argentina

No habían pasado más que minutos de la confirmación de su triunfo en la segunda vuelta electoral que ya Macri estaba realizando declaraciones más a la derecha de lo que fue el tono general de su campaña electoral. Apelando al viejo y sucio truco de “engañar a la gilada”, lo más “jugoso” del candidato centro-derechista vino recién después de definido el pleito comicial. Desde exigirle a Telerman “enorme austeridad” hasta la entrega del gobierno, pasando por plantear que habría que “diferenciar entre los docentes que trabajan y los que no trabajan” (sic), hasta denunciar “el crecimiento que están teniendo los conflictos sociales”.

Está claro: Macri expresa la cabeza de playa de un sector burgués que, a tono con tendencias similares en la región, pretende avanzar en poner límites y controles a la acción de los gobiernos emergentes luego de las rebeliones populares. Por esto, una de sus exigencias centrales pasa por ponerle fin a las “concesiones” a los sectores populares, imponiendo la mayor limitación posible a las luchas y movilizaciones obreras y populares.

Las derrotas simultáneas en Capital y Tierra del Fuego (ésta con un tinte “centroizquierdista”, aunque el ARI no esté a la “izquierda” del gobierno) terminaron abriendo elementos de crisis política en el gobierno. Obligado a postergar el anuncio de la casi confirmada candidatura de Cristina Kirchner, en el fondo lo que se debate es la orientación del por ahora seguro próximo gobierno K. Como venimos señalando desde estas páginas, el 2007 no resultó como lo esperaba el matrimonio presidencial. A la coyuntura de muy duras luchas (que seguimos transitando y que desbordaron el planteo K de que sólo se trataba de meras expresiones de las “tensiones de crecimiento”) se le suman elementos de crisis en los pilares del gobierno.

¿A qué nos referimos? A las dificultades que se han revelado en dos aspectos de las bases de sustentación del gobierno, que no pueden ser indiscriminadamente atribuidas a la “herencia” de la catástrofe del 2001.

Por un lado, se acumulan contradicciones en lo que ha sido el pilar mas importante: la economía. Si es un hecho que continúa el crecimiento del PBI en una importante proporción, la suma de problemas y tensiones va prendiendo cada vez más señales de alerta.

Veamos someramente. La inflación es creciente a pesar de los dibujos del INDEK. Ya hemos señalado que la devaluación (medida tomada por Duhalde) opera como un mecanismo de protección de la economía nacional.[1] Aunada a la actual coyuntura de aumento de los precios internacionales de las materias primas, ha hecho las delicias de toda la patronal exportadora, tanto del campo como de la industria.

Sin embargo, la compra de los dólares ingresantes al país, obligan al Estado a emitir una cantidad creciente de pesos, que de una manera u otra se terminan transformando en inflación.[2] Más importante que esto es el hecho que la percepción a nivel popular de este mecanismo inflacionario alienta la salida a reclamar, aun a pesar de los pactos de la CGT y el CTA con el gobierno.

Junto con lo anterior, hay otro grave problema estructural: luego de la crisis del 2001, los grandes sectores patronales retomaron la senda de las superganancias; incluso por encima de los ya altísimos niveles de la década del 90. Sin embargo, y a pesar de la recuperación de los índices de inversión (bordea alrededor del 24% del PBI), no por esto deja de haber sectores que vienen llevando a cabo una lisa y llana “huelga de inversiones” en la búsqueda de imponerle mayores “garantías” y mejor “clima de negocios” al gobierno. A la vez, esta “huelga” o más bien lock-out inversionista es otra fuente de las superganancias en la medida en que se vive “a cuenta”. Es decir: se toma el valor transferido por el desgaste de los bienes de capital al tiempo que no se lo repone con nuevas inversiones. Esta es la base de fondo de las crisis en todos los servicios y abastecimientos energéticos: el ferrocarril, los colectivos, el gas, la electricidad y los combustibles (ver aparte nota sobre YPF).

Junto con lo anterior, hay también un costado político que hace al cuestionamiento y la crisis en otro pilar K: el “hegemonismo” del gobierno de Kirchner. Se argumenta que al estar retornándose a una situación de “normalidad” –los gobiernos centroizquierdistas suelen abrir paso a la derecha al hacer el trabajo sucio de absorber las rebeliones populares–, el gobierno también debería “limar” sus rasgos de “excepción”. Esto es, dejar de lado los elementos “bonapartistas”[3] y/o de “arbitraje” unilateral, en función de un retorno a una mayor “institucionalidad” y al juego de la “alternancia” democrático burguesa.

Durante la crisis y con el “que se vayan todos”, prácticamente la única figura institucional que quedó a salvo fue la presidencial. Aunque Kirchner emergió con sólo un 22%, rápidamente se fortaleció y se colocó por “encima” de los partidos y un Congreso totalmente en crisis y desprestigiados. Desde arriba, comenzó a “arbitrar” los intereses sociales, es decir, a decidir a qué sector patronal darle una parte de la tajada y a cuál no. Por ejemplo, se benefició con la devaluación a los exportadores en relativo detrimento de las privatizadas; o en lo que hace a las luchas populares, tuvo la orientación de reabsorber “pacíficamente” la protesta social, como vía alternativa al fracaso de Duhalde en el Puente Pueyrredón.

Pero cada vez más, desde la derrota en Misiones, lo que avanza entre sectores de opinión burgueses es que ya es hora de ponerle “límites” y “contrapesos” a la acción del gobierno; que tiene que haber “una alternativa”; que la toma de decisiones debe estar “institucionalizada” y pasar más por el Congreso; que los negocios con el Estado no pueden ser decididos “discrecionalmente” por el entorno de Kirchner (De Vido y compañía), etc.

Que quede claro: no es que la burguesía ya se haya volcado a la oposición a K. Por ahora, lo que quiere es marcarle la cancha al gobierno a sabiendas de que, casi inevitablemente, ganará las elecciones de octubre y de que, a pesar de las contradicciones acumuladas, siguen ganando plata a dos manos.

El gobierno ya está tomando nota de esta realidad. Cuanto más rápidamente se ajuste a ella, antes (especulan) se saldrá de la crisis causada por las elecciones capitalinas. Casi seguramente, la eventual candidatura de Cristina expresará un giro más al centro-centro del gobierno. Es decir, hacia una gestión más de “normalización” del país. Por esto mismo, hay tres palabras clave que ya forman parte del vocabulario de la candidata: “sinceramiento”, “institucionalización” e “inversiones”. El sinceramiento alude a desmontar, al menos en parte, el mecanismo de funcionamiento económico subsidiado y el control de precios, y conceder los aumentos que reclama la patronal en toda una serie de rubros, en primer lugar los transportes. La institucionalización apunta a un funcionamiento del régimen político más “normal”, mediado por el Congreso y los partidos políticos patronales, así como la búsqueda de poner “más orden” en las calles y lugares de trabajo.[4] Por último, cuando se habla de inversiones, lo que se está señalando es el compromiso del futuro gobierno de Cristina en lo que hace a la “seguridad jurídica” y en liberarles totalmente las manos a los capitalistas para multiplicar sus ya jugosas ganancias a costa de los trabajadores.

Esta parece ser la salida que se está delineando desde la intimidad presidencial. Sin embargo, todavía no es algo del todo definido. Se hará claro una vez que se anuncie quién será el candidato (pingüina o pingüino) y a la vez dependerá de la evolución de conjunto no sólo de la situación del país sino también de las tendencias contradictorias en curso en la región, marcada por elementos de polarización crecientes.

[1] Mecanismo imprescindible dada la baja productividad general de la economía, que en las condiciones del 90 (con el cambio 1 a 1 con el dólar) no podría competir en el escenario de la economía mundial. Pero como los problemas estructurales de la economía nacional no se pueden resolver con “pases de magia” cambiarios, lo que en los 90 aparecía como “hiperdesocupacion” y cierre de los sectores “no competitivos”, hoy aparece como presiones inflacionarias crecientes, al hacer valer y volver a poner en pie sectores (salvo el agro y ciertas ramas industriales) que sólo son viables con la protección del 3 a 1.

[2] Por supuesto, la explicación del mecanismo inflacionario no se reduce al aspecto “monetario” (el preferido por los economistas liberales). Para que la emisión monetaria no se traduzca en inflación de precios (a mas moneda e iguales productos, mayores precios unitarios de cada mercancía), la productividad del trabajo y la producción total deben aumentar más que la emisión monetaria. Pero justamente ahora se hacen presentes serios déficits de infraestructura de la economía nacional dependiente y semicolonial, que arrastra históricamente problemas de fondo frente a los que el gobierno K no ha dado un solo paso.

[3] Bonapartistas se llama a aquellos gobiernos que en situaciones de crisis aparecen como por encima de las clases y fracciones de clase para poder así arbitrar entre intereses sociales; aunque siempre, en definitiva, en beneficio de la clase capitalista como un todo.

[4] Hasta el mismísimo Duhalde salió a hablar luego de la segunda vuelta en la capital planteando que había que “acabar con la anarquía” en la que estaría entrando el país. Esta claro que en la boca de Duhalde, “anarquía” no puede significar mas que la pretensión de limitar el justo derecho a la lucha de los trabajadores, derecho que –seria justo recordarle- esta “consagrado” incluso en la reaccionaria Constitución Nacional.