argentina

El 29 de junio Jorge Julio López declaró en el juicio contra Etchecolatz que éste “era un asesino serial que no tenía compasión”.[1] En la madrugada del lunes 18 desapareció, justo el preciso día en que el genocida debía hacer su descargo ante el tribunal.

“El primer desaparecido de la democracia”. Así lo calificó el propio gobernador bonaerense Felipe Solá una semana después. Incluso agregó que “podría haber sido desaparecido por su condición de testigo fundamental en el caso contra Etchecolatz. Nos cabe suponer que pueda haber sido secuestrado para intimidar a futuros testigos en otros juicios”. Aunque después intentó arreglar la cosa ante la reprimenda de Kirchner, la certera definición ya estaba hecha. El gobernador de una de las provincias con mayor tradición represiva pasada y presente haya dicho lo que dijo –sin duda a sabiendas o con ciertos elementos de juicio– marca que la hipótesis de su desaparición política cada minuto, cada hora y cada día que pasa tiene más asidero.

Ésta es la explicación de que la marcha a Plaza de Mayo del miércoles 26 haya tenido la convocatoria que tuvo. Se está abriendo un proceso de lucha democrática que amenaza con hacer estallar una grave crisis política en el gobierno, más aún ahora cuando los provocadores que desaparecieron a López han amenazado a todo el tribunal que condenó a Etchecolatz.

En estas condiciones, dos tareas están colocadas de manera urgente: desarrollar una amplia movilización de masas nacional por la inmediata aparición con vida del compañero López. Y junto con esto, no dejar de subrayar la responsabilidad del gobierno nacional y provincial en lo sucedido, porque ellos son los garantes de la continuidad de los aparatos represivos del Estado, desde las Fuerzas Armadas, pasando por la Policía Federal y bonaerense, hasta la SIDE. Más allá de una serie de reformas y retoques que haya hecho el gobierno lo que prima es la continuidad. Porque nadie duda de que el secuestro y desaparición del compañero provienen de los organismos de seguridad.

El intento del gobierno K de sacarse la responsabilidad de encima y adormecer la justa movilización que ha comenzado no puede ser más descarado. Alberto Fernández llego a decir que “López podía estar en la casa de su tía”. El martes 26, Kirchner retó a Sola por sus declaraciones. Se han echado a correr hipótesis del supuesto Alzheimer de López. Pero el argumento más de fondo que empieza a esgrimirse es que ya ha habido “otros desaparecidos bajo la democracia”, por ejemplo, el caso de Miguel Bru.

No se trata más que de un intento de tirar la pelota afuera y que Kirchner y Solá se puedan sacar la responsabilidad. Pero como dice el dicho popular, no se puede tapar el sol con la mano: es evidente que no se trata de un mero hecho delictivo o policial, ni siquiera de un caso como el de José Luis Cabezas: se trata del primer caso de una desaparición política bajo la democracia de ricos. Y no en cualquier momento, sino cuando se han comenzado a sustanciar juicios que incorporan la figura del genocidio. Estos juicios podrían, eventualmente, derramarse hacia abajo, hacia militares y políticos no gerontes sino en actividad.

No sería la primera vez que los políticos patronales, incluso los más “progresistas”, jueguen el papel de aprendices de brujos, es decir, que la administración de concesiones o “reformas” desde arriba (como la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final) desencadene consecuencias no planificadas ni queridas, que vayan más allá de los precisos límites relegitimadores de la democracia que tenían esas medidas.

En un sentido, los hechos que vinculan hoy a Etchecolatz y López son dos caras de una misma moneda. Una es que el reciente juzgamiento y condena a perpetuidad de este asesino, bajo la figura de genocidio, es un evidente triunfo de la lucha popular y democrática. Así sea esto mediado por la institución judicial y se intente aprovechar la sentencia para relegitimar las demás instituciones de la democracia, todo lo que este fallo tiene de alcance y de triunfo tiene que ver con la lucha desde abajo. No fue casual que durante el juicio se cantaba “no es el Estado, es la lucha popular”, y tampoco lo fue que la “izquierda K” no se hizo presente en las afueras del tribunal.

Blumberg y Castells un solo corazón

Según el diario Ámbito Financiero, Juan Carlos Blumberg y Raúl Castells convocaron para el mismo día y a la misma hora de la marcha a Plaza de Mayo por la aparición de Jorge López, a una marcha contra la inseguridad en Villa Fiorito, Lanús. Castells calificó la marcha a Plaza de Mayo como “una contramarcha encubierta del gobierno, afirmó que esa movilización también es un síntoma de la falta de seguridad que reina en el país.” Para hacer demagogia reaccionaria y demostrar su simpatía por la represión y la “mano dura” no se encontró una dupla más en sintonía.

Sin embargo, el secuestro y desaparición de López muestran con crudeza los límites de este triunfo en los marcos de la continuidad del Estado patronal y la política gubernamental. Al mismo tiempo que se “alienta” el desarrollo de los juicios, el garante de la continuidad de los aparatos represivos de este Estado capitalista es el propio jefe de estado, Kirchner. Y fue desde estos aparatos que salió la mano negra que eventualmente secuestró al compañero, fueren elementos en “actividad” o “retirados”.[2]

Son visibles, entonces, los alcances de una conquista, pero también los graves límites que le impone una orientación que busca, en última instancia, el “saneamiento” de las instituciones. Y el aparato represivo no sólo sigue practicando impunemente el gatillo fácil contra la juventud de los sectores populares, no sólo montó un espectacular operativo represivo en oportunidad de la huelga de los petroleros de Las Heras, sino que ahora parte de su personal está directamente involucrado en una “venganza” contra la valentía de López por haber declarado contra Etchecolatz.

El gobernador Sola separó de la policía bonaerense a más de 60 agentes que habrían cumplido funciones en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Nada podía ser más grafico acerca del carácter de los aparatos represivos que esta noticia: décadas después de la dictadura, las instituciones de “seguridad” siguen infectadas de genocidas.

Kirchner, Solá y Arslanian son los responsables –con su política de cambios “cosméticos”– de que aparatos represivos como la policía de la provincia de Buenos Aires no hayan sido lisa y llanamente disueltos. Porque la policía es “irreformable”. Se han “dado de baja” en los últimos años, supuestamente, miles de “malos” policías. Pero hechos como éste son reveladores del carácter antipopular, represivo y genocida de la policía como tal.

Si hoy, 30 años después de la dictadura, todavía hay decenas de policías directamente involucrados en los campos de detención clandestinos de Etchecolatz y Camps, se trata de una prueba irrefutable de que la policía provincial es un abismo insondable de represores: la única medida revolucionaria para acabar realmente con este ámbito represivo es imponer su inmediata disolución lisa y llana.

Antes de continuar, no se puede dejar de señalar el triste espectáculo de Hebe de Bonafini y otros organismos de derechos humanos directamente cooptados por la política gubernamental, ahora enfrentados entre ellos por el caso López. Bonafini ha salido a exigir la renuncia de Solá, Fernández y Arslanian, exigencia que compartimos. Pero con ello, Bonafini pretende esconder su complicidad con un gobierno que de ninguna manera puede ni quiere ir hasta el final en la resolución del problema del genocidio. Prueba de ello es que hayan dividido la movilización del miércoles 27: no se animan ni a aparecer en la marcha organizada, centralmente, por los organismos que han tenido el valor de permanecer independientes del gobierno y la izquierda.

Los reflejos han sido rápidos: ha comenzado un importante proceso que hay que profundizar, desarrollando la más amplia movilización popular y de trabajadores en una campaña de masas y nacional. Ha sido un ejemplo el hecho de que los médicos de la provincia de Buenos Aires hayan resuelto participar de la movilización a Plaza de Mayo levantando las banderas de sus 10 desaparecidos. A nivel de los distintos lugares de trabajo y fábricas está la oportunidad y necesidad de seguir este ejemplo.

Los “desaparecedores” no pueden pasar: hay que parar este zarpazo de manera inmediata y en seco. Hay que redoblar la movilización por la inmediata aparición con vida de López. E imponer, junto con esto, la inmediata disolución de todos los aparatos represivos y la renuncia de Solá, Arslanian y Fernández, funcionarios que tienen responsabilidad política por los hechos.

1. Las impactantes declaración de López incluyeron la denuncia de que “llegó a ver, desde una pequeña mirilla en la puerta del Pozo de Arana, cómo Etchecolatz en persona ordenaba el fusilamiento del matrimonio de Patricia Dell ‘Orto y Ambrosio De Marco: ella les pedía que no la maten, que quería criar a sus nenitas”. Página 12, 23-9-06.

2. El propio presidente del Tribunal Federal Nº 1 de La Plata a cargo del juicio, Carlos Rozansky, marcó más limites de la política gubernamental: “Uno de los mayores aliados de la impunidad es el paso del tiempo: testigos que mueren. Testigos que no están en condiciones de volver a relatar el horror. Testigos que no se sienten con la seguridad de poder hacerlo”. Sobre esto último, la responsabilidad del gobierno es insoslayable.