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Condena a Etchecolatz, desaparición
de López y patota en el Hospital Francés
Crisis política latente y
polarización
Socialismo o Barbarie, periódico,
12/10/06
La desaparición de López ha
dejado al gobierno K en una situación de crisis política latente
o larvada; una crisis que no ha terminado aún de desplegarse
plenamente. Luego de una primera semana de mirar para otro lado
(para el ministro del Interior, López estaba “en la casa de su tía”...),
el gobierno dio un giro. Desde arriba, puso en marcha un amplio
operativo de búsqueda con el premeditado objetivo de convencer a
amplios sectores de masas que el principal blanco del ataque es el
propio Kirchner, que no tendría ninguna responsabilidad en los
hechos. Y si bien luego de la desaparición del compañero ha seguido
una andanada de amenazas y aprietes sobre cuyo origen el gobierno
tampoco tiene idea, Kirchner ha evitado, hasta ahora, la apertura
de una crisis política en toda la regla.
Sin embargo, la coyuntura está
muy dinámica. Al cierre de esta edición, una patota (la barra brava
de Chacarita, amparada por el interventor K), ha entrado al Hospital
Francés repartiendo palos a diestra y siniestra. Esto ha generado un amplio
repudio democrático que ha trascendido a los medios de comunicación
nacionales. Los sentimientos democráticos se han ido sensibilizando
y, en cualquier momento, podrían eclosionar en una amplia
movilización o irrupción de masas que hasta ahora el gobierno ha
logrado evitar.
Cualquier nuevo giro en la
situación en lo que hace a la desaparición de López (por ejemplo,
un hallazgo macabro) podría transformar esta crisis política
latente o potencial en una abierta crisis política,
la más importante bajo el gobierno K.
¿Semana Santa K, giro
reaccionario o coyuntura de polarización?
Dos interpretaciones, igualmente
unilaterales, se han tirado a rodar desde la izquierda para
caracterizar el actual momento político a partir de la desaparición
del compañero López. Estaríamos o bien ante la “Semana Santa de
K” (el caso del PO) o bien ante una “coyuntura reaccionaria”
(entre otros, el PTS). Entendemos que ambas interpretaciones, aun
teniendo elementos de verdad, son unilaterales.
Respecto de la primera, hay que
constatar que, hasta ahora, el gobierno no ha dado un giro en su
política inaugurada con la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final. Es decir, aún no ha capitulado ante los
genocidas, como sí lo hizo Raúl Alfonsín en la Semana Santa de
1987. Si bien es un hecho que los indultos no han sido anulados, es
evidente que en el terreno de la política de “derechos humanos”,
los elementos de ruptura de K con las orientaciones de los 90 todavía
sobresalen por encima de los elementos de continuidad.
Hasta ahora, el gobierno no ha
decretado un nuevo “punto final”. Por el contrario, por boca de
Alberto Fernández, ha salido a rechazar los pedidos de amnistía
vertidos en el acto derechista del 5 de octubre en la Plaza San Martín.
Esto no quiere decir que no pueda hacerlo en el futuro, o que su ya
limitada y en última instancia tramposa política “reformista” en
el terreno de los DDHH no incorpore, después de estos hechos, aún más
límites y tibieza.
Esta realidad es la que explica
que, hasta ahora, estos hechos no signifiquen una “bisagra” categórica
en la experiencia de las masas con el gobierno K, como sí lo fueron
los de 1987 con el gobierno radical, que a partir de esa Semana Santa
comenzó una caída en picada que no paró hasta su salida anticipada
del poder.
Pero también es unilateral la
interpretación simétrica y opuesta de que estaríamos ante un giro
a la derecha de la situación política. Esto todavía no es así.
Es evidente que se han ido acumulando una serie de elementos
reaccionarios; el más grave, gravísimo, es la propia desaparición
del compañero López. Pero creemos que este hecho expresa,
centralmente, un zarpazo fascista pero defensivo, que no
alcanza –por lo menos, no aún– a imponer un giro reaccionario en
el conjunto de la situación política.
Ubicarse de esa manera es peligroso
en un doble sentido. Por un lado, contribuye a hacer pasar una política
que tiende a diluir la responsabilidad política de K en los
actuales acontecimientos.[1] Y además, puede ayudar a plantear una
orientación de “frente único con el gobierno”, lo que sería un
error completo: de ninguna manera estamos ante las puertas de un
golpe de estado ni nada que se le parezca, hecho que sí nos podría
ante la obligación de defender incondicionalmente al gobierno K,
aunque sin darle un gramo de apoyo político.
Una nueva coyuntura con elementos
de polarización política
En todo caso, es un hecho que ha
habido cambios en la coyuntura. Veníamos en un período muy
“planchado” y con elementos defensivos en lo que hace a las luchas
reivindicativas de los trabajadores. Pero la condena a Etchecolatz y
la desaparición de López muestran la emergencia de un período político
en el que pegan un salto elementos de polarización política, aun
con continuidad del carácter defensivo de las luchas.
No se trata sólo de nuestro país.
En las últimas semanas, en el conjunto de Latinoamérica parecen
estar introduciéndose elementos de este tipo. Es el caso en México,
con el fraude y el desarrollo de la comuna popular en Oaxaca, ahora
bajo amenaza inminente de ser reprimida. O el enfrentamiento en
Bolivia entre los mineros asalariados y los cooperativistas pequeños
propietarios en Huanuni, que dejó 16 muertos y más de 60 heridos, al
tiempo que sigue la crisis en la Constituyente y en la pseudo
nacionalización del gas.
Toda esta evolución de la
situación no es accidental: está inscripta en la lógica del
ciclo político regional que estamos transitando. Lógica que
combina condiciones de rebelión popular larvada con el surgimiento de
gobiernos de mediación electoral “progresistas”, pero donde NO se
han resuelto los problemas de fondo. Y comienzan a aparecer sectores
de la propia burguesía –incluida la Iglesia– que buscan poner
límites al arbitraje desde arriba que hacen estos mismos
gobiernos de los intereses patronales y sociales. Es el caso de la
derecha reaccionaria de Podemos en Bolivia, de haber cortado el acceso
a la presidencia de Obrador en México, del ascenso electoral de la
oposición a Chávez en Venezuela o, incluso, de la candidatura del
obispo Pigna en Misiones.
La propia dinámica de la situación
política está llevando a estos elementos de polarización: es el choque
entre las tendencias reales (las contradicciones sociales
no resueltas) y las mediaciones formales (el hecho de que, en
última instancia, con la “democracia” en verdad “no se come, no
se educa y no se cura”.
Pero se trata de un choque de
tendencias no resueltas, de una situación completamente abierta que
podría derivar –aquí y allá– en una reapertura de la crisis
latente, más que un giro en redondo a la derecha, como se
argumenta, de manera impresionista, desde una serie de organizaciones
de la izquierda.
Es en este marco que hay que
inscribir la desaparición de López. Este zarpazo fascista
muestra el polo reaccionario de esta realidad de polarización de los
enfrentamientos. Por esto mismo, hay que estar en la primera línea
de combate contra este feroz ataque que no se puede dejar pasar.
¿Por qué no han entrado aún
las masas en la pelea democrática?
Fundamentalmente, por responsabilidad
del propio gobierno K. El “mega operativo” montado desde
arriba dando a entender que “el Estado está haciendo de todo”
para encontrar a Lopez, los mensajes de texto que llegan a los teléfonos
móviles, la recompensa, etc., todo esto no prueba más que la inutilidad
del propio aparato estatal y represivo para encontrar al compañero
secuestrado por miembros de ese mismo aparato. Sin embargo, sí
sirve para “adormecer” a los trabajadores y las masas que en su
mayoría se ha interesado por el caso, pero no terminan de comprender
su gravedad.
Es decir, la acción del gobierno
ha estado enfocada, precisamente, a evitar que masivamente se
pongan en acción. A esto contribuyen –como no podía ser de
otra forma– los dirigente sindicales de la CGT y la CTA, a
los que no se les ha pasado por la cabeza llamar a un paro general por
la aparición del compañero.
Es por esto mismo que, si bien el
llamado a la movilización debe ser unitario incluyendo a muchos de
aquellos que aún confían en K, subrayar la responsabilidad del
gobierno en la desaparición de Lopez es de inmensa importancia.
No se puede ni se debe soslayar que el propio gobierno que impulsó la
anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final es el garante
de la continuidad de las fuerzas represivas connaturales al carácter
capitalista del Estado y del gobierno. Un aparato represivo que
actúa una y otra vez, a instancias del propio gobierno, contra los
trabajadores, como se ha podido ver con los petroleros de Las Heras o
ahora, nuevamente, en el amparo a la patota del Hospital Francés.
Como aprendiz de brujo
No sería la primera vez que un
gobierno capitalista como el de K oficie de “aprendiz de brujo”: es
decir que desate con su acción desde arriba consecuencias por abajo
que vayan más allá de sus intenciones. Es el caso de la anulación
de las leyes de impunidad. Se trata del terreno más “reformista”
del gobierno de Kirchner, en el cual, efectivamente, se dio un giro
en redondo respecto de las políticas prevalecientes en la ultima década
y media. Pero esto no quiere decir que haya sido el gobierno el
que haya impulsado juicios como el sustanciado a Etchecolatz. Y, menos
que menos, la imposición de la figura del genocidio. Si esto ha
ocurrido es porque entre las brechas abiertas “en las alturas”
estuvo la acción independiente de los sectores de organismos de
derechos humanos que no han sido cooptados por el gobierno y que
fueron los que impulsaron el juicio y la condena de este genocida a
cadena perpetua. Ha sido la lucha popular y no el Estado la que
obtuvo el inmenso triunfo del castigo a este asesino serial,
como lo definió el propio López.
El caso es que la imputación de
haber cometido delitos de lesa humanidad configurado dentro de la
caracterización de “genocidio” planificado que se hizo de la
dictadura militar implica la imprescriptibilidad de los
delitos.[2] Y, por tanto, la eventualidad de la apertura de decenas de
juicios a genocidas, que podrían alcanzar no sólo a personal
retirado, sino a camadas más jóvenes en actividad.
En verdad, el gobierno, que sólo
buscaba un terreno “gratis” desde el cual llevar a cabo la
relegitimación de las instituciones de la “democracia” dañadas
luego del “que se vayan todos”, ha contribuido a generar una dinámica
de polarización política (crítica recurrente de la Iglesia y la
oposición). En primer lugar, al constatarse que para los militares no
hay “seguridades” ni una línea que separe claramente quiénes serán
afectados y quiénes no por esta nueva ronda de juicios. El eventual
efecto “derrame” del fallo a Etchecolatz puso en alerta a todos
los genocidas. De ahí el zarpazo fascista del secuestro a López,
que polariza y puede, eventualmente, radicalizar toda la situación
política al introducir un elemento “setentista”.[3]
El acto derechista del 5 de
octubre
¿Cuáles son los elementos
“polares” de esta situación? Uno ha sido el triunfo que ha
sentado un precedente histórico de la condena a perpetua de
Etchecolatz. Y otro, como brutal respuesta, el secuestro del compañero
López. Es en este marco que se debe inscribir el acto de la Plaza
San Martín del pasado 5 de octubre.
Nos parece un error decir que de
trata del mismo sector que secuestro a López. Sin duda, puede haber vínculos
entre unos y otros. Pero los métodos puestos en práctica son
distintos. La desaparición “muda” de López ha sido lisa y
llanamente, una acción fascista. El acto del 5 fue una demostración
política ultraderechista pero, hasta ahora, dentro de los marcos de
la democracia burguesa. Es decir, se trata de un sector que no ha
pasado –no aún– a la “acción”. De ahí también el programa
del acto: la exigencia de una “amnistía”, que el gobierno gire
180 grados en su política, volviendo a los 90, y el pedido de la
realización de una “consulta popular” alrededor del tema.
La puesta en marcha de una campaña
política alrededor de estos reclamos reaccionarios y de la
reivindicación de la dictadura militar y la “lucha contra la
subversión” puede intentar crear las condiciones para pasar a la
acción y transformarse en grupos fascistas. Pero todavía no se trata
de esto, sino más bien de movimientos “defensivos” que apuntan
a poner un límite, a evitar el “efecto derrame” de la condena
a Etchecolatz y a asustar y “castigar” a los eventuales testigos.
Kirchner es responsable: paro
general y movilización por la aparición de López
Ya hemos señalado que el
responsable político de la desaparición de López y de la
“desmovilización” es el propio gobierno. La mayoría de las
corrientes de la izquierda y de los organismos de derechos humanos
afirman que les parece “sectario” subrayar esta responsabilidad,
como estamos haciendo desde el nuevo MAS. Pero sin señalarla no sólo
no puede haber un castigo integral y efectivo a todos los
genocidas –lo que necesariamente implica la disolución de los
aparatos represivos– sino tampoco un impulso consecuente a la
movilización obrera y popular.
El gobierno pretende
“resolver” el problema desde arriba porque le teme como a la
peste al ingreso a la lucha democrática de los trabajadores y las
amplias masas. De ahí que la CGT y la CTA se han hecho bien los
desentendidos a la hora de cumplir con una obligación elemental: convocar
de inmediato a un paro general por la aparición de López.
Es esta la perspectiva por la que
peleamos los socialistas revolucionarios. En última instancia, del
ingreso de los trabajadores a esta pelea y de la masificación de la
lucha democrática depende que se puedan parar en seco los zarpazos
fascistoides. De no ocurrir así, necesariamente, van a tender a
incrementarse y pueden, eventualmente, derivar en coyunturas
reaccionarias. El ingreso de los trabajadores a la lucha democrática,
la huelga general, la ocupación de lugares de trabajo y estudio y la
masificación de esta pelea deben ser las palabras de orden de las
corrientes revolucionarias.
Notas:
1. Por supuesto, la
responsabilidad a la que aludimos es una responsabilidad política;
de ninguna manera que Kirchner o su gobierno como tales estén
involucrados en la desaparición de López.
2. En nota aparte se analizan las
implicancias de esta figura jurídica.
3. Hay compañeros que creen que
el grupo fascista que secuestró a López es semejante a la Triple A
de los 70. Esto no es así. La Triple A bajo el último gobierno de
Perón era una organización paramilitar alentada y amparada desde
el propio gobierno. No es para nada el actual caso: Kirchner no
alienta ni ampara a los secuestradores de López, ni éstos tienen la
capacidad operativa de la Triple A. Más bien se trataría de sectores
residuales y/o en actividad de la propia Bonaerense, lo que no quita
la “profesionalidad” con la que han llevado a cabo el secuestro y
eventual asesinato de López.
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