Congreso de la CTA del 13 y 14 de diciembre del 2002

Documento de la Central de los Trabajadores Argentinos

PRESENTACIÓN

Los argentinos estamos viviendo una crisis profunda e integral, en la que se juega nuestro derecho a la vida misma y a la libertad. Se trata de una situación en la que es indispensable promover un debate consciente y profundo sobre la etapa que atravesamos y lo que esta exige de nosotros.

Nosotros creemos que sin una clase trabajadora decidida a construir su propio destino será difícil alumbrar un nuevo camino en la Argentina. Este documento resume buena parte de las discusiones que se vienen dando en la conducción nacional, que han sido compartidas y profundizadas en la reunión con los Secretarios Generales de todo el país realizada el 7 y 8 de Junio pasado y que pretendemos enriquecer con el aporte de las distintas Asambleas que nuestra organización realizará de cara a la construcción de nuestro próximo Congreso Nacional.

INTRODUCCIÓN - CRISIS Y MODELO ECONÓMICO

La actual crisis económica, política y social de la Argentina, parece exigirnos responsabilidades superiores a la lucha exclusivamente gremial o reivindicativa. En nuestra Central siempre sostuvimos que “toda crisis es una oportunidad”, si se la asume integralmente y con vocación de vida y crecimiento. Pero eso implica definir en qué consiste esa “oportunidad”. Y no tan sólo eso, sino tratar de precisar el estado de nuestras propias fuerzas, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo, para determinar correctamente el rol que nos cabe dentro de la presente dinámica de lucha del campo popular y frente a la falta de representatividad de la política tradicional, tal cual lo manifestáramos hace tres años, en nuestro anterior Congreso, celebrado en Mar del Plata.

La CTA ha ido consolidándose en la sociedad. A partir de la expansión social-territorial asumida en la disputa por la distribución de la riqueza, la democratización de la política y la defensa de la soberanía nacional, debemos afianzarnos en la propuesta de construir, junto con otros, el Movimiento Político Social que exprese nuestros intereses de clase y la lucha por la independencia de nuestra Patria.

La CTA toda, a lo largo y ancho del país, ha venido haciendo una experiencia de lucha gremial, territorial, política y cultural a través de diferentes formatos multisectoriales; un ejercicio de alianzas basado, primordialmente, en la unidad de clase y, además, en la unidad de acción con otros sectores confrontados al modelo neoliberal. En tal sentido, se ha intentado avanzar (con logros importantes) hacia una construcción político-social que sea capaz de confrontar las políticas del bloque dominante y la lógica irracional de los poderosos.

La CTA , según lo reconocemos, está dando pasos que, sin obviar contradicciones al interior de sí misma y del campo del pueblo, procuran vertebrar una unidad de masas movilizadas en la práctica y en la creación teórica, en la perspectiva de plantearse y desarrollar una nueva sociedad.

En el marco de una crisis capitalista de índole global, la Argentina expone, además, las consecuencias del modelo económico, social, cultural y político, impuesto a través del terror por la dictadura militar en 1976. Modelo que, apenas con matices diferenciados, ha continuado durante los años de vida institucional hasta hoy mismo. En la actualidad, es evidente que ese modelo pasa por una crisis estructural. Han estallado diferencias hacia el interior del bloque dominante –signado por distintos niveles de ferocidad en la lucha intercapitalista-, y al mismo tiempo se vive el progresivo desmoronamiento de la gobernabilidad, defendida por las estructuras políticas tradicionales, y ahora desbordadas por movilizaciones populares.

Este grado de movilización y conflictividad social tiene características especiales. Las iniciativas están siendo impulsadas por las organizaciones que protagonizaron la lucha de resistencia durante 26 años y también por nuevas formaciones políticas. Unas y otras han puesto en cuestionamiento la representatividad política institucional, subordinada a los dictados del poder real: grupos económicos y financieros concentrados, locales e internacionales.

Se trata de un escenario político-social altamente convulsionado, en el cual los factores de poder se definen de hecho cada día más represivos y criminales y con manifiestas y soterradas apuestas al caos.

Hay tres posibles “vías de salida” para la situación actual. Dos de ellas son, en el fondo, readecuaciones al orden vigente que perpetúan el predominio de los grupos empresarios locales, extranjeros y del FMI. La tercera es la que creemos que puede intentarse desde los sectores populares, los trabajadores y la comunidad. Para verlo con claridad, las tres posibles salidas son:

La posible reconstrucción de cierta hegemonía del bloque de poder para reinstalar una gobernabilidad con algún consenso social, sin que ello descarte formas de represión y terror.

El mantenimiento del orden vigente, sin ningún consenso y, por supuesto, con más autoritarismo y terror.

La afirmación de una nueva coalición política y social que instale una alternativa económica, política, social y cultural, capaz de alterar las presentes relaciones de dominación.

Esto última alternativa le exige a la CTA proponerse un desarrollo superior de todas sus fuerzas en el campo de la formación teórica y política, en materia de expansión y anclaje social; así como un mayor afianzamiento de sus estructuras organizativas. En el terreno de la comunicación propia, se impone también una definitiva decisión prioritaria que resuelva un contacto e intercambio en su base de cuadros y militantes y en su relación con el total de la sociedad para no depender del formato informativo del bloque dominante. O sea: de la lógica, los intereses y la ideología del bloque contra el que se lucha.

Hay que tener en cuenta que el bloque dominante, pese a sus crisis de hegemonía, avanza en la aplicación de planes y medidas que atentan contra la mayoría de nuestro pueblo. Entre otras cosas, quieren imponer el proyecto de Asociación de Libre Comercio de las Américas y las políticas e instrumentos –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros- que hacen al proyecto de dominación neocolonial impulsado por el gobierno de EEUU en América Latina.

Por eso la consigna levantada por la CTA, “hay que pararlos” es parte de un llamamiento múltiple que no se circunscribe a quienes componemos las filas de la Central y debe cobrar cuerpo político-institucional y social.

Tamaña tarea implica superar nuestras propias dificultades para mantener en el tiempo un accionar integral y conjunto, como Central y con todos los que luchan. Esto requiere de parte de la CTA un nuevo ritmo en la constitución y consolidación del nuevo bloque popular.

Significa, concretamente, una intensa labor en lo táctico-estratégico, para ir por encima de meras estrategias de coordinación en la voluntad de asentar las bases del Movimiento Político Social. Lo que supone la construcción de un nuevo Proyecto Histórico de carácter nacional, que plantee y defina la conformación de un bloque regional estratégico en América del Sur, frente a la crisis capitalista y las manifiestas políticas guerreristas del imperialismo a escala mundial. Con ambas iniciativas, se trata de pelear por la democratización de la política, la sociedad y la economía y por la institucionalización de una nueva legalidad.

CAPÍTULO 1 - CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA

No pretendemos hacer una caracterización exhaustiva sino simplemente destacar algunos puntos que, entendemos, son de especial relevancia para definir nuestra intervención en el drama que vive el país.

Lo primero es destacar que se vive una crisis integral, de hegemonía, y en el marco de una nueva situación internacional. Veamos estas tres definiciones:

Una Crisis integral o sistémica

No estamos en presencia de una crisis parcial restringida a algún aspecto de la vida del país. No se trata únicamente de una crisis económica, ni tampoco de una crisis política. Estamos en presencia de una crisis general, global, del orden vigente en la Argentina.

Si bien lo que nos sucede se inscribe en el cuadro más general de la crisis capitalista, en nuestro país está particularmente cuestionado el formato económico, social, político y cultural impuesto en la Argentina a partir de 1976 y continuado durante los años de vida institucional. Las visiones de carácter parcial que pretenden imponer los sectores dominantes no son ciertas. No hay posibilidad de intervención en la presente crisis sin una estrategia integral.

Venimos, así, a confrontar con otras interpretaciones vigentes sobre la crisis actual. Sobretodo con las dos explicaciones que de manera central han pretendido imponer los integrantes del bloque dominante y el sistema político tradicional frente a la crisis registrada en el año 2001.

Hay quien pretende decirnos que el problema principal de la crisis debe ubicarse en el terreno de la economía. Por lo tanto, coloca la responsabilidad de la situación en la vigencia que durante el último cuarto de siglo ha tenido el paradigma neoliberal. Los que exponen esta visión armaron su discurso apelando a la defensa de lo nacional, de la producción y el trabajo y de la necesidad de romper con la alianza que el Estado había estructurado con el Sector Financiero.

En realidad, esta postura discursiva remite a las fuerzas partidarias tradicionales de la Argentina actual (Ejemplo: UCR-PJ-FREPASO provincial, partidos provinciales) y busca sustento estructural en el denominado Grupo Productivo (SRA-UIA-CRA-CGT). Para ser más precisos, este planteo fue, a no dudarlo, el eje vertebrador del actual gobierno.

La realidad es que estos supuestos defensores de la “identidad nacional” y la “producción”, son una parte del bloque dominante que fue y es tributario de la valorización financiera promovida por el neoliberalismo del último cuarto de siglo, y que en todo caso durante la última etapa de los noventa perdió parte de su influencia. Son claramente integrantes del bloque dominante y del sistema político tradicional.

 Los resultados concretos de su estrategia (la “devaluación”) han comenzado a mostrar rápidamente los límites de ese discurso . La pauperización y la humillación nacional siguen a la orden del día . Por eso es imprescindible desnudar la falacia de su argumentación.

Es absolutamente obvio que el paradigma neoliberal tiene una importante responsabilidad sobre lo que hoy nos ocurre. Sin embargo, debe consignarse que éste se puso en marcha en la Argentina a partir de la dictadura, y que de los 26 años transcurridos desde aquel momento, 19 tienen que ver con el presente orden institucional. Es decir tres de cada cuatro años se explican por el presente régimen.

Por lo tanto, ya no podemos seguir sosteniendo que el problema es exclusivamente el tipo de funcionamiento de la economía.

Es clave incluir en nuestra discusión cuáles son las características de un orden institucional que ha convivido, convalidado, y ha resultado cómplice del proceso que viene viviendo nuestro país. No es cierto que la crisis sea sola y exclusivamente económica. También tiene un fuerte componente político institucional.

Y acá hay que destacar que los que intentan colocar el problema sólo en la cuestión económica, son los que por otro lado pretenden seguir defendiendo las prácticas tradicionales del sistema político (no sólo los partidos sino también el tipo de estructuras sociales y sindicales tradicionalmente dominantes).

Esas prácticas “tradicionales” no son inofensivas. Son funcionales a las estrategias de injusticia y concentración de la riqueza que dicen denunciar. Seguir ese razonamiento sería una profunda equivocación histórica. Es imposible que, con las mismas estructuras y con los mismos actores, se promueva una salida a la crisis actual.

La otra versión es la que promueven los Bancos-Organismos Internacionales y Empresas Privatizadas.

Ellos dicen por todos lado que el problema no es el modelo económico sino la corrupción del sistema político. En tanto la política es –para esta concepción- la responsable de lo que ocurre, no quieren ni hablar de cambiar el modelo. En esta presentación de la crisis no hay problema alguno en el orden económico imperante. El inconveniente es que “existe un régimen institucional corrupto que lo ha distorsionado”.

Se trata de poderosos agentes económicos que están dispuestos a sostener una nueva batalla simbólica que le permita retomar el control del rumbo del país.

Su estrategia apunta a la plena mercantilización de la educación y la salud pública, la liquidación de la banca estatal, con mayores restricciones al sistema de representaciones en el Estado (la denominada “reforma política”) y un reordenamiento del sistema de Estados Provinciales en base a la propuesta de regionalización. Una verdadera mutilación y modificación del actual esquema institucional.

Se trata, en suma, de un incremento en el control sobre la política interna y la economía a través del gerenciamiento de las riquezas del país, incluyendo el territorio, por medio de tecnócratas representantes de los intereses de los grupos económicos y los organismos de crédito.

Entonces, y para resumir, digamos que hay una interpretación que busca situar la responsabilidad en la economía para salvar al sistema político tradicional y hay una interpretación que busca colocar el problema en la política para salvar al poder económico.

Ambos enfoques intentan ocultar rasgos fundamentales de la crisis.

Nosotros sostenemos que la crisis vigente en la Argentina supone el colapso general en materia social, económica y política, de un régimen que se puso en marcha a partir de marzo del 76 y que, con distintas variantes se ha profundizado en los últimos 26 años.

Esta es la primera definición que nosotros queremos proponer. Lo que esta en crisis es el conjunto de las instituciones sociales, sindicales, partidarias, empresariales y culturales que han definido a la Argentina desde la dictadura militar en adelante.

La crisis económica

En materia económica, lo que colapsó es el régimen que se puso en marcha en 1976. Ese régimen tuvo, fundamentalmente una característica: transformó a la economía argentina en una economía de acumulación financiera y transferencia permanente de recursos al exterior por diferentes mecanismos, donde el endeudamiento fue uno y no la única vía de salida de recursos.

Así, la economía nacional transfirió al exterior en las últimas dos décadas aproximadamente unos u$ 320.000 millones o, lo que es lo mismo, el equivalente a más de tres PBI de la Argentina actual.

Este orden económico se puso en marcha sobre la base de la llamada “apertura general de la economía” y tuvo dos pilares básicos que permitieron su funcionamiento:

El endeudamiento externo

El papel del Sector Público como promotor de dicho proceso. Fue éste (absolutamente subordinado a partir de la dictadura al bloque dominante) quien sostuvo y promovió una y otra vez por diferentes vías, ese endeudamiento.

El colapso de este régimen tuvo dos razones.

En primer término los cambios en el sistema financiero internacional determinan que hay menos fondos para países como el nuestro.

En segundo lugar, el grado de endeudamiento del Estado y de la economía argentina es tan alto que le impide seguir siendo sujeto de crédito.

En consecuencia, el bloque dominante está en problemas. Los dos pilares en torno a los cuales funcionaba este régimen han desaparecido, y por esta razón está colapsando.

Este régimen de acumulación financiera implicó una dinámica particular, que caracteriza a la Argentina de los últimos 25 años.

Un país que hizo predominar la inversión financiera, donde la inversión productiva cayó de manera estrepitosa y donde la caída de la inversión productiva produjo una profunda destrucción del aparato productivo (por el ingreso de producción importada).

Al destruirse el aparato productivo y desindustrializarse el país, además, se expandió el desempleo. Y al expandirse el desempleo, este presionó hacia la baja los ingresos del conjunto de la población.

Es decir, que el círculo que caracteriza los últimos 26 años, como contrapartida de este régimen de acumulación financiera es: inversión financiera elevada- baja inversión productiva- deterioro del aparato productivo y desindustrialización- expansión del desempleo y caída de los ingresos.

La crisis social

Las razones del colapso y las tendencias básicas que definieron la economía del último cuarto de siglo, sostenidas durante los últimos 26 años, han puesto en crisis también la situación social.

Deben destacarse dos cuestiones fundamentales: la primera, el tema de la expansión sistemática y permanente de la pobreza en el país.

Para dar una medida gráfica del asunto: en 1975 en la Argentina había 22 millones de habitantes y menos de 2 millones de pobres. Sobre finales del 2001 tenía 37 millones de habitantes y prácticamente 15 millones de pobres. Es decir, que la población creció en 15 millones y la pobreza en 13 millones.

Otra evidencia notoria de la involución social que tuvo la Argentina se explica por la casi desaparición de sus capas medias. Hoy, 6 de cada 10 pobres provienen de dicho sector social. Este empobrecimiento material de las capas medias no implica la desaparición de sus demandas y objetivos de ascenso social. Si bien, a comienzos de la década pasada, parte de las mismas dieron algún consenso al modelo imperante, hoy, ante su propia bancarrota, ejercen una fuerte presión social hacia el restablecimiento de sus derechos y garantías.

Las dificultades concretas del bloque dominante para incluir a este sector y dar respuestas a sus demandas, no les permite gobernar con “consenso”, como hace algunos años. Esto implica que el bloque dominante necesita imponerse con mayor autoritarismo.

Agreguemos que el desempleo, producto del régimen de acumulación vigente, ha desestructurado la organización social que en nuestro país giraba fuertemente alrededor de las relaciones laborales.

Los cambios en los sistemas y formas de producción, la terciarización y los cambios en las categorías profesionales generaron, entre otras consecuencias, la pérdida por parte de los trabajadores del control del proceso de producción y el debilitamiento consecuente de la capacidad de negociación.

Esta situación se agrava por la presencia de un Estado desfinanciado, que en lugar de benefactor y “prenda del equilibrio social”, es desembozado benefactor de los grupos dominantes. La precarización laboral alteró los términos de discusión salarial y confinó a los trabajadores formalizados a un lugar de franca minoría en la fuerza de trabajo. Esto desestructura a la sociedad y plantea una crisis sin precedentes al viejo modelo sindical. Crisis que no sólo condiciona el salario sino también la propia vida familiar.

La creciente exclusión social deteriora así la capacidad de ejercer los derechos ciudadanos, crece el temor y se recortan fuertemente las opciones de las organizaciones sindicales y sociales. Agreguemos, para visualizar la dimensión de la crisis, la pérdida del ascenso social por la vía del acceso a la cultura, que repercute fuertemente sobre las capas medias y los trabajadores en general.

En suma, aparecen nuevas demandas sobre las instituciones públicas y las organizaciones sociales excediendo sus objetivos y posibilidades y reclamando la transformación de las mismas. Además, se confirma que en las distintas “crisis” (y en la actual también) los sectores dominantes tienen la capacidad de trasladar los costos al resto de la sociedad incrementando, en cada una de ellas, la desigualdad.

Es decir, cuando la economía crece, ellos crecen más que el resto, pero cuando decrece, ellos siguen creciendo. Rasgo este que define un cuadro de profunda desagregación social incompatible con la vigencia de una institucionalidad democrática.

La crisis política

El colapso en materia política debe ser situado en términos de crisis de representación.

Y cuando la llamamos de ese modo no nos referimos sólo a los partidos sino al conjunto de las instituciones que convivieron, convalidaron y fueron conniventes con esta verdadera estrategia de la desigualdad.

Está en crisis la Justicia, el Parlamento, el Poder Ejecutivo Nacional, los gobiernos Provinciales, los municipios y concejos deliberantes, la Iglesia, la universidad, los sindicatos, las FFAA; es decir, la crisis atraviesa al conjunto de las instituciones.

Este es el otro problema fundamental. Las instituciones y organizaciones que se supone que son portadoras de intereses colectivos, son visualizadas por el conjunto como representantes de intereses privados.

La ruptura del llamado “contrato social” y el vaciamiento de la democracia representativa se reflejan en la absoluta disociación entre lo que la gente demanda y la vida de las instituciones.

Así, el consenso se sustituye en la práctica por el autoritarismo, la corrupción, la manipulación social -a través de caudillos y punteros que han frustrado el protagonismo popular- y la fuerte cooptación del sistema de representación por los intereses de los principales grupos económicos.

Los derechos constitucionales, las libertades y garantías son de aplicación restringida, parcial y discriminatoria. La pérdida de protagonismo y control social sobre los actos de gobierno hace que la denominada “democracia representativa”, no sea representativa ni mucho menos democrática. Y ésta no es una cuestión menor. La pérdida de crédito hacia la democracia y el consecuente ausentismo electoral abren el camino a los autoritarismos mesiánicos siempre apoyados en estrategias antipopulares y sostenidos con la represión.

Por otra parte, el descrédito hacia las formas de ejercicio actual de la política y hacia los partidos tradicionales ,amenaza con proyectarse también peligrosamente hacia la deslegitimación de toda forma de práctica política, de todo liderazgo y de toda búsqueda de una renovación democrática de los actuales esquemas de representación. Sabemos que esa forma de plantear el problema es funcional al objetivo de preservar en manos de los enemigos del pueblo el ejercicio concreto de la dirección del Estado.

La crisis cultural

El progresivo deterioro de nuestra estructura productiva, del Estado y de lo público-comunitario, así como el crecimiento de la pobreza y la desocupación impactaron fuertemente sobre las matrices culturales de nuestro pueblo. El “sálvese quien pueda” pareció ser el mandato oculto de un complejo proceso expresado en la vida cotidiana, en las prácticas institucionales, en la acción de los medios masivos y en las expresiones artísticas y culturales. Sin embargo es evidente que las políticas culturales del poder convivieron en nuestras familias, barrios y espacios públicos con las múltiples formas de la resistencia y la iniciativa comunitaria.

En este sentido, el neoliberalismo devenido en hegemónico pivoteó permanentemente sobre dos estrategias. El mensaje emitido de manera dominante desde los medios de comunicación y el papel de “justificadores del establishment” que adoptara una parte de la intelectualidad vernácula. Ambos convergieron cuestionando importantes conquistas del proceso de democratización de la cultura que había vivido nuestro país. Sin embargo, el proceso descrito no alcanzó entidad suficiente como para ocultar la realidad y destruir totalmente pilares históricos de la cultura nacional como el sostenimiento de la educación pública, el no arancelamiento, una cierta prensa comprometida, el clima cultural critico del cine, el teatro y la música, e incluso la emergencia de signos vitales de una nueva intelectualidad.

Las características principales de ese “nuevo sentido común” que pretendieron imponer se asentó en:

La naturalización de los procesos históricos y económicos y, por lo tanto, la expulsión de la noción de cambio. Cuestión ésta que pretende situar como único al modelo vigente y que ubica a la política en el terreno de la exclusiva gestión y del reconocimiento como no modificable de las relaciones de poder vigentes.

Cuestionar la histórica noción del Estado interventor, el cual apareció presentado como signo de ineficiencia, de atraso, de defensa de intereses espúreos (patria contratista).

Ubicar a la ideas sobre la distribución del ingreso y la riqueza en el territorio del populismo, la demagogia y la irresponsabilidad.

Situar al mercado como signo de progreso, democracia y eficiente asignación de los recursos.

El acento en las formas estereotipadas de gerenciamiento empresario eficiente y eficaz trasladado a todas las instituciones como eje del debate desprendido de los fines y objetivos sociales para los que han sido creadas.

La descalificación de las luchas y organizaciones populares, incluido el sindicalismo, señalados como rémora del pasado, inhibidores de la transformación necesaria y defensores de privilegios inaceptables como los estatutos laborales o los derechos sociales.

La presentación de la política como signo de corrupción, coima y deshonestidad.

El acento en el individualismo y el deterioro de la solidaridad como forma de organización social y de acceso a las reivindicaciones.

La mistificación del estilo de vida consumista, trivial, superficial y depredador del planeta, instalada en los países desarrollados como única y superior meta.

Cierta elite intelectual, que otrora incluso sustentara un proyecto nacional, cumplió el rol de adaptarse rápidamente a los planteos que impulsaban el apoyo a las transformaciones en nombre de la trasnacionalización, de la aldea global y de la cultura única. Contribuyeron así a la afirmación de un sentido común alienado que repitió hasta el hartazgo el discurso dominador. En fin, intelectuales de países periféricos transvertidos por el financiamiento en tecnócratas al servicio de los organismos internacionales.

En consecuencia, a diferencia de las dos interpretaciones que los sectores dominantes impulsan en la Argentina (visiones parciales y falaces de la crisis actual), entendemos que estamos en presencia de la crisis general de un orden que no tiene, bajo estas condiciones, capacidad de seguir reproduciéndose con mínimos niveles de consenso.

Una verdadera crisis de hegemonía

El final del punto anterior permite explicar qué queremos decir cuando hablamos de Crisis de Hegemonía. Nos referimos a “aquel conjunto de relaciones que definen el funcionamiento de una sociedad y que en una determinada coyuntura histórica no pueden ser reproducidas bajo el liderazgo de las clases dominantes y, consecuentemente reconocidas por las clases subalternas”.

En este sentido el proceso social que se manifiesta durante el año 2001 debe ser entendido como una verdadera crisis de hegemonía de las clases dominantes de nuestro país. Tienen dificultades para seguir explicándole a la sociedad que es natural que las cosas sean como son. La sociedad ya no siente que las cosas deben seguir necesariamente así. Tampoco cree que este sea, necesariamente, el único rumbo posible. En estos términos, la hegemonía de comienzos de los 90 hoy está visiblemente cuestionada. Pero, como en toda crisis de esta naturaleza, la misma tiene dos componentes fundamentales.

El primero de ellos es la crisis al interior de los poderosos. La estabilidad capitalista propia de la década del noventa tuvo que ver con la consolidación de una verdadera “comunidad de negocios”, establecida en el marco de la acumulación financiera sobre la base de las privatizaciones. En esa “comunidad de negocios” coincidieron los intereses de los Grandes grupos empresarios de la economía argentina con el ingreso de nuevos integrantes del capital extranjero y con los Bancos Trasnacionales.

Desde mediados de la década, más puntualmente a partir del efecto Tequila, la citada comunidad de negocios comenzó a disolverse, fruto de las modificaciones en el escenario internacional (relación entre el dólar y las principales monedas, así como el debilitamiento de la experiencia del Mercosur) y los procesos de compra venta de acciones y empresas, que determinan una menor presencia de la histórica cúpula empresarial local en los consorcios de las empresas privatizadas.

En el marco del colapso del régimen de acumulación financiera, dadas las restricciones vigentes en el plano internacional y con la devaluación en curso, están sucediendo dos cosas:

* una puja entre ellos dirigida a determinar la distribución de las nuevas rentas así como de las pérdidas resultantes de la crisis vigente

* el intento de imponer un nuevo ordenamiento de los predominios al interior de los históricos ganadores del modelo.

Está en discusión, en suma, quién conduce la salida de la crisis. Hay disputa entre los grupos empresarios y el sistema bancario, hay disputa entre ellos y los acreedores externos, hay disputa entre los acreedores y el resto de los que están aquí. Es decir, no logran, como sí lograron en el pasado, sintetizar una estrategia común para proponerle al conjunto de la sociedad.

Esto habla de una feroz lucha intercapitalista en la que no están ausentes incluso comportamientos de carácter mafioso.

La segunda cuestión que caracteriza a una crisis de hegemonía y que es el dato determinante que distingue el momento actual de otros que hemos vivido, es que por primera vez en mucho tiempo, más concretamente, desde 1976 para acá, hay hoy organizaciones sociales y niveles de movilización que están por afuera de las estructuras de poder económico y político tradicional en todos los terrenos(social, sindical, territorial, cultural e incluso partidario),.

Es decir: a diferencia de la crisis de 1989 (en donde el PJ aparecía como una opción y salida recientemente legitimada y que intervenía sobre el conflicto social, dado el peso sustantivo de la estructura sindical tradicional), hoy no hay oferta legítima del sistema tradicional. Tampoco están en capacidad de controlar el conjunto de la movilización y organización social existente. Hoy hay otras realidades sindicales, otras realidades sociales e institucionales. Han emergido organizaciones y niveles de movilización que tienen autonomía respecto de los factores de poder político y económico tradicional. Es por esta razón que parece importante definir que el año 2001, representa desde la experiencia política de los sectores populares, el final de la argentina de la dictadura.

A lo largo del año pasado tomaron cuerpo diversas formas de respuesta del campo popular que, sin lugar a dudas, refieren al hartazgo ante políticas económicas y sociales intolerables; pero, fundamentalmente, empiezan a sintetizarse las experiencias de los 26 años de resistencia organizada que contribuyeron a mellar el pensamiento único y el discurso hegemónico.

El año 2001 fue un año difícil para el poder desde sus comienzos, con el derrocamiento de López Murphy, (paradigma del ideario neoliberal); luego con las movilizaciones espectaculares que se realizaron en todo el país en contra de la política del déficit cero (movilizaciones que en todos los casos estaban por afuera de las estructuras políticas y sindicales tradicionales) y con la propia jornada electoral del 14 de octubre, en que la sociedad no sólo le dijo que no y le dio un cachetazo al gobierno de De la Rúa, (perdió cerca de 5 millones y medio de votos), sino que el propio triunfo del PJ se dio en el marco de una caída de su peso electoral (un millón de votos menos).

Fueron elecciones en donde el no voto, el voto en blanco y el nulo, así como el respaldo a nuevas opciones implicaron una advertencia de la sociedad al conjunto del sistema institucional. La propia consulta popular que protagonizamos en el marco del FRENAPO entre el 14 y 17 de diciembre, donde la participación superó claramente todas nuestras expectativas, fue otra demostración de ese proceso social que se estaba dando en la Argentina. Por ultimo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre donde la movilización popular logró, pese a las internas palaciegas, poner su sello confrontando con el Estado de Sitio y afirmando reclamos expresos en pos de mayores niveles de igualdad. Toda esta situación revelaba la envergadura del proceso que se estaba dando en el país.

Sin embargo, es necesario definir un poco más los alcances de la noción de “crisis de hegemonía” que hemos propuesto como marco para la interpretación de esta etapa. Se trata de un momento político donde, frente a la ausencia de consenso para el bloque en el poder, se afirma un contexto de oportunidad para una intervención popular exitosa que ponga en cuestión el presente régimen de dominación.

Pero hay que distinguir que la existencia de crisis al interior del bloque en el poder no define que haya crisis de hegemonía. También hubo una crisis al interior de los poderosos en la Argentina de 1989, y no se trató de una “crisis de hegemonía”. Ésta sólo existe (por eso existe hoy) en tanto emerge un contexto de no reconocimiento por parte de los dominados del liderazgo de las clases dominantes.

Ese “no reconocimiento” toma formas, además, en la emergencia de niveles de organización y movilización que desbordan las estructuras tradicionales de representación del régimen. Es decir, se trata de un momento donde la dominación se encuentra en crisis porque no es percibida como “natural”.

La segunda distinción consiste en señalar que la existencia de una situación de crisis en la dominación no implica que la dominación haya desaparecido ni que el sistema se este derrumbando. Más aún, la dominación se sigue ejerciendo y es en las características de su propio ejercicio donde se juega la posibilidad de que los sectores dominantes puedan, incluso, reconstruir la hegemonía perdida.

Por lo tanto, hablar de crisis de hegemonía no es hablar de un momento prerrevolucionario sino de la existencia de condiciones de oportunidad para una nueva construcción política. Esa construcción política sólo existirá si se interviene con una visión integral en el escenario descripto.

Hechas estas aclaraciones, corresponde finalizar estas precisiones reafirmando que tanto desde la teoría como desde la historia, las opciones que suelen presentarse ante una Crisis de Hegemonía -tal como se señala en la introducción- son:

Reconstrucción hegemónica del bloque en el poder

Mantenimiento del Bloque en el poder por vía autoritaria

Afirmación de una nueva coalición política que haga posible un nuevo régimen sobre la alteración de las presentes relaciones de dominación.

Una nueva situación internacional

No podemos finalizar estos apuntes respecto a la etapa que transitamos sin incorporar elementos que aludan a la presente situación internacional. Es evidente que el carácter de la denominada fase global del capitalismo (que desde el punto de vista económico y en la práctica ha implicado la financiarización de la economía mundial) redunda en condiciones de mayor exclusión y pobreza para la humanidad. Estas se expresan tanto en la incapacidad manifiesta del sistema de garantizar tasas de crecimiento elevadas , como por la polarización exhibida en materia de distribución del ingreso tanto entre países como al interior de los mismos, incluyendo a los propios países centrales.

Asistimos a un proceso de liquidación del denominado Estado Benefactor en los centros y a la destrucción de las formas estatales populistas y desarrollistas en la periferia. Esa destrucción es acompañada en la práctica por la instalación progresiva de Estados que promueven la afirmación de plataformas exportadoras.

A esto hay que agregar que se manifiesta un cuadro creciente de recesión generalizada en los principales centros económicos del mundo, lo que induce una reversión en la dirección de los flujos financieros internacionales (ya no giran fondos con facilidad).

En la década del noventa se observaba una abundancia de fondos en el mundo, en busca de opciones para invertir en los países “denominados emergentes”. Esto permitió a nuestros países pagar vieja deuda con activos públicos y/o riqueza social acumulada, pero también con el acceso a nuevo endeudamiento). Digamos que en el escenario internacional hoy se registra exactamente lo contrario.

En el marco de la recesión vigente en los países centrales como consecuencia de la baja en la tasa de ganancia (que supone la contracción en las compras que estos países realizan a la periferia), se observa una tendencia declinante en los precios internacionales de los principales productos que colocan estos países.

Esta situación revela una menor capacidad de pago sobre las deudas que acumulan dichas economías y habilita un proceso de fuga de los capitales; permanecer en los países de la periferia supone mayores riesgos que hace unos años.

Menor disponibilidad de financiamiento y menores precios para nuestros productos definen un cuadro de mayores restricciones económicas para la región latinoamericana. Ésta debiera organizarse nuevamente –y, al igual que ocurriera en la década del 80- como una verdadera zona económica de exportación de excedente hacia el centro del mundo.

Las tendencias generales que plantea la financiarización de la economía mundial y la particular coyuntura recesiva determinan la incapacidad creciente del propio sistema para presentarse (cual ha sido históricamente su estrategia de legitimación) como avanzada de la Civilización.

Hace algunos años tenía vigencia un discurso que asociaba a las políticas neoliberales con la afirmación de la democracia, sobretodo a partir de la caída del muro. Ese planteo hoy está fuertemente cuestionado.

La consolidación de resistencias sociales y culturales frente a la mundialización capitalista (movimientos antiglobalización - Foro Social Mundial) y la propia evidencia de los límites que las políticas vigentes le imponen a la construcción democrática, ha abierto una nueva situación en el plano internacional. Esta nueva etapa implica mejores condiciones ideológicas y políticas para el reposicionamiento de las fuerzas populares pero también supone un momento de mayor complejidad. Prueba de ello es la nueva vuelta de tuerca guerrerista del gobierno de los EE UU a partir del 11 de Setiembre, tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La política bélica sostenida en la permanente capacidad del imperio para hacer reaparecer y desplazarse al fantasma del terrorismo, es la condición de posibilidad para limitar los mecanismos de consenso en la regulación de la sociedad mundial. Se trata de la clave de la unipolaridad que pretende afirmar el gobierno de los EEUU y el marco en el que se inscriben las nuevas estrategias de control colonial.

Política bélica y recesión mundial explican la desaparición del discurso democrático de la agenda del departamento de Estado Norteamericano y le otorgan perspectiva al intento de transformar al mercado americano en un espacio de libre circulación y absoluta seguridad para sus mercancías y capitales, por vía del ALCA, y destruir así toda posibilidad de desarrollo autónomo para la región latinoamericana.

En este escenario hay que inscribir el intento de golpe de Estado en Venezuela, la decisión de avanzar militarmente con el Plan Colombia, el intento de boicotear el triunfo de Lula en Brasil y las definiciones relativas a la colocación de bases militares en la región (particularmente en nuestro país, en las provincias de Chubut y Tierra del Fuego) en el marco de la construcción del denominado escudo antimisilístico.

Conclusión

Dijimos al comenzar este punto que no teníamos como objetivo hacer una caracterización exhaustiva sino que sólo buscábamos apuntar elementos que nos permitieran elaborar una conclusión política. En este sentido y considerando los aspectos reseñados en la caracterización, entendemos importante destacar que :

Dada la política norteamericana para el mundo y la región (de carácter bélico y colonial), es evidente que se busca sancionar a la Argentina como ejemplo continental y reforzar, así, la dominación sobre nuestro país a efectos que éste siga desempeñando el papel de apéndice norteamericano en la región tal cual lo hiciera durante la década pasada. Esto se da en un contexto donde dicha estrategia exhibe problemas para afirmarse. Están estancados en el conflicto Colombiano, no han logrado desplazar a Chávez en Venezuela, Lula se mantiene firme en Brasil, el Frente Amplio se consolida como alternativa para el futuro uruguayo, y avanza la lucha popular en Bolivia, Perú y Paraguay. Por eso la estrategia hacia la Argentina adquiere especial relevancia para el gobierno de los EE UU.

En este marco, sin financiamiento externo abundante y en un contexto de precios declinantes para nuestros productos en el mercado mundial, la dirección adoptada en torno a la presente salida devaluacionista exhibe graves problemas. Argentina tiene un núcleo exportador que representa no más del 25% el PBI, donde apenas 80 empresas concentran el 70% del total exportado y en el que el componente de recursos naturales, la intensiva utilización de insumos importados y el bajo valor agregado de los productos son sus características determinantes. Por lo tanto, y en un marco donde la denominada salida exportadora debe garantizar un saldo comercial favorable de unos u$ 10.000 millones para reanudar los pagos externos, la perspectiva que en esta etapa pueden ofertar los sectores dominantes es la de un crecimiento lento (luego de arribar al piso de la crisis), con tasas de desempleo estructuralmente altas, con salarios bajos (donde los 100 dólares promedio de retribución salarial de la Argentina actual resultan elevados) y, por lo tanto, profundamente desigual.

Considerando las tres opciones que se plantearon como resolución de una Crisis de Hegemonía, corresponde decir que la posibilidad de que las clases dominantes en nuestro país puedan recuperar la hegemonía perdida descansa en la afirmación del segundo de los escenarios planteados (“mantenimiento del poder por vía autoritaria”).

Ellos necesitan mayor capacidad de represión. En un contexto de rechazo social al orden vigente, donde las tendencias futuras del capitalismo vernáculo no son portadoras de derrame alguno, necesitan una mayor restricción de las libertades individuales y de los espacios democráticos y una mayor presencia de las estrategias de control y coerción sobre las demandas populares.

Es en este plano donde deben ubicarse tanto la situación abierta en términos de violencia material y física que se descargara sobre la sociedad argentina desde Diciembre del 2001 en adelante, como la convocatoria a elecciones anticipadas realizadas por el presente gobierno.

Ciertamente, a partir del cuestionamiento masivo que la sociedad hiciera expreso durante el año 2001, la respuesta ha sido la puesta en marcha de un proceso brutal de redistribución regresiva de los ingresos y la riqueza (violencia material). Esto se expresa en la expansión de la tasa de desempleo, en la caída de los salarios reales, en la expulsión a la situación de pobreza de aproximadamente unas 750.000 personas al mes y en la confiscación de la riqueza de los pequeños y medianos ahorristas. Para permitir ese desguace se dieron fenómenos claros de represión física dirigidos a disciplinar la movilización popular tanto el 19 y 20 de Diciembre, como en las amenazas que se suceden en distintos puntos del país y en el asesinato de los dos compañeros piqueteros en el Puente Pueyrredón.

En este marco de violencia económica y represiva la convocatoria electoral anticipada impide una síntesis política mayor del cuestionamiento que viene ejerciendo la sociedad argentina al modelo vigente. Buscan, en este sentido, evitar la amenaza de que emerjan condiciones institucionales que hagan posible un replanteo del régimen y del rumbo económico vigente.

Es decir que necesitan evitar la afirmación del tercer escenario que hemos planteado como resolución posible de una crisis de Hegemonía.

Frente a las elecciones

Objetivamente, mientras la lucha política orientada por la priorización del conflicto social potenciaba niveles crecientes de unidad política, el adelantamiento electoral tiene un objetivo claro: fragmentar la expresión popular de cuestionamiento al orden actual y a mejorar las posibilidades de triunfo del principal partido del régimen -el Justicialismo- .

Por eso se busca resolver su crisis interna por vía de las denominadas internas abiertas, o bien ley de lemas, articulando en una eventual segunda vuelta con las expresiones de la derecha, y aprovechando la persistencia de un importante nivel de ausentismo e impugnación sobre el conjunto de la dirigencia política.

En este sentido, el objetivo es recobrar condiciones de legitimidad y legalidad que permitan profundizar una nueva ofensiva del bloque dominante. Si lo logran, intentarán liquidar la banca pública, mercantilizar la educación y regionalizar la Argentina por vía del desguace de los aparatos institucionales de distintas provincias.

El carácter restrictivo y no democrático que exhiben las elecciones anticipadas se expresa en el formato que el adelantamiento le impone a las mismas. Quedan circunscriptas a elecciones sólo de Presidente y Vice sin renovación del conjunto de las Cámaras de Diputados y Senadores en un contexto de absoluta crisis de representación.

Aún en el caso en que se eligieran la mitad de los diputados y un tercio de los Senadores en la fecha establecida (Marzo del próximo año), éstos no asumirían hasta Diciembre del año 2003, por lo cual el nuevo Presidente deberá convivir durante sus primeros siete meses con el sistema institucional actual (el mismo Parlamento y la misma Corte Suprema de Justicia).

Es decir que además del efecto de fragmentación sobre el cuestionamiento popular, las elecciones anticipadas configuran un escenario donde incluso un eventual nuevo gobierno que quisiera modificar el rumbo imperante deberá confrontar a partir de sus primeras horas de gestión no sólo con la capacidad de los principales agentes económicos de desestabilizar la situación en tanto la misma afecte sus intereses, sino que además vería sumamente restringida su capacidad de acción institucional.

La “trampa” que supone este diseño es la respuesta a una realidad objetiva que al Poder le preocupa: más allá de la violencia económica y represiva que se ha ejercido, la sociedad argentina ha seguido cuestionando el rumbo actual. Ha sido capaz, frente al intento de fragmentar los reclamos de ahorristas y trabajadores, de construir convocatorias que favorecieron y dieron veracidad a consignas tales como ”Piquetes y cacerolas la lucha es una sola” . Ha sido capaz de estructurar una jornada de paro y movilización nacional en base a organizaciones que no poseen compromisos con el sistema político tradicional. Ha podido responder, incluso, con movilizaciones en todo el país y con niveles superlativos de unidad a los asesinatos y la represión.

Es decir, la sociedad sigue nutriendo y alentando la posibilidad de construir una nueva perspectiva y en cada una de las jornadas de lucha en que esto se expresa, nuestra Central ha aportado a la hora de garantizar la articulación y nacionalización de ese proceso.

En función de lo expuesto y del carácter tramposo y limitante que define a la convocatoria electoral del oficialismo es que se ratifica nuestra definición conceptual:

 No hay salida democrática en el marco del presente régimen. Transitamos, por lo tanto, su fase autoritaria y sólo habrá salida democrática plena en tanto la sociedad argentina sea capaz de poner en marcha un proceso de movilización y organización que garantice la construcción de una nueva coalición política.

CAPÍTULO 2 - LAS LÍNEAS DE NUESTRA CONSTRUCCIÓN Y NUESTROS LÍMITES

La caracterización presentada en el capitulo anterior permite situar el año 2001 como un punto de inflexión en el desarrollo del movimiento popular en la Argentina. Hemos destacado el nivel de movilización alcanzado, así como la importancia adquirida en dicho proceso por organizaciones ajenas al sistema de poderes tradicionales (entre ellas nuestra Central).

Sin embargo, no deberíamos descuidar el hecho de que, pese a la importancia de lo expuesto, pese a la crisis de hegemonía en la que ingresara el bloque dominante, no hemos logrado transformar dicha movilización popular en el sustento para la apertura de un proceso de profundización democrática.

Más aún, hemos finalizado nuestra presentación de la etapa señalando la ofensiva que en términos económicos y represivos se descargara sobre nuestra sociedad y definiendo el carácter “tramposo “ que exhibe la convocatoria a elecciones anticipadas. La fase actual del régimen, decimos, tiene un claro perfil autoritario

El cambio de contexto expuesto así como el papel que nuestra Central ha tenido en el proceso reciente, nos obliga a una reflexión como condición de posibilidad para encarar la nueva etapa que afrontamos.

El desafío de la etapa

Ciertamente, desde la realización de nuestro último congreso (en el que ratificáramos la autonomía de nuestra Central respecto a los empresarios, los partidos y el Estado y situáramos al trabajo y a la desocupación como el problema principal de la sociedad argentina), la CTA avanzó de manera sustantiva en su papel como organización representativa de los trabajadores.

Logró, en el marco de la iniciativa construida junto a otras organizaciones en el Frente Nacional Contra la Pobreza, transformar en política pública y tema central de la agenda de este país la cuestión de la desocupación y la pobreza.

Logró articular en torno a una propuesta concreta que transformaba a la distribución en la clave principal para el replanteo de nuestra sociedad a un vasto conjunto de actores sociales e institucionales al tiempo que protagonizó un hecho de masas formidable al desarrollar una consulta popular inédita (ya que fue efectuada por fuera de las instituciones del Estado) donde más de tres millones de argentinos acompañaron y transformaron en mandato social la propuesta presentada.

Podemos decir, casi sin temor a equivocarnos, que la Consulta del 14-15-16 y 17 de Diciembre fue, en términos de experiencia popular organizada previo a la debacle abierta el 19 y 20 de Diciembre, uno de los pasos más altos en la afirmación de la Crisis de Hegemonía de las clases dominantes. Básicamente, porque supuso un acompañamiento masivo a una propuesta concreta de salida frente a la crisis, presentada en un marco de profunda unidad política.

Es decir que fuimos capaces, como parte de la sociedad, de concitar la unidad para avanzar y no sólo para resistir.

Sin embargo, pese a que la movilización lograda obligó al Estado a extender cada vez más -aunque de manera devaluada y lejos de lo propuesto oportunamente por la CTA- el sistema asistencial sobre la población desocupada, las características del proceso político desplegado no permitieron frenar el proceso de violencia social, económica y represiva que a partir del 19 y 20 de Diciembre se descarga sobre la sociedad argentina.

Es indudable que dichas jornadas actúan como bisagra de nuestra propia historia y que se instituyen como espejo de las fortalezas y debilidades que exhibe el denominado campo popular.

Como bisagra porque manifestaron en concreto la potencia superlativa de la movilización popular que no sólo se apropió de las calles, sino que logró ponerle límite a intentos represivos tales como el Estado de Sitio.

La Movilización popular fue capaz de ilegitimar al conjunto de la dirigencia política tradicional desnudando al extremo la crisis de representación y colocando en el centro de la discusión nacional la voluntad colectiva de no seguir delegando en quienes hace tiempo habían decidido articular sus representaciones con los intereses y proyectos del Bloque dominante en la Argentina.

Pero así como se demostraron nuestras capacidades, creemos que también se expresaron claramente nuestras debilidades.

Porque la ausencia de una dirección consciente del conjunto de la comunidad impidió transformar dicho proceso en un cambio institucional de signo popular y democrático que evitara al mismo tiempo que la movilización popular quedara expuesta a los reacomodamientos del bloque dominante y del sistema político tradicional.

Es este límite el que nos ha impedido frenar el salvaje proceso de redistribución del ingreso y la riqueza que indujo la salida devaluacionista, y el que debemos poner en el centro de nuestro debate. Tenemos que impedir la afirmación en la conciencia colectiva de la idea de la inutilidad de la movilización popular.

Para decirlo de manera sencilla, si la mayor movilidad social se mide en términos de cambios de gobierno que una y otra vez descargan políticas que agreden al conjunto de la sociedad, la función de la misma pierde sentido. Por esta razón, la resolución del límite expuesto (ausencia de una dirección consciente) es fundamental.

Es el único camino que puede impedir que, ante la estrategia de violencia plasmada por el bloque dominante, la respuesta no descanse exclusivamente en la reedición de estrategias de resistencia de carácter sectorial.

Éstas muchas veces reproducen las condiciones de fragmentación del universo popular y , por lo tanto, terminan construyendo un contexto donde el cuestionamiento social brinda condiciones para el discurso autoritario en lugar de afirmar la demanda por mayores niveles de justicia e igualdad.

Es interesante observar que aún en ausencia de esa “dirección consciente” del conjunto de manifestaciones del movimiento popular, fue posible vertebrar importantes experiencias de resistencia colectiva que reflejaron crecientes niveles de unidad política.

Desde la articulación del reclamo piquetero con la experiencia de los pequeños y medianos comerciantes el 28 de enero de este año, pasando por la jornada de paro y movilización nacional del 29 de Mayo, hasta la unidad planteada en la calle frente a la represión y el asesinato y gestada en el marco de la confluencia de Nazareth.

No obstante, parece sencillo reconocer que será difícil afirmar una estrategia que esté en condiciones de intervenir en el presente contexto si no somos capaces de poner en marcha un proceso que nos permita resolver el problema planteado, en base a la fijación de una línea de acción política que nos permita resistir, pero también avanzar en la configuración del tercer escenario que hemos presentado en el capitulo anterior como salida popular de una Crisis de Hegemonía.

El 19 de Diciembre define entonces, la necesidad de poner en debate y construcción una nueva experiencia política de los sectores populares en la Argentina. Ya no alcanza con el desarrollo de iniciativas o confluencias estructuradas en torno a cuestiones puntuales (sistema de construcción cuya más alta expresión ha sido el FRENAPO).

Responder frente a la actual etapa supone ser capaces de vertebrar un NUEVO MOVIMIENTO POLÍTICO-SOCIAL que, dotado de orgánica concreta y acción permanente tenga capacidad de intervenir en todos los campos de la vida y la discusión social.

Esta y no otra es la discusión que se le plantea a la sociedad argentina y a todas aquellas organizaciones que vienen bregando por una Argentina mas justa.

Este y no otro es el proceso de movilizacion politica al que aludíamos en nuestro capítulo anterior como imprescindible para confrontar con la presente fase autoritaria del régimen vigente y garantizar la afirmación de una perspectiva democrática. Decimos proceso de movilización y hablamos de movimiento político-social ya que entendemos que no se puede lograr este objetivo de manera inmediata ni por vía de decreto alguno.

Tampoco mediante acuerdos de ghetos u orgas cerradas que consideren estar en capacidad de convocar a la sociedad a seguirlas en torno a su “verdad revelada”. Se requiere, justamente, “un proceso de construcción” que no puede sortearse en base a atajo alguno y que requiere de poner en asamblea y debate a toda la sociedad y a las organizaciones que correspondan.

En este marco es que debe entenderse el significado y sentido de nuestro Congreso. De lo que se trata es de profundizar el debate acera de la necesidad de construir este Movimiento, del modo en que nuestra Central interviene y participa de este objetivo y cuales son las reformulaciones que en términos de su dinámica y práctica organizativa debemos realizar para sostener el desafío de esta nueva etapa.

CAPÍTULO 3 - EL DESAFÍO POST 19

Asumir los desafíos que plantea la Argentina posterior al 19 de Diciembre implica:

a) Reconocer el colapso del sistema y de las prácticas políticas tradicionales

b) Recuperar la noción de integralidad que define y debe caracterizar a la práctica política

c) Ubicar el carácter autoritario que define a la fase actual del régimen

Estos tres señalamientos merecen algún desarrollo. Respecto al colapso del sistema y las prácticas políticas tradicionales importa destacar aquellos aspectos que inciden directamente sobre la viabilidad y las condiciones de nuestro propio desarrollo.

El funcionamiento actual de las prácticas institucionales instala como lógica principal dentro de las mismas un juego donde lo que prima es un proceso de “diferenciación” entre las diversas ofertas partidarias que en ningún caso asume una práctica expresa de confrontación con el poder económico vigente.

Esto es más que obvio en el caso de la situación que observan las estructuras partidarias tradicionales, pero también acompaña aquellas posturas de carácter testimonial que, en tanto se centran exclusivamente en referencias unipersonales, dejan abierto el campo para todo tipo de dudas. Y esto es tanto por el fracaso reciente de la experiencia del Frepaso, como por la obvia evidencia que la resolución de la crisis argentina excede prácticas de este tipo y requiere de construcciones de mayor solidez y profundidad.

Este juego de “diferenciación” observa un límite mayor que en cualquier otra coyuntura. La profunda confrontación social que impone la magnitud de la crisis y las nuevas condiciones de violencia y regresividad que exhibe el ciclo de acumulación en el plano local, exigen otro tipo de acción política.

Es por esta razón que nuestra Central tendrá dificultades para crecer si no es capaz de enunciar y participar de una práctica de construcción distinta, que interpele al conjunto de la comunidad dotando de sentido a la lucha por una sociedad más justa.

La repetida pregunta que se hacen tanto ciudadanos como militantes respecto a quien se hace cargo de nuestros reclamos y de nuestras propuestas es la manifestación concreta de este problema. Problema que se agudiza en tanto la dinámica tradicional del sistema reproduce una y otra vez que sólo se puede interpelar al conjunto desde los espacios institucionales existentes. Es decir, los únicos que están habilitados para promover ofertas sobre el tipo de sociedad que debemos tener son las estructuras o los dirigentes partidarios.

Nosotros somos, para la “política tradicional”, portadores de reclamos de carácter sectorial. Sin embargo, tanto nuestras organizaciones como nuestra propia Central han sido cultores una y otra vez de prácticas y acciones dirigidas a superar el carácter sectorial o corporativo de las viejas estrategias reivindicativas.

La etapa actual de colapso absoluto del sistema de representación partidaria nos exige profundizar esa línea y transformar lo que han sido acciones puntuales de presentación de nuestras propuestas (como estrategias articuladas con el conjunto de la comunidad) en un accionar permanente y cotidiano.

Es este accionar el que describe y exige la configuración de un nuevo Movimiento Político-Social que, en tanto interpele al conjunto de la sociedad, dote de sentido a la práctica de lucha y al accionar de la Central.

Esta estrategia no puede excluir en su dinámica una expresa referencia respecto al rol y a las características de la dinámica institucional y partidaria. Teniendo en cuenta que bajo ningún aspecto el tema se resuelve con el simple expediente de una participación electoral.

Por el contrario, en este exacto punto y en términos prácticos, la experiencia desarrollada por nuestra Central en el marco del FRENAPO es un ejemplo claro de construcción de una iniciativa que permitió interpelar al conjunto de la sociedad impactando, incluso, sobre la práctica institucional sin que se configurara como una opción electoral. El futuro de la Central se articula hoy, indisolublemente, con la necesidad de motorizar la construcción de un nuevo Movimiento Político-Social.

Pero esa necesidad no se resuelve con declaraciones.

El colapso del sistema y las prácticas políticas tradicionales han producido otro efecto de importancia a considerar: el divorcio entre la imagen social de la política y la vida cotidiana.

La idea de la política como enunciación o análisis de lo que ocurre sin prácticas de intervención concreta ante las situaciones de emergencia cotidiana de la población, profundizan la distancia de la sociedad frente al accionar político. Por lo tanto, si en el punto anterior definíamos que el colapso del sistema político tradicional transformaba en “esencial” para el futuro de la Central la convocatoria a un Nuevo Movimiento Político-Social, hay que asegurar que este movimiento solo existirá si es capaz de acompañar su enunciación con la afirmación de prácticas que intervengan en la vida cotidiana sobre la base de la defensa de la existencia.

En el marco de la crisis actual, donde la emergencia social coloca “el hambre” como problemática central de los sectores populares, no hay espacio para Movimientos Políticos que funden su existencia en el enunciado de un futuro mejor sin intervenciones concretas en las situaciones presentes. Esas intervenciones tienen que demostrar, además, que todos los recursos organizacionales son puestos en función de la defensa de la comunidad.

Una vez más, esta no es una estrategia ajena a las prácticas que desarrollan las organizaciones que integran la Central. Sin embargo, es clave señalar que éste es un rasgo que debe definir el accionar del nuevo Movimiento Político-Social.

Los dos aspectos mencionados asociados al colapso de las prácticas políticas tradicionales permiten dar cuenta del segundo punto que entendemos debe considerarse como clave para los desafíos que plantea la situación posterior al 19 de Diciembre.

Se trata de la necesidad de recuperar la noción de integralidad que debe caracterizar a la práctica política. No hacerlo, implicaría reproducir los fracasos que hasta el presente han acompañado a distintas estrategias en el movimiento popular. Es decir, estrategias partidarias asociadas a meras intervenciones electorales y disociadas de todo anclaje social concreto, así como organizaciones sociales que potencian la reivindicación y carecen de intervención institucional.

Tenemos que recuperar una noción integral de la práctica política, que asuma la tarea de organizar la demanda social y, transformando las instituciones, viabilice su resolución.

Este carácter de integralidad debe también acompañar la construcción del Movimiento Político-Social.

Una vez más: ajuste o democracia

Por último, también hemos sostenido que los desafíos posteriores al 19 de Diciembre exigen reconocer el hecho de que hemos ingresado en una fase donde el carácter que adoptan las relaciones de dominación en la Argentina obligan a considerar la posibilidad de una etapa de mayor autoritarismo.

Este punto no es menor porque implica asumir como absolutamente indispensable colocar en el centro de nuestra interpelación a la utopía democrática.

Utopía que, por otra parte, acompaña a nuestra Central desde su mismo nacimiento.

Es la decisión de profundizar la democracia la que define las características básicas de promover un nuevo modelo sindical que resitúa al conjunto de los trabajadores (incluyendo a los desocupados y precarizados) por vía de la afiliación directa en su potencialidad organizativa.

Es la apuesta por la democracia la que sitúa al voto directo de los trabajadores como marco para la definición de las representaciones al interior de nuestra Central. Utopía democrática que no debe restringirse ni cristalizarse en la sola consideración de las formas básicas del Estado de Derecho sino que debe gestar nuevas formas de organización de la sociedad que garanticen el pleno desarrollo y afirmación de la autonomía individual y colectiva.

Autonomía que remite a la capacidad creciente del individuo de fijar las reglas de su propia existencia a partir de tener garantizado el acceso efectivo a derechos tales como la salud, la educación, la cultura, la participación plena en el proceso de trabajo y en la organización política de la sociedad.

Utopía siempre inacabada y absolutamente solidaria con la concepción emancipatoria de la que somos portadores. Es la democracia como utopía de construcción permanente la que otorga materialidad concreta a una estrategia de no-dominación que se plantee el ejercicio de la libertad frente a las distintas formas de la desigualdad.

En esta Argentina con una historia de involución y pauperización asociada a la destrucción del empleo y con una cultura de organización popular donde los trabajadores y sus sindicatos fueron claves importantes de su desarrollo es indispensable el accionar de una nueva organización de los trabajadores como condición y motor para la afirmación de un nuevo Proyecto Histórico y una sociedad profundamente democrática.

La consolidación de una Central de nuevo tipo (es decir, capaz de articular la nueva realidad que exhiben los trabajadores y los sectores populares) es pieza fundamental del desarrollo del citado Movimiento.

Se trata de una relación de mutuo fortalecimiento.

No habrá Movimiento Político-Social sin profundizar y consolidar el desarrollo mismo de la Central, ni Central sin promover la construcción concreta de un Nuevo Movimiento Político-Social.

Es por esto que si asumimos el papel central que le cabe a la organización de los trabajadores en la articulación y desarrollo del nuevo Movimiento Político-Social, observamos el significado que nuestra CTA ha tenido en la coordinación nacional y territorial de las estrategias populares de los últimos años, y entendemos que la etapa actual requiere de un accionar de carácter permanente y cotidiano, es obvio que una clave importante del problema radica en definir las reformulaciones necesarias en el campo de nuestra propia organización a efectos de poder asumir este desafio.

La construcción de un Movimiento Político-Social exige, en simultáneo, que seamos capaces de superar una etapa en la vida de la Central donde lo que ha primado es la vigencia de estrategias de coordinación entre nuestras organizaciones y donde entendamos que el momento actual reclama la capacidad de garantizar un accionar y una organización de carácter cotidiano.

Para esto, hay que reconocer y superar el desarrollo desigual que nuestra Central exhibe en las diferentes zonas del país.

La resolución de muchos de los problemas que tenemos radica en la dificultad de entender y ubicar adecuadamente al desarrollo territorial como el espacio privilegiado en el que se define hoy la nueva unidad política de los trabajadores y su articulación con el conjunto de la comunidad.

Para ser mas precisos, en un contexto donde la ofensiva del capital ha transformado a la empresa en un espacio hostil para la organización del trabajo (dada la extendida desocupación, la flexibilización laboral vigente, la existencia de múltiples formas de contratación y la amenaza permanente del despido), el territorio es el espacio natural a ocupar y liberar para una nueva unidad política.

Unidad que se instituye como condición para replantear incluso la organización del trabajo al interior de las propias empresas.

Entender y asumir en profundidad los impactos que para una nueva estrategia popular plantea la emergencia masiva del desempleo, radica en definir que el territorio es el espacio para la unidad política del trabajo y de la comunidad y no sólo de los desocupados.

La comprensión de este punto nos permitirá valorar en mayor medida la importancia de consolidar a la Central en cada ciudad y a nivel nacional, así como también profundizar la organización colectiva de nuestras representaciones frente al conflicto social rompiendo la trampa de la fragmentación sectorial y corporativa que suele amenazar a las luchas de resistencia.

El reconocimiento de lo expuesto nos obligará a superar la insuficiencia de recursos económicos (profundizar nuestra organización administrativa) y humanos (prioridad para la investigación y formación propia), y a ser capaces de inscribir como parte del accionar político, la construcción de una comunicación propia, independiente del dispositivo comunicacional del bloque dominante.

Nos obliga a discutir el papel y carácter que en el marco de la orgánica de nuestra Central deben ocupar las Federaciones de las distintas actividades, así como también los movimientos de carácter transversal como mujeres, jubilados, jóvenes, migrantes, aborígenes, etc.

CAPITULO 4 - LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD Y EL MOVIMIENTO POLÍTICO - SOCIAL

Recuperando lo hasta aquí planteado, podríamos formular lo siguiente:

La caracterización de la etapa como crisis de hegemonía nos permite sostener la existencia de una oportunidad para la afirmación de una nueva experiencia política de los sectores populares en la Argentina.

La violencia material y represiva que se descargó sobre la gente, especialmente desde Diciembre del 2001, no impidió que nuestra sociedad siga cuestionando este modelo, poniendo en evidencia el colapso del neoliberalismo y generando dificultades a la estrategia de dominación norteamericana; esa oportunidad aún está presente.

Señalamos la indispensable necesidad de convocar al desarrollo de un nuevo Movimiento Político-Social. Llegamos a esta certeza tras analizar la integralidad de la crisis, el colapso del sistema y de las prácticas tradicionales de representación política y los límites que exhibió el movimiento popular y nuestras construcciones en el marco del proceso abierto a partir del 19 de Diciembre.

El reconocimiento de la fase autoritaria del régimen obliga a ubicar nuestra lucha como parte constitutiva de la lucha por la democracia.

La articulación y nacionalización de los conflictos que nuestra Central ha desarrollado en las últimas experiencias de lucha y de propuesta frente a la situación vigente, incrementa nuestra responsabilidad en este desafío. Tenemos la tarea de poner en marcha el debate y las prácticas concretas necesarias sobre la construcción de este movimiento. El desarrollo de los Congresos Provinciales y la realización del Congreso Nacional deben inscribirse como parte de la construcción y desarrollo de este proceso, hoy esencial para el futuro de la Argentina y, por supuesto, de sus trabajadores.

Tamaña definición y tamaño desafío obligan a precisar el planteo primero, en términos generales y luego, en pasos concretos ante la coyuntura.

La construcción de un Movimiento Político-Social exige superar la trampa dominante según la cual el problema de los trabajadores es sólo el problema de una parte más de la sociedad, y donde el único ámbito desde el que se puede convocar al conjunto es desde la práctica electoral.

En concreto, esto implica estar en capacidad de enunciar un discurso y poner en marcha prácticas que tengan la posibilidad de interpelar al conjunto social.

Dicho de otro modo, de lo que se trata es de gestar un proceso de construcción colectivo que permita sostener que esa sociedad democrática a la que aspiramos y que contiene las expectativas del conjunto, es la sociedad que construyen los trabajadores.

En este sentido, el Movimiento Político-Social es aquella construcción que tiene la capacidad de interpelar y organizar a los distintos sectores de la sociedad para garantizar y construir otro país. Su tarea fundante es la organización de la sociedad para construir las nuevas instituciones políticas, sociales, económicas y culturales que hacen, definen y garantizan la posibilidad de una nueva regulación social.

Es en el marco de este desarrollo, respetando sus compromisos y objetivos, que debe parirse la fuerza que permita recuperar las instituciones existentes para cambiarlas y ponerlas en función de una nueva sociedad.

Como puede observarse, sin excluir la intervención electoral, el Movimiento Político-Social se plantea como línea fundante de su accionar, la construcción de la conciencia y de la institucionalidad que sostengan la posibilidad concreta de un nuevo país.

Y aquí hay un elemento clave:

Su objetivo principal no se define por el ocupamiento de las instituciones existentes. Entiende la disputa de las mismas en un proceso más vasto de creación de una nueva institucionalidad que permita asociar, a partir de su existencia, la recuperación de las viejas instituciones con la construcción de un nuevo Estado y, por lo tanto, una nueva sociedad.

Para decirlo con más claridad, desde nuestra perspectiva, una práctica política tradicional es aquella que se estructura colocando como único objetivo de su desarrollo el simple ocupamiento de las instituciones existentes.

Es “tradicional” con independencia del discurso que emita. En la práctica concreta siempre tenderá a reproducir el orden existente ya que, en su desarrollo, no construyó las condiciones de la transformación.

Y además, esa transformación no puede ser pensada como un momento puntual donde todo se modifica sino que debe asumirse desde una perspectiva emancipatoria,, entendiendo que la desaparición de alguna de las formas de la dominación (por más prioritaria que sea) no supone necesariamente la desaparición de todas.

En este sentido, la idea del Movimiento Político-Social estructurado en torno a la decisión de organizar a la sociedad para garantizar la defensa de la vida y la libertad es un proceso que debe tener carácter permanente y que debe gozar, además, de una autonomía estratégica a efectos de estar siempre en capacidad de renovar el sentido de la práctica política.

Si la política es emancipación frente a la dominación, es fácil percibir que la misma no tiene un punto final, que la dominación puede adoptar distintas modalidades y que, por lo tanto, el sentido fundante de la práctica política, las características del movimiento que la define y del sujeto que la promueve, se modifican históricamente.

Pero, mas allá de esta reflexión de carácter general y casi filosófica, a nadie puede escapársele que en el marco del presente proceso de trasnacionalización, la capacidad de presión del poder económico sobre el poder político constituido, es determinante y permanente.

Por esta misma razón, parece indispensable mantener la autonomía estratégica del Movimiento como garantía de la subsistencia de una democracia participativa en constante expansión.

En este sentido, y por esta misma definición, la Central es parte (fundamental en esta coyuntura histórica) del proceso de construcción de este Movimiento Político-Social. Es aquella instancia del Movimiento Político-Social que interpela y organiza a los trabajadores en torno a una nueva sociedad y sobre la base de estructurarlos de manera tal que puedan confrontar y superar la dominación que hoy ejerce el capital.

En síntesis, la clave que estructura el desarrollo del Movimiento Político-Social es la movilización y organización de la sociedad, marco en el cual debe gestarse la fuerza que dispute las instituciones existentes.

Pasando en limpio lo expuesto de manera general y poniéndolo en relación con la coyuntura concreta que atraviesa la Argentina, decimos que nuestra tarea consiste en profundizar y consolidar la organización de nuestra Central para estar en condiciones de:

Organizar la resistencia frente al Autoritarismo, el ajuste y la represión.

Precisar, ante el conjunto de la sociedad, el carácter restringido y “tramposo” de la convocatoria oficial a elecciones anticipadas. Carácter ligado a la necesidad que evidencian las relaciones de dominación que rigen hoy en la Argentina de afirmar un cuadro de “control legal y represivo “ sobre la demanda social.

Convocar a la construcción de un nuevo Movimiento Político-Social.

CAPÍTULO 5 - REFLEXIONES FRENTE A LA COYUNTURA

Hemos señalado en el presente documento que la convocatoria al citado Movimiento no se instituye por decreto sino que obliga a una construcción y, por lo tanto, requiere de un proceso. En este sentido, no hay estrategia posible si no puede realizarse en la coyuntura concreta en la que actuamos.

La Central debe transformarse en un agente capaz de poner en asamblea a las organizaciones sociales y políticas frente a la situación existente y promover un proceso de movilización social que permita avanzar en la unidad política del movimiento popular.

¿ De qué hablamos cuando decimos “Unidad Política”?

Se trata de agregar voluntades tras un proyecto popular que se constituya como alternativa tanto a las viejas expresiones de la política partidaria, como a los nuevos actores antipopulares que están empezando a surgir en el escenario nacional.

Es prioritario para esto procurar la unidad del campo popular a efectos de dotar de contenido racional a la construcción política y poder dar batalla así a los poderosos.

Pero debemos ser claros. Hay cierto tipo de unidad popular que entendemos como inconveniente y que, en última instancia, no merece tal vez dicho calificativo.

Es aquella que pretende construirse exclusivamente a partir de las cúpulas organizativas de los actores ya constituidos en el arco progresista.

Más allá de su espíritu fuertemente autoritario, este modo de agregación llevaría a una situación que haría imposible la efectiva unidad. Porque instalaría la lucha por los espacios de poder entre las dirigencias u organizaciones actualmente existentes antes y por encima de la agregación social de nuevos actores.

De este modo, la construcción se limitaría a una puja por figuraciones y candidaturas en un espacio político autorreferencial y carente de contenido social. Este es, sin dudas, uno de los riesgos que se deducen necesariamente de las experiencias y las orientaciones prácticas dominantes en los actores de la vieja política. No sirven las construcciones en base a cúpulas, sin base social y sin democratización de las decisiones políticas.

Y es esto lo que hace imprescindible que debamos evitar la búsqueda de la unidad a cualquier precio: porque incluso siendo posible, un frente conducido por estas expresiones políticas no puede llevar más que a una reedición de las viejas fantasías voluntaristas de las vanguardias iluminadas.

En este caso, la unidad “popular” sería tal vez posible, aunque sin dudas inconveniente: una unidad popular de actores sin base social, en puja permanente por espacios de reproducción organizativa y sin capacidad efectiva de refundar sobre nuevos cimientos la política argentina.

Por esta razón, la única unidad conveniente será la que se construya desde una experiencia surgida de la práctica social concreta y legitimada ante las mayorías populares: la Central de los Trabajadores Argentinos y las organizaciones que integran el FRENAPO han dado muestras con su experiencia, del camino a seguir para llevar adelante –y dirigir con un sentido innovador- la unidad popular para la reconstrucción nacional.

Para esto, debemos estar dispuestos a incorporar sociedad en un proyecto político orientado a la democratización plena de nuestro país.

Esta construcción exige tres condiciones:

Definir una Propuesta de salida frente a la crisis

Establecer una acción que permita involucrar y movilizar a la sociedad en dicha salida.

Fijar un mecanismo de encuentro de la militancia y de las representaciones de las distintas organizaciones e instituciones que participen de este proceso.

En el terreno de la Propuesta corresponde avanzar desplegando nuestro planteo a partir del mandato social ya construido en torno a la consigna de NINGUN HOGAR POBRE EN LA ARGENTINA y situando la cuestión de la distribución como el eje vertebrador del discurso.

Y esa priorización no es casual.

La “distribución” no debe asociarse ya con la sola y simple mención de transferir recursos hacia los desocupados y los pobres. Debe entenderse como aquel conjunto de reglas que definen la organización del proceso económico y de la propia sociedad.

La clave puesta en el eje de la distribución permite decir que no es posible distribuir en un país que no puede autogobernarse. Por lo tanto, ser capaz de replantear la distribución en la sociedad exige afirmar la autonomía (soberanía) nacional. Y, asimismo, no habrá distribución ni soberanía si no logramos democratizar a fondo la sociedad.

Distribución, soberanía y democratización son las claves que pueden garantizar la vigencia de la JUSTICIA. Esta articulación conceptual deberá desarrollarse en términos concretos como aporte desde nuestra Central a la construcción de una propuesta de salida frente a la crisis.

Para involucrar a la sociedad debemos buscar mecanismos en los que ésta pueda transformar en propia la salida planteada insistiendo, para esto, en las estrategias plebiscitarias.

Por último, el mecanismo para el encuentro de la militancia y las representaciones debiera ser la realización de una asamblea o asambleas del movimiento popular que discuta la construcción concreta y orgánica del Movimiento Político-Social. Se trata de construir la Constituyente de nuestra propia fuerza.

Desde estas definiciones creemos en la necesidad de intentar articular la siguiente estrategia:

Acordar un piso mínimo de coincidencias entre las distintas fuerzas (los integrantes del FRENAPO y la posible inclusión de aquellas organizaciones con las cuales la práctica concreta de los últimos tiempos haya permitido una mayor confluencia, ej: corriente clasista y combativa, autonomía y libertad, etc.)

evaluar la convocatoria a una consulta popular que plebiscite ese marco de coincidencias a efectos de forzar mayores niveles de apertura y democratización en la convocatoria electoral planteada.

promover una asamblea o asambleas del movimiento popular para definir la constitución del nuevo movimiento politico.

Es importante entender que, a diferencia de la Consulta Popular que encaramos el año pasado y que tenía por objetivo demostrar que existían condiciones en la sociedad para poder pelear un país más justo, hoy este plebiscito es la condición de posibilidad para la organización del Nuevo Movimiento Político-Social.

El ultimo punto a señalar es que el piso mínimo de coincidencias debe establecerse en torno a consignas-propuesta y no a recetas instrumentales completamente definidas y cerradas.

Estas consignas puestas a Plebiscito definirán los límites que la sociedad quiere imponer y los marcos para la confluencia programática de las distintas organizaciones.

En concreto, creemos que estas consignas deben señalar con claridad que la renovación institucional que la Argentina necesita debe ser completa, asociada a un cambio efectivo del rumbo de la economía en pro de una mayor justicia distributiva y un replanteo de la relación con el mundo.

Distribución, soberanía y democracia

Planteadas las consignas-símbolo podrá propiciarse un debate entre las distintas organizaciones dirigido a precisar los mecanismos bajo los cuales se propondrá instrumentar los objetivos sujetos a la definición de la población. Proponemos como consignas:

* Shock distributivo para erradicar la pobreza y poner en marcha un proceso de reindustrialización

* Presupuesto participativo para garantizar que la comunidad defina la asignación de los recursos públicos

* Caducidad de todos los mandatos ejecutivos y legislativos

* Remoción de la Corte Suprema de Justicia

* Replanteo de la relación con el mundo

* Rechazo de los condicionamientos del FMI

* No al ALCA. si al MERCOSUR

* Suspensión de los pagos de la deuda externa.

Entendemos que los mecanismos a través de los cuales se debe operar la caducidad de los mandatos o la remoción de la Corte, así como la definición respecto a si la suspensión de los pagos de la deuda debe ser transitoria o permanente debe quedar para el debate y la confluencia programática. Lo que esta claro es que, más allá de la definición instrumental de cada punto, la efectiva concreción de cada uno bajo cualquiera de sus modalidades, exige que sean millones los argentinos que asuman pelear por ello, y requiere de la afirmación de una fuerza política que en unidad sea capaz de garantizar su concreción.

Es en el marco y como soporte de este proceso de movilización y organización social, en el que debe inscribirse nuestro Congreso y la modalidad que el mismo adopte. Este es el proceso de movilización que necesitamos para que esta Argentina siga siendo una Patria, es decir, un país de iguales y no un simple territorio de negocios donde los dueños de dichos negocios nos proponen como único destino la pobreza. Se trata de asumir el punto de inflexión que refleja la consigna “que se vayan todos” para transformarla en el verdadero objetivo: “Que venga el pueblo”.