde.

– Mantiene los subsidios  a las escuelas privadas.

– Mantiene la famosa “descentralización” que significa un Ministerio de Educación “sin escuelas” y que cada provincia y municipio financien con sus presupuesto sus propias escuelas. No hay que ser muy imaginativo para saber cómo es la educación en una escuela de La Banda, o del Chaco.

– Mantiene el concepto tramposo de “equidad”, continuidad estructural de la liquidación del criterio “igualitario” en la educación.

– Refuerza el rol de la Iglesia Católica, en contra del principio de laicidad.

– Incorpora una nueva espina en la fragmentación salarial, con la promoción de variaciones salariales por mérito (a los “buenos docentes”, al decir de la UIA)

¿Cuál es la gran medida “progresista” de Kirchner, Filmus y Puiggrós para enfrentar las consecuencias nefastas de la LFE y la descentralización educativa de los 90 respecto de la población trabajadora? ¿Cuál es el “compromiso del Estado” con un fin tan noble? Ante el mantenimiento esencial de la estructura educativa de la LFE, lo que se propone es “igualar” a través de los “contenidos” y poner en la picota a los docentes. Veamos.

Manual estandarizado y competencia entre maestros para “mejorar” la calidad

La “innovadora” medida que trae la ley del gobierno se reduce a lo siguiente: diseñar “contenidos” entendidos como resultados “medibles” en pruebas al viejo estilo “Odol pregunta” o al nuevo estilo “Pulsaciones”. ¿Qué significa esto? Dos cosas.

Por un lado, se postula que el Ministerio de Educación sería el que se ocupe de los planes de estudio con el criterio de que se enseñen iguales contenidos a lo largo y ancho del país. El fin es muy “loable”, pero encierra una trampa: de no cambiarse las condiciones sociales de acceso a la educación de los diversos sectores sociales, evidentemente no puede haber contenidos iguales que alcancen para elevar la “calidad” de la educación. 

Por el otro, se responsabiliza a los docentes de que los alumnos adquieran los nuevos conocimientos, por la vía de “medir” los resultados que logran los maestros. Y luego de esta “evolución” se les pagaría un sueldo... acorde a los resultados que exhiban las víctimas, es decir, los alumnos.

¿En que consisten esas diferencias de acceso a la educación? Hay coincidencia en que una de las consecuencias más nefastas de las reformas de los 90 es la fragmentación del sistema educativo, dividido en provincias con regímenes y estructuras distintas, con salarios, contenidos, escuelas y expectativas distintas. Hay escuelas privadas sin subsidio, escuelas privadas con subsidio, escuelas religiosas y laicas, escuelas del estado con secundaria y escuelas del estado con “primaria de 9 años”, escuelas con laboratorio y estufas y escuelas sin puertas, sin vidrios en las ventanas; escuelas que tienen convenios con supermercados y escuelas con convenios con universidades; escuelas confortables y escuelas con los pozos rebalsados; escuelas donde los maestros cobran un plus y escuelas aisladas en cuadras de barro, sin agua potable a las que se les ha quitado el plus por zona desfavorable; escuelas con computadora e internet y escuelas sin computadoras, ni cable, ni TV, ni borrador, ni tiza, ni lavandina; chicos con celular y chicos sin lápiz ni cuaderno; escuelas donde los alumnos estudian porque saben que pueden elegir “qué hacer cuando sean grandes” y chicos que tiene la percepción de que estudiar no los va a salvar de un destino cierto de desocupación o superexplotación.

Ésas son las desiguales condiciones que el gobierno tendría la responsabilidad de cambiar. Con estas desigualdades, que son desgarros, no hay manual ni maestro que opere el milagro. Sólo puede ocurrir lo que meses atrás vimos en Chile, cuando el ministro de Educación atribuyó la desigualdad educativa al rendimiento desigual de los maestros de las escuelas estatales que no supieron transmitir bien los contenidos. Otra vez, la escisión no es de la sociedad en clases sociales antagónicas sino entre los maestros “buenos” y “malos” docentes, mientras un inmenso movimiento de masas encabezado por los estudiantes salía a las calles a decir Ya Basta!

Luchemos para derrotar esta nueva trampa que es la nueva ley de educación nacional.


Debate sobre la nueva Ley de Educación – La encuesta como “presente griego”[3]

Impulsar una Ley de Emergencia Educativa

Lista Negra de Gral. Sarmiento y San Fernando
Socialismo o Barbarie, periódico, 06/07/06

Al servicio de hacer pasar la nueva ley, el gobierno esta impulsando una “encuesta” para que “todos opinemos” acerca de los “criterios” para la nueva ley (apareció en los principales diarios). En la misma se preguntan cuestiones de nula importancia o meramente retóricas como si se cree que el idioma a impartir en las escuelas debe ser “el inglés o el francés”o si el “Estado nacional debe jugar un papel más activo en la educación”, cuando es obvio que la mayoría responderá que sí (aunque el Estado por sí mismo no es garantía de nada, la educación debe estar realmente controlada por docentes, alumnos y padres). Se pregunta eso cuando en una provincia está en riesgo el derecho de aprender de los alumnos... ¿el papel “m{as activo” aludirá a enviar a la Gendarmería a reprimir a los docentes como en Neuquén, o a garantizar el pago de un salario acorde a la canasta familiar? Esta encuesta, que interroga acerca de “lo humano y lo divino”, omite precisamente preguntar lo que realmente importaría clarificar:

– ¿Cree usted que el Ministerio Nacional de Educación debe tener responsabilidad en la creación y el mantenimiento de escuelas; el salario de los docentes, el numero de alumnos por curso, el fomento para crear  mejores condiciones de enseñanza y de aprendizaje para los menos favorecidos?

– ¿Cree usted que debe seguir siendo un Ministerio sin escuelas, que sólo elabora la “lista de temas” que los maestros tienen que lograr –vaya a saber cómo– que los chicos aprendan?

– ¿Cree usted necesario seguir financiando con sus impuestos a las escuelas privadas que cobran cuotas a sus alumnos para brindar educación?

– ¿Cree usted que tiene que financiar de su bolsillo las escuelas católicas o de otras religiones reconocidas por el gobierno en detrimento del histórico principio de laicicidad en la educación?

– ¿Cree usted que los maestros deben seguir teniendo un salario básico de $ 414, o algo más cercano a la canasta familiar, de manera que se pueda dedicar a un turno de trabajo (bien preparado) en vez de tener que hacerlo dos o tres turnos para alcanzar un ingreso digno?

– ¿Cree usted que tres o cuatro aulas de una escuela rebautizadas con otro nombre merecen la categoría de “escuela secundaria”, la que fue liquidada por la LFE?

En síntesis, alrededor de ocultar los grandes problemas y responsabilizar a los docentes y no al Estado y el gobierno K del seguro fracaso de esta reforma, haciendo incluso responsables a los maestros del futuro laboral de los alumnos, se abren algunos debates para “entretener” a la población, mientras se legitima lo esencial de la fragmentación y atomización educativa de los 90.

¿Qué proponemos?

Rechazar la ley del gobierno. Rechazar este “cambio de la mano de los docentes” que sólo busca ponernos a competir entre nosotros y hacernos cargo de la responsabilidad del desastre educativo que sólo es producto de las políticas de los gobiernos patronales (incluso de los que se dicen “progresistas”) y de un sistema capitalista que, en el mundo como en el país, sólo acumula una masa creciente de parias mientras que unos pocos viven de fiesta en fiesta.

Rechazar la mentira de que a partir de un supuesto criterio de “igualación de los contenidos” se podría igualar realmente las condiciones de acceso y calidad de la educación a recibir. Rechazar la falsa “derogación” de la ley de transferencia de los servicios educativos, que sólo sirve para dejar a salvo los efectos ya cumplidos

Por el contrario, proponemos la necesidad de discutir las causas de la debacle de la educación de los sectores populares y trabajadores, y a partir de allí impulsar inmediatamente una ley de emergencia educativa que establezca:

– el inmediato aumento del presupuesto educativo al 25% del presupuesto nacional, liquidando los subsidios a la escuela privada y la confesional, ni gastos en ninguna otra área que pueden ser “disfrazados” de gasto educativo;

– elevar ya el salario de los docentes a un básico de $ 1000 por cargo (6 horas de trabajo); anulación completa y en todos sus efectos de las leyes federal de educación, de transferencia educativa y de educación superior;

– establecer un financiamiento único del Estado del presupuesto e iguales condiciones de trabajo para todos los docentes, sin pasantías, convenios con empresas privadas, sponsoreado, arancelamiento de cualquier especie ni cooperadoras;

– establecer un sistema nacional de educación único para todo el país;

– el pase de la educación al control de sus verdaderos interesados: los docentes, estudiantes y padres;

– establecer que la educación debe estar al servicio de la transformación social y  para esto abrir un período de discusión con los trabajadores, los desocupados, las minorías, etc., a fin de elaborar un proyecto educativo verdaderamente al servicio de los intereses de las mayorías populares.


[1].- Secretaria de DH del SUTEBA (Sindicato de trabajadores de la educación) de Gral. Sarmiento (Gran Buenos Aires).

[2].– Este cambio de una mera palabra (mantenido exactamente de la misma manera en la “nueva” ley) encierra sin embargo un significado profundo. En el caso de la vieja ley 1420, lo que se sancionaba era la perspectiva de una educación que supuestamente debería ayudar a “igualar” las condiciones de todos los habitantes del país, provinieran de la clase social que provinieran. Con las actuales (contra) reformas educativas, en todo el mundo, se abandona la “utopía” igualadora reemplazándola por el criterio de “equidad”, que “realistamente” pretende darle a cada estudiante “lo que necesita” en función de lo que “es” (el rico para seguir siéndolo, lo mismo que el trabajador para continuar sometido a la explotación). En este esquema, obviamente, lo que se abandona es cualquier perspectiva transformadora, aunque esa misma perspectiva de “igualdad” que jalonó por varias décadas del siglo XX el sistema educativo no tuviera condiciones para ser llevada realmente a cabo.

[3].– Por “presente griego” nos referimos a la historia del Caballo de Troya, donde en un regalo, el caballo gigante, estaban escondidos los soldados que adentrándose en la ciudad la conquistaron.