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La tragedia de Aluar
Una radiografía de la Argentina K
Por Oscar Alba
Socialismo o Barbarie, periódico, 28/06/07
A pocos días de cumplirse tres años de la tragedia minera
de Río Turbio, en la que murieron catorce trabajadores del carbón,
nuevamente la muerte se abatió sobre una decena de obreros, esta vez
del gremio de la construcción. El miércoles 13 de junio se derrumbó
un silo en construcción en el interior de empresa Aluminio Argentino
en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
En las primeras horas de la tarde del 13 se desplomó el
techo de un silo de cincuenta metros de altura, justo en momentos en
que se encontraban trabajando en é un grupo de obreros. Fueron
aplastados al caer la estructura sobre un andamio, quedando como
triste saldo 13 trabajadores sin vida y tres gravemente heridos. Los
trabajadores pertenecían a la subcontratista Cadel y de los diez
muertos, no casualmente, nueve eran bolivianos y sólo uno
nacionalizado argentino. Es decir, se trata de las franjas de la clase
trabajadora más duramente superexplotada.
Según La Nación
del jueves 21, “actualmente, Aluar cuenta en su planta con cuatro
silos en operación. Dos son utilizados como depósito de alumina,
materia prima para la producción de aluminio. Los obreros trabajaban
en un quinto silo, que también sería utilizado para acopio de los
materiales de la planta”. La obra iba a ser “bendecida” con la
visita del presidente Kirchner en estos días. Lo cual también era
motivo para que los trabajadores aumentaran sus ritmos de trabajo. La
obra de ampliación de Aluar, de la cual era parte el silo cuyo techo
se vino abajo, tiene un presupuesto de alrededor de 800 millones de dólares,
lo cual le permitirá a la empresa de la familia Madanes Quintanilla
pasar de 272.000 toneladas a 400.000 toneladas anuales.
Aluar rápidamente se lavó las manos emitiendo un
comunicado donde informaba que “la obra estaba a cargo de una de una
subcontratista”. Es decir, un burdo intento para deslindar
responsabilidades. Mientras tanto, los familiares acudían para
informarse (entre la angustia y la desesperación) al Centro Nacional
Patagónico, lugar adonde llevaron los cuerpos de los muertos... en
bolsas de nylon.
Madanes y el gobierno
son los responsables
En el mes de abril, la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) celebró el “Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo”. Allí, Alfredo Conte Grand, en nombre del gobierno
kirchnerista afirmó: “Promover la salud y la seguridad no es cosa
de un día ni responsabilidad de algún sector sino que es
responsabilidad de todos, porque el trabajo seguro y saludable tiene
alta incidencia en la productividad y lo contrario tiene costos altísimos
que se agregan al sufrimiento humano”.
Más allá de que en sus palabras (como en el de todo
funcionario capitalista, por más “progresista” que se proclame),
la productividad y los costos económicos valen más que el
“sufrimiento humano” (por eso los nombra en primer lugar), no se
puede dejar de señalar la hipocresía de un gobierno como el de K,
derramando lágrimas de cocodrilo por esta tragedia cuando todo el
mundo sabe que el grado de “siniestralidad” en el trabajo en nuestro país es récord
mundial.
En este marco, la construcción es uno de los gremios que más
accidentes registra, y éstos han venido creciendo en forma
directamente proporcional al crecimiento económico de las empresas
constructoras. Así, en marzo de este año la UOCRA informó que en
2006 se había producido la friolera de 72.130 accidentes. De estos,
unos 9.000 correspondían a caídas de trabajadores desde la altura, y
otros 27.400 eran golpes con y contra objetos con consecuencias
diversas (Clarín). Los
reclamos de los vecinos de algunos barrios de la Capital Federal,
luego de varios derrumbes, pusieron al desnudo la precariedad
y los bajos costos con que se manejan los empresarios de la construcción.
María José Insúa, en su trabajo “Boom inmobiliario es
¡boom y buuh!”, plantea: “Todo crecimiento inmobiliario conlleva
tres cosas elementales en su receta: buena guita para el dueño de la
constructora; gran cantidad de reclamos vecinales y obreros
muertos en buena cantidad”. A estos tres elementos que Insúa
sintetiza hay que agregar la complicidad del gobierno K y de la
Justicia para cubrir la responsabilidad de los capitalistas en la
muerte de miles de trabajadores. Después de tres años de la tragedia
minera de Santa Cruz (la provincia K), sólo
hay dos supervisores procesados. Nos preguntamos: esta tragedia ¿será
otras tantas de las “tensiones del crecimiento” de la economía de
las que suele hablar Kirchner, o estamos en presencia de una verdadera
radiografía de la Argentina capitalista comandada por el gobierno?
Una lucha de vida o
muerte
En muchos casos, fundamentalmente en las obras en
construcción, los obreros deben resignar su obra social, sus aportes
jubilatorios y los elementos de seguridad para poder acceder a un
puesto de trabajo y ganar un salario de miseria. En el caso de Puerto
Madryn, la mayoría de los muertos eran bolivianos. La comunidad de
trabajadores bolivianos es numerosa en el gremio de la construcción y
muchos de ellos son indocumentados. Así recorren nuestro país,
muchas veces hacinados en galpones para vivir y sometidos a largas y
extenuantes jornadas de trabajo. Es la condición de extranjeros en
necesidad, de la cual se aprovechan las patronales para darles los
trabajos más duros y superexplotarlos. Para esto cuentan con
la complicidad de Gerardo Martínez y sus pares de la burocracia de la
UOCRA, que en Puerto Madryn se limitaron a adherir a los tres días de
duelo que decretó el gobernador de Chubut. ¡Una vergüenza nacional!
En síntesis, en circunstancias como ésta se puede
visualizar que la pelea por mejores
condiciones de trabajo se convierte no sólo en una pelea
meramente reivindicativa, sino que es una verdadera
lucha de vida o muerte que se inscribe en la lucha global contra
la política del gobierno y el capitalismo en nuestro país. Está
planteada la necesidad del control
de los trabajadores de la seguridad y la salubridad en los lugares de
trabajo. Debe ser un aspecto fundamental de los convenios y
acuerdos laborales vigentes y reclama el apoyo del conjunto de los
trabajadores y las organizaciones de la izquierda revolucionaria.
En lo inmediato, hay que levantar bien alto las banderas
por el juicio y castigo a todos
los responsables de esta tragedia.
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