Debates sobre de la legislación sobre ligadura de trompas y vasectomía

De cómo el “progresismo” logra no hablar de lo que urge hablar

Por César Rojas, de Carne Clasista
Socialismo o Barbarie, periódico, 20/07/06

El proyecto de ley de anticoncepción quirúrgica que obtuvo media sanción en Diputados el 28 de junio se apresta a ser considerado por el Senado. A juzgar por el resultado obtenido en la cámara baja (147 votos a favor contra 41 en contra y 2 abstenciones) y la mayoría oficialista del Senado, según trascendió, su aprobación sería inminente y hasta es posible que se lo haga sin debate.

Impulsado por diputadas del Frente para la Victoria (Marino, Gutiérrez, Bosch), del ARI (Rodríguez), el Peronismo Federal (M. Rico, la hija de Aldo) y el socialismo (Barbagelatta), este proyecto de ley abre la posibilidad de garantizar gratuitamente, a través de la salud pública y las obras sociales, la realización de la anticoncepción quirúrgica (ligadura de trompas y vasectomía). Esta posibilidad no estaba contemplada en la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable (25.673), en las que sí estaban incluidos otros métodos anticonceptivos como preservativos, píldoras, DIU y parches. Si bien este tipo de intervención ya es posible en 14 provincias del país, la medida aún no tiene alcance nacional. Podría acceder toda persona mayor de edad con el simple consentimiento ante los médicos, sin autorización judicial ni de sus parejas.

En el caso de las mujeres, la “ligadura tubaria” o de trompas de Falopio consiste en una cirugía que impide el paso del óvulo al útero, evitando así la posible fertilización del mismo. En el caso de los hombres, la vasectomía se trata de una intervención con anestesia local que corta los canales deferentes de los testículos para bloquear el circuito normal de los espermatozoides e impedir que desciendan. Pese a lo delicado y lo cruento de estas intervenciones quirúrgicas, no son irreversibles pero sí de carácter permanente (por eso no puede hablarse de “esterilización”). Aunque el proceso es reversible, los costos del tratamiento son muy altos y no en todos los casos siempre puede asegurarse su éxito (algunos especialistas lo estiman entre un 70 u 80 % de los casos).

“De eso no se habla”

Hasta aquí los hechos más salientes alrededor del proyecto de ley. Pero para poder tomar posición respecto de este debate y el “mar de fondo” en que esto ocurre, es necesario partir del contexto de la política general del gobierno, su política de salud y su nuevo acercamiento a la Iglesia. Podremos conocer así sus verdaderas intenciones y sus claros límites a la hora de dar respuesta a una problemática tan acuciante como lo es la salud sexual y reproductiva.

Esta media sanción en diputados se da en el marco de las discusiones que abrió meses atrás, más precisamente en mayo, el Proyecto de reforma del Código Penal presentado por el Ministerio de Justicia, que entre otras modificaciones referentes a derechos humanos, ecología, etc., preveía la de despenalizar y autorizar el aborto dentro de los tres primeros meses de gestación bajo determinadas circunstancias. Esta propuesta de reforma era muy endeble, por cierto, pero levemente mejor en este punto respecto de la legislación vigente.

Por supuesto que esto alcanzó y sobro como para reabrir un debate urgente y siempre presente en la sociedad, y para que la Iglesia increpara al gobierno obligándolo a pronunciarse. La respuesta no se hizo esperar. Las declaraciones del ministro del Interior Aníbal Fernández fueron contundentes: “el aborto es tema terminado y no va a ser presentado nunca por el gobierno” (La Nación, 20-6-06). Por supuesto, a la fecha, esta propuesta no prosperó y la reforma del código penal fue desestimada por el gobierno, que no la consideró prioritaria, y se anunció que los juristas seguirán trabajando, aunque con otros plazos…Lo que está claro, más allá de los dichos es que el gobierno nacional le “bajó el dedo” a este de por sí tibio proyecto.

En esta misma lógica podemos entender lo que declaró la diputada del Frente para la Victoria, autora del proyecto de ley para permitir las ligaduras y vasectomía, Juliana Marino: “la ley busca modificar patrones culturales” y “desterrar el aborto como método de regulación de la maternidad” (Clarín, 30-6).

Esto es lo que intenta hacer el gobierno: desterrar todo posible debate por el aborto libre, legal y gratuito, barriendo bajo la alfombra las más de 500 mujeres muertas cada año por no contar con este derecho elemental. Ni tampoco discutir por qué una joven de clase acomodada se practica un aborto seguro en una clínica privada, mientras otras jóvenes pobres deben arriesgar su vida en prácticas abortivas caseras exponiéndose a la violencia, la agresión, el maltrato y hasta la cárcel, como es el caso de Romina Tejerina.

Tampoco el gobierno quiere hablar de las nefastas consecuencias de la implementación del Programa de Salud Reproductiva, aplicación de la ley 25.673, donde en la mayoría de las salas de los barrios las pastillas anticonceptivas no se entregan, los preservativos no llegan y los controles sobre los DIU aplicados no se hacen.

Métodos anticonceptivos cruentos

Está claro que los sectores populares y trabajadores son los más afectados por la falta de anticonceptivos, la falta de información y de una educación sexual libre de la injerencia de la Iglesia. Es fundamentalmente sobre las mujeres pobres donde se manifiestan las brutales consecuencias de estas políticas, puesto que estadísticamente son minoritarios los casos en que los hombres acceden a someterse a una intervención como la vasectomía, hecho que refleja el carácter patriarcal y machista de la sociedad capitalista.

Asimismo son sobre estos sectores, esencialmente las mujeres pobres y en mucha menor medida sobre los hombres pobres, sobre los que se legisla la aplicación de estos cruentos métodos de anticoncepción, como si fueran un “método más” y no una excepción en casos extremos, producidos porque el gobierno no hace nada sobre la falta de anticonceptivos, de información y de una educación sexual libre y científica, ni legisla el aborto libre y gratuito. Pero al gobierno y al “pseudo-progresismo” de algún sector del feminismo institucionalizado parecen no preocuparle por qué alguien llega a la instancia de tener que recurrir a esos métodos, ni quién se hará cargo de los altísimos costos de la intervención en caso de querer revertir el proceso.

Sabemos de antemano que garantizar el cumplimiento efectivo y real de un derecho en el plano de la salud no puede hacerse sino en el marco de asegurar el derecho al trabajo, la educación y de propiciar las condiciones sociales que permitan ejercer de forma real, no “formal”, ese derecho. Pero este gobierno no hace sino ir en contra de todos ellos y de las necesidades reales de las y los trabajadoras/es y el pueblo: Es más, no tiene ningún empacho en hacer pagar con nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestro futuro las consecuencias de sus políticas. Por eso, como socialistas revolucionarios no debemos depositar ninguna confianza en este gobierno y su política, y debemos seguir luchando por conseguir el aborto libre y gratuito, una educación sexual científica en los colegios y la libertad a Romina Tejerina.