Crisis energética

Y todo a media luz…

Por Mario Balmaceda
Socialismo o Barbarie, periódico, 19/07/07

El “progresista” Kirchner hace suya la famosa frase del chancho Alsogaray: “Hay que pasar el invierno”. El factor suerte, que muchas veces le jugó a favor, ahora se le dio vuelta, y justo cuando se acercan las elecciones y el gobierno quiere que no salten los problemas, la crisis energética disparada por un invierno más crudo que otros años (con nieve en Buenos Aires y todo) amenaza instalar un pésimo humor en la población.

Por supuesto, las razones profundas de la crisis tienen que ver con todo menos con el azar. Si había un problema que todo observador serio de la economía venía anticipando, era el del manejo irresponsable y de corto plazo en materia de energía. Kirchner se escuda diciendo que la falta de inversión es de larga data, pero eso es sólo una parte de la verdad.

Empecemos con un cuadro de situación. En momentos en que se cierra esta edición, el sistema de provisión de energía trabaja al límite. La luz y el gas domiciliario se garantizan a los tumbos, con cortes parciales (sobre todo en el interior), a costa de un “ahorro forzoso” impuesto a casi 6.000 empresas grandes consumidoras de electricidad y gas, que reciben energía sólo 16 de las 24 horas del día, y a veces menos. El objetivo: ahorrar 1.200 megavatios (MW) por día, para que el consumo diario total no exceda los 18.000 MW. Pasado ese límite, los cortes a la industria se trasladarán indefectiblemente a los domicilios.

En el interior, parques industriales enteros están casi paralizados: automotrices cordobesas y santafesinas, lácteas y frigoríficos santafesinos, textiles catamarqueñas y riojanas. En algunas ramas, la reducción de fluido eléctrico y/o de gas supera el 45%. En Concordia, los vecinos aceptaron “voluntariamente” cortes domiciliarios para no afectar a la industria cítrica. Muchas oficinas del centro porteño trabajan casi en penumbras. Falta GNC un día sí y el otro también. Y aunque todavía no llegaron al Gran Buenos Aires en escala masiva, los cortes domiciliarios ya se hacen sentir en las provincias.

Las suspensiones están a la orden del día. Un cálculo aproximado hecho por los sindicatos habla de un 13% de trabajadores suspendidos en la UOM, cerca de un 15% en el SMATA y más del 20% en la alimentación (Alcadio Oña en Clarín, 7-7-07). Desde ya que las empresas aprovechan la crisis en su propio beneficio y descargan los problemas todo lo que pueden sobre los trabajadores.

Por supuesto, los industriales de la UIA y buena parte de los gobernadores del interior aúllan como lobos reclamando que la población le “ponga el hombro” a la crisis. En una palabra, que se muera de frío para que las industrias tengan menos cortes, sobre todo las que exportan. Uno de los más furiosos fanáticos del reclamo de energía para los empresarios, no para los usuarios, es el gobernador de Mendoza Julio Cobos, el casi seguro compañero de fórmula de Cristina: “Los usuarios van a comprender que en base a la cultura del ahorro energético estamos sosteniendo el empleo”, declaró. Si alguien encuentra alguna diferencia con los típicos argumentos de los 90 para aceptar cualquier basureo con el pretexto de “cuidar la fuente de trabajo”, que lo diga.

La crisis ya se ha convertido en una cuestión de Estado a nivel de todo el Mercosur. Kirchner gestionó un aumento de la importación de energía desde Brasil, de 600 MW a 1.100, a pesar de que la infraestructura debe ser adaptada –estaba pensada para exportar electricidad– y de que los costos son altísimos. Hay negociaciones febriles con Bolivia para que el año que viene aumente la provisión de gas de 7 a 27 millones de metros cúbicos. Ruegos a Brasil de que importe menos gas boliviano así el saldo se puede exportar a la Argentina. Se piden disculpas a Bachelet por dejar colgadas las exportaciones de gas a Chile. Se le hacen caritas simpáticas a Chávez –en medio de su entredicho con Lula– porque puede aportar el combustible necesario para hacer funcionar los generadores privados.

El gobierno le reza a todos los santos para que llueva en el Comahue y en la cuenca del Uruguay, porque las represas hidroeléctricas de Salto Grande, Piedra del Águila, Alicurá y Pichi Picún Leufú están al borde de quedar fuera de servicio por falta de agua. De hecho, las dos primeras, que aportan cerca del 30% de la energía eléctrica del país, ya están gastando las reservas destinada al consumo de agua potable para la población de la zona. La situación, si las condiciones climáticas empeoran, bordea el desastre. Y la provisión de energía eléctrica para el verano ya está seriamente comprometida. Claro que a los K lo único que les interesa es zafar del invierno y llegar a octubre sin graves trastornos. Después, Dios proveerá…

¿Cómo se llegó a esto?

Por lo pronto, este gobierno ha hecho oídos sordos y acusado de agoreros a todos los que decían lo elemental: si aumenta el consumo de energía y no crece la generación, la cosa no funcionará de por vida. Según Cammesa, la compañía que regula el mercado de electricidad, desde 2003 la demanda aumentó un 43,5%, pero la capacidad de generación sólo un 2,5%. Esto no es la herencia recibida: es la síntesis del funcionamiento de la economía kirchnerista, con un crecimiento que se debe a factores y méritos ajenos, pero que se pone en peligro por las decisiones –y la falta de ellas– de este gobierno.

Por ejemplo, desde el año pasado existe una resolución de la Secretaría de Energía que obliga a cualquier empresa que pretenda gastar más que en 2005 a abastecerse por su cuenta. Resultado inmediato: boom de importación de grupos electrógenos. Resultado mediato: costos crecientes que van a alimentar la siempre ascendente inflación, por más que los risibles índices oficiales digan otra cosa. ¿Acaso el gobierno no era capaz de prever esto? Así, el famoso “crecimiento” no tiene nada de “sustentable”.

La reacción del gobierno es vergonzosa. Pasó de negar la crisis que todo el mundo veía a cortar gas y luz a la desesperada.

El problema de fondo es sencillo: más allá de los discursos, la política energética de Kirchner no fue más que una continuación apenas modificada de la de los 90. Ni la generación ni el transporte de electricidad cambiaron de manos. Veamos un caso típico: el Comahue. Todas las grandes presas de la zona se construyeron en los 70 y los 80, por supuesto con fondos públicos. Cuando a mediados de los 90 el negocio se privatizó, “nadie continuó con las inversiones. Quedaron sin construir Muchihuao y Pantanito (en Limay Medio), la presa de Collón Cura, la de Chihuidos 1 y su compensador, entre otros proyectos” (Osvaldo Ortiz, Clarín, 4-7-07).

Otro tema: el transporte. Transener, la transportista eléctrica más importante del país, nacida de las estatales Hidronor y Agua y Energía, se privatizó en los 90. Hoy la administra uno de los grandes “burgueses K” –no por ideología, sino por haber prosperado bajo su gestión–, Marcelo Mindlin, junto con una sociedad Enarsa-Electroingeniería. Uno de los dueños de esta última, Gerardo Ferreyra, habla de ser “pioneros en el modelo de asociación pública-privada que se viene para la operación de los servicios estratégicos” (Clarín, 1º-7-07). No hace falta decir, quizá, que Ferreyra, ex militante del ERP en los 70, es un ferviente admirador de Kirchner.

Precisamente de eso se trata: como lo demuestra también el caso de YPF –ver al respecto nuestra nota en la edición anterior de SoB–, el kirchnerismo no busca poner en pie siquiera algo que se asemeje a un capitalismo de Estado en los “servicios estratégicos”. Más bien, de lo que se trata es de mantener la gestión y los negocios privados, sólo que con gente más “amiga” y más permeable a las necesidades políticas del proyecto continuista K. Eso es todo. No hay estrategia, ni plan de inversión, ni desarrollo sustentable, ni burguesía nacional, ni nada de eso.

La fugaz “intervención” de Metrogas sigue el mismo patrón: hacer un poco de ruido para echarle la culpa a la empresa –ésta no era inocente, claro– para terminar removiendo al presidente, un “técnico”, que fue reemplazado por un directivo más “político” –esto es, más sensible a los intereses electorales K–, no casualmente ex directivo de Repsol. Éstas son las “desprolijidades” que sacan de quicio, en privado, a los capitalistas locales y extranjeros, pero todos saben que es cuestión de adaptarse al “estilo K” y seguir haciendo excelentes negocios.

Dos ejemplos más ilustran que detrás de estos gestos rimbombantes no hay nada muy distinto a los 90. Uno: todos saben que a Kirchner plata no es lo que le falta en el Tesoro nacional. Sin embargo, a la hora de decidir inversiones en serio en esta área crucial, el Estado no talla. Los únicos proyectos son un gasoducto en el Norte por US$ 2.500 millones y una refinería de petróleo por US$ 4.000 millones. Pero el todo terreno K, Guillermo Moreno (¿qué hace el secretario de Comercio Interior metido en eso?), ya anunció que eso se pondrá en marcha vía una “vaquita” entre las 20 petroleras más grandes. Traducción: si esos señores no tienen como prioridad tales inversiones, las obras básicas de infraestructura no las hará nadie, y en el 2009 le cortarán a las empresas, a los usuarios, al alumbrado público o a los partidos de fútbol nocturno. Vaya uno a saber.

Dos: es sabido que las provincias patagónicas, poseedoras de las mayores reservas de hidrocarburos, cerraron en los 90 contratos petroleros y gasíferos totalmente leoninos a favor de las empresas privadas. A cambio de regalías comparativamente miserables –pero suficientes para la estrechez de miras de los caciquejos políticos locales–, las compañías tenían larguísimos años de contrato en condiciones de lo más ventajosas. Pues bien, Santa Cruz acaba de acordar con Pan American Energy (PAE) una prórroga hasta el 2027 de las concesiones de tres áreas. Lo propio hizo Chubut. PAE pertenece en un 60% a British Petroleum y en un 40% a los Bulgheroni (viejos “capitanes de la industria” desde Alfonsín para acá, y típicos representantes de la burguesía antinacional que supimos conseguir). La entrega es tan escandalosa que hasta el ex capo de la SIDE kirchnerista y ex gobernador K Sergio Acevedo salió a decir que esto era “una profundización de la política menemista”.

A confesión de parte (aunque sea una ex-parte), relevo de pruebas… Y mientras tanto, son los trabajadores suspendidos, y será el conjunto de una población agarrotada de frío, quienes paguen el pato de la imprevisión y el continuismo kirchnerista.