Las vueltas

del Argentinazo

 

Divisiones Burguesas

¿Qué rumbo para la Argentina capitalista?

Por Isidoro Cruz Bernal
(Socialismo o Barbarie –revista–, marzo 2003)

La Argentina vive una crisis global. No se trata de una crisis acotada a un solo aspecto. No es una crisis económica como fue el Tequila, o política como podía ser en el caso de los levantamientos "carapintadas" en los 80. Tampoco es el caso de crisis más graves, como la hiperinflación, que abarcaban aspectos políticos y económicos pero en los que la hegemonía de la clase dominante era mucho más fuerte y dominó la salida de la crisis sin mucho esfuerzo. La crisis global que vive el país abarca la crisis económica, política, social y de conducción burguesa. En este artículo se analizan las divisiones burguesas, los supuestos bandos irreconciliables de dolarizadores y devaluadores y los diversos proyectos económicos en danza.

En lo económico esa crisis es resultado de: a) los desequilibrios del modelo neoliberal (deuda pública, apertura, crisis fiscal permanente, etc.); b) la inserción periférica en el mercado mundial; c) el panorama convulsivo de la economía internacional (a la que los pronósticos no le auguran una etapa expansiva y en la que hasta Estados Unidos ha entrado en una etapa de desaceleramiento). En el aspecto político se puede resumir como un largo pero concreto agotamiento de las mediaciones políticas de la democracia burguesa instaurada en 1983. Veinte años de democracia de contenido capitalista en un país que, desde 1976, acentuó su condición semicolonial, bastaron para desgastar a las instituciones y a los partidos políticos que sostuvieron las bases de este régimen.

Es decir, además de vivir una crisis económica, estamos viendo una crisis del régimen político que permitió a la clase dominante llevar a cabo transformaciones económico-sociales de cuño antipopular. El proceso abierto el 20 de diciembre de 2001 quitó una enorme porción de legitimidad al régimen de la democracia para ricos. Este proceso se ha dado en forma coincidente con el agotamiento del esquema de la convertibilidad (que no era un esquema económico cualquiera sino una de las versiones más radicales posibles de las reformas estructurales neoliberales). El aspecto que aparece más destacado es el fin de la convertibilidad pero, en un nivel más profundo, implica la crisis y el cuestionamiento de las transformaciones de los años 90 (y también las de 1976 en adelante), alcanzando a ponerle un gran signo de interrogación al destino de la Argentina como país.

Esta incertidumbre está, naturalmente, instalada en las clases populares que han soportado 25 años de transformaciones reaccionarias, pero también se encuentra en el seno de las clases dominantes argentinas. Podemos decir que si bien la burguesía argentina sabe lo que quiere (percibir la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible) no está para nada segura acerca de cual pueda ser la manera de conseguirlo. No se acumula capital en el aire. Se lo hace a través de determinados ordenamientos políticos y dispositivos económicos. La convertibilidad fue uno, la "tablita" de Martínez de Hoz fue otro, si nos remitimos a los de mayor duración en el tiempo. Otros, menos exitosos en sus fines, fueron el plan Austral o el plan BB.

La coexistencia de la salida violenta de la convertibilidad con la profunda deslegitimación de la democracia burguesa ha limitado gravemente la capacidad de acción de la burguesía y sus agentes políticos para imponerle a las clases populares una salida que éstas puedan aceptar, si no como propia, al menos como mal menor o designio del destino. La Argentina capitalista tiene un gobierno débil, percibido como ilegítimo, que ha lanzado una serie de medidas económicas de emergencia impuestas por la vía de los hechos Principalmente: la devaluación y la pesificación. Pero su propia debilidad política le impide, especialmente en lo que se refiere a la segunda, garantizar que el rumbo elegido no tiene retorno. La división y la incertidumbre que hay en las clases dominantes acerca de cuál es el camino de salida para la Argentina capitalista se acentúan al percatarse de que casi ninguno de los elementos en juego posee solidez. Un elemento poco considerado habitualmente, tan importante como la crisis de sus agentes políticos (fragmentación peronista y desaparición radical), es la desorientación que tuvieron sus principales cuadros económicos en el inicio del 2002. Broda, Ávila, Solanet y todo ese elenco estable de gurúes pronosticaban las peores catástrofes: hiperinflación, caos y las siete plagas de Egipto si se abandonaban las políticas económicas impuestas en los 90.

Nada de eso ha pasado. Sin embargo la devaluación duhaldista sirvió para descargar el peso de la salida de la convertibilidad sobre todos los asalariados. En ese sentido, un primer problema para la clase dominante quedó resuelto. Sin embargo, falta el más importante ¿cual es el eje de la acumulación capitalista, quién se beneficia más y con qué esquema? 

Una mirada retrospectiva

Fue hacia 1975 que entró en crisis el modo de acumulación basado en la producción para el mercado interno, con salarios relativamente altos y economía protegida. El capitalismo, en tanto que formación social mundial, iba en dirección opuesta: apertura de la economía, acentuación de los elementos rentísticos de la acumulación (que no se reducen al mercado financiero sino que extienden esa lógica al capital productivo), cierre de empresas no competitivas, caída de salarios. ataque a las conquistas obreras, especialización exportadora en los países semicoloniales, etc.

La dictadura militar de 1976 hizo una parte muy importante de ese trabajo. En primer lugar creó un gigantesco mercado financiero que se convirtió en el modo central de capturar el plusvalor en el capitalismo argentino. En segundo lugar favoreció una inserción exportadora a través de la agroindustria y las industrias extractivas que se fueron despegando del mercado interno. En tercer lugar disminuyó el peso relativo de la industria en la economía argentina. Los grandes establecimientos fabriles se convirtieron en expulsores de fuerza de trabajo, lo cual redundó en la pérdida de peso y poderío social de la clase trabajadora (los temores militares vetaron a la conducción económica el recurso a una desocupación de masas "a la chilena" o como la que conocimos acá en los años 90). En cuarto lugar incrementó una modalidad de endeudamiento externo que se volvería permanente en la economía nacional. Más allá de que el plan Martínez de Hoz terminó ocasionando un estado de semi-quiebra en amplios sectores de la burguesía argentina (que debió ser rescatada por el estado capitalista en 1982, paquete en el que también se incluyó a sectores de las capas medias) la dictadura llevó a cabo transformaciones sociales regresivas cuyos efectos nos acompañaron todos estos años.

La recuperación de la lucha reivindicativa partir de 1983 puso algunos límites a los ataques de la burguesía. Pero no la pudo frenar. La caída de los salarios se produjo en esos años por la vía de la inflación. El régimen de alta inflación también sirvió para dirimir las luchas interburguesas. Las devaluaciones periódicas favorecían a los industriales exportadores, sector del cual el alfonsinismo buscó ser portavoz. El gobierno, sin embargo, no se atrevió a atacar a fondo las conquistas obreras (como lo haría Menem posteriormente). Esto ocasionó un desequilibrio que consistía en que la economía se "achicaba" mientras que el empleo crecía un 1,5% anual. La consecuencia lógica fue la caída de la rentabilidad, que fue compensada por los negociados que hicieron los distintos sectores burgueses en el mercado financiero y cambiario y con lo que, en esos años, el hoy ministro Lavagna llamó "festival de bonos" de la deuda pública. Ese modo de acumulación concluyó en la hiperinflación. Ésta constituyó un momento que expresó la anarquía del modo de producción capitalista en el que la moneda y el mercado dejan de cumplir sus funciones. Pero también facilitó, gracias al temor que suscitaba en las clases populares, la instalación de un instrumento disciplinador. Roberto Alemann dijo con crudo realismo patronal que "la hiperinflación duraría poco en el tiempo pero que su recuerdo sería persistente en la memoria popular".

Después de varias idas y vueltas fue Menem quien, hacia 1991, logró instrumentar un mecanismo disciplinador, a través de la convertibilidad, que selló la unidad de las clases dominantes por todo un período. El anclaje del peso al dólar y la apertura económica incrementaron las presiones de la competencia y del mercado sobre la estructura productiva (gran parte de ella incapaz de sobrevivir respecto a los precios internacionales). De forma simultánea a una reactivación económica que alejó los fantasmas hiperinflacionarios y consolidó un proceso de hegemonía burguesa en las clases populares, se fue consolidando un proceso de reestructuración de la economía argentina. Reestructuración que profundizaba y consolidaba las transformaciones reaccionarias del 76: disciplinaba a la clase trabajadora con una desocupación de masas gracias al "neutro" automatismo del mercado de trabajo, garantizaba un importante flujo de capitales al país gracias al cumplimiento de las reformas neoliberales (privatizaciones y ajuste fiscal cuasi permanente), consumó una redistribución del ingreso que redujo al salario a la mitad en veinte años, y desarticuló una gran parte del aparato productivo.

El modelo de los años 90 configuró un nuevo mosaico en las clases dominantes formado por los bancos, las empresas privatizadas y ciertos grupos locales con diverso grado de asociación al capital trasnacional. Es conveniente remarcar que la convertibilidad, si bien fue un elemento importante como disciplinador de la clase trabajadora en primer lugar y de los grupos burgueses menos competitivos, fue un instrumento de estos cambios sociales regresivos. En países como México o Chile estas transformaciones se llevaron adelante con otras políticas cambiarias más "flexibles" (ya que lo "inflexible" fue el mismo ajuste). La elección de un instrumento como la convertibilidad estuvo dada en función de la historia económica del país, en la que el tipo de cambio siempre fue un arma en la lucha de clases (burguesa, claro está) y de la necesidad de un ataque radical contra los trabajadores que al mismo tiempo tuviese capacidad hegemónica para actuar sobre el resto de la sociedad.

Sin embargo, las sucesivas crisis financieras internacionales (Rusia, Asia) acentuaron las diversas vulnerabilidades que eran naturales a este esquema económico. Por ejemplo: aumentos en la tasa de interés que encarecen los pagos de la deuda, caídas de los precios de las materias primas o el peligro de una cesación de pagos que provoca ingentes fugas de capital. Esta fragilidad es producto de la inserción periférica en la economía mundial. La devaluación brasileña de 1999 fue el impacto regional que terminó de plantear la necesidad de pensar en abandonar un esquema que se sobrevivía a sí mismo, que vivía en déficit comercial en sus momentos expansivos y en deflación durante su contracción. La llegada de nuevos capitales que compensaran el creciente endeudamiento se volvió una utopía. La escisión en la clase dominante empezaba a consolidarse, ya que mientras los bancos y las privatizadas continuaban retirando capitales de la Argentina, la burguesía agraria y ciertos grupos industriales tradicionales empezaban a clamar por la devaluación.

Duhalde y las luchas interburguesas

Fue Duhalde, gobierno emergido como subproducto de los límites del Argentinazo, quien finalmente resolvió la puja entre "dolarizadores" y "devaluadores". La salida "dolarizadora", si bien convenía a bancos y a las "privatizadas" (especialmente a las de productos no transables), hubiese dificultado el rescate de sectores capitalistas, cosa que sí logró la pesificación que licuó los pasivos empresarios. De modo que la devaluación no podía dejar de estar acompañada por el mecanismo pesificador. Entre las empresas nacionales y extranjeras beneficiadas por este mecanismo se encuentran: Repsol, Techint, Pérez Companc, Cargill, Aceitera General Deheza, Dreyfuss, Fate, Macri, Telecom, Fiat, Arcor, Pescarmona, Esso, etc. (ver "Realidad económica", febrero-marzo de 2002).

No es necesario detallar en demasía cómo la devaluación afectó los ingresos de las clases populares. La única forma de haber podido reducir este impacto habría sido devaluar con una previa nacionalización de la banca que protegiese salarios y ahorros de los trabajadores. La posición de la mayoría de los socialistas revolucionarios en contra de la salida devaluadora era básicamente acertada. Pero esto implicaba una política independiente de la burguesía y no una política de acuerdo en ciertos puntos comunes con el empresariado, como sostenían algunos "progresistas" partidarios de una "devaluación popular".

La devaluación indudablemente benefició a los sectores exportadores. En la Argentina son más de 11.000 las empresas que exportan, pero es en 80 compañías especializadas en productos agrícolas y energéticos donde se concentra el 70% de las ventas al exterior.

Sin embargo la devaluación creó una situación compleja que no puede despejarse a partir de simplificaciones del estilo que resume todo en una victoria de los "sectores productivos" en contra de las "privatizadas" y los bancos. Tampoco hay que verlo como un acuerdo que reafirma la unidad de los arriba en contra de los de abajo. La primera perspectiva convierte en absolutas, contradicciones que han demostrado una mayor matización. La segunda visión disuelve el problema de las luchas interburguesas en la coherencia del ataque burgués contra la clase trabajadora. En tanto marxistas, tenemos que entender tanto el carácter anti-obrero de las fracciones burguesas en pugna como las diferencias reales que presenta para cada una la realización de sus intereses.

Por ejemplo ¿todas las privatizadas sufrieron la devaluación como un golpe? Ciertamente se puede afirmar que sí en el caso de las empresas de servicios no transables como las de agua, luz o gas. El gobierno de Duhalde, por su propia debilidad, no ha podido acomodarse en esta coyuntura para ceder en los términos que estas empresas reclaman, atrincheradas en la fuerza de la legalidad de los contratos pero poco legítimas en la percepción que tiene una parte mayoritaria de la sociedad respecto a las superganancias que acumularon durante los "años de oro" menemistas (según estimaciones de FLACSO, las indexaciones ilegales de estas compañías sumaron 9000 millones de dólares, sin contar lo que se llevaban legalmente ya que, como es sabido, los ajustes tarifarios se hacían según la inflación de EEUU). Sin embargo, pese a tener congeladas las tarifas, estas compañías no piensan todavía en retirarse, por lo menos en el corto plazo.

Volviendo a la pregunta que nos hacíamos al inicio del párrafo anterior, una de las "privatizadas" que fue beneficiada por la devaluación fue Repsol-YPF, la cual aparte de su sesgo exportador tiene la ventaja de usar solamente un 11% de insumos importados en su producción. Aparte ha sido beneficiada en los años de Menem, como el resto de las petroleras, por una serie de decretos desreguladores que los eximen de ingresar el 70% de las divisas generadas por la explotación de este recurso (Página 12 1/12/02). Indudablemente, una empresa de este tipo posee una fuerza social que le permite prosperar tanto si se hubiera impuesto el esquema dolarizador como la salida devaluadora que finalmente prevaleció.

Aun entendiendo la devaluación y la pesificación como dos mecanismos entrelazados, también podemos advertir que, si bien la devaluación favoreció a los exportadores, en el mecanismo pesificador entraron sectores capitalistas mucho más variados. El gobierno justificó la medida con su artificial retórica pro-producción, pero la presencia en la licuación de pasivos de empresas emblemáticas de los años de Menem como Telecom o Macri despeja las pocas dudas que pueden quedar respecto a la amplitud del rescate.

A todo esto hay que sumar el salvataje del sistema financiero llevado adelante por este gobierno durante todo el 2002 y que contrasta vivamente con la expropiación de los ahorristas pesificados. El gobierno ya ha emitido Boden 2012 por 9500 millones de dólares, planea resarcir a los bancos con 5060 millones de dólares (Página 12, 9/3/03) y a cortísimo plazo los compensará por los amparos con 2640 millones de dólares (La Nación, 26/2/03).

Por último, el gobierno, después de idas y vueltas durante un año, firmó el acuerdo con el FMI. Fiel a su estilo, declamó firmeza y concluyó firmando un acuerdo cuyas pautas repiten la misma receta recesiva que el Fondo aplica tanto a Uruguay como a Letonia o Burkina Faso: contracción de la base monetaria, tipo de cambio flexible combinado con absoluta falta de control sobre ingreso y salida de capitales, privatización de los principales bancos públicos, pago de la deuda a como dé lugar, etc.

¿Cómo entender la lógica de este gobierno en relación a las distintas fracciones burguesas? Es conveniente ver que si bien comenzó su gobierno intentando arbitrar una salida burguesa determinada (el mismo hecho de comenzar por la devaluación es significativo de ello) su debilidad política sumada a su estrecha base de clase le impidieron seguir adelante. Después de todo ¿qué otra cosa ha sido el duhaldismo sino una cooperativa de créditos cedidos a la burguesía agraria e industrial de la provincia gestionados por un manejo discrecional del Banco Provincia? Esa es su articulación estructural con el capitalismo local. Absolutamente insuficiente como para manejar un país en el que el 70% de lo que se produce pertenece al capital trasnacional. Ha quedado maniatado en una lógica de ceder a los reclamos corporativos de cada sector de la clase dominante y el imperialismo, sin lograr adquirir libertad para llevar adelante una política clara en favor de unos y en contra de otros. Frente a las fracciones burguesas no ha podido disponer de una capacidad de arbitraje. Un hecho llamativo de esto es la protesta de los sectores de la agroindustria, uno de los sectores beneficiados por la política de Duhalde, planteándole al gobierno la baja de las retenciones (que por otra parte estaban pensadas en relación a un dólar de dos pesos).

El gobierno de Duhalde se convierte en un campo atravesado por las contradicciones interburguesas y que, por eso mismo, termina potenciándolas, ya que cada fracción no pierde las expectativas de lograr sus intereses inmediatos.

De todas formas sería un error caracterizarlo como un mero gerente, a pesar de su escasa capacidad de arbitraje. Porque a partir de "patear para adelante" la resolución de los problemas y debido al artificial "veranito" ha generado en ciertos momentos una sensación de gobernabilidad (por ejemplo, ha logrado resolver la compleja trama electoral), en ciertos momentos más sólida y en otros más precaria. Hace dos meses, Lavagna parecía ser un "duro" negociador con el FMI y la Argentina entraba en la reactivación y se encaminaba en una vía de sustitución de importaciones El gobierno se sentía Gardel. Hasta que llegó el fallo de la Corte declarando inconstitucional la pesificación de los depósitos y volvió a instalar otra instancia de negociación y "tira y afloje". En esta ocasión Lavagna tendrá que aceptar seguir participando en este gigantesco "festival de bonos". Porque ese va a ser el resultado seguro del fallo de la Corte, más allá de que el fallo contiene elementos de autopreservación por un lado y de favor a Menem y sus políticas al aparecer "restaurando el derecho de propiedad de los ahorristas".

¿Salida exportadora? ¿Vuelta a los 90?

Podemos decir que en términos de qué perspectiva futura tiene la Argentina capitalista, existe una doble apreciación. Para unos, en la economía mundial hay una coyuntura muy compleja y poco dinámica y expansiva, y lo mejor es apostar a una salida exportadora. Para otros hay que profundizar en las reformas económicas iniciadas en los 90.

Javier González Fraga representa claramente el primer punto de vista: "La economía mundial ha bajado notablemente sus expectativas de crecimiento y la reciente alza del petróleo no hace sino agravar esas proyecciones... La única fuente de divisas será la colocación de los productos industriales y agroindustriales en el exterior" (La Nación 2/3/03). La salida que se propone es la articulación de las clases dominantes alrededor de los grupos exportadores, desplazando a los grandes bancos y a las privatizadas.

González Fraga, hombre decisivo en la implementación de las políticas económicas de los 90, expresa a sectores burgueses que han hecho un balance histórico negativo respecto de la convertibilidad (con la que, sin embargo, estuvieron largo tiempo de acuerdo). Afirma en el mismo artículo: "...la crisis bancaria reciente nos deja una lección que es muy obvia para los legos pero no tanto para los entendidos. No hay suficientes normas "prudenciales" ni extranjerización de la banca que alcance para evitar una crisis del sistema financiero cuando la economía real colapsa... El mejor argumento para atraer inversiones en un futuro mediato, consolidar los bancos locales o retener entidades que están pensando en irse es plantearles que no estamos para repetir fantasías cambiarias, sino para recrear condiciones de prosperidad en el sector productivo".

En el mismo sentido, Francisco González, presidente del BBVA español (dueños del Banco Francés) dijo: "Un sistema en el que pocos ganan mucho y el resto cada vez menos no es sostenible. Como no era sostenible la ficción de que un peso era igual a un dólar" (La Nación, 1/3/03).

¿Qué es lo que hay para esta salida? En el 2002 hubo superávit comercial. Pero esto se debió a la gran contracción de las importaciones (alrededor de 55,8%), porque el flujo de las exportaciones también cayó, sólo que lo hizo en mucha menor medida (4,7%). ¿Qué se exportó? Básicamente, manufacturas agropecuarias, lácteos, frutas, azúcar y combustibles (éstos últimos pegaron un salto hacia arriba de 27,5%). El perfil que resulta del proyecto de este sector burgués es claro: una factoría dedicada a la exportación de sus recursos naturales con el atractivo adicional de una fuerza laboral barata. Duhalde ha buscado convertirse en el representante de este sector, sin conseguirlo hasta ahora.

Menem consigue expresar con mayor precisión los intereses de los grandes bancos locales, las "privatizadas" y el capital centrado en los mercados financieros. Aunque no es su representante exclusivo, sí tiene una mayor gravitación que López Murphy, tanto por los "servicios prestados" como por su mayor capacidad de articulación política (por ejemplo, su influencia sobre la Corte). En general, este bloque es presentado como el de los "dolarizadores". Creemos que esta denominación no se corresponde con la realidad de esta coyuntura. En primer lugar, porque EEUU no está interesado en un proyecto semejante. En segundo lugar, la burguesía argentina ha comprobado en la práctica las ventajas de tener al estado como "prestamista de última instancia". Recurso que le faltaría si se adoptara el dólar como moneda local. El mismo Menem ha abandonado su papel de abanderado de la dolarización al ver que, ante el hecho consumado de la devaluación, no despertaba la misma adhesión que en el tramo final del 2001. Lo que sí puede afirmarse es que este bloque adquiere su coherencia a partir de plantear que hay que ir más a fondo en la política económica aplicada en los 90. Como muchos neoliberales, explican las fallas de sus recetas como producto de la inconsecuencia en la aplicación. Allí también tienen su origen las manifestaciones de Menem en favor de una mayor represión, postulándose ante la burguesía como un muy dispuesto enterrador del Argentinazo y restaurador del orden.

La situación actual y su perspectiva futura presentan muchos interrogantes. Además de estos bloques, que tienen una política diferenciada, parece haber en las clases dominantes una cuota importante de vacilación respecto a qué orientación seguir.

Resulta claro que el bloque más duramente neoliberal no representa para amplios sectores burgueses ninguna alternativa en relación a una fase expansiva del sistema. No vienen a repartir ganancias sino a restaurar lo que disfrutaron en el pasado inmediato. Hasta el momento este bloque no tiene una gran capacidad de articulación político-social. Menem perdió una parte de su base social y después de su muy probable derrota en estas elecciones hay que ver cómo se vuelve a parar. Aunque no debemos correr el riesgo de subestimarlo, si el resultado llega a ser malo va a perder parte de la influencia que goza en la clase dominante.

La articulación burguesa exportadora, pese al impulso que le dio el prebendarismo duhaldista, está todavía en el aire (basta reconsiderar la performance comercial del 2002). Por otra parte su capacidad de articulación en lo social no va a ser muy grande ya que los sectores de punta en que se basa (agroindustria y combustibles) se caracterizan por un uso intensivo en medios de producción, bajo valor agregado y muy bajo en mano de obra. La tan pregonada sustitución de importaciones se encuentra en una fase más que incipiente. La infraestructura es anticuada y las perspectivas de crédito e inversión para las industrias que sí podrían impulsar un proceso de estas características (automotrices, textiles, metalmecánicas, agroquímicos, vidrio) no parecen servir para impulsar un proceso global. Aunque puedan tener repuntes ocasionales. La perspectiva política a la que parece querer juntarse este bloque de la clase dominante es a ser representado parcialmente por el centro peronista Duhalde-Kirchner. Las políticas de este sector, más proclives a la contención social (por ejemplo Planes Jefe/a) que a la represión abierta, podrían serles útiles para ganar tiempo y estructurar una salida de enclave exportador semicolonial que por el momento es más una propuesta a llevar adelante que una realidad tangible.

Esta situación no parece ser de rápida resolución. A ello hay que agregar el factor de incertidumbre que son las elecciones del 27 de abril. La variante más probable en lo inmediato es que asistamos a una serie de marchas y contramarchas en las pujas interburguesas sin que ninguna de estas dos salidas que se vislumbran llegue a imponerse por completo a la otra.

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