Entrevista a María del Carmen Verdú de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

No muy “derechos” y nada “humanos”

Socialismo o Barbarie, periódico, 20/07/06

Después del crimen de Belgrano el pasado 6 de julio, se escuchó nuevamente al ingeniero Blumberg pedir “que se baje la edad de imputabilidad a los menores”. ¿Acaso sirvió para aminorar la delincuencia que se tomara esa medida, entre otras, en el 2004? Es que el aumento incontenible de la delincuencia no es producto de “manos más duras o más blandas”, sino el resultado de un profundo proceso de descomposición social y corrupción. Que son parte de un entramado feroz con las cúpulas de las instituciones del Estado, ya que Estado y gobierno que no escatiman esfuerzos ni recursos en reprimir la protesta social. Para conocer su opinión sobre el tema, entrevistamos a María del Carmen Verdú, abogada integrante de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

SoB: ¿Cómo ves el tema derechos humanos, que es una de las banderas agitadas por este gobierno?

MCV: Lo que pasa es que justamente CORREPI, como organización, es consecuencia o fruto del hecho de que, en la Argentina, hablar de la vigencia de los derechos humanos o de pelea por los derechos humanos o por su defensa siempre ha sido referido en forma exclusiva y excluyente a las violaciones a los derechos humanos cometidos en un determinado período histórico. Es decir, hasta 1983. A lo sumo, y en el colmo de la amplitud, te aceptan que antes del 76 ya había secuestros, torturas, etc. Pero siempre referido a la etapa de la –como la llamó la propia dictadura– “lucha contra la subversión”, y además en función de una caracterización de estos hechos a través de la identidad de la víctima. Identificado como un militante y perteneciente o no a una organización armada, pero sí vinculado con organizaciones de izquierda, revolucionarias, etc.

La CORREPI es fruto de esta equivocadísima concepción acotada de los derechos humanos precisamente porque a fines de la década del 80 y principios de los 90 no logramos incorporar los temas vinculados con violaciones a los derechos humanos posteriores al 83, fundamentalmente protagonizados por fuerzas de seguridad, no ya las Fuerzas Armadas, en la agenda de los organismos existentes.

SoB: ¿Notás como un corte en esos años?

MCV: Justamente. En el 1987, 88, 89, el grupito de compañeros que andábamos preocupados observando estos fenómenos que luego caracterizaríamos como política de Estado –el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, la utilización sistemática de la tortura a detenidos legales o ilegales– tratamos de desarrollar una tarea militante sobre estos temas. Recorrimos absolutamente todas las oficinas, todos los locales de todos los organismos habidos y por haber, intentamos reuniones con representantes de fuerzas políticas.

A partir de 1991 tuvimos un poco más de suerte en cuanto a la magnitud de la convocatoria, porque ya para entonces estábamos trabajando la causa Bulacio, que nos había dado cierta visibilidad en los medios oficiales de comunicación, y por rebote, cuando convocábamos a una reunión, venía todo el mundo. Pero a treparse en el tema Bulacio, que era altamente convocante y sobre todo para los sectores juveniles, estudiantiles, etc., en una época en que había más gente en un ascensor que en una movilización de izquierda.

Pero aún así, la respuesta que recibíamos cuando planteábamos estos temas era: “bueno, pero esos son casos policiales, cómo podés comparar tres negros tirados en una esquina chupando cerveza como los de Budge con los militantes revolucionarios que dieron su vida por un ideal”. Y nosotros decíamos: “muchachos, la condición sine qua non para decir que un hecho, además de ser un delito común, es una violación a los derechos humanos, un crimen de Estado, es justamente que el autor sea el Estado a través de los integrantes de sus fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas, es decir, a través de su aparato represivo”.

Esta idea, que está felizmente superada a medias en algunas organizaciones del campo popular, sobre todo las organizaciones políticas, más que en los organismos de derechos humanos, ha sido fuertemente utilizada por el actual gobierno para instalarse con esta autodenominación de “gobierno de los derechos humanos”. Esto es promovido a tal punto por el gobierno, con tanta inteligencia que cuando el otro día se produce este en Moreno, la tortura y muerte de Lucas Ivarrola, sale Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, a decir que la metodología remite directamente a la dictadura, hasta utiliza simbólicamente el tema del Falcon verde –como si hoy la Policía utilizara Falcon verde– y plantea que esto es gravísimo porque demuestra que todavía queda una cultura autoritaria.

A los hechos nos remitimos. En nuestro archivo de casos, que ronda los 2.000 registros de gatillo fácil y torturas seguidas de muerte, son muchísimos los hechos idénticos al de Moreno, posteriores a 1983. Ahora, ¿para qué le sirve al gobierno plantear esta discusión? Primero, le sirve porque despega absolutamente el tema Ivarrola del Estado actual, del gobierno actual. En segundo lugar, le permite también fortalecer sus propias posiciones frente a los que le critican su “montonerismo”, entre comillas, el rol que asume como querellante en las causas contra los milicos.

SoB: ¿Qué opinás del juicio a Etchecolatz y el Turco Julián?

MCV: El hecho de que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se incorpore como querellante en las causas de los milicos, es muy fácil de explicar. O sea, ¿a quién jode hoy que Etchecolatz vaya preso? ¿Qué influencia, qué poder concreto, qué función real cumple hoy Etchecolatz en el marco de la administración de la política represiva del Estado? Una de las características de la burguesía es que una vez que utilizó a quien tenía que utilizar, lo dejó tirado. Etchecolatz no sirve más, ¡ah, bueno, adentro! Ahora eso sí, Ernesto Weber, ese sí les sirve hoy. Y aunque esté comprobado por la Cámara Federal, no por CORREPI, que es uno de los que dirigió y condujo la represión el 19 y 20 de diciembre de 2001 y que el pelotón a sus órdenes fusiló por lo menos a tres de los cinco muertos de Plaza de Mayo –a nuestro compañero Petete Almirón, a Gastón Rivas y a Lamagna–, lo ascendieron a comisario, le dieron la 27ª. Al segundo escrache, lo sacaron de ahí y le dieron un puesto administrativo en el Departamento Central de Policía, donde conserva su grado.

SoB: Hay juicios como el de la semana pasada en Florencio Varela, donde los policías implicados terminan en su mayoría  absueltos, ¿qué opinás?

MCV: Ni siquiera es el ejemplo más extremo de cómo funciona la protección judicial. Lo habitual en los casos de tortura es que los jueces, lejos de calificar como tortura o tortura seguida de muerte, según el caso o los hechos, recurran a otras figuras como los apremios, las vejaciones, los malos tratos, etc., que tienen penas ínfimas, excarcelables, que justamente están en el Código para que haya una alternativa de menos punibilidad.

Y por el otro lado, en la mayoría de los casos se recurre, si no, a eufemismos como hablar de “homicidio preterintencional en concurso ideal con apremios” frente a un hecho concreto en el cual una persona es detenida arbitrariamente en la calle, reducida, esposada, tirada al piso, con manos esposadas a la espalda, uno de los policías lo levanta, forzándole los brazos hacia atrás, el otro lo patea y golpea en tórax y pecho, le produce una hemorragia interna que una semana después le causa la muerte. Y eso es “homicidio preterintencional en concurso con apremios o vejaciones”, en lugar de tortura seguida de muerte. Ahí es donde se ve cómo confluye cada uno de los poderes del Estado en el rol que le toca. Legisladores legislando ese tipo de normas, los jueces aplicándolas, forzando la figura. Del mismo modo en que producen todo el proceso de criminalización, forzando las figuras penales que describen conductas de otro tipo para aplicarlas a las conductas que quieren castigar ligadas a las luchas sociales o al conflicto social, y por el otro lado, cuando el imputado es un integrante de las fuerzas de seguridad del Estado, hacen exactamente lo contrario.

SoB: En relación a los 2.000 casos de gatillo fácil que mencionás, fueron a partir de 1983 y en la actualidad, ¿siguen existiendo?

MCV: Sí, en forma inversamente proporcional a la repercusión que tienen en los medios de prensa. Porque si nos guiáramos por lo que sale en los diarios, no hay gatillo fácil. Ivarrola es el primer caso. Sin embargo, el año pasado, cuando hicimos la presentación del archivo en Plaza de Mayo, lo que los números cantaron fue que el “gobierno de los derechos humanos” estaba matando un pibe día por medio. Y sigue la misma proporción. Incluso nosotros a mitad de año vamos a presentar un anticipo del archivo junto con informes sobre otros temas: presos políticos, persecuciones, hostigamiento, amenazas y utilización de patotas en la represión para que el aparato oficial del Estado quede despegado. Donde el dato más interesante –porque el informe abarca precisamente a partir del 25 de mayo del 2003, es decir desde la asunción de Kirchner– es que la cantidad de casos de gatillo fácil que superan los 500 que ha tenido Kirchner en estos 3 años, es superior, en proporción a la cantidad de tiempo, a cualquier otro gobierno anterior desde 1983. O sea, la Policía de Kirchner, la Policía del “gobierno de los Derechos Humanos” y sus aliados provinciales, está matando más gente que Menem, que Duhalde, que Alfonsín, que De la Rúa, de la misma forma que ha tenido más presos políticos que cualquiera de ellos.

SoB: En este marco, ¿cómo ves la situación y ubicación de los organismos de Derechos Humanos?

MCV: Tendríamos que hacer como dos sectores: los que eran los organismos históricos, después tenías las organizaciones “nuevas”, de las cuales Hijos y Ex Detenidos eran las únicas reconocidas con una jerarquía similar a la de los históricos por ser de afectados directos de víctimas de la dictadura. Y en el resto de las organizaciones nuevas tenías también dos segmentos: el de las organizaciones independientes de otras organizaciones de carácter político y el de las organizaciones conformadas a partir de la decisión de una organización política de generar un frente propio de lucha en el ámbito de los derechos humanos.

Hoy por hoy, el panorama es: Históricos, con la excepción de Ex Detenidos –como quedó clarísimo con los sucesos del 24 de marzo– y algunas otras organizaciones que tienen alguna ambivalencia –es decir, que rompen pero no tanto, o confrontan pero no tanto–, prácticamente todos los demás organismos están incorporados a diversos grados de cooperación con el Estado. Si caminás por la calle y ves los afiches que convocan al acto en que se va a hacer la presentación del Espacio Memoria y no sé cuánto, vas a ver que lo integran el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de la Ciudad y todos los organismos tradicionales (excepto Ex Detenidos).

CORREPI entiende que es una política errónea. Los organismos de Derechos Humanos tienen que ser absolutamente independientes del Estado. ¿Qué tenemos por el otro lado? Los “no históricos”, compañeros con los que nosotros compartimos sobre todo, más que el tema de la represión “preventiva” del gatillo fácil o la tortura, el trabajo contra la criminalización de la protesta, presos políticos, etc. Son organizaciones con las que tenemos altísimos grados de acuerdos políticos en más de una cuestión (por ejemplo, el tema presos políticos) como la Coordinadora por la Libertad de los Presos, Apel, Ceprodh, que en general están ligadas a algún partido, lo que no obsta al trabajo común.

Hay una aclaración previa que hacer: si bien cuando se habla de cooptación uno piensa inmediatamente en Hebe de Bonafini –por la repercusión que generó, por el rol que ocupaba–, lo cierto es que organismos cooperando con los gobiernos desde el 10 de diciembre de 1983 hubo siempre. El 24 de marzo de 1998 a la mañana hubo un acto bajo la lluvia, en la Costanera, donde se ponía la piedra fundamental de lo que hoy es el Parque de la Memoria, el monumento a los desaparecidos, flores al río... ¿Quiénes lo organizaban? El Gobierno de la Ciudad, que era De la Rúa, con toda la comparsa del Frente Grande, Frepaso, Alianza y demás, y salvo Ex Detenidos, Hijos y Asociación Madres en aquel momento y CORREPI (en ese momento no existían el resto de las organizaciones que mencionamos), todos los demás participaron de ese acto. De hecho, ése es el germen del Espacio Memoria que sale ahora, era la Comisión por la Memoria del Gobierno de la Ciudad. No es una división nueva, lo que pasa es que nunca se puso tan de manifiesto como ahora.

SoB: ¿Cómo se ubica la CORREPI en esta situación?

MCV: Los organismos no nos reconocen como pares ni a nosotros nos interesa serlo, porque no nos definimos como un organismo de Derechos Humanos. CORREPI se define como una organización política que activa en el campo de los derechos humanos, que no es lo mismo. Y específicamente en el campo de los derechos humanos, en la lucha antirrepresiva, en la denuncia y confrontación de las políticas represivas del Estado, no en cualquier tema de derechos humanos.

Lo que nos ha causado esta situación es ciertos “problemas”, porque nos tuvimos que poner los pantalones largos. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es que nos hemos convertido en una especie de embudo. Tipo que anda suelto en la vida con una inquietud en el ámbito antirrepresivo, en derechos humanos, que se ha ido apartando de los lugares donde estaba porque no quiere apoyar a este gobierno, ¿adónde va a ir? Tenemos una crisis de crecimiento que nos está comiendo la vida. Sobre todo cuando es una organización como CORREPI, que tiene una militancia concreta, territorial, barrial, en la calle, de movilización, de escraches y demás, y por el otro lado trata de producir, de generar material teórico sobre temas de debate en este terreno.